1. Calderon obtuvo 15 millones de votos (con una fuerte sospecha de fraude cibernetico, pues el PAN obtuvo tan solo 32% del voto contabilizado), de mayoria simple, es decir de 35.89% del voto contabilizado, menos del 40% que los paises desarrollados consideran como para validar una eleccion general, la consulta del DF sobre PEMEX tiene como tal una validacion del 3% de forma muestral, es decir es suficientemente valida, pues el 3% de la poblacion del DF significan al menos 250,000 votos, No confundir Consulta Ciudadana con Votacion Partidaria General
2. Pero si contabilizamos todo el Padron Electoral, es decir aquellos que tienen credencial para votar, el universo total llega a 66'335,431 por lo que Calderon fue elegido con el 23% del voto ciudadano total, por eso lo que tenemos ya no es una DEMOCRACIA REPRESENTATIVA, si de la DICTADURA PERFECTA DEL PRI pasamos a una DICTADURA DE LA PARTIDOCRACIA (PRI, PAN y PRD) , si una elección tan competida no atrajo mas que el 60% del voto, y el Presidente es elegido por simple mayoria, el modelo politico y representativo ya no sirve, es necesario cambiarlo por una DEMOCRACIA PARTICIPATIVA con Consultas, Referendums, Plebiscitos, Revocación del Mandato, y Ciudadanización del Congreso (entregar las diputaciones plurinominales a los ciudadanos organizados y a los mexicanos en el Exterior, porque México ya tiene 40 millones de mexicanos en Estados Unidos que aportan grandes cantidades de flujos de efectivo y mantienen muy elevados los ingresos de las empresas mexicanas, con su elevado poder de compra).
EL FRAUDE ELECTORAL EN MÉXICO: ¿MITO O NEGACIÓN?
Por José Manuel Ramírez
Número 62
En su libro El mito del fraude electoral en México (Editorial Pax México, 2007) Fernando Pliego Carrasco sostiene que el fraude electoral es un mito que esconde el fracaso de una campaña electoral, y que tiene como propósito que los ciudadanos se opongan a las instituciones democráticas, en forma particular, aquellos que votaron a favor de la Coalición por el Bien de Todos. El autor señala, retomando a Mircea Eliade, que justo esta es la función de los mitos: facilitar el manejo de la incertidumbre que genera la vida social de los individuos, y va más allá: el mito del fraude electoral cohesionó a un sector importante de la población al ofrecerle una interpretación de una experiencia dolorosa. Es decir, el mito de “voto por voto, casilla por casilla” tuvo una función ideológica, pues promovió los intereses políticos de los creadores de este mito.
Fernando Pliego expone que justamente el mito de “voto por voto, casilla por casilla” se apoya en otros dos mitos: el mito del fraude cibernético del registro de votos del PREP y el mito de los errores aritméticos para beneficiar a Felipe Calderón. El autor considera que, acorde a las casillas recontadas, dichos errores aritméticos se distribuyen en forma semejante y no producen cambios significativos en los resultados. En cuanto al mito del fraude cibernético en el PREP, Pliego Carrasco señala que se han utilizados modelos matemáticos y de probabilidad “puros” que no son adecuados para la investigación de temas sociales, haciendo énfasis en que no se tomaron factores socioeconómicos y geográficos en los tiempos de llegada de los paquetes electorales a las sedes distritales tales como: nivel educativo y de ingreso, vías de comunicación, dispersión de los poblados y distancia de las casillas a las sedes distritales. En su lugar, el autor nos dice que los investigadores que contribuyeron a la creación del mito del fraude cibernético en el PREP, matemáticos, físicos y actuarios (profesores de la UNAM al igual que el Dr. Fernando Pliego Carrasco), realizaron un análisis excesivamente simplista al distinguir exclusivamente entre casillas rurales y urbanas, y el tiempo de procesamiento por entidad federativa.
El autor explica que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) perdió la elección presidencial porque abandonó la estrategia de campaña que le había funcionado exitosamente desde 2001, y porque tardó 50 días en variar su estrategia de no responder a los ataques de la campaña negativa en su contra.
