Editorial
El director del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés, en entrevista publicada por el diario británico Financial Times, aseguró que las organizaciones criminales “intentan hacerse cargo del poder del Estado”, que han logrado cooptar a miembros de la policía, del Poder Judicial y de las entidades del gobierno, e incluso insinuó que pueden haber infiltrado el Congreso, al no descartar “la posibilidad de que haya dinero del narcotráfico involucrado en las campañas de algunos legisladores”. Antes de ponderar semejante declaración, es pertinente recordar el contexto en que ocurre, caracterizado por las acusaciones contra los servicios de inteligencia del Estado, formuladas por diversos diputados y senadores y por el ex presidente del Partido Acción Nacional Manuel Espino.
Es necesario tener en cuenta que los ataques cruzados entre los propios panistas, de Espino al coordinador de la fracción senatorial tricolor, Manlio Fabio Beltrones, y de éste al CISEN, son indicativos de la creciente fractura en la coalición de facto que cogobierna. A su vez, la creciente distancia y hasta la hostilidad entre el gobierno federal y los jefes priístas se ha desarrollado en el contexto de la disputa política nacional provocada por la iniciativa de reformas legales enviada en abril al Senado por el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, por medio de la cual se pretende privatizar los segmentos principales de la industria petrolera. Respaldada en principio por Beltrones y otros priístas prominentes, tal propuesta se ha ido desgastando por efecto de las movilizaciones ciudadanas de rechazo a la desnacionalización –así sea embozada– del petróleo mexicano y por la improcedencia de los cambios, evidenciada en el curso de los debates convocados por el propio Senado.
Resulta imposible, en la circunstancia actual, deslindar cuánto de la creciente oposición verbal de los priístas a la privatización responde a convicciones y principios y cuánto a un regateo político orientado a abultar las facturas que las cúpulas tricolores pretenden cobrar a Calderón por el respaldo que le brindaron para que tomara posesión con base en unos resultados electorales impugnados y manoseados. Asimismo, es lógico suponer que en este nuevo pleito hay una fuerte dosis de cálculo político de ambos bandos, los cuales buscan posicionarse de manera favorable de cara a las elecciones legislativas del año entrante.
Así, en medio de esta espiral de confrontaciones electoreras no puede saberse a ciencia cierta si las acusaciones en contra del titular del Cisen son fundadas; por el contrario, los jaloneos en el seno de la alianza cogobernante han enturbiado el panorama político de modo que ni siquiera es posible discernir si los señalamientos de ambas partes son ciertos, o si forman parte de campañas de propaganda sucia.
Independientemente de ello, resulta cuestionable –por decir lo menos– que el encargado de la inteligencia del Estado se dedique a sostener acusaciones tan graves como las publicadas en el rotativo británico, que desprestigian al Legislativo en su conjunto y que, al no ser acompañadas de los nombres y las pruebas correspondientes, enrarecen y ensucian el de por sí confuso y turbio panorama político.
En suma, la polémica desencadenada por las acusaciones de espionaje en contra del gobierno calderonista y la evidente fisura de su alianza con el PRI plantean un escollo adicional para una administración en sí misma debilitada por los cuestionamientos de origen a su legitimidad, por las severas críticas que ha recibido por su política de seguridad, su proyecto económico antipopular, su falta de sentido de nación y, en general, por su ausencia de rumbo y de claridad para gobernar. Por lo que puede verse, las cúpulas del tricolor han decidido sacar ventaja de tales debilidades e inconsecuencias, y la candidez y el descuido de que hacen gala altos funcionarios federales –como el titular del Cisen– abonan y facilitan ese empeño.
Es decir, el gobierno espurio con su séquito de coadyuvantes a la usurpación se baten en un mar de mierda. Pobre de nuestro país al que están haciendo trizas y en el que sólo un tercio de la población se está dando cuenta porque los medios participan del estercolero.
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