El Justo Reclamo

Chiquita Brands Company: Financiamiento paramilitar

CBI padece un nuevo litigio por sus vínculos ilegales con los paramilitares

emilio godoy

México, D.F., 23 de junio (apro).- Los efectos del financiamiento ilegal de la transnacional Chiquita Brands International (CBI) a los paramilitares de Colombia parecen no tener fin, pues ahora enfrenta una nueva demanda por el asesinato de nueve personas en la nación sudamericana.José Leonardo López Valencia, Sofonias Chaverra Córdoba –ambos sobrevivientes de ataques realizados por miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)--, Luz Estella Durango –viuda de un asesinado por los “para’s”-- y el reverendo H. Francis O’Loughlin, en representación de nueve víctimas de ese grupo armado, presentaron una querella en contra de CBI en la Corte del distrito sur de Florida, a cargo del juez federal estadunidense Kenneth Marra.Según el expediente 08-80508, en poder de Apro, la acusación en contra de la transnacional y de dos partes identificadas únicamente como Moe Corporation y Moes, cuyo papel en los casos todavía no está claro, se deriva del financiamiento, abastecimiento de armas y otro tipo de apoyo que brindaron a las organizaciones paramilitares de Colombia. Los demandantes son parientes de sindicalistas, trabajadores del sector, activistas políticos y sociales y otros amenazados y asesinados por las AUC entre 1990 y 2004.“En todo momento, los acusados supieron o debieron saber que AUC era una organización paramilitar violenta continuamente inmiscuida en crímenes y violaciones a los derechos humanos en contra de civiles en Colombia, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas”, refiere el texto legal, de 35 páginas y con fecha del pasado 13 de mayo.De esta forma, CBI padece un nuevo litigio por sus vínculos ilegales con los paramilitares, luego que se declarara culpable en marzo de 2007 ante la Corte del distrito estadunidense de Columbia por financiar a una organización terrorista. Derivado de ello, la bananera --fundada en 1899 bajo el nombre de United Fruit Company-- se comprometió a pagar una multa de 25 millones de dólares, aplicar y mantener un efectivo programa de cumplimiento y de ética y someterse a un periodo de vigilancia de cinco años.Esta vez la empresa se enfrenta a una larga lista de cargos: ejecución extrajudicial, crímenes contra la humanidad y de guerra, tortura, terrorismo, apoyo material a una organización terrorista, tratos crueles, inhumanos o degradantes, violación de los derechos a la vida, libertad y seguridad de una persona y a la libre asociación, un patrón consistente de graves violaciones a derechos humanos internacionalmente reconocidos, muerte incidental, asalto y agresión, provocación intencional de angustia emocional, provocación negligente de angustia emocional, negligencia y pérdida de negocios.
Por ello, cada acusador reclama 75 mil dólares por daños y perjuicios compensatorios.
CBI habría violado leyes como las de Reclamación por Agravios contra Extranjeros, de Protección a Víctimas de Tortura, la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, las convenciones internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, de Ginebra, y las leyes de los estados de Ohio, Nueva Jersey, Florida y Colombia.Jack Scarola, del equipo paralegal del despacho Searcy Denney Scarola Barnhart & Shipley y uno de los que firman el caso, declaró a Apro, en entrevista telefónica, que hay suficientes indicios de la culpabilidad de la bananera y explicó que el contacto con las víctimas ocurrió por medio de otros abogados colombianos.
Scarola, cuya firma nació en 1979 y que cuenta con 19 litigantes, consideró que el fallo de marzo de 2007 es un buen precedente y estimó que el actual juicio podría demorar unos dos años.
CBI no respondió a los contactos de Apro.
Una galería del horror
El pliego expone la forma y las circunstancias en que las víctimas padecieron los ataques de los paramilitares.José López Valencia era un mecánico eléctrico en el distrito de Turbo, en la subregión bananera de Urabá, departamento de Antioquia. Desde 1998 vio muchos cadáveres producto de matanzas cometidas por las AUC, la descarga de cajas de madera --presumiblemente con armas-- de un barco con el símbolo Chiquita que fueron luego depositadas en botes pequeños y la desaparición forzada de uno de sus empleados por parte de miembros de las AUC que viajaban en un vehículo blanco.Tiempo después, López fue confrontado en una gasolinera y sufrió cinco disparos a manos de miembros de las AUC.Sofonias Chaverra era un próspero empresario en una comunidad de Antioquia. En 1998 