Dicha campaña exitosa de AMLO se fundó en tres acciones: 1) dominar la agenda política del país diariamente mediante sus conferencias matutinas, 2) Criticar al Presidente Vicente Fox y a su gobierno de manera sistemática, obteniendo provecho de sus errores políticos, y 3) Realizar magnas obras públicas que mostraban su capacidad de gestión como gobernante, además de diversos programas sociales de beneficio popular. En este aspecto, el autor señala que AMLO marginó la estrategia de medios y privilegió su “campaña al ras del suelo”. Es decir, que abandonó el manejo creativo y sistemático de los medios de comunicación masivos. Además, cometió varios errores estratégicos: casi no ofreció entrevistas a periodistas, no se presentó a foros donde lo invitaban, no asistió al primer debate y utilizó frases indignantes para buena parte del electorado (“cállese chachalaca”). Fernando Pliego critica que su equipo de campaña se concentraron en ganar un proceso jurídico (el retiro de la campaña de apoyo del Presidente Fox: “si seguimos por este camino mañana México será mejor que ayer”, así como las constantes alusiones a evitar el cambio de rumbo: “a mitad del río no se cambia de jinete”), en lugar de defenderse activamente desde el principio, pues la Coalición por el Bien de Todos siempre tuvo la opción de recurrir a un contraofensiva en los medios. Siempre tuvo la opción de contraatacar… ¿legalmente?
Al parecer Pliego Carrasco olvida que esos ataques que vinculaban a López Obrador con Hugo Chávez, y que lo mostraban como “un peligro para México”, fueron patrocinados por un organismo fantasma de nombre “Ármate de Valor”. Las televisoras recibieron el pago correspondiente por dichos mensajes, y aceptaron transmitirlos sin corroborar la información fiscal de dicha entidad. Es decir, los patrocinadores y las televisoras violaron la legislación electoral vigente, pues el Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales (Cofipe) estipula que sólo los partidos políticos pueden contratar espacios en radio y televisión para transmitir mensajes de campañas políticas. Asimismo, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) erogó 136 millones 476 mil 555 pesos en una campaña en total concordancia con el mensaje electoral de Felipe Calderón. Contrastemos el mensaje de Calderón con el del CCE. Calderón afirmaba en un spot de televisión:
Está en juego el futuro de nuestros hijos y el 2 de julio vamos a decidir para ellos, entre el empleo contra la deuda, entre la estabilidad económica y la crisis, entre la transparencia y las manos limpias o la corrupción. Yo seré el presidente del empleo y de la estabilidad económica con manos firmes y una economía fuerte, vamos a llevar a México al futuro para que vivamos mejor. Felipe Calderón presidente del empleo.Por su parte el ilegal spot pagado por el CCE afirmaba: “Provocan inflación y desempleo, podrías perder tu casa, tu trabajo, no votes por la crisis”. No obstante, nadie fue sancionado por tales campañas.
Fernando Pliego Carrasco lejos de señalar esta ilegalidad, la justifica de alguna forma argumentando que la legislación electoral vigente es conservadora pues todos los grupos sociales y económicos que se sientan aludidos por las plataformas y campañas electorales deben de tener el derecho de defender y difundir sus puntos de vista. Así considera que no es democrático que los organismos empresariales se queden callados cuando se difundan ciertas propuestas de gobierno contraria a sus intereses. En forma análoga, asevera que no es democrático pedirle a un ministro de culto que no opine cuando se difunden propuestas que considere que atenta determinados valores religiosos. ¡Qué extraño demócrata! Defiende una democracia que no respeta el Estado de Derecho, el conjunto de leyes cuya vigencia garantiza precisamente la vida en democracia. Me parece que Fernando Pliego Carrasco es, además de un extraño demócrata, un escritor que se contradice. En su dedicatoria asevera: “el fraude electoral es un mito… para volver a un sector de la población contra las instituciones democráticas que recientemente nos hemos dado”.
