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Denuncia Bertha Elena Luján Uranga, Secretaria del Trabajo del Gobierno Legítimo que encabeza Andrés Manuel López Obrador, que policías y militares están al servicio de hombres de negocios para reprimir a ejidatarios de Chihuahua

MEXICO, D.F., 2 de junio (REDACCION).- El 27 de mayo llegaron, en helicópteros y en camionetas propiedad de la minera Dolores, aproximadamente 50 elementos de la PFP y varios vehículos de militares, al territorio del ejido Huizopa a reprimir el plantón que de manera pacífica mantenían los ejidatarios en defensa de sus tierras, su centro de población y sus aguas y recursos naturales, informó la secretaria del Trabajo, Bertha Elena Luján Uranga.

Violentamente trataron de desalojar a los campesinos de sus propias tierras y secuestraron a sus dirigentes Enrique Torres González y José Armando González Banda, Presidente y Secretario del ejido respectivamente, denunció.
Durante la acción policiaca –dijo— fueron golpeados y bombardeados con gases lacrimógenos con el saldo de dos mujeres heridas que fueron trasladadas a la ciudad de Madera Chihuahua para ser atendidas. El plantón se fortaleció con la gente del pueblo de Dolores que acudió a fortificar la resistencia y continúan en su lucha por sus demandas.
Señaló que “los compañeros Enrique Torres y José Armando González fueron trasladados por la PFP a la delegación de la PGR del estado de Chihuahua acusados de portación de armas, (acusación inventada por la minera) y como no les encontraron ni presentaron ningún arma, fueron liberados, pero sobre todo por la presión a las autoridades y solidaridad que se desató hacia el movimiento del ejido Huizopa”.
Estos hechos muestran como estas empresas multinacionales compran a la policía y el ejército para que infundan miedo y les apoyen en el despojo a los dueños de las tierras donde quieren explotar los minerales arrasando con bosques, centros de población, manantiales, contaminando el agua, para obtener inmensas ganancias a costa del despojo y la miseria de los campesinos que siempre han sido marginados y excluidos del desarrollo, agregó.
Explicó que al frente de este operativo estuvo Armando Bejarano Arriaga, enviado de la Secretaría de Gobierno del Estado de Chihuahua quien los amenazó con regresar a "levantarlos a todos".
Luján mencionó también que los ejidatarios han pedido a las Comisiones de Desarrollo Rural y de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados sean los intermediarios en las negociaciones con la minera, pero han encontrado poca disposición por parte de ésta.