El Justo Reclamo

Los González Parás: mentiras y ecocidio

Natividad González Parás

Luciano Campos Garza

Aunque el ayuntamiento de Santa Catarina intenta impedir la construcción del desarrollo inmobiliario Valle de Reyes en pleno Parque Nacional Cumbres de Monterrey, ha enfrentado las presiones del gobierno de Natividad González Parás. El mandatario niega su intervención, pero premió con un cargo a la presidenta municipal que inició la maniobra en 2006, y un hermano suyo –miembro del influyente bufete de Los Divinos– asesora legalmente a uno de los empresarios.

MONTERREY, NL.- Los gobiernos federal y estatal ya intervienen en la pugna entre un poderoso grupo de desarrolladores inmobiliarios y el municipio de Santa Catarina por un millonario proyecto habitacional, sólo que en distintos bandos.La federación apoya abiertamente al ayuntamiento en su decisión de preservar un área natural protegida, pero funcionarios municipales acusan al gobierno estatal de actuar en favor de los empresarios, puesto que el hermano del gobernador, Natividad González Parás, es asesor legal de uno de ellos.Desde 1996, año en que Banorte, Maple Urbanizadora e Inmobiliaria Dos Carlos constituyeron el fideicomiso para comenzar el desarrollo inmobiliario de Valle de Reyes, se inició un pleito jurídico porque el predio en que pretenden construir se encuentra dentro del Parque Nacional Cumbres de Monterrey (PNCM).El parque, ubicado en la Sierra Madre Oriental, fue creado el 4 de octubre de 1939 por decreto del presidente Lázaro Cárdenas, y el 17 de noviembre de 2002 el presidente Ernesto Zedillo lo declaró área natural protegida.Sus 177 mil hectáreas abarcan partes de los municipios de García, Santa Catarina, San Pedro, Monterrey, Allende, Montemorelos, Santiago y Rayones. El proyecto Valle de Reyes o Valle Sur se encuentra totalmente en territorio de Santa Catarina y ocupa una porción de la zona protegida.En aquel 1996 Maple Urbanizadora intentó iniciar la construcción, pero el entonces gobernador, Benjamín Clariond Reyes, le negó el permiso. Desde entonces los desarrolladores se han enfrentado en los tribunales a sucesivos gobiernos estatales y autoridades federales, sin conseguir su propósito.Sin embargo, cuando faltaban cinco días para que concluyera la pasada administración municipal de Santa Catarina, la alcaldesa priista Irma Adriana Garza solicitó licencia y en su lugar fue nombrado, con carácter interino, el regidor Ramiro Ayala, también del PRI.El último día de su interinato –el 28 de octubre de 2006–, Ayala acordó, en una ya célebre sesión de 12 minutos, aprobar el Plan de Desarrollo Sustentable de La Huasteca 2006-2030, que abría las puertas para construir Valle de Reyes. Irma Adriana Garza fue premiada por Natividad González Parás con una subsecretaría de Educación estatal. En noviembre de ese año tomó posesión como alcalde el panista Dionisio Herrera. El nuevo cabildo decidió revocar el permiso otorgado por su antecesor mediante un resquicio legal: el Plan de Desarrollo Sustentable no fue publicado en el Periódico Oficial y, por lo tanto, no podía hacerse ley.Comenzó entonces el pleito de Banorte, como fiduciaria del proyecto Valle de Reyes, para validar el Plan 2006-2030 que el nuevo cabildo de Santa Catarina había rechazado. Incluso el banco ganó el amparo 371/07 por el que se determina que el predio no forma parte del PNCM y, por lo tanto, no está en un área natural protegida. Isaac Mejía Cedillo, director jurídico de Santa Catarina, dice en entrevista que el gobierno le “torció el brazo” al ayuntamiento para que le diera a Banorte la aprobación para convalidar el acuerdo