El Justo Reclamo

La “macrolimosna” salió de Seguridad Pública y de Salud

El cardenal Sandoval y González Márquez. Entendimiento

Reza M.

El gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, extrajo los primeros 30 millones de pesos de su macrolimosna –para la construcción del Santuario de los Mártires– de supuestos ahorros en su gobierno. Con pésima lógica empresarial, dejó de hacer millonarias inversiones urgentes en seguridad, salud y promoción económica, lo que empeora el nivel de vida de los jaliscienses, a cambio de un donativo para salvar su alma, misión que parece imposible.

GUDALAJARA, JAL.- Pese a la falta de recursos económicos y humanos para combatir al hampa y atender los requerimientos de salud de la población, la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social del estado destinó 10.6 millones de pesos, y la de Salud 1.1, para que el gobernador Emilio González adelantara 30 de los 90 millones de pesos de la macrolimosna que ofreció para la construcción del Santuario de los Mártires.En la página web de la Secretaría de Finanzas del estado se informa que los 30 millones de pesos que el gobernador entregó el pasado 24 de marzo, a manera de adelanto, provienen del “remanente de gasto de operación 2007 por concepto de sueldos y honorarios por servicios personales” de las 19 secretarías estatales, así como de las unidades de dependencias auxiliares, del despacho del gobernador y del Tribunal de Arbitraje y Escalafón. La Secretaría de Seguridad Pública fue la que más aportó; la siguen las unidades de dependencias auxiliares de otras secretarías con 3 millones 789 mil pesos, la de Finanzas con casi 3 millones, la de Promoción Económica con 2.6 millones de pesos y la de Salud con 1.1 millones.
La policía puede esperar
Un dato llama la atención: mientras que la Secretaría de Seguridad Pública es la dependencia que reporta más “ahorros” que pueden donarse a la causa religiosa, las estadísticas de la propia Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ) indican que los delitos van en aumento en la zona conurbada de Guadalajara. Por ejemplo, desde enero hasta la primera quincena de mayo de 2007 se registraron 26 robos de carga pesada, mientras que en el mismo período del presente año se registraron 44, probablemente porque el actual titular de Seguridad Pública, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, suspendió el operativo Faro con el que la administración anterior combatió ese delito.También se disparó el robo de vehículos particulares. Según las averiguaciones previas de la PGJ, en los primeros cinco meses de 2007 se registraron mil 845 robos de autos, y en este año creció a 2 mil 52. En los mismos períodos, el robo a tiendas de autoservicio aumentó de 404 a 520.Sobre los 10 millones 602 mil 738.10 pesos que dejaron de invertirse en la seguridad pública a fin de que el gobernador cumpliera su promesa a la Iglesia católica, elementos de esta dependencia –que pidieron el anonimato por temor a represalias de sus superiores– opinan que ese dinero debió emplearse en “la compra de equipo, en mejorar el salario, las prestaciones, la calidad de los uniformes, o en contratar más personal”.Uno de los policías dice que los vehículos nuevos que tiene la secretaría son para uso exclusivo de los oficiales superiores y que hacen falta por lo menos 100 unidades “pick up, cuatro puertas, doble tracción, así como autos. Tú puedes ver que hay camionetas circulando que son modelo 1990, y así no se puede hacer el trabajo”.Para otro declarante, si el dinero proviene del remanente de percepciones, “mejor deberían subirnos el sueldo, del primer oficial para abajo, porque ganamos menos que los policías de Guadalajara; o contratar a más personal, sobre todo para el interior del estado, donde cuatro o cinco elementos cubren hasta tres municipios”. Así mismo, asegura, carecen de capacitación eficaz. Los jefes envían “a sus amigos, parientes o a sus allegados a los cursos que se dan en España o en la Academia Nacional de Seguridad de la Región Occidente, que está en Morelia; y cuando regresan, cuelgan en las paredes de sus oficinas los reconocimientos que les dan, pero se quedan con lo que aprendieron”.En cuanto a la calidad de sus uniformes, “a las tres lavadas se despintan, igual que las gorras, y si te ve un superior te amonestan y te multan, cuando no es nuestra culpa que compren cosas que no sirvan”. Varios entrevistados subrayan que además su armamento y el equipo de comunicación, como los radios, son obsoletos.
Inversiones pendientes
