Derechos humanos y Unión Europea

Alberto Híjar

Uno aquí debatiendo que si el petróleo, que si la electricidad, que el contratismo rampante, que si las masacres y los desaparecidos políticos y nada que afecta a los gobiernos de empresarios para empresarios que cumplen al dedillo sus proyectos más allá del parloteo y las movilizaciones. Allá va Calderón el 15 y 16 de mayo a Lima, luego que el 11 y el 12 el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, anuncie el nombramiento de México (bueno, es un decir) como socio estratégico. En los cuatro días previstos, se acordarán los contenidos no sin que Durao se reúna con empresarios, senadores, diputados e integrantes de la Suprema Corte de Justicia (sic), según precisó en videoconferencia desde Bruselas, Benita Ferrero-Walldner, Comisaria para Relaciones Exteriores de la Unión Europea. Los estudiantes bien domesticados del ITAM tendrán a Durao como conferenciante.
Mejor se olvidan los gobiernos europeos de los Derechos Humanos en México. Pese a todo y como mínima constancia, Francesc Relea ha publicado en El País, insospechable de izquierdismo contestatario, un artículo con título elocuente: “Los Derechos Humanos, asunto no grato en México” (lunes 5 de mayo de 2008) subtitulado “Un alto funcionario de la ONU deja el cargo por presiones del gobierno”. El tono de denuncia es marcado desde el principio: “La política de Derechos Humanos del Gobierno mexicano está en duda. El representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos en México, el italiano Amerigo Incalcaterra, deja abruptamente el cargo y abandonará el país en breve por presiones de las autoridades del país americano”.
Poco más de dos años no bastaron para que las denuncias de Incalcaterra rompieran la impunidad de los criminales de Estado. Grave resulta que la Alta Comisionada de la ONU comunique al embajador de México en la ONU, Luis Alfonso de Alba, la decisión de sustituir a su representante en México, pese a que en febrero pasado recibió personalmente denuncias probadas de violaciones a los Derechos Humanos, a la par de las historias de Atenco, Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Por lo visto, la visita a Los Pinos no se redujo al saludo protocolario, sino a la recepción de intimidaciones empresariales que al fin doblegaron todo intento justiciero. Y es que Incalcaterra llegó cuando el fraude electoral lo obligó a una declaración merecedora de protesta por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sin embargo, el representante de la ONU declaró su condena de los crímenes de mujeres en Ciudad Juárez y alertó sobre las consecuencias represivas del agravamiento de la pobreza, el narcotráfico, la militarización y la corrupción gubernamental. Puso el acento en “la restricción y limitación a la libertad de expresión” como “forma de protección frente a la deficiente capacidad del Estado mexicano para defender este derecho”. De aquí la condena al “uso del Ejército en tareas de seguridad pública por las experiencias que hemos visto a lo largo y ancho del mundo, por los efectos que pueden producirse que son violaciones a los Derechos Humanos”, según dijo en un taller de periodistas en 2007 para ganarse otra reprimenda de Relaciones Exteriores. Venía del horror de Colombia como probado profesional y encontró en México una escalada de crímenes de Estado acompañados de militarización, que le exigieron llamar la atención ante el disgusto del gobierno presidido por quien gusta de los actos militares simbólicos y provocadores como el del 1º de mayo cuando en lugar de conmemorar a los Mártires de Chicago y homenajear a los trabajadores, se inventó un reconocimiento a los sobrevivientes del lamentable Escuadrón 201 mandado a combatir en 1945 cuando la Segunda Guerra Mundial estaba a punto de terminar con el mayor crimen de toda la historia transformada por las bombas atómicas. Televisa no tuvo empacho en difundir las declaraciones de un vejete sobreviviente sobre el orgullo de ver ondear el pabellón tricolor en Filipinas.
Coincide la farsa de Lima con el rechazo del Ejército Popular Revolucionario a las condiciones del desarme y legalización improbable, imposible, con la reducción de los intermediarios a simples testigos sociales. De alevosa califica la propuesta que en los hechos legitima la razón de su lucha clandestina ante la desaparición forzada de sus dos militantes vistos por última vez muy maltratados en poder de esbirros oaxaqueños impunes, menos dos que están recientemente procesados para cubrir el expediente judicial. Tardíamente y sin éxito algunos senadores perredistas levantaron tímidamente la demanda de juicio político contra Ulises Ruiz, sin consecuencia alguna. Impunes quedan los asesinatos de las informadoras de Radio Copala, “Voz que rompe el silencio”, Felícitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista Flores, la guerra desatada en el Norte, el espantoso trato a los indocumentados del Sur, la permanencia injusta en la cárcel de los dirigentes de Atenco, la terrible situación de los presos políticos en Oaxaca, Chiapas y Tabasco y la impunidad, siempre la impunidad, de los culpables que anuncian limpieza racista del tradicional Mercado de La Merced y enfrentan policías uniformados contra los corridos sin esperanza en pleno Centro Histórico con enorme mamotreto de madera que tapa la vista de la Catedral para afectar la dignidad de todos los amantes del patrimonio cultural tangible y no tangible.
Callemos, no sea que en la Unión Europea alguien como Suecia, que ya se alarmó por el irrespeto a los Derechos Humanos en México, eche para atrás el nombramiento de socio estratégico que hará subir en la lista Forbes a más de diez traficantes del poder aunque sea a costa de los pobres muy pobres victimados por eso que los expertos llaman integralidad de los Derechos Humanos cada momento más imposible por la carestía creciente de los alimentos, la falta de vivienda popular, la salud y la educación en estado de desastre. Nada importa a Calderón que presumirá apoyos empresariales poderosísimos y efectivos frente a sus semejantes de la Unión Europea en beneficio de la globalización de la infamia.