El Justo Reclamo

El poder blinda a los Bribiesca...
Manuel Bribiesca

Jesusa Cervantes

La última comisión especial de la Cámara de Diputados que investigó a la empresa Construcciones Prácticas demandará anular cuatro subastas públicas “ilegales” del IPAB en las que, nuevamente, aparecen involucrados los hermanos Bribiesca Sahagún. Los legisladores establecen que, en esos negocios multimillonarios, fueron violadas las bases de las subastas y hubo información privilegiada, así como falta a los principios de igualdad y oposición. La comisión especial de la Cámara de Diputados para investigar a la empresa Construcciones Prácticas demandará la anulación de las cuatro subastas públicas del IPAB que la firma “ganó” en 2004, y exigirá al Ejecutivo Federal que “invalide los contratos”. Los argumentos: que “se violentaron las disposiciones legales que rigen las subastas”, y se evidenció la intervención de de los hermanos Bribiesca Sahagún en las operaciones que favorecieron, ilegalmente, a la empresa Construcciones Prácticas.En el informe final que la comisión especial entregará el 13 de agosto a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados –del cual ya tienen copia los 10 integrantes de la comisión– se detallan las irregularidades y las violaciones a los procesos de subasta a favor de Construcciones Prácticas, que constituyen un daño “contra el Estado”. Y aunque en su indagatoria la comisión no aporta los nombres de los funcionarios implicados, considera “procedente ejercer acciones judiciales en contra de todos y cada uno de los servidores públicos involucrados”. El informe de 117 cuartillas hace un desglose de los escasos documentos que entregó el IPAB, incluye un estudio de una decena de actas notariadas sobre procedimientos de Construcciones Prácticas para regularizar los bienes obtenidos del gobierno, y establece una correlación de actos previos y posteriores a las subastas donde surgieron los nombres de los hermanos Bribiesca.En diversos movimientos mercantiles aparecen reiteradamente: Miguel Khoury Siman, Manuel Bribiesca Sahagún, Jorge Alberto Bribiesca Sahagún, Luis Ángel Alonso Puente, Alberto Dunand Aramburu, Adrián Campuzano y el notario público número 26 de Celaya, Guanajuato, Arturo Nieto Lambarri. A diferencia de las dos anteriores comisiones especiales –que recomendaron al Ejecutivo interponer denuncias ante la PGR contra los hermanos Bribiesca Sahagún, Miguel Khoury Siman y funcionarios de varias dependencias federales, así como una investigación de la Secretaría de la Función Pública contra autoridades del IPAB, de Sociedad Hipotecaria Federal, Fovissste, Infonavit, Pemex y Aduanas–, esta tercera comisión únicamente exploró las operaciones del IPAB y las cuatro subastas que “ganó” Construcciones Prácticas. Al inicio del documento, los legisladores manifiestan que no denunciaron penalmente a los hermanos Bribiesca u otros particulares debido al amparo concedido el 14 de junio de 2007 a Manuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito “contra los actos” de las comisiones anteriores, incluyendo “las investigaciones, las conclusiones que sustentaron y sus efectos y consecuencias”.Como por esta misma circunstancia decidió “no tomar en cuenta” los archivos entregados por sus dos antecesoras, la tercera comisión partió de cero y sólo investigó “la legalidad” de los cuatro contratos que firmó Construcciones Práctica con el IPAB, con el fin de evitar una impugnación de sus resultados en los tribunales. Pero aun cuando nunca investigó directamente a los hermanos Bribiesca, sus nombres surgieron inevitablemente en la indagatoria.
