Gilberto Balam Pereira
¿Derechos humanos en Yucatán?
Las denuncias hechas por varias organizaciones durante comparecencias en la Cámara de Diputados pidiendo juicio político para el Presidente de la CODHEY por negligencia e ineptitud, parece que van para largo en la respuesta por parte de los señores diputados(as). Tratándose del problema de los artesanos de Chichén Itzá, ya el Lic. Esma Bazán lo resolvió con la disposición de que se "continuará con el diálogo y las negociaciones entre las partes involucradas" ¿usted cree? Otra vez "en lo oscurito" como dice Ricardo Jardí. Se trata de ganar tiempo para que los propietarios privados del patrimonio cultural continúen con la construcción de la infraestructura que requieren para seguir con sus planes de dominio, modernización y comercialización al margen de los artesanos despojados.
Por su parte, los manifestantes del día de ayer martes frente a la Cámara, que se pronunciaron en contra de las alzas imparables de los bienes de consumo, no encontraron a ninguno de esos legisladores. Pasa que son personas tan ocupadas, tan diligentes, tan involucradas en encontrar soluciones a tanto problema que padece la población, que, o no se le encuentra a ninguno en su lugar o todos están, por lo general, confortablemente disfrutando su aromático café en placentero aire acondicionado relajados en acogedores asientos del recinto (¿envidia?). Pasa también que todos están volcados en la grilla para ocupar curules y asesorías de candidatos en las elecciones de este año. El panorama tan lamentable que ofrecen estos señores es general en el resto del país.
Desde 1999, Mary Robinson, Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos había declarado "voy a necesitar no una maleta más, sino dos, para poder llevarme los documentos y denuncias que sobre violaciones a los derechos humanos se llevan a cabo en México".
Actualmente la situación no sólo no ha mejorado, sino que se ha exacerbado al máximo.
Medio centenar de organizaciones civiles mexicanas y siete internacionales elaboraron hace poco un informe especial para el Examen Periódico Universal que evaluará el desempeño de México en la materia de Derechos Humanos. En marzo próximo, el Consejo de DH someterá a debate ese informe especial entre sus 47 miembros. Los que han tenido oportunidad de conocer tal informe, han reprobado la actuación del gobierno fecalista. Estos dicen "en ese país se sigue practicando la tortura de manera sistemática, generalizada e impune, se realizan ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, se limita la libertad de expresión, no se garantiza ni protege, ni respeta prácticamente ninguno de los derechos económicos, sociales y culturales. Todo esto, aunado a una constante impunidad y grandes obstáculos para acceder a la justicia".
Yo diría que les faltó anotar que México es uno de los primeros países en que se acosa y criminaliza a periodistas objetivos, honestos y valientes. México tiene también una particular interpretación, sui generis de la imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad (movimiento de 68, 10 de junio, Oaxaca, Atenco, Aguas Blancas, Pasta de Conchos, etc., etc.).
Además, digo, el mal gobierno mexicano debe armonizar en su Constitución las leyes internacionales, federales y estatales. Los Derechos Humanos no están considerados plena y justamente en la Carta Magna. Todas las iniciativas alusivas al tema están congeladas desde hace muchos años en el Congreso. Por el contrario, algunas modificaciones hechas al respecto son retrógradas y antipopulares. Un supuesto delincuente es comúnmente retenido preventivamente por más de 80 días. Las autoridades judiciales y las que no lo son, asumen plenamente su "discrecionalidad" de los casos, según sus intereses, lo que con frecuencia da lugar a la represión de manifestantes y movimientos sociales como recientemente ocurrió en Oaxaca y Estado de México. Estas reformas constitucionales "a modo" son utilizadas en decisiones injustas validando simples e inocentes declaraciones verbales, las más de las veces arrancadas bajo coacción o tortura. A la fecha no se tiene conocimiento de que algún juez haya asumido una actitud condenatoria por tortura. Tan común ésta en el país.
Por otra parte, las leyes mexicanas son demasiado laxas, inmorales y arbitrarias en su aplicación basada en complicidades y otras perversidades. Por ejemplo, el término "flagrancia" que contienen son motivo injustificado innumerables veces de abusos e ilegalidades.
Los mexicanos sufren en carne propia la crisis de seguridad que pulsa el gobierno fecal, últimamente exacerbada por la bestialidad castrense violando las garantías individuales de hombres, mujeres y niños sin culpas. No se borra de la mente de los mexicanos las atrocidades sexuales cometidas por militares contra mujeres jóvenes y ancianas, además de las frecuentes rapiñas a los hogares de las que son responsables estos mismos. A la fecha tampoco se sabe de sanciones a soldados aplicadas por el H. Ejército.
A pesar de las recomendaciones hechas por organismos internacionales para evitar que el Ejército intervenga en hechos de carácter civil, el gobierno fecal insiste en estúpidas guerras castrenses contra ciudadanos comunes violando así con exceso de fuerza los derechos humanos de los mexicanos.
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