de cabildo de la pasada administración. Pero recalca que institucionalmente el municipio no está de acuerdo con la construcción de Valle de Reyes.Mejía señala que la estrategia del municipio se basa en que al no existir jurídicamente el plan, puesto que no fue publicado, Banorte no tiene base para quejarse. En primera instancia la queja del banco fue sobreseída a favor del ayuntamiento. Lo que existe, actualmente, es un Plan 2000-2020 que no incluye lineamientos para construir en el área mencionada. Sin embargo, la fiduciaria recurrió a un juicio contencioso administrativo –llevado por el magistrado presidente de la segunda sala, licenciado José Alfonso Solís Navarro– para que se permitiera edificar el proyecto.“Este procedimiento contencioso administrativo confirmó en segunda instancia que resolviéramos y diéramos una respuesta afirmativa. Hubo presión, vimos un exceso del tribunal al considerar puntos que no eran materia de la litis en el procedimiento, como era la aplicación del Plan 2006-2030.“Si el plan no tenía existencia jurídica, no debía de ser considerado dentro del procedimiento. Sin embargo, el tribunal se extralimita y, luego de muchas presiones, tenemos que resolver a favor de la inmobiliaria. (…) Al final hacen valer los argumentos de la contraparte únicamente y no consideran los nuestros”, señala Mejía Cedillo.Agrega que incluso el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Juan Antonio Meraz Sauceda, actualmente es procesado por desacato y que por eso cumple sus funciones bajo amparo.Ante las arbitrariedades de las que fue objeto, el ayuntamiento ni siquiera pudo actuar con la ley en la mano: “En este procedimiento, ya enmarañado, hubo varias acciones del Tribunal de lo Contencioso. Le habíamos dados dos negativas y las dos nos las echaba para atrás. No queríamos arriesgar una tercera que revirtieran en contra de nuestro secretario, en orden de aprehensión por desacato”.Mejía señala que el gobierno estatal opera para beneficiar a los desarrolladores: “Es cuanto más sabido de la opinión pública que hay ciertos intereses que están ahí entrometidos, no me gustaría a mí ahondar en ello, ya se ha comentado en diferentes foros. No me consta, pero sí puedo deducir, de las acciones que toman las autoridades. El sentir de la gente es que todo esto viene de más arriba”.
Asunto de familia
El 3 de noviembre de 2006 se le preguntó al gobernador, Natividad González Parás, si su hermano Luis Francisco estaba inmiscuido en el proyecto Valle de Reyes, que consiste en urbanizar 2 mil 400 hectáreas y construir 5 mil viviendas.“Hasta donde sé, no tengo los datos precisos, en primer lugar, esa propiedad se adquirió antes de que yo fuera gobernador, con otro grupo de empresarios. Hasta donde sé, no está ubicada en el Valle de Reyes”, respondió el mandatario (Proceso 1568).Omitió, sin embargo, que su hermano Luis Francisco es secretario del consejo de administración de Metrofinanciera, firma de la que es vicepresidente Ramiro Guzmán Barbosa, en representación de Marfil Constructora, S.A. de C.V., que a su vez pertenece a Maple Urbanizadora. Ambos aparecen en un prospecto de colocación de certificados bursátiles de la empresa Metrofinanciera por un monto de 5 mil millones de pesos, fechado el 16 de diciembre de 2004. Como garante figura la Sociedad Hipotecaria Federal y como fiduciario emisor el banco Invex.Ante los señalamientos de la implicación de su hermano en el desarrollo, el pasado 19 de mayo el gobernador volvió a responder a los reporteros: “En ningún momento nosotros hemos sido impulsores, ni lo vamos a ser, del proyecto de Valle de Reyes. Eso