Las víctimas sindicalistas CADEREYTA DE JIMÉNEZ, NL.- Desde mayo de 2007 se encuentran desaparecidos 38 trabajadores de la Refinería Héctor Lara Sosa, afiliados a la Sección 49 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).Según Josué Hilario Vega Estrada, hijo de Hilario Vega Zamarripa –secretario general de dicha sección y uno de los desaparecidos–, todo comenzó cuando el 16 de mayo del año pasado los integrantes de la sección se reunieron, por la tarde, en las instalaciones del sindicato. El propósito: discutir sobre la constitución de un comité de huelga. Cuenta Josué que luego de tratar el caso durante largo rato sin agotar el tema, decidieron continuar las deliberaciones en otro sitio, y refiere que aún no oscurecía cuando los sindicalistas se distribuyeron en cinco vehículos para abandonar el lugar.
Sólo pudieron salir del estacionamiento tres unidades.
Las otras dos fueron interceptadas por un comando armado que secuestró a David Fernando Vega Zamarripa –hermano del dirigente petrolero y tío de Josué–, a los hermanos Félix y David Sánchez Torres y a Jorge Alejandro Suárez Faz. Además, en su huida los agresores embistieron el vehículo del trabajador Víctor Manuel Mendoza Román.Alarmados, los familiares de David Fernando Vega Zamarripa y otros miembros del comité se reunieron de inmediato en casa del líder Hilario Vega Zamarripa, en la colonia Framboyanes. Ahí permanecieron hasta el día siguiente, el 17 de mayo. Alrededor de las 6:15 horas, Hilario recibió una llamada del teléfono de su hermano David a través de su Nextel.Una voz desconocida le dijo a Hilario que tenía a siete de los desaparecidos, los cuales serían decapitados para arrojar sus cabezas frente a la casa del dirigente petrolero. Hilario manifestó a su interlocutor que él se entregaría para que liberaran a los demás.
Así, prosigue Josué, se inició la negociación.
Hilario les manifestó que iría solo y desarmado al sitio que le indicaran más tarde los secuestradores para liberar a sus compañeros. En seguida manifestó a los reunidos, así como a su esposa y a sus hijos, que debían abandonar la casa de Framboyanes e irse a un sitio seguro.“Entonces se fue. Pidió que no lo siguiera nadie. Dijo que no iba a permitir que se llevaran a más (compañeros). Insistió en que platicaría con ellos (los secuestradores)… que si querían su cabeza, él se iba a entregar con tal de que soltaran a los detenidos”, relata Josué.
Minutos después, Hilario llamó a sus parientes:
“Hagan lo que les digan estas personas –instruyó telefónicamente a Josué–. Estoy bien, ya me llevan en una camioneta. No vayan a hacer nada, hagan lo que les digan. Ya me van a quitar los teléfonos. Te encargo a la familia.”A la semana siguiente continuaron los secuestros de sindicalistas que, para Josué, son claras “desapariciones políticas”.Después de transcurridos 13 meses sin que ninguno de los secuestrados reaparezca, Josué se siente desalentado por la falta de respuesta de las autoridades.Hasta ahora, ni la Procuraduría General de la República (PGR) ni el gobierno estatal han atendido las denuncias, e inclusive las autoridades comentan que este caso puede estar relacionado con el narcomenudeo de la región. También han guardado silencio los dirigentes nacionales del sindicato petrolero, mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) desechó la denuncia de los familiares de los desaparecidos debido a que no presentaron pruebas de que sus parientes se hallaban en manos de alguna autoridad.
“Yo creo que fueron militares”
La senadora Rosario Ibarra de Piedra, quien ha seguido este asunto a petición de los familiares de los desaparecidos, señala que al decir que se iba a “entregar para que liberaran a los demás”, Hilario Vega Zamarripa dejó en claro que estaba hablando con autoridades y no con delincuentes.E insiste: “Es posible que Vega Zamarripa esté detenido por alguna autoridad”.El 4 de junio de 2007, pocos días después de la desaparición del dirigente petrolero, los diarios locales informaron que Hilario Vega Zamarrita y los demás trabajadores habían sido capturados por elementos del Ejército y entregados a la PGR para que esta dependencia los investigara por presuntos vínculos con el narcotráfico.A partir de ese día, la versión de que los sindicalistas operaban el narcomenudeo en Cadereyta cobró fuerza. Dos semanas después, el 20 de junio, la familia Vega Estrada interpuso una denuncia ante el Ministerio Público Federal con sede en Cadereyta para acallar esas versiones por considerarlas infundios, en tanto que Josué y Salomón Vega solicitaban una audiencia con el procurador estatal, Luis Carlos Treviño Berchelman.Refiere Josué: “Una persona que dijo ser agente del Ministerio Público fue muy déspota. En presencia de varios testigos, me dijo que no tenían nada que hablar conmigo, que me retirara porque mi papá se encontraba en la SIEDO (Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada), y que mejor me cuidara porque tenían informes de que yo me desempeñaba mal”.Pese a ello, la averiguación previa 480/2007-5, integrada por un agente del Ministerio Público Federal, continúa su curso, aseguran los interesados, ya que hasta ahora no se les ha notificado nada en contrario. Los familiares de los hermanos Vega Zamarripa se quejan también de que han sido integradas diferentes actas circunstanciadas para desprestigiar a los petroleros, e inclusive señalan el hecho de que, en el mismo sentido, una nota del periódico El Mañana, de Reynosa, publicó que elementos del Ejército “reventaron” dos casas de seguridad en las que presuntamente estaban los miembros del sindicato, quienes, de acuerdo con esa información, fueron enviados a la Ciudad de México.Ante esa publicación, los familiares del dirigente petrolero recorrieran sin éxito varios cuarteles militares y, al respecto, comenta Josué: “Yo creo que (los secuestradores) fueron militares, porque en los lugares donde he preguntado saben todo: el nombre de mi tío, el nombre de mi papá y detalles de la desaparición”.
