El Justo Reclamo

Mejor el éxodo

Sinaloa. Masacres

Ismael Bojórquez

CULIACÁN, SIN.- Como nunca, la escalada de violencia cobró ya dimensiones críticas en esta entidad.Hace un mes y medio, tras la ejecución de ocho policías federales durante una emboscada en la colonia Las Vegas de esta ciudad, el gobernador Jesús Aguilar Padilla declaró que la ola de homicidios había tocado fondo.Desde entonces los enfrentamientos entre grupos de pistoleros con los cuerpos policiacos y los ajustes de cuentas entre los cárteles que comandan Joaquín El Chapo Guzmán y los hermanos Beltrán Leyva se han multiplicado. En mayo, por ejemplo, se registraron 116 asesinatos; en junio hubo otros 127, y durante los primeros 10 días de julio las bajas sumaban 65, incluidas las nueve víctimas del jueves 10 en el taller de hojalatería Mega 2000, en la colonia Ejidal de esta capital.Esta situación obligó al mandatario a cancelar su viaje a España para seguir de cerca las indagatorias, según informó su oficina de Comunicación Social el mismo jueves 10.La alarma se activó en Culiacán desde el miércoles 2, día en que fueron abandonados en una céntrica calle de Culiacán los cuerpos decapitados de cuatro badiraguatenses: Luis Enrique Aguirre, Ricardo Pacheco, Héctor Adán Venegas y Noel Uriarte, todos de la tierra de Joaquín Guzmán Loera. Junto a los cuerpos había un recado dirigido al capo del cártel de Sinaloa: “Sigues tú Chapo traidor malagradecido nunca vas a cambiar y sigue tu gallinita dizque huevos de oro malnacido ya ves todas las pendejadas que okasionas cobarde”, decía el mensaje.Dos días después, el viernes 4, fueron localizados otros tres cuerpos en la cajuela de un Tsuru. Tenían amputadas las piernas. Fue la respuesta de El Chapo. Uno de ellos era el excomandante de la Policía Ministerial Roberto Carlos Barceló Villagrán. De acuerdo con el reporte del Servicio Médico Forense, a Barceló le abrieron la espalda con un cuchillo.Doce horas después, otro comandante, Jorge Zataráin Camacho, y su compañero, Jesús Gastelum Leyva, fueron acribillados por un comando en el bulevar Emiliano Zapata. En la refriega murió también Daniel Sillas, un vendedor de revistas.Y los ajustes de cuentas continuaron. El sábado 5 por la noche dos choferes de tráileres de la sindicatura de Villa Juárez fueron decapitados y sus cabezas arrojadas en la barda perimetral de la empresa Santa Mónica, propiedad de la familia Zambada Niebla. Adherido a uno de los cuerpos había un recado: “Fallé con Sajarópulos; el gobierno te protege mucho; no mandes federales y ¡Viva la familia!”.Constantino Sajarópulos, comandante de la Policía Ministerial, fue atacado el mediodía de ese mismo sábado junto con sus escoltas cuando viajaban por la carretera México 15 en el tramo de Guasave a Guamúchil, a la altura de Las Brisas. Ninguno murió.En el ataque del jueves 10 murieron José Alfonso Ochoa Casillas, de 61 años, y su hijo José Alfonso Ochoa Quintero, de 37; ambos eran catedráticos en la Facultad de Contabilidad y Administración de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). También murieron Martín Ochoa Medina, de 44 años; Cruz Francisco Villela Martínez, de 34; Efrén González Ramos, de 40; José Alfredo Armenta González, de 38, y Cristóbal Herrera Camacho, de 16, todos ellos carroceros, así como Francisco Javier Gámiz Camacho, ayudante de carrocero, y el mecánico Jesús Alfonso López Félix, de 24.La agencia segunda del Ministerio Público, especializada en homicidios dolosos, abrió ese mismo día la averiguación previa 100/2008. A su vez, la Procuraduría General de Justicia del estado informó que sólo uno de los nueve ejecutados, José Alfredo Armenta, tenía antecedentes penales por los delitos de lesiones y robo violento. La dependencia no precisó fecha ni lugar en que se cometieron esos delitos.Según algunos testigos consultados por Proceso, poco después de las 11 de la mañana el comando irrumpió en el taller y comenzó a disparar contra los nueve ocupantes. El operativo fue