El cuarto de datos
Con base en su ley, el IPAB contrató a Fénix Administración de Activos, S. de R.L. de C.V., para que “colocara” en el mercado, a través de subastas públicas, bienes que eran de Bancrecer y que pertenecían al gobierno. Así, subastó, entre otros, el llamado paquete “C”, el predio Los Pirules, 275 departamentos de Puebla y el paquete “H”, que ganó Construcciones Prácticas, firma que está a nombre de Miguel Khoury Siman y de la cual los hermanos Manuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún eran en ese año, 2004, proveedores de tubería de PVC. Además de que tanto Khoury como Manuel Bribiesca habían conformado por esas fechas las empresas Urbanizaciones Inteligentes y Súper Block de Celaya; ambas eran proveedoras de Construcciones Prácticas.Según el informe final de los dipu-tados, en las cuatro subastas que beneficiaron a Construcciones Prácticas se detectaron irregularidades que, al concatenarse unas con otras y ubicarlas en tiempo y espacio, hacen evidente que se favoreció indebidamente a esa empresa, y que tal favoritismo es consecuencia directa e inmediata de las omisiones de Fénix Administradora de Activos y el IPAB.Así, destaca el informe, “los contratos celebrados por Fénix con Construcciones Prácticas son ilegales por tener vicios de origen”, como la“inobservancia de las sanas prácticas que, en cualquier tipo de subasta y licitación en los que se manejen recursos públicos, se deben hacer valer, como lo son: concurrencia, igualdad, publicidad y oposición”.El llamado paquete “C” se subastó el 3 de febrero de 2004. Se trató de 3 mil 660 casas ubicadas en 15 ciudades de 12 estados de la República y de nueve terrenos para edificar otros conjuntos habitacionales. El constructor original era Plaza Industrial. Su propietario, Adrián Campuzano, las empezó a edificar en 1993, para lo cual solicitó a Bancrecer un crédito de 425.4 millones de pesos, poniendo como hipotecas las casas y terrenos.Con la crisis de 1995, Campuzano no pudo liquidar su crédito y Bancrecer se quedó con las propiedades. Más tarde, esa institución bancaria fue absorbida por el gobierno federal, el cual decidió subastar sus bienes a través del IPAB. Este instituto, a su vez, contrató a la firma Fénix para realizar el proceso.Construcciones Prácticas se quedó con las 3 mil 660 casas y con los nueve terrenos por sólo 8 millones 100 mil pesos. Sin embargo, según los documentos del mismo IPAB, todo el paquete “C” tenía un valor en libros de mil 183 millones 5 mil 751 pesos 33 centavos.El informe final indica que “presuntamente el procedimiento de licitación fue legal”, pero previamente a la subasta Fénix facilitó a Construcciones Prácticas, antes que al resto de los concursantes, el conocimiento de toda la información sobre el paquete.“Fénix permitió el ingreso al cuarto de datos a Construcciones Prácticas el día 28 de noviembre de 2003, es decir, un mes y dos días antes de que esa empresa contara con la Carta de Aprobación de Bancrecer, a través del agente colocador, hecho que resulta ilegal”, asientan los legisladores.El “cuarto de datos” consiste en tener acceso a la información de los bienes que se van a subastar, es decir, a datos como el nombre de los acreditados, el valor de los créditos, la naturaleza y la ubicación de las garantías, el tipo de juicio y su etapa procesal. Eso permite al participante en la licitación hacer un estudio financiero que determine el valor de la postura con la cual pujará. Pero al cuarto de datos sólo puede entrar una persona física o moral cuando ha sido aprobada su participación, y en este caso Construcciones Prácticas ingresó antes.El informe de los diputados puntualiza que una vez que es aceptada la participación de los concursantes, éstos firman una carta de confidencialidad y pueden entrar al cuarto de datos. La carta los obliga a no divulgar la información a la que tuvieron acceso y a no establecer ningún tipo de comunicación con los acreditados o con cualquier persona que de manera directa o indirecta tenga interés en las operaciones. Por ejemplo, Miguel Khoury no podía establecer contacto con Adrián Campuzano, el constructor original de las casas y deudor de Bancrecer.“El incumplimiento de esas disposiciones podría poner en ventaja al participante incumplido por sobre aquellos que dieron cumplimiento a los tiempos de acceso al cuarto de datos (…) Fénix debió hacer cumplir estas reglas y no lo hizo. “Tal omisión hace presumir que se puso en ventaja a Construcciones Prácticas por encima del resto de los participantes, contraviniendo el principio de igualdad. Razón por la cual resultó irregular la actuación de Fénix (…) En opinión de esta comisión, resulta irregular y, por lo tanto, ilegal el proceso de enajenación del paquete ‘C’.”
Acuerdos y concertaciones
En este caso del paquete “C”, no sólo se produjo información privilegiada, sino que hubo también una serie de “actos jurídicos que a manera de presunción establecen acuerdos y concertaciones entre Construcciones Prácticas y Grupo Inmobiliario Kilate”, es decir, entre Miguel Khoury Siman y Manuel Bribiesca Sahagún.Para explicar lo anterior, los diputados recuerdan que Construcciones Prácticas pertenece a Miguel Isaac Khoury Siman y Munir Isaac Khoury Jorge, y que Kilate es de Miguel Isaac Khoury Siman y Manuel Bribiesca Sahagún, y en seguida expresan:“El señor Miguel Khoury conocía y tenía negocios con los hermanos Manuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún. Debe recordarse que el segundo (Jorge Alberto) sustituyó a Construcciones Prácticas en una obligación que correspondía a esa sociedad, consistente en garantizar la postura mediante la expedición de un cheque en la subasta del predio Los Pirules.”“Aunado a lo anterior”, continúan, Grupo Inmobiliario Kilate fue vendido por Miguel Khoury y Manuel Bribiesca a Alberto Dunand Aramburu y Luis Ángel Alonso Puente. Por cierto que, advierten, el apellido de Alberto Dunand “es idéntico al de Alfredo Dunand, persona que indebidamente sustituyó a Construcciones Prácticas al garantizar su postura en el procedimiento de subasta de 275 departamentos ubicados en Puebla”.Y agregan: “…Es de hacerse notar la identidad de las personas que intervienen en estos actos jurídicos, y el interés justificado que tendrían en el éxito de los negocios que conjunta o separadamente emprendieran sus respectivas empresas”.Más adelante, los legisladores refieren cómo la empresa Kilate le compró el 15 de marzo de 2004 a Plaza Industrial, de Adrián Campuzano, 460 casas que estaban en el paquete “C”, que ya no eran de Campuzano ni del IPAB, sino de Construcciones Prácticas.“Ante los hechos descritos, se presume fundadamente que Construcciones Prácticas concertó o entabló comunicación indebidamente con el señor Adrián Campuzano, quien no obstante conocer que los créditos a cargo de su empresa habían sido transferidos al IPAB, comparece sin recato alguno a formalizar la venta del conjunto habitacional”, enfatiza el informe. La presunción de que se produjo dicha “concertación” brota del hecho de que la parte compradora, Kilate, y sus accionistas originales y posteriores, “tenían conocimiento pleno de la enajenación a favor de Construcciones Prácticas”, abundan los legisladores.Y para reforzar la misma presunción, los integrantes de la comisión recuerdan que los segundos propietarios de Kilate solicitaron un crédito por 54.2 millones de pesos a la entidad gubernamental Sociedad Hipotecaria Federal, “firmando como avales los señores Miguel Khoury Siman, Manuel Bribiesca Sahagún y Luis Ángel Alonso Puente”.