El Cofipe otorga legalidad precisamente a dichas instituciones democráticas, y me parece un fraude a la democracia no mencionar que en las elecciones de 2006 grupos afines a la campaña de Felipe Calderón violaron impunemente el código electoral vigente. Estar en contra y criticar la actual legislación electoral es una postura que puede ser democrática, pero soslayar y omitir que se ha violado la legislación vigente es un fraude. ¿Será que Pliego Carrasco, en su afán de presentar al fraude electoral como un mito, lo que en realidad realiza es la negación del fraude mismo? Fundamento esta interrogante con las siguientes seis puntos que restan rigor académico al análisis que presenta Fernando Pliego.
1) Ante resultados de elecciones altamente competidas, el autor señala el recientes caso de las elecciones de gobernador en Chiapas del año 2006, en las cuales a pesar del estrecho margen de victoria de la coalición de partidos (PRD, PT y Convergencia) de 0.53%, todos los recursos judiciales de impugnación no modificaron en forma significativa los resultados electorales, justo como en la elección presidencial de 2006. Además, el autor presenta también el caso de la elección de gobernador en Tabasco del mismo 2006: pese a los recuentos y anulaciones de casillas, los resultados no fueron modificados significativamente. Me sigue extrañando que un demócrata y académico que privilegia la precisión en el análisis, no revise sistemática y exhaustivamente los casos en que se han impugnado los resultados electorales ante el Tribunal Federal Electoral, especialmente aquellos casos en los que los procesos electorales fueron anulado por inequidad, como sucedió en las elecciones de gobernador en Tabasco del año 2000 y en Colima del año 2003. Decir parte de la verdad no es mentir pero es un recurso de argumentación que suele ocultar propósitos y objetivos de persuasión.
2) La intervención del presidente Fox no desempeñó un papel unilateral y determinante en la elección presidencial del 2006, afirma Pliego Carrasco, pues tanto AMLO como Fox construyeron y desarrollaron un mismo escenario de conflicto político, un proceso de suma cero. Es decir, ambos se atacaron con igual intensidad. Habría que preguntarle al autor si considera que se atacaron con los mismos recursos económicos. Además, señala que puede objetarse que hubo notoria inequidad en la campaña electoral como resultado de la campaña de promoción del Presidente Fox pero que esta no influyó en la orientación del votó ciudadano. Para comprobarlo, Pliego Carrasco analiza los encuestas de preferencias electorales de los meses de Enero y Febrero de 2006, periodo en el cual se difundió en radio y televisión dicha campaña de promoción gubernamental, la cual favorecía al candidato del partido gobernante, y concluye que Felipe Calderón registró una disminución de las preferencias electorales. Dichos mensajes de promoción del gobierno de Fox (programa nacional de becas, seguro popular, sistema de pensiones y promoción de la vivienda) no incluyeron la frase “Este programa está financiado con recursos aprobados por la Cámara de Diputados y queda prohibido su uso para fines partidistas, electorales o de promoción personal de los funcionarios”, violando el Decreto de presupuesto para la federación para el ejercicio fiscal de 2006 (artículo 55, fracción I) y la Ley General de Desarrollo Social (artículo 28), lo cual ocasionó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia, cuyo fallo del 24 de febrero de 2006 obligó al Presidente Fox a retirar la campaña, quien anticipando dicho fallo la retiró un día antes. Con dicha acción, la misma Presidencia reconoció tácitamente la ilegalidad de dicha campaña de promoción. Sin embargo, Fernando Pliego jamás lo señala. En su lugar esconde la realidad: la elección presidencial de 2006 no sólo fue inequitativa sino ilegal.
3) Cuando Pliego Carrasco analiza las encuestas de preferencias electorales de Enero y Febrero de 2006 comete un grave error que ningún académico de prestigio puede minimizar: promediar 5 encuestas. Dichas encuestas registran las preferencias de una selección de electores (muestra probabilística) que representan al universo total de votantes con un grado de aproximación específico en un momento dado, de tal modo que las encuestas varían en el grado de confiabilidad y error, lo cual depende, entre otros factores, del tamaño y selección de la muestra. Además, existen otras variables que pueden modificar la lectura de sus resultados, tales como la forma en que fueron realizadas las entrevistas (en casa-habitación, con urna simulada, por teléfono), así como el porcentaje de electores que declinaron ser encuestados, o bien, si en los resultados excluyen o no los indecisos, y aún más, si sólo se incluyen aquellos votantes que tienen credencial de elector y la plena seguridad de acudir a votar el día de las elecciones. Cada encuesta de preferencias electorales es una fotografía irrepetible pues se elabora con técnicas y métodos particulares. Es por ello que no tiene sentido “promediar” distintas encuestas, salvo que se quiera defender un argumento insostenible.
