El Justo Reclamo

El escándalo de la “parapolítica” toca a Uribe

Édgar Téllez

El escándalo de “la parapolítica”, que tiene paralizado y en crisis al Congreso de Colombia, podría llevar a prisión a un pariente del presidente Álvaro Uribe, luego de ocasionar el encarcelamiento de 30 legisladores y la investigación de otros 48, varios de ellos cercanos al mandatario. El motivo: haber llegado a sus cargos con el apoyo y la manipulación electoral de la organización paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia, a la que se le atribuyen numerosas acciones terroristas, vínculos con el narcotráfico y por lo menos 300 asesinatos...

BOGOTÁ.- El 12 de marzo de 2002, apenas 48 horas después de las elecciones regionales para senadores y representantes a la Cámara, Salvatore Mancuso, uno de los comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), dijo en tono triunfal que los paramilitares habían respaldado candidatos en todo el país y que por esa razón 35% de los nuevos legisladores eran afectos a ese movimiento clandestino de extrema derecha.Ese día, mientras las autoridades terminaban el escrutinio electoral, Mancuso hizo llegar a los medios de comunicación un mensaje en el que celebró el respaldo obtenido en las urnas. “Podemos afirmar, en tal sentido y con los datos a la mano, que la meta original de 35% ha sido largamente superada y constituye un hito en la historia de las AUC”.El anuncio de Mancuso fue calificado como un abierto desafío al saliente gobierno de Ernesto Samper, en cuya administración los paramilitares crecieron sin control al pasar de mil 300 a 9 mil. De ser cierta la proyección de Mancuso, los congresistas elegidos con la ayuda de los paramilitares serían 95 de los 268 nuevos miembros del Congreso.Aun cuando diversas entidades como la Fiscalía y la Procuraduría abrieron expedientes para investigar el alcance de las aseveraciones de Mancuso, el escándalo quedó en el olvido durante algunos años a raíz del cambio de gobierno y el comienzo del proceso de paz entre el mandatario entrante, el conservador Andrés Pastrana, y la cúpula de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en la zona desmilitarizada del Caguán, al sur del país, no lejos de la frontera con Ecuador.En junio de 2005, otro jefe de las autodefensas, Vicente Castaño Gil, retomó el asunto en una entrevista con la revista Semana al afirmar: “tenemos más del 35% de amigos en el Congreso, y para las próximas elecciones vamos a aumentar ese porcentaje de amigos”.Pero lo que marcó el principio del escándalo conocido como “La Parapolítica”, que hoy tiene tras las rejas a 30 legisladores, y sujetos a investigación a otros 48, fueron las capturas, en Bogotá y Santa Marta, de dos personas relacionadas con los grupos de autodefensa.El primero de ellos fue Rafael García Torres, nombrado en agosto de 2002 jefe de Informática del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), un cuerpo de investigación que según la ley tiene como función preservar la seguridad del Estado y garantizar la vida del presidente de la República y de su familia. García fue detenido por la Fiscalía el 25 de enero de 2005, después de comprobar que borró de los archivos del DAS los antecedentes judiciales de cuatro delincuentes solicitados en extradición por Estados Unidos y modificó los registros migratorios de al menos seis importantes jefes de las autodefensas procesados por la justicia.El segundo fue el capitán retirado del Ejército Édgar Ignacio Fierro Flórez, alias Don Antonio, detenido el 11 de marzo de 2006 en Santa Marta bajo la acusación de ser el secretario personal de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, uno de los jefes paramilitares más sanguinarios de la zona norte del país.Los agentes encubiertos que cumplieron la orden judicial le decomisaron a Don Antonio una computadora portátil cuyos archivos se convirtieron poco después en la prueba principal contra varios de los congresistas investigados por sus vínculos con los paramilitares. Acorralados por el peso de las evidencias y ante la posibilidad de pasar más de 20 años en prisión, García y Fierro optaron por colaborar con la justicia para reducir su pena. Así, el 13 de diciembre de 2005 el exjefe de Informática del DAS confesó ante magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia –organismo competente para investigar a los miembros del Congreso– que los paramilitares hicieron fraude en las elecciones parlamentarias de 2002 para favorecer a sus candidatos mediante la creación de microcircuitos electorales, es decir, la parcelación de las regiones para dirigir los votos en uno u otro sentido. Por esa razón en muchas zonas del país se presentó un fenómeno atípico: altas votaciones en aquellos lugares donde los candidatos habían obtenido menos sufragios en la elección anterior. García les puso a los magistrados el ejemplo de lo ocurrido en los comicios regionales de 1998: los dirigentes políticos José Gamarra, Alfonso Campo y Jorge Luis Caballero obtuvieron entre 15 mil y 20 mil votos; pero en 2002, por la influencia de los paramilitares, consiguieron entre 50 mil y 65 mil sufragios. Además, los votos blancos y nulos, algo normal en las elecciones, prácticamente desaparecieron.En su declaración en la Corte, García explicó que en el departamento del Magdalena “los municipios del sur deberían votar por Alfonso Campo Escobar, a la Cámara; los del centro corresponderían a Dieb Maloof, al Senado, y a José Gamarra, a la Cámara; los de la ribera occidental a Salomón Saade, al Senado, y a Jorge Luis Caballero, a la Cámara”. Las revelaciones de García fueron corroboradas en abril de 2006 por Fierro y los archivos de la computadora, que permitieron conocer los estrechos vínculos de buena parte de la clase política de los siete departamentos de la zona norte con las autodefensas, así como las relaciones secretas entre este grupo armado ilegal y sectores de las Fuerzas Militares, la Policía, el DAS y la Fiscalía.
