Más allá de los detalles técnicos del paquete fiscal 2010 –algunos difíciles de entender en el papel pero cuyos efectos experimentaremos en carne propia–, el jaloneo en el Congreso reveló que detrás de las posturas que parecían irreconciliables estaban los cálculos electorales. En realidad los partidos están de acuerdo en que la única forma de tapar los boquetes presupuestales es el incremento de impuestos. Es decir, se descubrió lo que ya se sabía, incluida la eficacia real de dicha “solución” para la mayoría de los mexicanos...
Con el paquete fiscal, que tuvo al país en vilo y mantiene irritada a la población, pasó de todo:–La Bolsa de Valores se convulsionó y el peso se tambaleó por la indefinición de los legisladores.–Los dos grandes partidos chocaron de frente, pero también se dividieron internamente, no sin antes evidenciar que por encima de los intereses del país están los propios.–Los legisladores, en particular los senadores, enseñaron el cobre: no sólo hicieron tarde la tarea de analizar el paquete fiscal, que llegó al Congreso desde el 8 de septiembre, pero que sabían iban a revisar cuando se los mandara la Cámara de Diputados; además, demostraron que poco entienden de cuestiones económicas.
–El secretario de Hacienda, Agustín Carstens, debió haber bajado algunos kilos de tanto ir y venir, y arrastrar personalmente el lápiz ante legisladores para cuadrar las cuentas del paquete y convencerlos de lo graves que están las finanzas públicas y de la urgencia de sacar recursos hasta de las piedras. Además, Carstens tuvo que hacerla de apagafuegos dos veces: primero, para calmar a los priistas, que hicieron un megaberrinche porque César Nava, el presidente del PAN, les imputó a los diputados la confección de un paquete fiscal “incompleto e insuficiente”; después, para tranquilizar a unos airados empresarios que se sintieron ofendidos y humillados porque el presidente de la República los acusó de no pagar impuestos o de hacerlo rara vez y en montos ínfimos.
–Una virulenta reacción de los empresarios nacionales, sobre todo de los grandes, contra el gobierno, los partidos, los legisladores y los políticos en general –son “mediocres” y “no tienen visión de largo plazo”, calificaron algunos hombres de negocios–, pues ahora sí sintieron lastimados sus intereses y sus comodidades, con mayores cargas impositivas y la exhibición pública de que trampean olímpicamente al fisco.
–En medio de todo ello, el presidente Calderón extraviado, sin liderazgo ni entre los legisladores de su partido; sin capacidad de decisión, atrapado en lo que otros resuelvan, hechos que lo han llevado a la desesperación, al extremo de enfrentarse de manera insólita al gran empresariado… a muchos de cuyos miembros debe, en parte, la Presidencia.Pero al final de todo el circo que protagonizaron legisladores y gobierno, el resultado es el mismo que se esperaba desde el principio: todos a pagar. En 2010, todo lo que compremos será más caro, pues el IVA será de 16%; los asalariados y los profesionistas independientes con ingresos superiores a 10 mil 300 pesos mensuales ganarán, en términos netos, menos que en este año; las empresas, como éstos, deberán pagar un ISR máximo de 30%. Los grandes consorcios que consolidan y difieren tributos tendrán que empezar a pagar los impuestos que le deben al fisco; usuarios de televisión por cable y de telefonía celular pagarán más por ellos, lo mismo que los aficionados a los juegos y sorteos, así como los consumidores de tabaco, las cervezas y otras bebidas alcohólicas.Pequeños comerciantes, microempresarios, informales los más, pero también quienes se dedican al lavado de dinero y, en general a la economía criminal, sufrirán un descuento de 3% cada vez que depositen –en un mes– más de 15 mil pesos en el banco.
