El Justo Reclamo

Armas judiciales contra periodistas

Granados Chapa. Acoso

Jenaro Villamil

Después de tres años y ocho meses de un juicio plagado de irregularidades, la demanda por daño moral que entabló el actual diputado federal por Hidalgo Gerardo Sosa Castelán contra los periodistas Miguel Ángel Granados Chapa y Alfredo Rivera Flores –prologuista y autor del libro La Sosa Nostra. Porrismo y gobierno coludidos en Hidalgo, respectivamente–, se ha transformado en un nuevo y sofisticado mecanismo para vulnerar la libertad de expresión y el ejercicio periodístico.La lista de irregularidades consentidas en el caso por el juez vigésimo noveno en materia civil, Miguel Ángel Robles Villegas, comienza con la ausencia de pruebas idóneas en la demanda para acreditar el supuesto daño moral contra quien coordina actualmente la bancada de diputados federales hidalguenses del PRI. Las anomalías ya afectaron a la propia abogada defensora, Perla Gómez Gallardo, cuya firma fue desacreditada por el juez tras un peritaje que dispuso el propio Robles Villegas. El juez admitió una pericial en grafoscopía, ordenada por el perito de Sosa Castelán, para verificar la coincidencia de las firmas. El perito Daniel Ruiz Ramírez, nombrado por el juez, dictaminó que la firma que aparece en el expediente no es de la abogada.El pasado 5 de mayo, el juez Robles Villegas emitió su sentencia interlocutoria e ignoró el hecho de que la propia abogada ya había ratificado que sí es su firma la que aparece en el expediente, el cual contiene más de 10 mil fojas.Como esta irregularidad se han producido otras en un juicio deliberadamente tortuoso, a decir de la propia abogada defensora. Los abogados de Sosa Castelán demandaron inclusive aplicar una prueba pericial psicológica a Granados Chapa y Rivera Flores con el objetivo de averiguar, en el terreno de la subjetividad, “las intenciones” que ambos tuvieron para la publicación del libro. En la segunda semana de junio, la perito María de los Ángeles Sauri Alpuche presentó su dictamen en contra de Rivera Flores citando más de 20 párrafos del libro para acreditar la “intencionalidad” del autor contra Sosa Castelán.En violación de una serie de preceptos del Colegio Nacional de Psicólogos, la perito Olga Leticia Galicia García realizó una indagación exhaustiva en torno a la vida privada de los dos demandados y el juez permitió que los resultados se incluyeran en el expediente.Para la abogada Perla Gómez, no existe ninguna duda: la principal irregularidad es el tiempo tan prolongado, de casi cuatro años, para llevar un juicio que normalmente dura entre 8 y 12 meses. “En este tipo de juicios lo que se busca es la rapidez de la sentencia. Sin embargo, el objetivo, al parecer, es tener permanentemente demandados a los periodistas. Es una forma sofisticada de vulnerar el derecho a la libertad de expresión”, advirtió Gómez Gallardo, consultada por Proceso.
La abogada se quejó ante el magistrado Édgar Elías Azar, actual presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, por lo tardado del juicio sin que se emita la sentencia de primera instancia.“Les va a ir peor si se cambian de juzgado”, le respondió el magistrado Elías Azar.Coordinadora de la agrupación Libertad de Información-México, A.C. (LIMAC), Perla Gómez dijo que al pretender iniciar una averiguación previa en contra de ella “se instaura de facto el delito de defensa de la libertad de expresión, en donde no sólo se arremete formalmente contra el periodista, sino también se ataca al defensor que ayuda legalmente a los demandados”.
Hasta ahora, Gómez y LIMAC no han cobrado ni un peso de honorarios a sus clientes. En otras circunstancias, refiere la abogada, un juicio tan prolongado hubiera representado la bancarrota para cualquier periodista.
Demanda estrambótica
