Renegociar el TLCAN

Editorial

Los jefes de gobierno de los países que integran el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), Felipe Calderón, George W. Bush y Stephen Harper, de Canadá, asisten desde ayer a la llamada cumbre norteamericana, en Nueva Orleáns, con la consigna de defender el acuerdo de comercio trilateral suscrito en 1994, que en fechas recientes ha sido blanco de diversos ataques en los ámbitos político, social y económico.

Las críticas provienen de los aspirantes demócratas a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton y Barack Obama, quienes en un debate celebrado en febrero fijaron una postura adversa al TLCAN e incluso amagaron con abandonar el acuerdo “a menos que se renegocien los principales estándares medioambientales y laborales”.

La oposición de Clinton y Obama al convenio comercial de la región obedece principalmente a los reclamos de las organizaciones de trabajadores de casi todos los sectores en la nación vecina, incluido el agrícola, que abogan por una revisión exhaustiva de las normas de calidad que regulan el libre comercio regional y se quejan, entre otras cosas, por la pérdida de empleos que ha provocado la mudanza de empresas estadunidenses a otros países a raíz de la apertura comercial. Por más que pudiera tratarse de una simple promesa de campaña, el hecho de que dos aspirantes presidenciales con posibilidades de llegar a la Casa Blanca hayan ofrecido renegociar el TLCAN es un indicador claro de la poca popularidad que goza el acuerdo de comercio trilateral en sectores importantes de la sociedad estadunidense.

Por lo que toca a nuestro país, resultan irreales los señalamientos hechos recientemente por el titular de Hacienda y Crédito Público, de que el TLCAN “ha sido muy exitoso y tiene que continuar”. En efecto, el acuerdo comercial ha aportado a México ingresos que se cuentan por centenas de miles de millones de dólares, pero no se han destinado a revertir la situación de pobreza en que vive la mayoría de la población ni la insultante desigualdad social que recorre el país.

En el campo, el TLCAN ha resultado sumamente benéfico para un puñado de grandes agroexportadores; en cambio, ha producido, en conjunto con el retiro gradual de los subsidios al agro, el empobrecimiento sostenido de los habitantes de los entornos rurales y el subsecuente abandono de éstos. Por añadidura, los costos sociales de ese convenio comercial en nuestro país se han multiplicado con la entrada en vigor, desde el primer día del presente año, de su capítulo agropecuario, y con él, la supresión del pago de aranceles para la importación de más de mil productos agrícolas, incluidos maíz y frijol, lo que ha hecho aún más angustiosa la situación de las decenas de miles de campesinos depauperados, desatando, en consecuencia, el descontento de éste y otros sectores de la sociedad.

Por lo demás, el TLCAN representa un grave factor de riesgo para México, al exponenciar la dependencia que la economía nacional acusa con respecto a la de la nación vecina (al día de hoy, México realiza cerca de 90 por ciento de su comercio exterior con Estados Unidos, en tanto más de la mitad de la inversión extranjera directa está constituida por capital de ese país). Es decir, en caso de que Estados Unidos enfrente un proceso de recesión económica –como todo parece indicar– el acuerdo de comercio trilateral acabaría por fungir como el conducto que transmita las consecuencias negativas de ese proceso a nuestro país, con la diferencia de que aquí la dimensión de catástrofe se multiplicaría, tanto por las conocidas diferencias que existen entre ambas naciones en cuestión de salarios y calidad de vida de sus respectivos habitantes, como por la ausencia de políticas gubernamentales orientadas a la reactivación de la economía interna y a la creación de empleos suficientes y de calidad.

Las deficiencias que acusan los tratados de libre comercio no son casuales: se trata de instrumentos diseñados precisamente para beneficiar a los grandes capitales en detrimento de los trabajadores y de los pequeños empresarios; para beneficiar los negocios de unas cuantas multinacionales en detrimento del desarrollo industrial en países como el nuestro. Por añadidura, el TLCAN encierra en sus disposiciones fundamentales un aberrante contrasentido, al abrir las fronteras entre México, Estados Unidos y Canadá para los grandes capitales y mantenerlas cerradas para la fuerza de trabajo, como si el derecho de buscar mejores condiciones de desarrollo fuera exclusivo para las compañías trasnacionales, y no para las personas.

En suma, el TLCAN debe ser renegociado y replanteado como un acuerdo efectivo entre tres naciones soberanas e independientes –de hecho, en la circunstancia actual pareciera que México y Canadá mantuvieran acuerdos por separado con Estados Unidos–, que persiga mayor simetría en esa relación triangular y encierre un mínimo de compromiso social para con todos los habitantes de la región.