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Ningún año ha sido fácil la discusión del paquete económico en el Congreso, pero esta vez se complicó por la extrema politización y partidización de las negociaciones. La mira puesta en las elecciones de 2012 estropeó y entrampó el proceso de discusión y aprobación del paquete económico, en la parte de ingresos. Y todavía falta el presupuesto, que de suyo es siempre conflictivo: todos quieren más recursos.Con mayoría en la Cámara de Diputados, el PRI fue mano en darle ese giro a las negociaciones. En mente la posibilidad real de encabezar la próxima Presidencia de la República, se dedicó desde el principio a golpetear la propuesta gubernamental de programa económico para el próximo año. Desde que llegaron al Congreso las iniciativas, los priistas fueron incisivos: que era una aberración crear y aumentar impuestos en medio de la recesión; que saldría lastimada la población más pobre; que, sin imaginación de la Secretaría de Hacienda, el fisco se recargaría en los contribuyentes cautivos, en los de siempre; que el gobierno no tenía idea de lo que estaba haciendo; que no incentivaba la economía; que marchaba a contrapelo de lo que se hace en otras economías del mundo; que sólo buscaba llenar el boquete fiscal de 300 mil millones del próximo año; que…Y, entonces, prometió el PRI enmendarle la plana al gobierno; que le diría cómo se hacen las cosas, porque el partido sí sabe cómo gobernar.Al final resultó que no hubo mayor esfuerzo intelectual ni técnico ni financiero del PRI. Sus legisladores sólo bordaron sobre lo que propuso el gobierno, con ajustes y parches, pero con el mismo resultado que buscaba el gobierno federal.Sólo les quedó el expediente de la retórica. Politizar el tema de los impuestos y tratar de endilgarle el costo político al PAN y al gobierno. Así fue desde el principio, antes de que en la Cámara de Diputados se aprobara el paquete fiscal. Y así lo dejó entrever el diputado David Penchyna, en entrevista con Proceso previa a dicha aprobación:“El grado de politización de los impuestos en nuestra joven democracia ha sido brutal. El PAN usó en campaña el IVA para matar al PRI en el 2000 (cinco años antes el PRI aprobó un aumento del IVA de 10% a 15%). Fue el PAN el que satanizó al IVA, fue el PAN el que satanizó la reforma energética (con Zedillo), fue el PAN.”Pero todo eso se revierte, dice, “porque la democracia no es más que un sistema de gobierno que te da la oportunidad de quitar y poner gobernantes. No es ni más ni menos que eso. Y no es menor.“La materia impositiva es lumbre. Nadie va a estar contento si pones o subes un impuesto”, dice Penchyna. Y el PRI actuó en consecuencia. Había que politizar el tema de los impuestos. Cargarle el costo político al gobierno y a su partido.Aunque fueron conflictivos todos los temas –los nuevos impuestos a telecomunicaciones y las alzas en ISR, IDE y IEPS–, los que incendiaron el debate fueron, precisamente, el IVA y el acotamiento en el esquema de consolidación fiscal, que permite a los corporativos diferir impuestos, lo que en la práctica se ha traducido en no pagarlos.Rechazado el nuevo impuesto propuesto por el gobierno, de 2% generalizado al consumo –que gravaba alimentos y medicinas–, la salida compartida entre PRI y gobierno fue aumentar un punto porcentual a la tasa del IVA para dejarla en 16% a nivel general y en 11% en la frontera.Pero el PRI prácticamente obligó al gobierno a asumir la paternidad del cambio, aunque una gran mayoría de legisladores priistas, impulsados por sus gobernadores, avalaron el cambio, pues éste garantizaba recursos para estados y municipios.Nunca hubo una discusión técnica en torno del IVA. No se puso sobre la mesa, por ejemplo, que por los tratamientos diferenciados en ese impuesto no sólo se subsidia más a la gente de mayores recursos –obvio: los que ganan más, los que más tienen, consumen más–, sino que el fisco deja de recibir cada año enormes cantidades de dinero.Por ejemplo, según el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por la tasa cero aplicable a alimentos, medicinas, libros, periódicos y revistas, suministro de agua potable, maquiladoras y servicios de hotelería y conexos para extranjeros, este año dejarán de entrar a las arcas públicas 108 mil 400 millones de pesos.También, por los servicios que están exentos del pago de IVA –servicios médicos, de enseñanza, transporte público terrestre de personas, espectáculos públicos y vivienda (venta, renta, pago de intereses de créditos hipotecarios)– no ingresarán al erario 34 mil 500 millones de pesos.Y por la tasa baja en la frontera, se esfumarán 15 mil 600 millones.No se discutió siquiera que por esos tratamientos y tasas diferenciadas, además del gran beneficio para los que más consumen, se da el gran abuso de las grandes empresas, que ha significado la abultada interposición de juicios de amparo que obligan a la autoridad a devolver a esos contribuyentes grandes sumas de dinero. Cifras de Hacienda señalan que entre 2001 y 2005, por concepto de ISR, pero sobre todo de IVA, el gobierno hizo devoluciones