Los depósitos de garantía
La segunda subasta que el IPAB entregó a Construcciones Prácticas se realizó el 1 de abril de 2004. Consistió en un predio rústico denominado Los Pirules y ubicado en Celaya, Guanajuato, donde posteriormente se construyeron dos conjuntos habitacionales. Los diputados reclaman igualmente anular esa operación, ya que en el proceso hubo violación de las bases de la subasta, según las cuales no puede presentar su propuesta de compra ni ser adjudicado un participante que no hizo el depósito de garantía, sino que éste fue pagado por un tercero. Efectivamente, en este caso no fue Construcciones Prácticas la que cubrió el depósito de garantía, sino un tercero que, por añadidura, era el hijo político del entonces presidente Vicente Fox: Jorge Alberto Bribiesca Sahagún, hijo de Marta Sahagún de Fox.Fue él quien, el 1 de abril de 2004, liquidó al IPAB el depósito de garantía con un cheque por 1 millón 303 mil 686 pesos 30 centavos.“Este hecho es irregular e ilegal”, se indica en el documento de la comisión especial, pues “Jorge Alberto Bribiesca Sahagún o cualquier otra persona física o moral carece de legitimación para comparecer en un acto cuyas bases imponen derechos y obligaciones únicamente al participante”. Los diputados sentencian que las reglas no dejan lugar a dudas ni a interpretaciones, de modo que si el depósito de garantía fue cubierto “por un tercero” distinto a quien fue aceptado por escrito en ese procedimiento de enajenación, era imperativo que “el agente colocador desechara su propuesta en términos del inciso B de las bases”. Según la comisión, esto puso en ventaja a Construcciones Prácticas sobre los demás concursantes, en “un clima de desi-gualdad y, por lo tanto, de inseguridad jurídica y desventaja al resto de los participantes”.Sumado a lo anterior, agrega el documento, Jorge Alberto Bribiesca Sahagún estaba “expresamente impedido para participar de manera directa o indirecta (en el proceso) por ser familiar del entonces presidente de la República.“El señor Jorge Alberto Bribiesca, desde el día en que se publicó la convocatoria de subasta, tenía –y tiene hasta el día de hoy– un parentesco por afinidad con el entonces titular del Ejecutivo, Vicente Fox Quesada, quien en ese momento era parte del sistema financiero del país en virtud de que el presidente es quien designa al secretario de Hacienda y Crédito Público, quien lo representa y funge como presidente de la Junta de Gobierno del IPAB.”Por esta razón, el agente colocador, Fénix y el IPAB debieron desechar la propuesta de Construcciones Prácticas, ya que al permitir esta irregularidad la subasta fue “ilegal”. Más aún, al no haber aportado el depósito de garantía, Construcciones Prácticas puso en evidencia “que no tenía dinero suficiente para participar (…) obteniendo así una ventaja” sobre el resto de los postores.Esta misma ilegalidad se produjo en la subasta número tres de los 275 departamentos de Puebla, donde quien entregó el depósito al IPAB no fue Construcciones Prácticas, sino Alfredo Dunand, por 4 millones 410 mil pesos.Como las bases de esta tercera subasta especifican que una violación de esta naturaleza impide al concursante intervenir en otra subasta, esto debió bastar para que no compitieran en la número cuatro, que otorgó el paquete “H” a Construcciones Prácticas. Por lo anterior, los diputados demandan la anulación de las cuatro subastas y la realización de una auditoría externa al proceso del IPAB, ya que éste “tenía los medios y las facultades suficientes para requerir información que resultara necesaria para supervisar el correcto desempeño del agente colocador, bajo la premisa de que en esa subasta se habían utilizado recursos públicos”.En consecuencia de “las omisiones adver-tidas en la legalidad del procedimiento –concluye el documento de los legisladores–, se invalidan los contratos, produciendo su nulidad absoluta, la cual puede y debe ser invocada por el propio Ejecutivo”.