Enojos y amagos panistas
Además, en las últimas semanas, prosigue Josué, las cosas se han agravado: El pasado 9 de abril, un juez federal dictó orden de aprehensión contra el sustituto de su padre, el secretario general interino de la Sección 49 del STPRM, José Izaguirre; del secretario de Vigilancia, Juan Fraga Godínez, y del vocal Marco Antonio Barrón. A los tres se les acusa de venta de plazas laborales, según la causa penal 35/2008-III.Para los sindicalistas, este tipo de imputaciones no son nuevas, y los familiares de Hilario recuerdan que a éste lo acusaron de lo mismo en 2003. A mediados de su administración, el presidente Vicente Fox visitó Cadereyta días después de que se realizó una marcha silenciosa donde participaron unos 3 mil sindicalistas de la Sección 49 del STPRM, quienes no aceptaban la propuesta de revisión de su contrato colectivo de trabajo.La víspera, recuerdan Josué y los integrantes del comité seccional, Hilario fue llamado al Palacio de Gobierno. Ahí lo recibió un general que lo amagó con “sacar un expediente” si sus representados seguían presionando. Y para rematar, afirman, al día siguiente, en la Refinería Héctor Lara Sosa, Fox regañó en público a Hilario Vega Zamarripa.No es todo. Mientras petroleros del grupo de Carlos Romero Deschamps han difundido rumores de que la desaparición de los sindicalistas de Cadereyta puede estar vinculada con el Ejército Popular Revolucionario (EPR), este grupo guerrillero emitió un comunicado donde menciona varios casos de violación de derechos humanos e incluye el nombre de los hermanos Vega Zamarripa. Esto, porque la Secretaría de Gobernación también los mencionó en su boletín número 331-07/12/2007, donde dicha dependencia acusa a los eperristas de realizar “una campaña de hostigamiento contra el pueblo de México”.En su comunicado del 15 de enero, los eperristas aclararon que sus acciones contra las autoridades federales se deben a la desaparición de los guerrilleros Edmundo Reyes Amaya y Alberto Cruz Sánchez, y denunciaron el uso excesivo de la fuerza con que se conduce el gobierno de Felipe Calderón.“Si FCH es presidente de la República haiga sido como haiga sido, le falta tomar realmente decisiones a favor del pueblo; debe presentar ya a nuestros compañeros Edmundo y Gabriel, a Francisco, David e Hilario, haiga sido como haiga sido (su desaparición).” l
Peticiones para hacer avanzar la mediación
La Comisión Mediadora, solicitada por el Ejército Popular Revolucionario y aceptada por el gobierno federal, en pos de un diálogo que tenga por único y exclusivo punto la presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, miembros de esa organización armada, desaparecidos el 25 de mayo de 2007, entiende que parte de su cometido consiste en acopiar información sobre ese hecho y sus secuelas. Por ello preparó tres documentos que entregó al grupo de trabajo de la Secretaría de Gobernación con el que se ha reunido ya en tres ocasiones. En el primero se enlistan los pasos de los familiares de los desaparecidos, en el segundo se examinan las características del delito de desaparición forzada, y en el tercero se solicitan algunas “precisiones necesarias”.En el primer documento se establece que el 13 de junio del año pasado Nadin Reyes Maldonado acudió en queja por la desaparición de su padre Edmundo Reyes Amaya. Es la primera constancia formal de esa desaparición y hasta la fecha la CNDH no ha emitido ninguna recomendación al respecto. El 27 de junio siguiente, la señora Eulalia Amaya Pérez solicitó amparo a favor de su hijo Edmundo por violaciones al artículo 22 constitucional (incomunicación, tortura y malos tratos). El juzgado segundo de distrito con sede en Oaxaca mantiene suspendido este juicio después de que las autoridades responsables negaron el acto reclamado.Nadin Reyes Maldonado denunció la desaparición forzada de su padre en la delegación de la Procuraduría General de la República en Oaxaca, donde el Ministerio Público se negó a recibir la denuncia. Ella, por lo tanto, la presentó de nuevo por escrito en la oficialía de partes de la sede central de la PGR en la Ciudad de México el 17 de julio de 2007. La procuraduría inició la averiguación no por desaparición forzada sino por secuestro. Hasta la fecha la denunciante no ha recibido información alguna sobre ese procedimiento.Margarita Cruz Sánchez, hermana de Gabriel Alberto, solicitó amparo por violaciones al artículo 22 ante el juzgado primero de distrito en Oaxaca. Tal como lo hizo el juez segundo, el primero dejó suspendido el juicio al recibir los informes de las autoridades tenidas como responsables en que negaron