4) En el texto el autor menciona la substitución de funcionarios de casilla, y señala que sólo 3.85 % fueron reclutados de las filas de electores. Lo que Pliego Carrasco no menciona es la substitución de funcionarios días antes de la elección. El mismo IFE reporta que hubo 22.03 % de substituciones. Es muy grave esta laguna de información en su análisis. No obstante no es la única.
5) El autor asevera que, según la visión socioliberal, que es la que a su juicio orientó el dictamen final del Tribunal Electoral, el ejercicio de la libertad de opinión pública debe estar acompañado de responsabilidades sociales; en consecuencia debe de haber límites y restricciones en su ejercicio durante las campañas electorales, pues en caso contrario, se favorecería a quienes disponen de más recursos económicos para difundir sus ideas y propuestas. Con las campañas del Presidente Fox, del CCE y del organismo fantasma “Ármate de valor”, así como las campañas disfrazadas de Jumex y Sabritas a favor de Felipe Calderón, se demuestra que el PAN y su candidato gozó de mucho más recursos en la elección de 2006. Una vez más, Fernando Pliego se contradice.
6) Además de ocultar cierta información, de no analizar exhaustivamente y de contradecirse, Pliego Carrasco emite juicios sin fundamento al señalar, sin documentarlo con información veraz y comprobable, que López Obrador utilizó sin restricción alguna los recursos gubernamentales para cuestionar y atacar sistemáticamente al gobierno federal. Acusar sin pruebas no es un ejercicio del académico ético y honesto que busca explicar sucesos y fenómenos sociales, sino de aquellos que practican una doble moral.
Deseo terminar este análisis con las declaraciones de Luis Carlos Ugalde, Presidente Consejero del Instituto Federal Electoral (IFE) durante la conferencia de prensa del 23 de junio de 2007 en la que se presentó un reporte acerca de las Jornadas Ciudadanas de Reflexión y Análisis para la Modernización y Reformas Electorales, según la crónica publicada en La Jornada al día siguiente. Ugalde afirmó que en caso de que el Congreso de la Unión no avance en la reforma electoral, el IFE tomará medidas a su alcance -en materia normativa- para organizar los comicios de 2009 y “colmar así algunas lagunas” de la reglamentación actual. Además, señaló que sería deseable, “como la ha propuesto la ciudadanía”, que la enmienda incluya una mayor regulación para campañas, transparencia y fiscalización en el gasto de partidos políticos y, en especial, ampliar las causales para la apertura de paquetes electorales, cuando se precise recuento de votos. “Creo que la experiencia de elección cerrada da pie probablemente a pensar que sería deseable ampliar las causales para dar mayor certeza”. El consejero presidente del IFE aseguró que el proceso electoral de 2006 puso en evidencia los “vacíos” de la legislación vigente, aprobada en 1996, ante “fenómenos novedosos” como la falta de regulación de las campañas, participación de los medios de comunicación, intervención de servidores públicos en procesos electorales y campañas negativas.
A pesar de los “vacíos” y “lagunas” de la legislación vigente, reconocidos públicamente por el mismo IFE, hubo disposiciones reglamentadas por leyes, acuerdos y decretos vigentes que no se respetaron en la elección presidencial de 2006 como lo he expuesto. No obstante, Fernando Pliego Carrasco prefirió analizar el proceso electoral como un conjunto de irregularidades que se distribuyeron en partes iguales de tal forma que no representaron cambio significativo del resultado. Según este autor, quienes juzguen a la elección de 2006 inequitativa es porque se apegan a posturas políticas conservadoras. ¿Y quienes denunciemos las ilegalidades del proceso electoral qué calificativo merecemos?
José Manuel Ramírez GuerraConsultor de Inteligencia de Mercado del Centro de Calidad y Competitividad de la Universidad de la Comunicación.
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