rápido. Cumplido el trámite, los homicidas abordaron sus vehículos y enfilaron hacia el bulevar Zapata, donde atacaron a tres elementos de la Policía Ministerial del estado: Emigdio Rocha Trujillo, cuyo cuerpo sin vida quedó en una patrulla; el comandante Antonio Rodríguez Murguía, quien falleció cuando era atendido en un hospital cercano, y Heriberto Regalado, que aún convalece debido a los impactos recibidos.A su paso por avenida Insurgentes, los agresores dispararon contra los efectivos militares que se encontraban frente a los edificios donde funcionan los juzgados federales; ninguno de ellos resultó herido, pero al menos uno de sus vehículos fue perforado por las balas de los fusiles AK-47 y AR-15.En su huida, el comando armado sembró pánico en la zona. Los comercios bajaron sus cortinas metálicas y dejaron a los clientes adentro; el tráfico se congestionó en el bulevar Zapata y en la avenida Pascual Orozco, lo que obligó a los vecinos a encerrarse en sus viviendas.Poco después llegaron soldados y policías federales, quienes de inmediato acordonaron el lugar.“Hay muchas versiones, pero nadie quiere opinar”, declaró un funcionario de la procuraduría. Según una de esas versiones, el comando iba tras un encargado de Mega 2000, a quien apodan El Caimán.
Comunidad fantasma
En la comunidad de El Pozo, ubicada a 17 kilómetros al oriente de Culiacán, los habitantes aún no olvidan la tragedia del 25 de junio. Aquel día arribó al lugar un convoy de camionetas con 40 gatilleros armados con fusiles AK-47. Ya había oscurecido. El comando ejecutó a cuatro personas, entre ellas un joven de 16 años que trató de escapar. Luego se llevaron a Pedro López, velador de un establecimiento de autopartes; al día siguiente fue localizado su cadáver.La viuda de Pedro López, Lourdes Álvarez, se arrepiente de no haberle hecho tres rezos a su esposo asesinado porque, dice, ya nadie la acompaña. Sólo la rezandera y una sobrina que vivía en su casa acudieron al novenario. Apenas se cumplió el último rezo, Lourdes y su sobrina se marcharon del pueblo.“¿Por qué nosotros? –se pregunta la viuda. Mi esposo nunca se metió en nada chueco.”Ella dice que es poco probable que se castigue a los asesinos. “Los policías tienen miedo. Saben quiénes fueron los asesinos, pero no investigan”. Y estalla: “Ellos jamás agarran a los responsables de nuestros muertos”.Al igual que Lourdes Álvarez, otras 100 familias abandonaron la comunidad desde que empezaron las matanzas. Una ocurrió en marzo, cuando un grupo de sicarios irrumpió en el caserío y mató a cuatro hombres. Desde entonces, seis habitantes de El Pozo que se mudaron a Culiacán han sido asesinados. Hasta el viernes 11, alrededor de 100 casas habían sido abandonadas por sus propietarios. Y el éxodo continúa. El pueblo luce desolado. La sociedad no sabe qué hacer para protegerse de la violencia. Lejos de organizarse, los sinaloenses prefieren encerrarse en sus casas. Para colmo, la semana pasada el Congreso del estado rechazó un punto de acuerdo propuesto por el PRD para realizar una gran marcha contra la violencia a la que había convocado la familia de un policía asesinado.Por eso la gente mejor huye. Muchas familias se han ido a otros estados; otras están a punto de marcharse ante la falta de protección de las autoridades, que se muestran incapaces para detener las ejecuciones, cada vez más crueles.Además de la violencia generada por la guerra entre las bandas de narcotraficantes, los sinaloenses padecen las vejaciones de las fuerzas federales. En los dos meses que lleva el operativo Culiacán-Navolato, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha recibido 30 quejas contra el Ejército y la Policía Federal Preventiva. Algunas incluso fueron turnadas a la CNDH. De enero a la segunda semana de julio, en la entidad han muerto en sucesos violentos más de 500 personas, de las cuales 63 eran policías, según el recuento hecho por este corresponsal a partir de notas publicadas en diarios locales. l