Por otro lado, la “ofrenda” que hizo la Secretaría de Salud (1 millón 105 mil 752 pesos) pudo invertirse en mejoras de los servicios médicos de todo el estado, puesto que en muchos municipios, si bien existen centros de salud, no cuentan con médicos o siquiera pasantes que atiendan permanentemente las necesidades de la población. Frecuentemente los medios de comunicación presentan reportajes sobre las carencias que enfrentan en este rubro comunidades que llegan a tener más de 2 mil 500 habitantes, quienes en caso de accidente o enfermedad tienen que desplazarse grandes distancias y poner en riesgo su vida.En la propia zona metropolitana hay poblaciones como Tesistán, del municipio de Zapopan, cuyo número de habitantes (10 mil) se incrementará al doble por la autorización de nuevos fraccionamientos de interés social, y sin embargo cuenta sólo con un centro de salud, que abre de lunes a viernes de las 9:00 a las 15:00 horas. En tanto, el “ahorro” de la Secretaría de Promoción Económica para la macrolimosna del gobernador (2 millones 617 mil 578 pesos por concepto de sueldos) evitó que ese dinero público se aplicara, entre otras posibilidades, en la generación de empleos. El año pasado la meta gubernamental era crear 63 mil fuentes de trabajo, y sólo llegó a 47 mil.Esa dependencia tampoco ha cumplido con otro de sus objetivos principales, que es promover la inversión. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó a mediados de mayo pasado que la inversión extranjera directa en Jalisco cayó 50.6% de 2001 a la fecha. Mientras que en aquel año se captaron 463 millones de dólares, en 2007 entraron sólo 228 millones (Público, 19 de mayo de 2008).
Convenio antijurídico
El pasado 12 de mayo, el abogado Ramón Castillo Llamas y un grupo de sus colegas presentaron un recurso de revisión ante la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos del gobierno del estado para solicitar la suspensión del donativo al Santuario de los Mártires. Exigen también que la fundación correspondiente devuelva los 30 millones que le entregó Emilio González, “más sus actualizaciones”.Sin embargo, el Ejecutivo no admitió el recurso. A los dos días respondió que la macrolimosna no es un “procedimiento administrativo y por otra (parte, el recurso) carece el promovente de interés jurídico para interponerlo”.Los abogados recalcan que la autoridad “está obligada a recibir el recurso, y si considera que no tiene argumentos debe emitir su fallo, pero no lo hizo”. Por tanto, advierten, solicitarán amparo contra esta decisión.En la exposición de motivos del recurso de revisión se establece que el convenio de “transferencia de recursos” del estado a la fundación privada “viola el artículo 134 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco”, puesto que es “antijurídico, infundado y con falta de motivación”.Dicho convenio fue firmado por el secretario de Turismo, Aurelio López Rocha, y por los representantes de la Fundación Pro Santuario de los Mártires Mexicanos, A.C.: Carlos Álvarez Bermejillo, propietario de los Laboratorios Pisa; Juan Manuel Hernández, constructor; y Julio García Briseño, dueño de Laboratorios Julio.Además, según la exposición de los abogados, el convenio viola la Ley de Ingresos estatal de 2007 al utilizar “el remanente de distintas dependencias oficiales del estado de Jalisco, haciendo uso indebido de las partidas 1101 y 1201, que se refieren a sueldo base y honorarios por servicios personales que se calcularon en demasía, siendo infamante el uso y disposición de la cantidad de una de las partidas en la suma de 10 millones 602 mil 738 pesos moneda nacional para uso de la Secretaría de Seguridad Pública Prevención y Readaptación Social, considerando lo anterior una cuestión indignante en perjuicio de la población del estado”.Prosigue la exposición de motivos: “Resulta exorbitante que habiendo tanto problema de seguridad pública, se le retire a esa secretaría y no se utilice la cantidad de 10, 602, 738.10 pesos y en cambio se utilice para promover cuestiones intrascendentes, cuando la seguridad pública es un problema mediático y peligroso”.Igualmente, los abogados que impugnan el convenio consideran que el donativo a la fundación para la construcción del Santuario de los Mártires implica una “violación de los derechos humanos y una práctica discriminatoria”, ya que en el artículo 3 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto se establece que “el Estado no podrá establecer ningún tipo de preferencia o privilegio a favor de religión alguna”.