por 47 mil 200 millones de pesos, una cantidad que, por ejemplo, duplica el presupuesto anual de la UNAM.Eso por la vía de los amparos. Pero según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el total de las devoluciones –con y sin amparo– alcanza cifras estratosféricas. Entre 2000 y 2005 –según la revisión de la Cuenta Pública del último año, publicada en 2007 por la ASF– dichas devoluciones fueron por 680 mil millones de pesos, y de esa cantidad casi 80% (544 mil millones de pesos) fue por IVA.Nada de eso se discutió. Palabra “maldita” y políticamente “incorrecta”, pues es sinónimo de ir contra los pobres –aunque se subsidie generosamente a los ricos–, el IVA transitó entre el fundamentalismo de los partidos de izquierda y el cálculo político de PAN y PRI, que los enfrentaría con sus electores. En el PRD y los partidos afines ni siquiera discutieron internamente el tema, pues por default iban a rechazar cualquier cambio. Y por eso mismo sorprendió que, en tribuna, el senador perredista René Arce hiciera una insólita y extraña defensa del IVA. PAN y PRI debieron apechugar, pero se fueron por la vía más fácil, que era aumentar la tasa un punto antes que discutir la estructura del impuesto y revisar sus huecos, por lo menos para evitar las exorbitantes devoluciones. Así, con todo y el ruido que se hizo en el Senado, se aprobó aumentar la tasa un punto porcentual, como decidieron los diputados, para quedar en 16%, que le dejará al fisco 30 mil millones de pesos, muy por debajo de los 77 mil millones que quería el gobierno con el 2% “contra la pobreza”. En ello, por supuesto, operaron con fuerza los gobernadores –del PRI sobre todo–, pues estaba en juego la tajada que de esa recaudación les tocaría.El otro tema que incendió el debate fue el de la consolidación fiscal, un esquema preferencial dentro del ISR que permite a los corporativos tributar como una sola entidad, compensando pérdidas contra ganancias de las empresas del mismo grupo, y les autoriza a diferir el pago del impuesto.Desde la propia iniciativa presidencial venían argumentos contundentes: en el país hay 4 mil 862 empresas que consolidan, integradas en 422 grupos empresariales. Todos éstos, en 2008, hicieron un pago promedio de ISR por 1.78%, cuando la tasa general es de 28%.Si bien muchos países tienen el esquema de la consolidación –cuyo propósito es facilitarles a los conglomerados empresariales la posibilidad de invertir, modernizarse, contar con liquidez–, el problema en México es que dichos grupos, por defectos de la ley, siempre encuentran la manera de diferir al infinito el pago de sus impuestos.O como dijo Calderón: no pagan, rara vez lo hacen, y cuando lo hacen pagan una cantidad mínima.La propuesta presidencial era acotar a cinco años el diferimiento y que a partir de 2010 empezaran a pagar el saldo de los impuestos diferidos en los cinco años anteriores. Quería el gobierno que el primer pago fuera de 60% y luego cuatro anualidades de 10%; los diputados le bajaron: el primer pago, el próximo año, sería de 40%, y de 15% los siguientes cuatro años.Pero los empresarios entraron en rebelión. No pudieron hacer gran cosa con los diputados –no les pareció suficiente la reducción; querían que la consolidación se quedara como está– y emprendieron un cabildeo intenso con los senadores. Amagaron con una lluvia de amparos, pues la medida, según ellos, es inconstitucional porque es retroactiva. Los senadores terminaron aprobando la propuesta oficial, avalada por los diputados, pero con cambios que suavizan el golpe a los corporativos y que, no obstante, al final los obligará a pagar. Ya la Auditoría Superior de la Federación, desde hace dos años, había detectado y denunciado –aunque nuca le hicieron caso– que había empresas con ingresos superiores a 500 millones de pesos cuyo pago neto de impuestos, en IVA y ISR, no llegaba ni a 100 pesos.Así, las grandes empresas que consolidan y difieren impuestos pagarán hasta junio de 2010 el 25% del saldo de los impuestos diferidos de 2004 a 2009; un año después pagarán otro 25%; al tercer año, pagarán 20%, y los dos siguientes 15% cada uno. Y así será en lo sucesivo: sólo podrán diferir por cinco años; al sexto, a pagar. Vaya, por lo menos. Pero el resto no se olvida: el IVA pasa de 15% a 16%; el ISR, de 28 a 30%; el IDE, de 2% a 3%; las telecomunicaciones, con un nuevo impuesto de 3%; suben la cerveza, otras bebidas alcohólicas, cigarros y juegos y sorteos.Todos, pues, a pagar más. Y a ganar menos. Como quería el gobierno. Como aceptaron diputados y senadores.
lunes, noviembre 02, 2009
Los acuerdos del PRI con Calderón
MÉXICO, D.F., 30 de octubre (apro).- Detrás de la negociación que gobernadores priistas --encabezados por Enrique Peña Nieto y respaldados "obligatoriamente" por los diputados federales-- hicieron con Felipe Calderón y el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, para aumentar el IVA de 15 a 16%, y la posterior amenaza de los priistas de rechazarlo en el Senado, hubo acuerdos financieros y un error de cálculo de los diputados federales del Revolucionario Institucional.
