Pierde México soberanía nacional

En tan sólo 14 meses y 20 días, México ha perdido soberanía en materia de seguridad nacional a raíz del Plan México suscrito por la irresponsabilidad del espurio, por lo que se ha prestado a seguir el juego militar marcado por la administración de George W. Bush...

Estado de los Estados

Por Lilia Arellano

En tan sólo 14 meses y 20 días, México ha perdido soberanía en materia de seguridad nacional. A raíz de la aceptación del Plan México, suscrito por la actual administración federal bajo la responsabilidad o irresponsabilidad de Felipe Calderón con el pretexto del combate al narcotráfico, agentes de la CIA (Agencia Central de Inteligencia), de la DEA (Agencia Antidrogas de Estados Unidos) y de otras corporaciones adscritas al Departamento de Estado e inclusive al Pentágono norteamericano, operan libremente en territorio mexicano, con la complacencia de los funcionarios federales encargados de la seguridad pública.
El grado de subordinación ha llegado al punto que el Ministro del Interior, es decir, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y el director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), Guillermo Valdés Castellano, dan cuentas de los aspectos de inteligencia en materia de seguridad a funcionarios de los Estados Unidos, encabezados por Donald Kerr, integrante del Consejo Nacional de Inteligencia de ese país.
A diferencia de países como Cuba, Venezuela, Chile, Argentina, Bolivia y Nicaragua, cuyos gobiernos luchan por mantener su soberanía nacional y por construir su autonomía financiera y económica frente al poderío de los Estados Unidos, a fin de mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos, México se ubica al igual que Colombia en un plano de subordinación al capital estadounidense y a los intereses geopolíticos de su gobierno.
Dentro del ajedrez político continental, México se ha convertido en un alfil de la estrategia de seguridad de los Estados Unidos, por lo que se ha prestado a seguir el juego militar marcado por la administración de George W. Bush.
La actuación de los agentes estadounidenses en nuestro territorio es ya tan descarada y escandalosa que incluso el Instituto Federal de Acceso a la Información ordenó a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a cargo de la incompetente Patricia Espinosa, que dé a conocer la cantidad de efectivos de la DEA que operan con autorización federal en territorio mexicano. La dependencia ha sostenido que “la información especifica de cooperación entre México y Estados Unidos en materia de combate al narcotráfico, que obra en la Dirección General para América del Norte, está clasificada como reservada por un periodo de 12 años. Sin embargo, en un fallo unánime, el IFAI revocó la determinación de la Cancillería, por el falaz argumento de que difundir estos datos “podría dañar las relaciones bilaterales en materia de lucha antinarcóticos”. La mentira es tan evidente que hace unas semanas, Anthony Placido, funcionario de la propia DEA y agregado de esa agencia en la embajada de Estados Unidos en nuestro país, admitió que la corporación tenía 227 elementos operando oficialmente en México.

Alfil de los EU

En este contexto se inscribe la convocatoria que en la capital de la República Mexicana realizó el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, ex canciller chileno y defensor del dictador Augusto Pinochet, para que todos los encargados de las áreas de seguridad de los países miembros de la organización promuevan estrategias colectivas que frenen la epidemia en que, dijo, se ha convertido el crimen y la violencia en la región, alentado por el tráfico de armas, proveniente en gran medida de las fábricas y comercios de los Estados Unidos, sin que el gobierno de Bush haya realizado nada para detenerlo, omisión que ha alentado esta ilícita y peligrosa actividad ligada de manera permanente al tráfico y comercialización de estupefacientes.
El egresado de la Universidad de Michigan advirtió que dentro de ciudades y regiones completas dentro de los países de América Latina y el Caribe existen zonas en los que la institucionalidad del Estado “está siendo sustituida por el poder de hecho de grupos delictuales”, por lo que “hoy por hoy la integridad misma del Estado y de las instituciones democráticas de nuestra región se están viendo severamente amenazadas por la extensión y la influencia del fenómeno”.
También abundó que “la Red Internacional de Acción sobre Armas Pequeñas (IANSA) califica a América Latina como la región del mundo con la mayor violencia armada y ha llegado a establecer que el 42 por ciento de los homicidios con armas de fuego –no por conflictos armados- que ocurren en el mundo suceden en nuestra región. Se calcula además que puede haber alrededor de 80 millones de armas con las cuales se cometen entre 73 mil y 90 mil agresiones armadas cada año”.
Y en esa misma tonada la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Patricia Espinosa, quien ha brillado por su ausencia en el desempeño de las atribuciones que le marca la legislación mexicana, respaldó los dichos del secretario General de la Organización de Estados Americanos, y dijo que sí, que definitivamente, es necesario implementar medidas en todo el continente americano para abatir el tráfico de armas, “porque se ha convertido en un fenómeno grave que incentiva la presencia del crimen organizado y genera amenazas para la seguridad”.