estará en manos de la autoridad federal, de la autoridad municipal o de las autoridades jurisdiccionales correspondientes.”Una semana después, Luis Francisco González Parás tuvo que dar su propia versión. Mediante desplegados en los periódicos del estado, el 25 de mayo reconoció que trabaja con Ramiro Guzmán, propietario de Maple y Marfil, integrante de Metrofinanciera y presidente de la Cámara Nacional de la Industria y de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi). Pero alega que trabajan juntos desde hace años.Y agrega: “Cualquier decisión sobre la factibilidad del proyecto Valle de Reyes le corresponde al gobierno federal, al municipio de Santa Catarina y a las autoridades jurisdiccionales competentes, pero no al gobierno del estado”.También Marfil Constructora dio a conocer lo que llamó “La verdad sobre Valle de Reyes” en un desplegado publicado el 10 de junio y firmado por José Rocha:“El predio no forma parte del Parque Nacional Cumbres de Monterrey; Marfil cuenta con el permiso de factibilidad otorgado por Santa Catarina para urbanizar ahí; esta determinación la saben las autoridades de Conanp (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas), que firmaron que Valle de Reyes no es ANP, que sí hay asentamientos en La Huasteca que deben ordenarse y que Valle Sur beneficiará a Nuevo León.”El conflicto ha llegado a tal punto que los desarrolladores inmobiliarios decidieron cambiar el nombre de Valle de Reyes, ya quemado, por el de Valle Sur.En entrevista vía telefónica, el jueves 12 Luis Francisco González subraya que la cercanía con su hermano, el gobernador de Nuevo León, no ha influido en su trayectoria profesional.E insiste: “Yo no he sido contratado por el señor Ramiro Guzmán. Como abogado constituí la empresa y me nombraron secretario desde hace más de 11 años; esa es mi única relación en Metrofinanciera. Pero no tiene qué ver con Valle de Reyes, porque no la estoy representando jurídicamente ni tengo interés personal ni profesional ni nos han pasado este asunto para que lo maneje como abogado. “Básicamente es una autoridad municipal la que da la resolución en ese tema, y si es un tema de carácter federal, que no sé si en este caso lo haya o no, pues no es el Ejecutivo del estado.“Políticamente, usted sabe, utilizan a la familia para estar golpeando al gobernador, pero no tengo relación con ese tema, ni profesional ni personal ni ningún interés. Esa es la verdad y usted lo puede ver en el tema de quién representa a él (Ramiro Guzmán), nunca lo hemos representado en ese tema. La única vinculación que hay es en Metrofinanciera porque él es dueño de esa empresa, como de otras”, dice.Afirma que no hay documentos que lo liguen con el tema directamente, pero “suponiendo, sin conceder, que lo hubiéramos tomado, no tiene nada de malo que lo estemos representando en los tribunales, que es lo que yo hago toda la vida, pero no nos han pedido que lo hagamos en ese tema. Soy secretario del consejo de Metrofinanciera, que son varios accionistas. Pero no en Valle de Reyes, que él (Ramiro Guzmán) eligió otros abogados para que le manejen el tema”.Luis Francisco González forma parte del despacho Santos-Elizondo, conocido como Los Divinos por su poder e influencia en los tribunales. Otros socios de ese bufete son: el diputado federal del PRI Juan Francisco Rivera Bedoya y su hijo Jorge Enrique Rivera Lozano; Luis Alonso Mendoza Garza –hermano de Jorge Mendoza, senador por Nuevo León–; el exprocurador estatal Napoleón Cantú; el exsenador Luis Santos de la Garza y Fernando Elizondo Ortiz, hijo del senador panista nuevoleonés Fernando Elizondo Barragán.