Poco antes de que Calderón enviara su paquete económico a la Cámara de Diputados, Pedro Aspe, dueño de la consultora Protego, acordó con los gobiernos federal y estatales un nuevo esquema para hacer frente a la caída del fondo de las participaciones federales de este año, que mes con mes se tienen que entregar a las 32 entidades.
Este fondo de participaciones se conforma, en un 25%, con todos los impuestos que se pagan en el país, como IVA e ISR, entre otros.
Debido a que en agosto pasado los gobiernos estatales empezaron a sufrir de liquidez, lo que hacía imposible el pago de nóminas y la continuación de ciertas obras, la fórmula que encontró la Conago (Confederación Nacional de Gobernadores), junto con el gobierno federal y Pedro Aspe, fue "bursatilizar" lo que quedaba del fondo.
En ese mismo mes, el gobierno debía 65 mil millones de pesos a los estados, pero sólo había 13 mil millones de pesos en el fondo.
Y la burzatilización no consistió en meter a jugar ese dinero a la bolsa de valores, sino que el gobierno federal, en lugar de entregar a los estados la cantidad mencionada, la ofreció como aval ante ocho instituciones bancarias, que a partir de la primera semana de septiembre entregaron en crédito 45 mil millones de pesos.
La primera parte del dinero llegó a los estados justo la semana en que el gobierno federal entregó a la Cámara de Diputados el paquete económico en el que se contemplaba, inicialmente, un nuevo impuesto de 2%, incluyendo alimentos y medicinas.
Pese a que desde un principio el PRI se opuso a ese impuesto, la Conago, que encabeza el gobernador de Durango, el priista Ismael Hernández Deras, se pronunció a favor del nuevo gravamen, ya que 25 mil millones de pesos irían al citado fondo de participaciones.
El PRI en la Cámara de Diputados midió el costo político que tendría para ellos gravar alimentos y medicinas, debido a lo cual lo rechazaron en definitiva. En tanto, los gobernadores priistas encabezados por Enrique Peña Nieto (Estado de México) y Ulises Ruiz (Oaxaca) acordaron, junto con Hacienda, aumentar el IVA en un punto porcentual, lo cual les daría ingresos por 30 mil millones de pesos, que irían directamente a engrosar el fondo de participaciones federales para las entidades.
Las razones para que gobernadores del PRI y gobierno federal fueran juntos en la propuesta --haciendo a un lado a los diputados, ya que a éstos sólo los presionaron para que avalaran el gravamen-- se debió, justamente, al acuerdo financiero que recientemente firmaron, y al hecho de que en septiembre pasado la Federación ofreció a los mandatarios estatales una disposición inmediata de 45 mil millones de pesos para hacer frente a sus obligaciones, como el pago de nóminas y la continuidad de ciertas obras públicas.
¿Y qué tiene que ver el convenio que Pedro Aspe logró con gobiernos locales y federales? Pues casi nada. Dicho acuerdo, que dio liquidez inmediata a los gobiernos estatales, tiene un costo de 1.8% de interés mensual, mismo que deben pagar a los ocho bancos que les dieron el crédito de 45 mil millones de pesos.
El convenio tiene una duración de 13 años, tiempo durante el cual los gobernadores deberán pagar los intereses de 1.8%, pero para evitar que la tasa se dispare y con ello se incremente la deuda, el gobierno federal (que es el aval de los estados en el convenio) debe contar con la aprobación de las calificadoras internacionales, y una de las exigencias o recomendaciones de éstas ha sido que el mismo gobierno incremente los impuestos.
Si una calificadora considera a México como país riesgo, los organismos internacionales no autorizan posibles deudas, y al no tener éstas, las tasas de interés aumentan de forma inmediata.
Y así, entrelazados los gobiernos federal y estatales, fue como impulsaron juntos el aumento del IVA.
Error de cálculo
Una vez que el PRI en la Cámara de Diputados aprobó, junto con el PAN, el aumento del IVA, el Revolucionario Institucional se vio inmerso en críticas y cuestionamientos. Y es que en el levantamiento de encuestas, el rechazo de la población fue contundente.
Pare revertir el costo político, el PRI en el Senado de la República decidió no aprobar el incrementó y se mantuvo en abstención, con el objetivo de que sólo los 50 senadores del PAN aprobaran el incremento. Así, públicamente, podrían lograr la percepción de que fueron los panistas quienes impusieron el aumento del IVA de 15 a 16%.
