Legisladores de todas las fuerzas políticas exigen que se castigue a los responsables
De la Redacción, con información de Andrea Becerril, Víctor Ballinas, Roberto Garduño y Ciro Pérez
El Congreso de la Unión demandó ayer que se finquen responsabilidades a empresarios y funcionarios federales y estatales involucrados en la tragedia de Pasta de Conchos, ya que desde hace dos años todavía permanecen enterrados los cuerpos de 63 mineros fallecidos y no se ha hecho justicia.
Tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, legisladores de todas las fuerzas políticas coincidieron en que se debe castigar a los responsables de la explosión que costó la vida a 65 trabajadores, sin que hasta ahora exista resolución definitiva sobre las causas que provocaron el siniestro, y sin que se hayan resuelto las demandas de los familiares.
En el Senado se aprobó un punto de acuerdo para exigir justicia y en San Lázaro se guardó un minuto de silencio y se reprochó la inacción de las autoridades federales.
Rosario Ibarra de Piedra, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, llevó el tema a la tribuna, al cumplirse ayer dos años de la explosión en la cual perecieron 65 mineros. Demandó “sanción para los responsables de la tragedia y justicia para los familiares de los muertos, pues con la indiferencia de la autoridad también resultan agraviados”.
Mientras, el diputado Jericó Abraham Masso, del PRI, lamentó que a dos años de la tragedia las resoluciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) no sean acordes con las responsabilidades de aquellos funcionarios que tuvieron la tarea de vigilar las medidas de seguridad en la mina, y que aún siga en riesgo la vida de muchos trabajadores.
Con dureza, reprochó que a la fecha la Procuraduría General de la República no haya concluido la investigación sobre el caso ni castigado a los culpables, a pesar de contar con todos los elementos para ello.
También desde la tribuna del Senado, el priísta Ricardo Fidel Pacheco aseveró que la Constitución “con claridad da salida a situaciones como la que se presentó en Pasta de Conchos hace dos años. En concreto, los artículos 27 y el 123. En este último, con más precisión, se señala que las empresas, cualesquiera que sea su actividad, están obligadas a proporcionar a sus trabajadores capacitación y adiestramiento para el trabajo.
Adelantó que en la Comisión de Trabajo del Senado “el PRI trabaja para reformar las normas y que se sancionen de manera más drástica los incumplimientos de los empresarios o las omisiones de funcionarios públicos, como pudo haber sucedido en este caso, para evitar que en el futuro vuelva a ocurrir otra tragedia”.
Por el PRD, el senador Ricardo Monreal refirió: “Van dos años de la tragedia de Pasta de Conchos, dos años de espera de justicia, y no se han deslindado responsabilidades, no hay algún funcionario –que no sea un chivo expiatorio– que esté purgando condena o que al menos esté siendo investigado y procesado”.
En cualquier parte del mundo, destacó el perredista, “esta tragedia hubiera llevado a juicio a los responsables. Hace un año, el propio secretario de Trabajo dijo a un diario nacional que sí hubo negligencia administrativa y responsabilidad y omisión de la delegación del Trabajo y Previsión Social, pero hasta la fecha todos gozan de libertad y de impunidad. Hay responsables: Vicente Fox, Carlos Abascal y probablemente el gobernador de Coahuila”.
Por el PAN, el senador Ernesto Saro subió a la tribuna a demandar “que se aplique la justicia y se deslinden responsabilidades. En primer lugar, en cualquier empresa, el primer responsable de la seguridad es la propia empresa, y luego las autoridades, que deben verificar que se cumplan las condiciones adecuadas de trabajo. Si las sanciones no fueron las adecuadas, hay que exigirlo; existen instancias a las cuales recurrir para ello”.
Mientras, el diputado de Convergencia Elías Cárdenas atribuyó el resultado de la explosión a la errática política neoliberal aplicada en el país, y propuso dar una respuesta simbólica a la tragedia.
“Que se construya en el provisional cementerio de trabajadores mineros, mientras no sean rescatados sus cadáveres, un mausoleo que nos recuerde a los mexicanos responsables que allí está una deuda pendiente, como oprobio a quienes han actuado de esa manera irresponsable encubriendo intereses oligárquicos”.
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