El desastre del Congreso
La computadora de Don Antonio dejó al descubierto la ejecución de más de 300 asesinatos, especialmente de dirigentes sindicales y defensores de los derechos humanos, así como el esquema montado por las autodefensas para apropiarse de los presupuestos regionales y los dividendos que obtenían por el tráfico de cocaína.El cúmulo de evidencias recopiladas por la Sala Penal de la Corte no tardó en desencadenar la captura de los primeros congresistas el 11 de noviembre de 2006. Se trató de los senadores Álvaro García y Jairo Merlano y del representante Erick Julio Morris, miembros de la bancada que sigue las orientaciones del presidente Álvaro Uribe. Los parlamentarios fueron acusados de concierto para delinquir, de homicidio y de promover, armar y financiar grupos paramilitares.A partir de ese momento y hasta el pasado miércoles 9 de abril, fecha en que fue capturado Vicente Blel, el legislador número 30, el estigma de “La Parapolítica” marca hondamente al Congreso, cuya legitimidad es cada día más cuestionada. Decenas de testigos –buena parte de ellos paramilitares desmovilizados–, pruebas documentales y grabaciones obtenidas por los organismos de investigación tienen al Congreso colombiano sumido en la peor crisis de su historia. No existe otro país que tenga a tantos políticos en la cárcel o en proceso de investigación. El escándalo envuelve a casi todas las tendencias y partidos políticos representados en el Congreso, incluidos los de oposición, como el liberalismo (con cinco capturados y nueve investigados), y los aliados del gobierno, como el Partido Conservador (seis detenidos y ocho investigados), Cambio Radical (cinco y cinco), Colombia Democrática (tres y cuatro) y Convergencia Ciudadana (un detenido y cinco investigados).De esta suerte se han salvado hasta el momento el Partido Mira y el Polo Democrático Alternativo (PDA), porque ninguno de sus miembros es investigado por la Corte Suprema.La gravedad de lo que ocurre y la posibilidad de que otros 15 congresistas sean encarcelados en los próximos meses obligaron a algunos legisladores a plantear opciones para salvar el Congreso, que está prácticamente paralizado. Es tan evidente el congelamiento de las actividades que sólo 10 congresistas asistieron a una sesión plenaria convocada el 8 de abril para explorar salidas a la crisis. La reunión debió ser suspendida por falta de quórum y ello desató la ira del congresista opositor Gustavo Petro, quien manifestó: “Esta sesión ha fracasado. Aquí no está el Senado de la República. Una parte del Senado está en la cárcel, otra parte está acostada descansando, paseando o esperando el momento de la captura. Habrá que hacer las plenarias en la cárcel La Picota”.Con todo, la senadora Gina Parody se atrevió a plantear la revocación del mandato de los congresistas y la realización de nuevas elecciones. No obstante, el presidente Álvaro Uribe salió al paso y, en una entrevista para Radio Santa Fe, dijo que ese no es el camino para superar semejante crisis institucional. “No pueden –señaló– hacerse propuestas que sean saltos al vacío. O fortalecemos la institucionalidad del Congreso, independientemente de sus integrantes, o impulsamos para el país un salto al vacío”.Al cierre de esta edición, el Congreso de Colombia había aprobado los primeros dos artículos de una reforma que busca castigar a los partidos políticos que incluyan en sus listas a candidatos con este tipo de problemas. Con todo, el temor a las detenciones era manifiesto en los pasillos del enorme y viejo edificio de piedra, ubicado en el corazón de Bogotá, donde sesionan los legisladores.No obstante la voluntad de los congresistas para salvar el escaso prestigio que aún les queda –tasado en menos de 40%, según las encuestas–, la Corte Suprema de Justicia vinculó a otros tres congresistas con el proceso de “La Parapolítica”. Se trata de los senadores Carlos García Orjuela, presidente del Partido de la U, movimiento que sigue las orientaciones del presidente Uribe, y Eduardo Henríquez Maya, así como de la representante Myriam Paredes. Los magistrados de la Sala Penal de la Corte consideraron que existen suficientes pruebas testimoniales y documentales sobre sus presuntos nexos con las autodefensas. Y esa preocupación también se ha extendido al palacio presidencial, donde se teme por el futuro del exsenador Mario Uribe Escobar, primo del presidente Uribe y procesado por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares de Antioquia, el departamento del centro del país donde ha ejercido la política desde hace 30 años.La eventual detención y encarcelamiento de Mario Uribe sería un duro golpe para el jefe del Estado, no sólo por su parentesco, sino porque ambos llegaron al Congreso en 1986 y desde entonces han compartido su ascendente carrera política.