Con la simple abstención, el PRI mediáticamente aparentó un rechazo, pero en los hechos aceptó el incremento y, además, salvó a sus gobernadores ya no sólo de no tener más ingresos, sino de evitar que su deuda se incrementara notablemente, pues el interés mensual de 1.8% sobre los 45 mil millones de pesos que les prestaron podría subir a 4%, lo que implicaría embargar prácticamente estados y municipios.
Pensando no únicamente en las calificadoras, sino en el posible incremento del interés bancario, los diputados pretendieron dar más liquidez a sus gobernadores priistas y por ello también aceptaron el aumento del IVA.
En privado, el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, ofreció a los priistas 71 mil millones de pesos para entregárselos a sus gobernadores, distribuidos en el Presupuesto de Egresos; 30 mil millones saldrán del IVA que deberemos pagar todos los mexicanos.
Los priistas pensaron que la única vía de obtener los 30 mil millones de pesos era el IVA, sin embargo, cometieron un error de cálculo, debido a que el gobierno federal jugó con las cifras de los ingresos tributarios.
En su propuesta, el Ejecutivo federal solicitó que se autorizara un cambio en el régimen fiscal consolidado (procedimiento mediante el cual los consorcios pueden pagar en varios años sus impuestos). Calderón propuso que en 2010 los grandes empresarios paguen el 60% del total de los impuestos que deben del año 2004, con lo cual contemplaba obtener ingresos adicionales por 27 mil 560 millones de pesos.
Pero el PRI, que ha intentado cobijar al sector empresarial, desatendido por el Ejecutivo federal, bajó el porcentaje a un 40%, con lo que el ingreso adicional sería de 18 mil 394 millones de pesos.
Los cálculos del PRI fueron erróneos desde un principio, debido a la falta de información, sin embargo, luego de que aprobaron en la Cámara de Diputados bajar a 40% la consolidación fiscal, se dieron cuenta que efectivamente, como lo ha reiterado en diversas ocasiones Andrés Manuel López Obrador, los grandes empresarios no deben esa pequeña cantidad, sino que al 2008 han dejado de pagar al fisco 850 mil millones de pesos.
Los datos, proporcionados por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), llegaron tarde a la Cámara de Diputados. Y los priistas que operaron mal, trataron de enmendar su error. Esto ocurrió luego de que ante senadores del PRI, los empresarios aceptaron que las cifras ofrecidas por el SAT eran las correctas.
Les dijeron que en caso de bajar ya no a 40% sino a 30% la consolidación, el fisco tendría ingresos adicionales por 30 mil millones de pesos.
Las nuevas cifras del SAT y la aceptación de los empresarios respecto de sus deudas en impuestos hizo renacer en los senadores del PRI la idea de echar para atrás el IVA. Pensaron no en votar en abstención, sino en contra, y así quedar ante la población como el partido salvador que no había aprobado los nuevos impuestos ordenados por el gobierno federal.
Para ello partieron del informe del SAT, que acepta que los empresarios deben 850 mil millones de pesos al fisco, y que divididos entre los cinco años, de 2004 a 2008, sumarían una deuda de cuando menos 170 mil millones por año.
El PRI propuso entonces bajar aún más el porcentaje que los empresarios deben cubrir. Y si el Ejecutivo propuso el pago de 60% de la deuda de 2004 y la Cámara de Diputados lo bajó a 40%, el PRI jugó con hacerlo hasta en una tasa de 25%, debido a que ello significaría un ingreso por 42 mil 500 millones de pesos.
Si esto es así, dijeron los senadores del PRI, votemos en contra el IVA, pues "de qué nos sirve cargar con el costo político cuando sólo recibiremos 30 mil millones frente a los más de 100 mil millones de pesos con el régimen de consolidación fiscal".
Eufóricos por su nuevo hallazgo tributario, los priistas se engallaron y amenazaron, durante varios días, con votar en contra del IVA, pero los gobernadores tuvieron que recordarles que no sólo se trataba de salvar el ingreso de 30 mil millones para sus estados, sino que también estaba en juego el obtener el visto bueno de las calificadoras internacionales y con ello evitar que los intereses de sus deudas se eleven considerablemente.
Por esto, el PRI votó por el aumento al IVA. Fue un asunto de números, de salvar sus finanzas públicas, mas nunca pensaron en la población que votó por ellos.
