Laura Poy Solano
Elba Esther Gordillo Morales y su camarilla desean “perpetrar el robo más grande en la historia reciente” contra casi 2 millones de trabajadores del Estado que hemos dicho no a la nueva Ley del ISSSTE y, por tanto, a la creación y transferencia de nuestros ahorros al llamado Pensionissste, con el que se pretende entregar el destino de la seguridad social a lo más corrupto del sindicalismo magisterial”, advirtieron maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Consideraron un acto de “ilegalidad”’ que viola los amparos provisionales otorgados a miles de maestros y trabajadores administrativos contra la nueva normatividad, con lo que “tanto Calderón como Miguel Angel Yunes, y el propio titular de la Secretaría de Hacienda, Agustín Cartens, incurren en un delito tan grave como el que quisieron imputar a Andrés Manuel López Obrador en 2006, al incumplir la orden expresa de un juez en favor de los quejosos”.
Pedro Ramírez Vázquez y José González Figueroa, integrantes de la dirección política de la CNTE y de la sección 36 del valle de México, afirmaron que el magisterio disidente se está organizando para presentar una demanda penal contra “estos personajes que pretenden imponer el peso de la corrupción e impunidad por encima de los derechos de casi 2 millones de trabajadores, porque creen que con eso nos van a amedrentar, pero se equivocan, la nueva Ley del ISSSTE está muerta, y no van a poder echarla a andar”.
Destacaron que el interés de Gordillo Morales por controlar los fondos de pensiones de maestros y burócratas obedece a que “se llevará muy buena tajada con los más de 160 mil millones de pesos que podrá entregar a las grandes trasnacionales que controlan las Afore, sin asumir mayores riesgos, pues los costos por el manejo de las cuentas y el posible daño por una pérdida de recursos en inversiones de riesgo lo asumen en su totalidad los trabajadores”.
Eduardo Miranda Esquivel, presidente de la Unión de Juristas de México, afirmó que con la creación de Pensionissste no sólo se incurre en un acto ilegal, sino que se pretende un albazo contra los trabajadores, pues cerca de 85 por ciento de los derechohabientes cuenta con ampararos provisionales.
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