el acto reclamado.A principios de julio de 2007, Nadin Reyes Maldonado escribió al Presidente de la República denunciando la desaparición de su padre. El 27 de agosto se acusó recibo de su carta, misma que se turnó a la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR. No se ha notificado a la denunciante la secuela de tal remisión. Si bien la Secretaría de Gobernación, a la que la Presidencia turnó también la carta, informó de la apertura de un expediente en la Dirección de Derechos Humanos, hasta el día de hoy no se conoce el resultado de su actividad.En agosto de 2007, ante informes de la posible presencia de los desaparecidos en el Campo Militar Número Uno, el juez sexto de distrito en materia de amparo en la Ciudad de México ordenó, a pedido de los familiares, una inspección ocular que resultó negativa.El 20 de septiembre pasado, ampliada la demanda de amparo ante el juez segundo de distrito en Oaxaca a favor de Edmundo Reyes Amaya, por desaparición forzada, el juzgador concedió la suspensión del acto reclamado, para que “cese de inmediato” la desaparición “y las autoridades lo hagan aparecer, en virtud de que el acto reclamado es de naturaleza continua, pues subsiste mientras la autoridad lo mantiene oculto o en el anonimato y cesa cuando aparece o se establece cuál fue su destino. A su vez, el juez cuarto de distrito en Oaxaca decretó el tres de octubre un auto de suspensión en términos idénticos a favor de Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Esas decisiones judiciales, sin embargo, no generaron efecto práctico alguno.El 26 de abril de 2008 fue detenido en Oaxaca Pedro Hernández Hernández, director operativo de la Policía Ministerial de esa entidad por su presunta participación en la desaparición de Reyes Amaya y Cruz Sánchez. Actualmente se encuentra bajo arraigo, a partir de una averiguación previa por terrorismo y tráfico de armas.El 28 de abril, la PGR solicitó a los familiares de los desaparecidos muestras biológicas (ADN) para “descartar la posibilidad” de que correspondan a ellos unos cadáveres que no han sido identificados ni reclamados.La escueta enumeración de esos hechos y su resultado muestra la futilidad de esos esfuerzos, consideró la Comisión que, sin embargo, concede gran valor a “las resoluciones judiciales que ordenaron la presentación inmediata de estas personas, víctimas del delito de lesa humanidad de desaparición forzada”.Precisamente a la condición jurídica de ese delito se refiere el segundo documento de la Comisión, que parte del texto de la Convención Americana sobre Desaparición Forzada de Personas para aplicarlo al caso de Reyes Amaya y Cruz Sánchez. Para efectos de esa convención, suscrita por el gobierno mexicano el 5 de abril de 2001, desaparición forzada es “la privación de la libertad de una o más personas, cualquiera que fuera su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.La Comisión mediadora acota que “ese delito es considerado de extrema gravedad por el grado de crueldad que implica y por el cúmulo de derechos que vulnera y agrede”.Finalmente, en su tercer documento, titulado “Precisiones necesarias”, la Comisión refiere que en octubre pasado se presentó ante los familiares de Reyes Amaya “una persona que dijo llamarse Alejandro Punaro y representar al Presidente de la República. Conminó a la señora Eulalia Amaya Pérez… a que demandara al Ejército Popular Revolucionario ‘por difamar a su hijo’”. Esa misma persona se había presentado ante diversas organizaciones “como representante del Ejército Mexicano o del Cisen. Con ese carácter ejerció presiones y detenciones arbitrarias que amenazaron la seguridad de las personas que consideraba vinculadas de alguna manera con el EPR”.La Comisión considera “indispensable que se aclare la identidad y la responsabilidad institucional de esta persona”, así como “que se establezcan con precisión las informaciones que el Ejército Mexicano pueda aportar a la solución de este caso, habida cuenta que la Policía Militar fue la corporación que intervino” en la detención del director policiaco Pedro Hernández Hernández. Y teniendo también en cuenta que el entonces subsecretario de la Defensa Nacional, general Tomás Ángeles, “realizó entrevistas con personas y organismos de la sociedad civil a fin de encontrar canales de comunicación directa con cuadros del EPR”.Como se sabe, integran la Comisión Mediadora doña Rosario Ibarra, el obispo emérito don Samuel Ruiz, Enrique González Ruiz, Juan de Dios Hernández Monge, Gilberto López y Rivas, Carlos Montemayor y el autor de estas líneas. l
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