Caso Mouriño: El avionazo criminal
El miércoles 4, cuando se cumpla el primer aniversario del desplome del Learjet en el que murió el secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño, el presidente Felipe Calderón dará a conocer un dictamen sobre el caso para reiterar que la culpa fue de los pilotos y del controlador aéreo. Entrevistado por Proceso, el vocero y secretario de Trabajo del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (Sinacta), Ángel Iturbe, sostiene lo anterior y lamenta que se exculpe a los que llama "verdaderos responsables", pero sobre todo cuestiona el hecho de que el titular de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Gilberto López Meyer, haya sido "juez y parte" en esta investigación que, insiste, no aporta nada.Al cumplirse un año de la caída del Learjet 45, que ocasionó la muerte del entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, será presentado el dictamen final sobre las causas del desplome de la aeronave y todo indica que las autoridades mexicanas insistirán en que el percance fue provocado por la impericia de los pilotos y del controlador aéreo que los dirigía hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).Sin embargo, de acuerdo con el gremio de los controladores, en ese documento las autoridades exonerarán a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y a Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), pese a que ambas dependencias –de acuerdo con los peritajes– tuvieron responsabilidad en el siniestro, pues propiciaron las fallas en la capacitación de personal y en el deficiente sistema de tráfico aéreo.Se prevé que el presidente Felipe Calderón dé a conocer el controvertido informe este miércoles 4 durante una ceremonia en la que inaugurará un monumento a los caídos, levantado a unos metros del cruce del Anillo Periférico y Paseo de la Reforma, donde se estrelló la aeronave.Ángel Iturbe Estrop, vocero y secretario de Trabajo del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (Sinacta), exclama:“¡No habrá nada nuevo! Ese dictamen ocultará la negligencia criminal en que incurrieron la DGAC y Seneam. Una negligencia que ya provocó estas muertes y que se sigue dando a todos los niveles de la administración aeronáutica.”Asegura que ni Gilberto López Meyer, quien era el encargado de la DGAC hasta poco antes del siniestro, ni Agustín Arellano, director de Seneam, asumirán sus culpas:“No me imagino a López Meyer diciendo: ‘Yo tuve la culpa por estar otorgando licencias a pilotos mal capacitados, por no supervisar al personal aéreo ni a sus centros de instrucción’. Tampoco me imagino a Arellano reconociendo que solapó muchas deficiencias en todo lo que respecta al tráfico aéreo. No reconocerán sus culpas en el dictamen. ¡Estoy completamente seguro!”
–¿Cómo llega usted a esas conclusiones?
–Porque me mantengo al tanto de los encuentros que se realizaron para elaborar el dictamen. En los últimos días, con ese propósito, López Meyer y Arellano se reunieron con funcionarios de la Presidencia de la República, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Secretaría de Gobernación. Tuvieron un año y no hicieron nada. Y ahora tratan de resolverlo a última hora.“Lo grave del asunto es que López Meyer encabeza la investigación, aun cuando él fue uno de los principales responsables (del siniestro); es juez y parte. Desde el principio se vio que el dictamen sería parcial.”
–¿Qué ha ocurrido en estos encuentros?
–Al parecer los participantes acordaron dejar limpias a las altas autoridades aeronáuticas y repartir las culpas entre otros. Resumiré el asunto de manera teatral, con un diálogo entre López Meyer y Arellano: aquel le dice a éste: “Agustín, nuestras cabezas están en peligro, necesitamos salvar el pellejo”. Y éste le responde: “Sí, Gilberto, no nos queda otra opción, pongamos entonces como responsables a los pilotos y al controlador aéreo, y asunto concluido”. Y así fue, rompieron la cadena por el eslabón más frágil. Los pilotos ya están muertos, no pueden defenderse.
–… Pero vive el controlador aéreo.
–Sí, prácticamente quedará como el único culpable de la muerte de Mouriño y de los demás pasajeros. Le achacarán esas muertes. Nuestro gremio de controladores ya sabe que el dictamen viene contra él. Pero las conclusiones de la investigación serán solamente técnicas. De manera que a él se le someterá a una revaloración; se investigará si es apto para seguir trabajando y se le mandará a tomar algunos cursos, cosas así.“Aquí el problema es que, por su parte, la Procuraduría General de la República está realizando una investigación paralela, pues hubo muertos (entre ellos un alto funcionario federal, Mouriño) y daños en propiedad ajena. No sabemos nada sobre esa investigación que se lleva a cabo de manera muy hermética. Si el dictamen declara culpable al controlador, entonces es muy probable que la procuraduría le finque responsabilidad penal y lo meta a prisión.“No sería un castigo novedoso contra un controlador. En 2001, fue arrestada en el penal chiapaneco de Cerro Hueco la controladora Valentina Avilés Aquino, acusada injustamente de provocar el desplome de un avión de Aerocaribe, en Villahermosa, en el que murieron 19 personas. Después de un año de prisión, nuestra compañera salió libre debido a que la PGR cambió la acusación de homicidio doloso a culposo.”
