Hoy, AMLO en la Cámara

Realizará una asamblea informativa en las afueras del Palacio Legislativo, luego de exigir a los diputados que la Ley de Salarios Mínimos sea votada / Ayer fue aprobada en comisiones por los diputados

México, 24 de marzo (Notimex).- Andrés Manuel López Obrador llevará a cabo mañana miércoles una asamblea informativa fuera de la Cámara de Diputados, donde exigirá que el proyecto de Ley de Salarios Máximos para funcionarios públicos pase al pleno de inmediato y se someta a votación. El proyecto fue aprobado el pasado 18 de marzo en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara baja. De acuerdo con el Presidente Legítimo de México de aprobarse esta ley, los salarios de funcionarios públicos podrían reducirse en casi un 50 por ciento, ya que, dijo, es agravioso para el erario público las remuneraciones. Dicha iniciativa, indicó, no comprende todas las demandas del Movimiento en Defensa de la Economía Popular, que él encabeza. López Obrador intensificará las acciones y actividades para fortalecer su movimiento, por lo que tiene previsto iniciar desde el martes 31 de marzo un nuevo recorrido por todo el país, el cual iniciará con una visita a las 16 delegaciones del Distrito Federal.
La Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de reforma constitucional de la denominada Ley de Salarios Máximos, que establece que ningún servidor público podrá percibir más ingresos que el presidente de la República.
La reforma a los Artículos 75, 115, 123 y 127 de la Constitución fue aprobada la víspera por unanimidad en la Comisión de Puntos Constitucionales y remitida para su análisis a la de la Función Pública, que también la avaló.
Al documento aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales se le hicieron algunas modificaciones para especificar en el Artículo 127 que los préstamos y créditos no forman parte de las remuneraciones.
Al leer el dictamen el presidente de la Comisión de la Función Pública, Benjamín González Roaro, señaló que con la reforma se pretende fijar constitucionalmente un tope al sueldo máximo anual de los servidores públicos.
Asimismo, agregó el legislador panista, crear un equilibrio entre la realidad económica de los gobernados y el desempeño del cargo con la remuneración que reciben los gobernantes.
González Roaro dijo que en este día y mañana el dictamen respectivo será remitido a la Mesa Directiva para que se integre a la orden del día de las próximas sesiones.
Aclaró que una vez que sea aprobado por el pleno en San Lázaro, deberá regresar al Senado con todas las modificaciones, tanto las que se hicieron en la Comisión de Puntos Constitucionales como en la de la Función Pública.
Por otra parte, en la misma sesión se aprobaron modificaciones a la Ley de Obras Públicas y Servicios, para permitir a quienes presentan proyectos a las dependencias públicas puedan concursar para ejecutar la obra.
Antes se prohibía, “lo cual ocasionaba que muchas veces se detuvieran o hicieran mal, debido a que el ejecutor de la obra no conocía todas las determinaciones del proyecto; ahora podrán concursar en las mismas circunstancias que otros empresarios”, concluyó.
La Comisión de la Función Pública, que preside el diputado Benjamín González Roaro, aprobó el dictamen a la minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 75, 115, 123 y 127 de la Constitución, a efecto de regular los salarios de los servidores públicos.
Del dictamen original, aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales, se modificó el artículo 127, para señalar que los préstamos y créditos no forman parte de las remuneraciones, siempre y cuando estén establecidos en alguna ley o contrato colectivo de trabajo
Se considera remuneraciones o retribuciones, a toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, comisiones, compensaciones o cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación, que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.
Asimismo, quedan excluidos de esta contabilidad los servicios de seguridad que los servidores públicos, por razón del cargo que desempeñen, así lo requieran.
“Debe existir un tope máximo a las remuneraciones de los servidores públicos, pero eso no significa que deba llegarse a ese tope máximo, sino que sea un referente que permita hacer operativa la reforma para que no existan simulaciones”, apuntó González Roaro, luego de señalar que se enviará a la Mesa Directiva en las próximas horas para que se integre al orden del día de las próximas sesiones.
Luego del trámite en el pleno de la Cámara de Diputados, el dictamen deberá regresar al Senado con todas las modificaciones incluidas por los legisladores en San Lázaro.
Se ratifica el hecho de que no se tocan los salarios de los ministros de la corte, bajo el argumento de que una remuneración como la que reciben garantiza la independencia e imparcialidad de sus fallos, además de que forma parte del esquema para evitar que los impartidores de la ley se vean tentados por dinero proveniente de actividades ilícitas.
El dictamen regula, asimismo, el régimen de liquidaciones para frenar los excesos cometidos cuando, al finalizar sus encargos, múltiples funcionarios han recibido liquidaciones desproporcionadas. Se precisa, además, que las remuneraciones de los servidores públicos deberán responder a criterios del grado de responsabilidad y nivel jerárquico.