Bernardo Bátiz Vázquez
Nuestra Constitución, no nos cansaremos de recordarlo, en su artículo 39 señala el principio de que la soberanía nacional radica esencial y originariamente en el pueblo, y en el artículo 40, que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática y federal. La fórmula escogida por el constituyente es impecable, la representatividad como característica de nuestra organización republicana, responde a una lógica elemental, ya que sería imposible que cada decisión de gobierno, de relaciones exteriores o de política en general, se tomara por todos los ciudadanos reunidos. Eso era posible en la Grecia clásica, cuando los jefes de los clanes familiares podían constituirse en asamblea en el ágora de Atenas, a deliberar y a decidir la suerte de la polis.
Cuando el tiempo corrió y las comunidades crecieron, la democracia directa se hizo difícil o imposible y surgió, desde la Edad Media, con las reuniones de los estados generales en Francia y de las Cortes en España, un sistema representativo, que ha ido evolucionando y perfeccionándose. Sin embargo, desde mediados del siglo pasado, hay una crítica a la democracia representativa, tachada de burguesa y formalista, porque reduce la participación de los ciudadanos a cruzar y depositar una boleta electoral cada tres o seis años, para escoger representantes que después actúan ad libitum sin obligación clara de dar cuenta de sus actos políticos a su votantes y cuando mucho rindiéndoselas a sus partidos.
Por esta flaqueza de la democracia representativa y por la necesidad práctica de acudir a ella para la toma de las decisiones de todos los días, desde varios flancos de la doctrina política, desde la izquierda, desde la democracia cristiana, desde la social democracia, se han hecho propuestas encaminadas no a sustituir la democracia representativa por una democracia directa, sino a encontrar una fórmula intermedia que se ha denominado democracia participativa, en la que se combinan decisiones que toman los representantes, con otras que solamente pueden tomar directamente los ciudadanos.
Desde hace más de cincuenta años, tanto en América Latina como en Europa ha habido una insistencia para abrir camino a las diversas fórmulas de democracia directa que pueden coexistir con la democracia representativa; éstas son el plebliscito, el referéndum, la iniciativa popular y la revocación del mandato; posteriormente surgieron nuevas fórmulas como la acción popular de constitucionalidad y la consulta directa, que tiene estrecho parentesco con el plebliscito y el referéndum; especialmente para determinaciones muy importantes para la vida de los estados, como puede ser un cambio a la constitución en materias trascendentales o la modificación de estructuras claves de la sociedad, ya no serán posibles sin participación popular.
Durante algunos años, en tiempo en que fue jefe del Departamento del Distrito Federal Carlos Hank González, se incorporaron a la Constitución algunas instituciones de democracia directa; sin embargo, muy pronto salieron de nuestra Carta Magna y durante el lapso en que estuvieron vigentes, nunca se expidió una ley reglamentaria, por lo que jamás tuvieron la aplicación en la práctica de lo que fue solamente un desplante electorero.
En el marco actual de cambios en la política, de mayor participación y mayor exigencia de información, los reclamos para que los ciudadanos encuentren cauces para hacerse oír y para que prevalezca su opinión sobre la de sus reales o aparentes representantes, el anuncio del jefe de Gobierno del Distrito Federal de una consulta sobre Pemex en la capital de la República no podía ser más oportuna; es indispensable pasar de los debates, en los que por lógica solamente pueden participar algunos pocos y de la publicidad pagada por el gobierno a favor de su postura, a una forma más democrática y más honrada de ayudar a una decisión en este asunto tan importante para el futuro del país.
La ciudad de México es una ciudad ampliamente participativa de por sí, con un pueblo enterado y presente en la vida política, tanto de la urbe como del país, por ello, una consulta aquí puede ser el señalamiento de un camino que como el mismo Marcelo Ebrard lo propone, sea transitado por otras entidades.
Contrasta esta propuesta con la de políticos como el veracruzano Fidel Herrera, que no ve en la discusión, más allá de la oportunidad de volverse a sacar la lotería, ahora no, como ya le sucedió, comprando un billetito, sino participando en el reparto de los beneficios del petróleo a cambio de apoyo a la iniciativa presidencial sobre reforma energética.
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