–¿Qué harán ustedes en el sindicato en caso de que ahora se culpe al controlador?
–Vamos a descalificar ese dictamen, denunciando sobre todo el conflicto de intereses en que incurre López Meyer, por encabezar la investigación y ser a la vez responsable de las anomalías que se investigaron, como lo es también el director de Seneam.“Nosotros seguiremos insistiendo en que ni los pilotos ni el controlador ocasionaron el accidente. Por ejemplo, el controlador se condujo de acuerdo con las normas establecidas por Seneam y por las directrices de los supervisores que, ante el congestionamiento aéreo en el aeropuerto de la Ciudad de México, presionan para que se reduzca la separación entre los aviones que se aproximan a la pista de aterrizaje”.
Advertencias ignoradasDesde años antes del siniestro, el sindicato de controladores ya venía advirtiendo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) sobre la saturación de vuelos, el déficit de controladores que deben soportar sobrecargas de trabajo, así como las fallas en los equipos técnicos y la falta de pistas de aterrizaje, entre otros aspectos. Señaló también que estas anomalías ponían en riesgo la vida de los pasajeros (Proceso 1673). Las fallas jamás se corrigieron.Con tales antecedentes, la noche del 4 de noviembre de 2008 se desplomó el avión en el que viajaban, aparte de Mouriño, otras ocho personas:José Luis Santiago Vasconcelos, exsubprocurador de la PGR y quien había recibido amenazas de muerte por parte de los cárteles de la droga; los pilotos Álvaro Sánchez y Martín de Jesús Oliva, a quienes se culpó desde el principio; la sobrecargo Giselle Carrillo; Julio César Ramírez, jefe de escoltas de Mouriño; Miguel Monterrubio, coordinador de Comunicación Social de Gobernación; Norma Díaz, directora de Información, y Arcadio Echeverría, coordinador de Eventos y Administración.Los tripulantes y los pasajeros murieron. El entonces titular de la SCT, Luis Téllez, adelantó que fue la “turbulencia de estela” de un pesado avión que iba delante del Learjet 45 la que lo desestabilizó y ocasionó la caída. Y señaló que, debido a su impericia, los pilotos no pudieron controlar la aeronave. Para las autoridades se trató, pues, de un “accidente”, no de un “atentado” o “sabotaje” perpetrado por los capos del narcotráfico, como algunos señalaban.Para determinar con precisión las causas, Téllez prometió que en 11 meses estaría concluida la investigación dirigida por López Meyer, que es el dictamen que se presentará esta semana.Dice Ángel Iturbe:“A pesar de que el dictamen final se está elaborando para exculpar a las autoridades aeronáuticas, éste debe incorporar las pesquisas realizadas por investigadores europeos, estadunidenses, así como por el Colegio de Pilotos y el de Controladores, o por Bombardier, la empresa fabricante de la aeronave.“No será fácil tapar la responsabilidad de la DGAC y Seneam. Alguien puede exigir, por ejemplo, el reporte completo que elaboró la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), y se verán obligados a proporcionarlo, pues la normatividad internacional exige que esta información sea pública.”Al respecto, Proceso obtuvo la “auditoría operacional” que –tras la caída del avión– la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) realizó al control de tráfico aéreo del AICM. De 11 páginas, este informe señala:“El objetivo principal de la auditoría operacional fue realizar una evaluación en la gestión del tránsito aéreo (ATM) a los procedimientos operacionales de Control de Tránsito Aéreo (ATC) aplicables en el Centro de Control (ACC), Área Terminal (TMA) y Torre de Control (TWR) de México, relacionados con la operación del LR45, XC-VMC, el 4 de noviembre de 2008. Las actividades de esta evaluación se relacionan con los objetivos estratégicos de la OACI sobre: A, Seguridad Operacional; D, Eficiencia, y E, Continuidad.”La auditoría –coordinada por Víctor Hernández, el especialista regional de la OACI en gestión de tránsito aéreo– detalla que detectó “deficiencias” en los “programas de gestión de la seguridad operacional”, en los “métodos y procedimientos de supervisión”, e incluso menciona la “falta de actualización de los manuales de procedimientos de control de tránsito aéreo”.Elaborada entre noviembre y diciembre de 2008, la auditoría agrega que en el AICM había “diversos trabajos de construcción y pavimentación que mantienen restricciones continuas en el uso de pistas y las calles de rodaje”, y además circulan un “gran número de vehículos… por esta situación se reconoció que los controladores absorben mayores cargas de trabajo en la gestión del tránsito aéreo para evitar demoras y mantener la fluidez de las operaciones aéreas”. Todo esto tiene un “impacto” en la “gestión de la seguridad operacional”. Y señala que la DGAC se “comprometió a coordinar la solución a estos asuntos de manera urgente”.Entre sus recomendaciones, la OACI pide establecer “medidas de equilibrio entre demanda y capacidad”, que se “revise la clasificación del espacio aéreo y velocidades aplicables en los procedimientos de llegada y salida”, que se actualicen los “manuales de procedimientos operacionales”, implementar mejoras a la “infraestructura” y a la “circulación”, “asignación de personal suficiente y calificado”, “mejorar la coordinación civil militar”, y que la DGAC y Seneam se coordinen para elaborar “un estudio sobre demanda y capacidad del aeropuerto”.