Sosa Castelán y su equipo de 12 abogados, encabezados por Carlos Edmundo Pinto y Jaime Shehoa Jalife, no sólo acusan por daño moral a Rivera Flores y a Granados Chapa, sino también a la editorial Miguel Ángel Porrúa, a la empresa tipográfica y hasta al diseñador de la portada. Argumentan que la fotografía del político hidalguense que aparece en la portada no revela su “verdadera apariencia física”, sino que lo presentan “como una persona obesa, desaliñada”, con una imagen “en falsos colores”.El libro constituye una radiografía de la personalidad y trayectoria en el poder de Gerardo Sosa Castelán, amigo del otrora poderoso José Antonio Zorrilla Pérez, exdirector de la policía política del régimen priista –sentenciado por el crimen del periodista Manuel Buendía– y protegido de Jorge Rojo Lugo, exgobernador y hombre fuerte de la clase política hidalguense.Con amenidad, acudiendo a testimonios documentales y a entrevistas con protagonistas de los sucesos relatados, Rivera Flores describe cómo Sosa Castelán ha ido consolidando una red propia de poder a partir de su papel como líder estudiantil, secretario general y rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, dirigente de los trabajadores de la burocracia estatal y legislador en otros períodos.En la demanda, Sosa Castelán cita mal e incompletos varios párrafos del libro La Sosa Nostra… para acreditar un supuesto daño moral. Por ejemplo, se queja del siguiente párrafo de la página 163:“Su paso por la rectoría no disminuyó su intensa y aun frenética actividad. Estableció varios frentes. En primer lugar, ansioso por hacer olvidar su violento pasado, se encargó que profesionales le dieran un nuevo look: cambió de manera de vestir, se volvió pulcro y formal, empezó a correr por las mañanas, a cuidar su figura, dejó de beber en lugares públicos...”En su demanda, Sosa Castelán advierte que estas afirmaciones están alejadas de la realidad, “ya que el suscrito llevó a cabo la práctica de correr en las mañanas, así como la práctica del tenis, desde tiempo anterior a aquél en el que me desempeñé como rector de la universidad, por lo que en términos del artículo 281 del Código de Procedimientos Civiles le arrojo desde este momento la carga de la prueba a los demandados para que acrediten esta afirmación”.Se queja de que lo exhiban con estas características: “un estudiante sin brillo, líder por la fuerza de su carácter y la certeza de sus puños, hábil para crear alianzas, bronco comandante de sus subordinados, enemigo temible”.Sosa Castelán responde: “Me distingo por ser una persona seria que tengo aspiraciones a ocupar la gubernatura del estado de Hidalgo, haciendo una propuesta transparente y objetiva en beneficio del pueblo hidalguense. Es un hecho evidente que el suscrito soy una persona conocida en el pueblo hidalguense y diversos otros lugares, habiéndome dedicado a servir a la gente”.Su aspiración a la gubernatura vuelve a ser mencionada en la lista de “hechos” que el propio Sosa Castelán aporta para fundamentar su demanda:“El suscrito no sólo me he distinguido por ser una persona honesta, trabajadora y responsable en el aspecto personal y familiar, sino también en lo profesional y a nivel político. Con motivo de mi actual aspiración a la candidatura de gobernador he realizado una campaña totalmente clara, transparente, exponiendo ante el pueblo hidalguense los principales objetivos de la misma.”En su respuesta, Alfredo Rivera, Granados Chapa y los codemandados destacan que Gerardo Sosa Castelán “no describe qué daños le causó la publicación, y de igual forma se abstiene de reseñar específicamente cuál es el perjuicio causado y cuál es el hecho ilícito que le atribuyen a su publicación”. Menos aún menciona “a la persona o personas a quienes le atribuye la supuesta comisión del hecho ilícito que le causó el supuesto daño moral para que proceda su pretendido pago de la indemnización”.Alegan que el propio demandante admite “ser una figura pública”, y observan que no hay razón para demandar en la jurisdicción del Distrito Federal, cuando en todo el tiempo los tribunales competentes son los de Hidalgo. Sosa Castelán no logró la nominación priista a la gubernatura –cargo al que aspiraba cuando apareció publicado el libro–, pero lejos de ser afectado por La Sosa Nostra… continuó con su carrera política, al grado de que ahora se encuentra en la Cámara de Diputados. l