La herencia de los "Chicago boys"
Gilberto Villarroel
Santiago de Chile
En 1973, cuando los militares chilenos derrocaron al presidente Salvador Allende, llegaron a instalarse en el gobierno con un plan económico bajo el brazo.
El documento era conocido coloquialmente como "el ladrillo" y había sido elaborado en secreto por economistas opositores al gobierno de la Unidad Popular en los meses previos al golpe de Estado del 11 de septiembre.
El general Augusto Pinochet se basó en "el ladrillo" y en la estrecha colaboración de economistas chilenos principalmente graduados en Chicago, los llamados "Chicago boys", para llevar adelante su reforma de la economía.
En su libro "La historia no contada de los economistas y el Presidente Pinochet", el abogado y periodista Arturo Fontaine Aldunate describe "el proceso en virtud del cual un gobierno militar y autoritario -el del presidente Augusto Pinochet- hace rigurosamente suyos los principios de la economía de mercado".
Fontaine, ex embajador del gobierno militar, defiende la tesis de que esta aparente paradoja de libertad económica incorporada a un sistema autoritario evitó que Pinochet cayera en el populismo.
El autor subraya en su libro que "el fenómeno empieza a fines de 1973, es decir, antes de las grandes experiencias neoliberales o neoconservadoras de las modernas naciones de Occidente".
También destaca el aporte de profesores de Chicago, como Arnold Harberger, quien visitó Chile por primera vez en 1955 y ejerció gran influencia sobre Sergio de Castro, economista que después estudió en Chicago y fue ministro de Economía (a partir de 1975) y Hacienda (a partir de 1977) de Pinochet.
Cambios integrales
"El proceso de privatización de empresas del Estado, desarrollado en Chile entre 1985 y 1989, fue el primero de América Latina y mucho más radical incluso que el de Inglaterra, considerada la cuna de las privatizaciones María Olivia Monckeberg , autora de "El Saqueo de los Grupos Económicos al Estado Chileno"
De la estatización de empresas impulsada por Allende se pasó, durante el gobierno militar, a la privatización de empresas públicas. También hubo una apertura al comercio exterior, con el auge exportador, en los años '80, de productos tales como harina de pescado, celulosa, astillas (chips) y frutas.
La reforma provisional creó a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), para invertir el dinero de las futuras jubilaciones de los trabajadores, y a las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRE), que ofrecen planes de salud de acuerdo con los ingresos del cotizante.
El Plan Laboral terminó con antiguas conquistas sindicales como la negociación colectiva por rama de actividades e impuso el despido sin expresión de causa como derecho de los empleadores. En democracia ese artículo fue reemplazado por el despido "por necesidades de la empresa".
Millonarias pérdidas
Las privatizaciones de Pinochet fueron revisadas, durante la transición democrática, por dos comisiones especiales de la Cámara de Diputados, pero no hubo cambios en lo realizado por los militares.
Ex funcionarios del gobierno militar aparecieron convertidos en los nuevos dueños de las empresas privatizadas.
La periodista María Olivia Monckeberg asegura en su libro "El Saqueo de los Grupos Económicos al Estado Chileno" que "el proceso de privatización de empresas del Estado, desarrollado en Chile entre 1985 y 1989, fue el primero de América Latina y mucho más radical incluso que el de Inglaterra, considerada la cuna de las privatizaciones".
Según la autora, "el Estado de Chile se deshizo de 30 empresas, lo que le significó una pérdida que se estimó en más de mil millones de dólares".
Legado oscurecido
Para los partidarios de Pinochet, el principal legado de su gobierno ha sido la modernización de la economía.
En cambio, el sociólogo Tomás Moulian plantea en su libro "Chile actual, anatomía de un mito" que el proyecto que se impuso como "revolución capitalista" fue "una contrarrevolución, más precisamente una reacción contra un movimiento popular ascendente".
Moulian identifica en su libro, que fue éxito de ventas en Chile, la confluencia de actores que permitió esta coyuntura histórica.
"Militares embarcados en un golpe sin tener un proyecto propio pero con 'voluntad de poder'; una derecha política dispuesta a traspasar totalmente su soberanía y fácilmente persuasible de la necesidad de una 'cirugía mayor'; empresarios disponibles para el disciplinamiento y para la aceptación de una lógica de largo plazo, con tal de no verse nunca más amenazados por el movimiento popular; un grupo de economistas monetaristas con un programa de desarrollo alternativo al clásico intervencionismo estatal, desvinculados de la política (por lo tanto, confiables para los militares), sin intereses económicos propios y con redes externas".
Un mercado "cruel"
En 1990, cuando terminó el gobierno militar, las nuevas autoridades democráticas dijeron que había en el país cinco millones de pobres y que la desigual distribución del ingreso obligaba, en palabras del entonces presidente Patricio Aylwin, a impulsar una política de "crecimiento con equidad", como contrapartida al modelo económico neoliberal impuesto por los militares.
"El mercado es cruel", comentó Aylwin al inicio de su mandato.
El crecimiento con equidad ha sido, también, un objetivo y una deuda para las administraciones siguientes: Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet.
Crecimiento sostenido
El país, sometido a los vaivenes de las crisis internacionales, ha sido una de las pocas economías de la región capaz de seguir creciendo incluso en épocas difíciles.
Durante 2005, según cifras oficiales del Ministerio de Hacienda, el crecimiento fue de 6,3%. Pero la queja de muchos gremios y sindicatos es que el "chorreo" no llega a todos.
La economía sigue abierta al comercio exterior y depende fuertemente de la exportación de materias primas.
Paralelamente, los exportadores chilenos buscan nuevos mercados y los gobiernos democráticos han firmado acuerdos comerciales con la Unión Europea y un Tratado de Libre Comercio, TLC, con Estados Unidos.
Pero las paradojas sobreviven: las exportaciones de cobre conforman mayoritariamente, cada año, "el sueldo de Chile", ya que la principal empresa chilena, la Corporación del Cobre, CODELCO, sigue perteneciendo al Estado y aporta millonarios recursos al presupuesto fiscal.
También ayuda a financiar a las Fuerzas Armadas.
Una ley heredada del gobierno militar obliga a invertir el 10% de las ventas brutas de CODELCO en compras de armamento.
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