un batallón de 180 hombres de las AUC, al mando de un hombre apodado El Lobo, arribó al pueblo y convocó a todos los habitantes a la plaza central, donde recibieron la promesa de una amnistía si renunciaban a la guerrilla, a la que habían pertenecido hasta ese momento.Como ninguno respondió, el comando capturó a varios habitantes y los llevó a un área cercana a la bodega donde Chaverra guardaba el arroz. Los colgó, les cortó la lengua y los testículos, les disparó y arrojó los cuerpos en las afueras del poblado para aterrorizar a los sobrevivientes.En 2000, debido a su oposición a los paramilitares, éstos detonaron una bomba en la casa de Chaverra, lo que provocó la caída de una columna de cemento que le aplastó el pie derecho, el cual debió ser amputado.Posteriormente, su hijo Winston fue ejecutado y el empresario abandonó el pueblo, con la consiguiente pérdida de todas sus posesiones.José Arias trabajó durante quince años en una empacadora de Chiquita. Entre 1997 y 1998 miembros de las AUC llegaron a la empresa a amenazar a los trabajadores del Barrio Policarpo, vistos como opositores a los paramilitares. En 1999 secuestraron a Arias en un taxi y luego lo ejecutaron. Su esposa, María de Marina Ramírez, recibió amenazas de muerte para evitar la denuncia del asesinato.Ernelio Mosquera –junto con un socio-- poseía una empresa de transporte. Ambos eran considerados hostiles a las AUC. En 1999 llegaron a la casa de Mosquera y lo asesinaron frente a su familia.Iván Velásquez poseía una cantina en una comunidad en Apartador, en Antioquia. En 2001 fue investigado por las AUC por ser considerado su opositor. Dos semanas después, lo detuvieron, lo amarraron a la parte trasera de un camión, lo arrastraron y lo ejecutaron.John Quintero administraba una gasolinera. A finales de 1998, compró una motocicleta para su hermana. Los paramilitares de Apartador se la robaron, luego la recuperó y empezó a criticar a las AUC.En noviembre de 1998, encontró ponchadas las llantas de su motocicleta. Entonces abordó un taxi para ir a su trabajo, en donde encontró a entre diez y 12 miembros de las AUC. Otros cuatro hombres llegaron en motocicleta a la gasolinera y lo abatieron a tiros.Jhony Moreno empezó a recibir amenazas de muerte en 2000 para que abandonara su residencia. Se marchó a Medellín y regresó al mes, sólo para ser ejecutado por los mismos hombres que lo intimidaron.Gustavo Cárdenas fue asesinado en su hogar frente a su familia por un integrante de las AUC apodado El Sargento. Los paramilitares lo habían incluido en una lista negra dentro de una campaña más amplia para eliminar a personas consideradas “indeseables”.Luis Monroy estaba inválido a causa de un accidente automovilístico. Por percibirlo como alguien hostil a las AUC, miembros de esta organización lo “levantaron” en 2002 en un automóvil blanco, donde lo torturaron vertiéndole ácido en el rostro y arrancándole las uñas de las manos. Después lo ejecutaron. Leonel Sánchez y Luz Durango formaban una pareja que vivía en el barrio Policarpo, considerado hostil hacia las AUC. En 2004 Sánchez fue asesinado por un sicario apodado El Mono y ella fue amenazada por los paramilitares, por lo que cerró su negocio y abandonó la zona.Guillermo García fue asesinado en mayo de 1999 a una cuadra de su casa por dos miembros de las AUC conocidos como El Indio y El Diablo.Según los acusadores, Chiquita causó, intentó, conspiró y/o ayudó y encubrió esos crímenes a través de su apoyo a las AUC.
Patrón represivo
En todo momento, Chiquita tenía conocimiento de los ataques contra políticos opositores, sindicalistas y activistas comunitarios, señala la querella.Un enjuiciamiento en Colombia sería inútil, se consigna en el documento. “El sistema legal y político está caracterizado por una virtual impunidad para los crímenes de los paramilitares y sus cómplices. Una acción legal resultaría también en repercusiones serias”, detalla.En junio de 2004 Chiquita vendió Banadex, su fructífera subsidiaria en Colombia, por lo que ya no tiene unidades productivas allí y con lo que evitaría una persecución penal.
López, uno de los clientes de Searcy Denney Scarola Barnhart & Shipley, está considerado uno de los miles de desplazados por el conflicto y está a la espera de que le otorguen asilo político “en Estados Unidos o en cualquier otra parte”, señala Scarola.Los acusadores han contratado también al abogado James K. Green. Respecto al tema CBI, el despacho creó la página electrónica www.chiquitalawsuit.com, para promover más demandas y atraer a más quejosos. “Todas las semanas recibimos llamadas de abogados de Colombia”, asegura Scarola.