El Justo Reclamo

La incongruencia

Rodríguez Zapatero

Alejandro Gutiérrez

MADRID.- El pasado 22 de junio, mientras 16 millones de espectadores españoles festejaban cada gol de su selección de futbol en la agónica serie de penaltis contra Italia en la semifinal de la Eurocopa, un grupo de africanos magrebíes y subsaharianos llegaron a Melilla, ciudad española ubicada en el norte de África.Ahí, los guardias marroquíes y españoles apostados en el paso fronterizo de Beni Enzar veían el futbol por televisión. Los africanos aprovecharon esa situación y varias decenas de ellos cruzaron los puestos fronterizos. Sin embargo, la Guardia Civil española detuvo a 70 y los deportó.
Al día siguiente, otros 30 africanos intentaron lo mismo y fracasaron.
No fue la invasión de hombres desesperados a Melilla y Ceuta –reductos españoles que constituyen la verdadera frontera sur europea–; en 2005 miles de africanos intentaron saltar las mallas limítrofes para llegar a Europa. El saldo fue de 13 muertos y 600 heridos.Después de Estados Unidos, España es el segundo país con mayor número de inmigrantes: 5 millones 220 mil, que equivalen a 11.3% de la población del país, de acuerdo con un informe que el Instituto Nacional de Estadística (INE) difundió en enero pasado.El crecimiento ha sido explosivo: del año 2000 a la fecha, España registró tasas de inmigración de 2.8%, una de las mayores en el mundo y de tres a cuatro veces mayor que la tasa media de Estados Unidos. Empujado por la crisis económica de España, el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero ha empezado a compartir el endurecimiento de la política migratoria con la mayoría de países de la Unión Europea (UE), que tienen gobiernos de derecha. Rodríguez Zapatero es uno de los principales defensores de la Directiva del Retorno que el pasado 18 de junio aprobó la UE y que entre otras medidas autoriza la retención de inmigrantes ilegales hasta por 18 meses y prevé el envío de menores de edad a países distintos al de origen. Interlocutor europeo con Latinoamérica, el gobierno español convocó el pasado 24 de junio a los embajadores de estos países, incluido México, para una reunión privada a fin de tranquilizarlos y explicarles el contenido de la mencionada directiva. El encuentro fue encabezado por la secretaria de Estado para Iberoamérica, Trinidad Jiménez, y por el secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido, quienes dijeron que las normas españolas garantizarán los derechos humanos de los inmigrantes. Jiménez explicó que la directiva de la UE establece “un mínimo de garantías (de protección a inmigrantes) donde antes no las había (…) y no obliga a que las reduzcan aquellos países que ya tenían más y mejores garantías, como es el caso de España”, que fija el plazo máximo de retención en 40 días.Un diplomático mexicano que participó en la reunión explica que esta norma no afectará a la reducida comunidad mexicana en España. Según datos del Ministerio de Trabajo y del Departamento de Extranjería hay alrededor de 10 mil mexicanos con documentos de residencia, la mayoría estudiantes de posgrado, ejecutivos y empleados de empresas multinacionales, así como parejas de ciudadanos españoles.El diplomático dice que España no cambiará su política con México. Incluso, enfatiza que recientemente ambos gobiernos firmaron un acuerdo de flujos migratorios que incluye la contratación temporal de trabajadores mexicanos por empresas españolas.
Retorno forzado o voluntario
En 2005, durante el primer año de su gobierno, Rodríguez Zapatero aprobó la regularización de 700 mil inmigrantes que se encontraban en su país ilegalmente. Sin embargo, en el presente año –cuando inicia su segundo mandato– el presidente español ha impulsado medidas para evitar el ingreso de inmigrantes ilegales y devolver a sus países de origen a los que ya están aquí. Algunas medidas son las de siempre. El 28 de junio unos 60 agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana y Extranjería hicieron una redada en la localidad Torre Pacheco, en Murcia, para identificar a los inmigrantes y entregarles oficios de expulsión. Con ayuda de policías locales, los agentes concentraron a los inmigrantes en las plazas del centro y detuvieron a 59 indocumentados. Además, el pasado 8 de abril, Rodríguez Zapatero anunció que exploraría “con carácter de inmediato” nuevas fórmulas que incentiven a los inmigrantes que pierdan su empleo a volver a sus países de origen. Declaró que mantendrá los acuerdos ya establecidos con países de origen de los migrantes, a fin de que las contrataciones se realicen en sus territorios, y también promoverá convenios similares con aquellas naciones en las mismas condiciones. Así mismo se comprometió a reforzar el control en las fronteras, para lo cual pidió la participación de la UE, y dijo que combatirá las redes de tráfico de personas.El pasado 24 de junio, durante su participación en el Forum Nueva Economía, el ministro español de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, anunció que en septiembre próximo iniciará un programa para impulsar, mediante incentivos económicos, el regreso de un millón de inmigrantes desempleados a sus países. Con este programa los extranjeros que carezcan de empleo podrán cobrar en dos entregas todos los subsidios de desempleo que hayan acumulado, pero a cambio deberán renunciar a sus permisos de residencia y de trabajo, además de comprometerse a no regresar en al menos tres años a España. Después de este período podrán solicitar su regreso, pero el gobierno se reserva el derecho de aceptarlos o no, aun cuando sus solicitudes tendrán prioridad sobre las de aquellos que pretendan entrar por primera vez.El ministro también propuso modificar la Ley de Extranjería para impedir el ingreso a familiares de ilegales, como abuelos, suegros o hijos mayores de 18 años. En el mismo foro, Corbacho informó que 700 mil extranjeros no tienen tarjeta de residencia.Hasta abril pasado había en España 165 mil extranjeros desempleados provenientes de países ajenos a la UE. La mayoría de ellos son marroquíes (37 mil 801), ecuatorianos (22 mil 192) y colombianos (219 mil 599) y se ubican sobre todo en los sectores de la construcción y la hotelería.Eduardo Quezada, ecuatoriano que tiene nueve años de residir en España, dice que “ya es momento de regresar (a su país). Aquí las cosas se están poniendo muy complicadas (...) No puedo seguir pagando mi hipoteca en Ecuador, y aquí seguir pagando una renta, y sin trabajo... Veré un par de opciones de trabajo en estas dos semanas y decidiré”. Hasta enero de 2005, la comunidad ecuatoriana fue la más grande en España, con empleo o sin él: eran más 490 mil inmigrantes; hoy son 420 mil y ocupan el tercer sitio, después de los rumanos (728 mil 967) y marroquíes (644 mil 688).Las autoridades españolas y Frontex, organismo encargado de la seguridad de las fronteras de la UE, han reforzado la operación Hera de vigilancia marítima, que se aplica desde 2006 en las costas africanas de Guinea, Senegal y Mauritania, así como en las islas Canarias.De hecho, el pasado 1 de julio la organización Amnistía Internacional acusó a España de forzar al menos a uno de esos países a realizar detenciones preventivas, según se desprende de su informe Mauritania: Nadie quiere tener nada que ver con nosotros. Esteban Beltrán, director de AI en España, dijo en conferencia de prensa que “la presión de la UE y en especial de España está provocando violaciones de los derechos humanos en Mauritania”.Dicho país persigue en su territorio a potenciales emigrantes y los encarcela. También ha aceptado recibir a los extranjeros expulsados de España que hayan zarpado de sus costas, aunque provengan de otro país africano. l