¡Que salga la oscuridad del sótano!

Carlos Fernández-Vega

¡Que se investigue!

También ayer falló. Se daba por hecho que Juan Camilo Mouriño por fin utilizaría el micrófono para algo útil a la nación (hacer pública su renuncia a la Secretaría de Gobernación, por ejemplo), pero lamentablemente no fue así. Lo usó para insistir en su niñez feliz y anunciar que entregó un grueso expediente a la PGR, la Secretaría de la Función Pública y el Congreso de la Unión, con “todos” los contratos por él firmados con Pemex-Refinación en su doble calidad de empresario y funcionario.

Dieciséis larguísimos días se tomó el joven delfín de Los Pinos para entregar ese expediente, en el entendido que los contratos en él contenidos sólo abarcan el periodo (2000-2004) en el que fungió paralelamente como apoderado legal de Transportes Especializados Ivancar, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y durante su paso por la Secretaría de Energía, con Felipe Calderón, en ambos casos, como jefe.

Dicho expediente sólo contiene contratos con Pemex-Refinación en el plazo y los cargos referidos. No incorporó concesiones o permisos obtenidos de esa misma paraestatal, obvio es que en beneficio de la empresa familiar, en otros tiempos y cargos, como en el caso de las gasolineras (franquicias), de las que su familia acumula 38 en cinco estados sureños de la República. De hecho, las dos más recientes fueron inauguradas por el Grupo Energético del Sureste el 15 de enero de 2007 en Quintana Roo y Yucatán, cuando el lerdo funcionario Juan Camilo despachaba en su algodonada incubadora de Los Pinos, como jefe de la Oficina de la Presidencia de la República.

En su tardía salida al ruedo para documentar, según dijo, el poder de su firma a nombre de Ivancar, Mouriño explicó que “todos los contratos que Pemex-Refinación ha celebrado con los transportistas han sido asignados directamente por Acuerdo del Comité de Adquisiciones de la paraestatal y validados por la Secretaría de la Función Pública. A mayor abundamiento, todos estos contratos se firman bajo los mismos términos y las mismas condiciones para los afiliados de la Canacar. Todas las empresas transportistas que contratan con Pemex-Refinación firman el mismo contrato modelo y se sujetan al mismo precio… Como he dicho, las condiciones a las que accedió TEISA fueron idénticas a las de cualquier otro afiliado a la Canacar… Para decirlo con toda claridad, no hubo ningún privilegio para mí o para mis familiares con la firma de esos contratos”.

Lo que el empresario-funcionario olvidó mencionar es que no todas la empresas transportistas tienen como apoderado legal al presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, al coordinador de asesores de la Secretaría de Energía y/o al subsecretario de esa misma área, de tal suerte que la “uniformidad” presumida por Iván el breve es inexistente, al tiempo que los siete contratos celebrados por TEISA, “cuando yo era su representante”, violan las leyes aplicables. Y obvio es que si una empresa firma un contrato, público o privado, es porque obtendrá algún beneficio, como en el caso de los firmados por los Mouriño con Pemex-Refinación.

Y si de “atorones” (Fox dixit) se trata, allí está el registrado en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, en la que los panistas ya no sienten lo duro sino lo tupido, y de plano no saben cómo deshacer el entuerto de Mouriño. En pleno jaloneo, lograron suspender las negociaciones (24 horas) sobre la comisión investigadora del caso Iván el breve, pero difícilmente contendrán la ola, sobre todo ahora que el transparente Emilio Gamboa fue “convencido” por los demás legisladores priístas en San Lázaro que no están dispuestos, cuando menos en este caso, a servir de comparsas de los panistas.

El problema con los blanquiazules es que la ley debe aplicarse con todo rigor, exactitud y prontitud, siempre y cuando no sea uno de ellos (menos el delfín del inquilino de Los Pinos) el que esté en la picota. Sólo hay que recordar lo que dijeron en aquel caliente marzo de 2004, cuando a René Bejarano lo agarraron con las manos en las ligas, y lo mejor del caso es que éste personaje, como hoy lo hace Mouriño y sus patiños en el PAN, aseguraba que la que le hacían “es una acusación dolosa y una campaña mediática en mi contra… Se trata de un asunto de golpeteo político, de propaganda política… No cometí ningún ilícito y estoy abierto a cualquier investigación. No me enriquecí ni me beneficié del hecho denunciado”. Y terminó tras los barrotes.

En aquel candente marzo de 2004, los aguerridos legisladores panistas exigían quemar a Bejarano en leña verde: “he dado cuenta pública de lo que es un acto flagrante de obscena y nauseabunda corrupción… recibió dinero para algo que él mismo ya reconoció” (Federico Döring); “ahora va a ser un militante más en la calle, no el que coordinó la campaña, ni el que fue su secretario particular, ni el que le coordinaba el grupo... ¡Que salga la oscuridad del sótano! ¡Que se investigue!” (Juan José Rodríguez Prats). “Tenemos que ir a fondo, caiga quien caiga, afecte a quien afecte, sea del nivel que sea” (Demetrio Sodi de la Tijera, en aquel entonces perredista, ahora panista).

Hoy, en cambio, los panistas aseguran que “las acusaciones contra el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, no son más que una estrategia mediática del PRD para atacar políticamente al funcionario”. Pero Iván todavía no va preso.

Las rebanadas del pastel

En medio de la trifulca, los legisladores se dieron tiempo para aprobar la Ley del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geográfica, por medio de la cual se crea el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEG), en sustitución del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), un organismo con autonomía de gestión y atribuciones para medir la inflación en el país. Vamos a ver si el nuevo ente hace coincidir las cifras con la realidad, especialmente en materia de precios.