El siguiente artículo fue publicado en el Semanario Bitácora Cultural el 9/07/08:
* Periodistas, intelectuales y políticos ven en la tragedia de la discoteca New’s Divine un filón de oro para golpear a la figura perredista mejor colocada en las encuestas para el 2012
Por Raúl Ramírez Baena*
El pasado 20 de junio, Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno del Distrito Federal, entró en su peor crisis política: 12 personas, 9 jovenes y 3 policías, perdieron la vida aplastados y asfixiados en la discoteca New’s Divine por errores graves de estrategia policial, negligencia y dolo. Además y por si fuera poco, existen evidencias de abuso policíaco en contra de algunos menores detenidos en el operativo antes y después de la tragedia.
Las primeras cabezas que rodaron fueron las de jefes policíacos, del encargado del operativo y del delegado en Gustavo A. Madero, de extracción perredista. La cabeza de Joel Ortega, secretario de Seguridad Pública, pende de un hilo. En un país democrático, no sólo el máximo jefe policíaco, sino también el jefe de Gobierno, se hubieran separado del cargo voluntariamente en tanto se desahogaran las investigaciones y se deslindaran responsabilidades. Pero no, estamos en México.
Obviamente, no faltan los oportunistas que sacan raja de las desgracias humanas: periodistas, intelectuales y políticos ven en esta tragedia un filón de oro para golpear a la figura perredista mejor colocada en las encuestas para el 2012.
Cinco días se tardó el PAN, en voz de su líder nacional, Germán Martínez, en reaccionar ante la opinión pública: “Ebrard tiene el 100% de la responsabilidad, tanto política, como de la corrupción en las delegaciones y de las vejaciones, contra algunas menores y por el maltrato a los jóvenes que asistieron a la discoteca”, subrayó el dirigente, quien exigió la comparecencia del Jefe de Gobierno ante el Senado, mismo que, aclaró, tiene facultades para destituirlo.
Hasta ahí las cosas. Sin embargo, debemos recordar al lector:
a) Los errores de estrategia policíaca no son exclusivos del Distrito Federal. A nivel nacional, la estrategia de Calderón para el combate al crimen organizado ha costado, durante su gestión, nada más que 5 mil muertos y cientos de desaparecidos. ¿Qué éstos no valen? ¿No merecen una separación del cargo y una comparecencia ante el Senado de Calderón y su gabinete de seguridad pública? ¿Son muertos de segunda categoría? Estas víctimas no son sólo narcos o sicarios, son también policías, ciudadanos como usted y yo, y activistas sociales, y hay grave responsabilidad y cuentas que entregar.
b) En febrero del 2006 hubo 65 mineros muertos en la mina de Pasta de Conchos, Coahuila, propiedad de la empresa privada Grupo Minero México. Igual que en el antro New’s Divine, hubo negligencia, omisión y dolo; pero además, hubo corrupción por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social federal al no realizar las revisiones de ley sobre la seguridad de la mina, por proteger los intereses de la empresa privada, y hay violación a los derechos humanos de los deudos al suspender el rescate de los cuerpos. La “ayuda humanitaria” de 750 mil pesos que el Grupo Minero México otorgó a las 64 familias de Pasta de Conchos representa apenas el 4.4 por ciento del total de sus utilidades obtenidas en 2005, cifra que alcanzó los mil 100 millones de pesos. En esta tragedia, el PAN no exigió entonces ni la destitución ni la comparecencia de Fox, del Secretario del Trabajo y el gobernador de Coahuila. No cayó ninguna cabeza.
c) De mayo a octubre del 2006 se vivió una cuasi insurrección popular en el estado de Oaxaca, comenzando con una represión a maestros de la Sección 22 del SNTE, pasando por la formación de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). El saldo fue de 23 muertos, todos del lado de los activistas, entre ellos el periodista independiente estadounidense Brad Will, muertes todas que hasta la fecha no han sido aclaradas. Igual, ningún partido ni dirigente oficialista exigieron la dimisión de Ulises Ruíz, gobernador oaxaqueño, del secretario de Gobernación y mucho menos del presidente Fox. Tampoco cayó ninguna cabeza, al menos oficial, pero sí se encarceló a dirigentes de la APPO.
d) Y ni qué hablar de los miles de migrantes muertos en las fronteras a consecuencia de las políticas sociales y migratorias; niños, jóvenes, mujeres y hombres. ¿Quiénes responden por estas muertes? Nadie.
El 25 de junio, Felipe Calderón declaró, haciendo referencia al desastroso operativo policíaco de la discoteca New’s Divine, que “no se debe criminalizar a los jóvenes”. Bien, pero entonces, ¿por qué el mismo presidente criminaliza a jóvenes y adultos en sus retenes y operativos policíaco-militares, haciendo añicos la presunción de inocencia y violando los principios de libertad de tránsito y seguridad jurídica que amparan los artículos 11 y 16 constitucional y los tratados internacionales? ¿Por qué se criminaliza a inmigrantes indocumentados con las reglas de operación del INM y el trato que les dan sus agentes?
¿Por qué Calderón no protesta con la misma intensidad por los “toques de queda” que criminalizan a los menores en Tecate, BC, San Nicolás y Apodaca, NL, y Ciudad Juárez, Chihuahua, a pesar de sendas recomendaciones giradas por los organismos públicos de protección de los derechos humanos?
En fin, ¿quién en su sano juicio creerá en la sinceridad de Calderón y de Germán Martínez?
La paja en el ojo ajeno…
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