Intervención federal
Luis David Ortiz Salinas, presidente ejecutivo de la Agencia para la Planeación del Desarrollo Urbano de Nuevo León y cuñado del senador Fernando Elizondo, desestima la influencia que podría ejercer Luis Francisco González en el proyecto Valle de Reyes: “No creo que tenga ascendencia sobre las autoridades federales o municipales”.Así mismo, señala que el estado está fuera del litigio entre el municipio, la federación y particulares, ya que si bien el gobierno estatal tiene que elaborar con el federal un plan de manejo del PNCM, el segundo debió formalizar esta normatividad dentro de los 12 meses posteriores al decreto que creó el área natural protegida en 2000. “Se debe de proteger el parque si se puede –comenta Ortiz Salinas–, y esa área, aunque la perdió la autoridad federal en un litigo, si se determina que es indispensable para el sostenimiento del parque, que se busque su compra o expropiación de parte de las autoridades federales.”De este recurso echó mano precisamente el ayuntamiento de Santa Catarina. Víctor Pérez Díaz, regidor segundo, exhibe un oficio dirigido al presidente Felipe Calderón, fechado el 14 de febrero pasado y que lleva las firmas del alcalde, los dos síndicos y los 13 regidores. Ahí solicitan que la federación “expropie y anexe al Parque Nacional Cumbres de Monterrey” los predios del Cañón de Ballesteros, en donde se pretende construir Valle de Reyes o Valle Sur.“La mayor extensión territorial de nuestro municipio está en el Parque Cumbres, lo urbanizado es lo menos. Y con todo y eso no podemos opinar”, se queja el regidor. Mientras el estado y la federación no se pongan de acuerdo en un plan de manejo del PNCM, el ayuntamiento no puede elaborar la reglamentación en la parte que está en Santa Catarina.Y a su vez, los desarrolladores deben tramitar ante el municipio autorizaciones de factibilidad y lineamientos, entre otros permisos, pero eso no puede hacerse mientras no haya plan de manejo.Por su parte Fernando Seriñá Garza, director del PNCM explica que si se construyen residencias la reserva sufrirá un daño ecológico irreparable, además de que se afectarán los mantos freáticos que surten de agua a la zona conurbada de Monterrey.Por ese motivo, ya consiguió que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) fuera incluida como tercero perjudicado en el juicio contencioso por Valle de Reyes, con lo que el gobierno federal podrá intervenir directamente en el litigio.Seriñá critica la anuencia que dio el ayuntamiento de Santa Catarina para la urbanización de Valle de Reyes. Dice que el gobierno federal apoyó a los abogados del municipio con asesores para darles armas jurídicas, pero que al final cedieron a la presión del magistrado de lo Contencioso. “Ahora este señor (Dioniso Herrera), después de meter la pata dando un sí cuando debió decir que no, quiere salir bien jurídicamente”.Lourdes Bello, abogada de Conanp, coincide en ese aspecto: “Ya no es por capricho o por defensa ecologista, hay un marco jurídico de la Constitución mexicana que impide desarrollar. Desde ahí la factibilidad que se dio, en los términos que haya sido, es contraria a derecho y violatoria de artículos constitucionales”.Es irrelevante si el predio está dentro del PNCM, dice, puesto que toda la materia jurídica relacionada con Áreas Naturales Protegidas aplica en este caso, independientemente del decreto de Zedillo, puesto que el polígono de Valle de Reyes es un enclave en el parque, como una isla rodeada de zona protegida.Por lo tanto, añade, “si alguien quiere urbanizar esa zona, forzosamente tiene que meter ductos e infraestructura para agua, luz, drenaje, y eso tiene que pasar por territorio al que le aplica el decreto”.De modo que “la Conanp tiene facultades para seguir defendiendo legalmente esa zona, y esa facultad ya nos la reconoció una autoridad federal ante la que acudimos como terceros perjudicados”.En su visita a Monterrey el 22 de mayo, el titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Patricio Patrón Laviada, aseguró que no negociará con particulares para que se urbanice en el Cañón de Ballesteros: “Hoy por hoy no hay permisos, no hay cambios de uso de suelo, no se puede construir. (…) Nos enfrentamos a intereses muy fuertes, gente con muchos recursos, pero nuestra obligación es defender el medio ambiente, la ley, y no podemos tener pretextos”. l