Goliza a Calderón
Mientras que en Monterrey, Nuevo León, durante la inauguración del parque Santa Isabel, Felipe Calderón aseguraba que “le estamos metiendo muchos goles a la criminalidad. Le hemos pegado fuerte y lo seguiremos haciendo”, y admitía al lado del gobernador Natividad González Parás, que se está enfrentando una batalla dura y que se han tenido que resentir bajas en ese combate, en Washington, capital de los Estados Unidos, el “zar” antidrogas de la Casa Blanca, John Walters, revelaba que los ingresos de los cárteles mexicanos de las drogas por sus ventas en ese país ascienden a 13 mil 800 millones de dólares, principalmente por tráfico de marihuana.
El funcionario estadounidense detalló que los capos mexicanos obtienen ingresos por 8.5 mil millones de dólares por la venta de marihuana, tres mil 964 millones por venta de cocaína, mil millones por anfetaminas y 339 millones por heroína. En este punto cabe preguntar ¿por qué si el gobierno de Estados Unidos tiene tan bien identificados los ingresos que produce el enorme mercado de su población adicta, al grado de poder calcular tan precisamente la cantidad de dinero que erogan sus ciudadanos para satisfacer sus vicios, no destina los recursos financieros, materiales y humanos suficientes e indispensables para solucionar de raíz el problema, a través de la prevención y la información hacia su población infantil y juvenil, y sí en cambio se concentra en echarle la culpa y la responsabilidad del combate a los productores de estupefacientes allende sus fronteras, en México y Colombia, particularmente, países a los que destina millones de dólares, a través de los denominados “Plan Colombia” y “Plan México”, que literalmente se van al drenaje, agravan los problemas domésticos de esas naciones y no representan una solución de fondo porque atacan, muy mal, por ciento, la oferta del mercado de drogas, pero no detienen ni por equivocación la creciente demanda.

“Coquetean” con México
De pena ajena es el hecho de que a diferencia de Felipe Calderón y los altos funcionarios que lo acompañaron por su reciente gira a los Estados Unidos, el precandidato demócrata a la presidencia de ese país, Barack Obama, pueda establecer una agenda para mejorar la relación bilateral, deteriorada en las administraciones de George W. Bush y Vicente Fox Quesada. Hay que reconocer que el aspirante demócrata está en plena campaña electoral y que requiere para alcanzar la nominación de su partido del respaldo de la enorme población de origen latino, pero no por ello es menos trascendente su promesa de mejorar las relaciones con América Latina si accede a la Casa Blanca, en particular con México, país con el que pretende impulsar una renovada asociación estratégica con dos bases: la modificación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), a lo que se han opuesto irracionalmente los miembros del gabinete calderonista y sus fracciones parlamentarias en el Congreso de la Unión, y una reforma migratoria que insista tanto en los derechos de los migrantes como en medidas de seguridad para Estados Unidos. Y es que en la larga carrera por la Casa Blanca aún no hay nada decidido aunque Obama y John McCain van a la cabeza en las pistas demócrata y republicana, respectivamente. En el Partido Demócrata, en donde se requiere alcanzar 2 mil 25 delegados, Obama sumó hasta el momento mil 140 delegados comprometidos, mientras que Hillary Clinton quedó en mil 5, según las proyecciones de la cadena CNN. En tanto, en el Partido Republicano, donde se requieren mil 191 delegados, McCain sumó 918 delegados y Michael Huckabee quedó con 217.

Pírrica recaudación
Este miércoles, la secretaría de Hacienda reportó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha recaudado 7 mil millones de pesos provenientes del pago del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU). La dependencia enfrenta una verdadera lluvia de amparos promovidos por grandes, medianas y pequeñas empresas en contra de este impuesto, por aspectos específicos de la ley que entró en vigor el 1 de enero, y cuya primera declaración mensual tenía que ser presentada a más tardar el lunes pasado.
Sobre el particular, expertos fiscalistas precisaron que el primer pago provisional del IETU, abre nuevamente el plazo para que los contribuyentes afectados puedan recurrir al amparo. Las empresas y personas físicas pueden impugnar la Ley del IETU, considerando que es heteroaplicativa, es decir, que afecta en su primer acto de aplicación, según señaló la firma Basham, Ringe y Correa. El plazo para tal efecto vence 15 días hábiles después de haber presentado el pago provisional. El problema de fondo radica en que la reforma fiscal aprobada por el Congreso afecta la inversión de las empresas y les impide crecer, debido a restricciones en el IETU para deducir los derivados del financiamiento.

De los pasillos
“El comodín” Javier Lozano Alarcón, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) anunció que entregará al Congreso de la Unión su proyecto de análisis para una reforma laboral la próxima semana. El funcionario que lo mismo arregla problemas legales de toda índole, que le entra al quite en materia agropecuaria por la incapacidad del titular del ramo, adelantó que el documento hace énfasis en la competitividad e incluye la regularización de las empresas de terciarización, conocidas como outsourcing, así como en la procuración e impartición de la justicia laboral y la capacitación. Esperamos conocer a fondo el documento para saber qué tan a la medida de los empresarios quedó, a ver si no se les pasó la mano y les aprieta mucho.
Y hablando de sindicatos, la fracción del PRD en el Senado propuso una reforma a la Ley Superior de Fiscalización de la Federación, a fin de que puedan ser auditados todos los sindicatos que reciban recursos públicos. Por la influencia que tienen los dirigentes de los grandes sindicatos, como Elba Esther Gordillo en el SNTE, Carlos Romero Deschamps en el petrolero, o Napoleón Gómez Urrutia, en el minero, por sólo mencionar algunos, pocas esperanzas tiene la iniciativa que facultaría a la Auditoría Superior de la Federación para revisar el ejercicio del dinero entregado a esas organizaciones gremiales.
Al arrancar el segundo año del “presidente del empleo”, la tasa de desempleo en el país, en el mes de enero pasado, se ubicó en 4.06 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), lo que representa que alrededor de 1 millón 786 mil 628 personas no tuvieron ocupación, es decir, que la desocupación aumentó en casi 300 mil personas, respecto a la que existía en el mes de diciembre del 2007.