Otro diagnóstico
Por su parte, el Centro de Coordinación Europeo para Accidentes y Sistemas de Reporte de Incidentes (ECCAIRS, por sus siglas en inglés) también elaboró su diagnóstico, en el que menciona las condiciones meteorológicas, las características del Learjet, los pormenores del vuelo y las maniobras que ejecutaron los pilotos y el controlador. Menciona que éste tenía “fatiga”, por lo que omitió dar instrucciones de viraje a los pilotos.La comisión que elabora el dictamen final redactó por su lado un documento de trabajo –basado en el análisis de los factores humanos – en el que indica que los pilotos tenían un “inadecuado control del avión” y “errores de ejecución por el adiestramiento inadecuado”. Mientras que el controlador tuvo una “falla en anticipar y percibir la condición de conflicto”, debido a la “carga alta de trabajo, por el número de tráficos en el momento del accidente”. Esto le provocó “fatiga”, a consecuencia también del “tiempo extra realizado”, de “falta de supervisión adecuada” y de la “presión corporativa”.Las “condiciones” que propiciaron el “accidente” –concluye este análisis– fueron por una “cultura de seguridad (organizacional) inexistente”, por una falla en la “supervisión” de la DGAC y debido a que “no existe un sistema para asegurar la calidad mínima esencial de las operaciones de la aviación ejecutiva”.Comenta Ángel Iturbe que, pese a todas las advertencias hechas por su sindicato y por otras instancias, las autoridades aeronáuticas no han hecho nada para resolver los problemas, ni siquiera después del siniestro:“Más bien tratan de ocultar o justificar las fallas. Cuando nosotros las reportábamos, creíamos que un accidente haría reaccionar a las autoridades. El accidente ya ocurrió, y en él murió nada menos que un funcionario y amigo cercano del presidente. Pero no pasó nada. Todo sigue igual.”En su momento, Iturbe proporcionó a Proceso varios reportes del sindicato dirigidos a la SCT, en los que se documentaban anomalías tan graves como la falta de detección del avión presidencial por los sistemas de radar. Esto le valió una sanción administrativa y, más recientemente, la SCT le interpuso una denuncia penal –la número AP/SIN/CLN/733/2009/M-V– en la que lo acusó de proporcionar información de seguridad nacional.“La denuncia penal en mi contra fue por dar a Proceso el reporte sobre el avión presidencial. Soy hostigado por proporcionar información que debe ser pública”, dice Iturbe, quien aún tiene la esperanza de que, a última hora, no se señale en el dictamen al controlador como el culpable del percance aéreo.“El presidente Calderón está pidiendo ya el dictamen. Quiere darlo a conocer este miércoles 4, al cumplirse el año del accidente. Veremos qué pasa”, concluye Iturbe.Sin embargo, esta investigación se enfocó a la tesis del accidente, ignorando a quienes pedían que las pesquisas también incluyeran la “línea del sabotaje” o del “atentado”, como querían, entre otros, José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, e Ismael Plascencia Núñez, dirigente de la Confederación de Cámaras Industriales (Proceso 1672).Francisco Castro Trenti, autor de La caída, el único libro que hasta el momento se ha escrito sobre el siniestro, asegura:“Sigo sosteniendo que el avión fue derribado, quizá por un proyectil lanzado desde la azotea de uno de los edificios cercanos al lugar donde cayó. ¡Fue un magnicidio!”Señala que “hubo rival y hubo motivo” para perpetrar el atentado. El rival –dice– fueron los capos de la droga. Y su motivo fue dar una respuesta a la guerra que Felipe Calderón emprendió contra el narcotráfico.“A Calderón le mataron nada menos que a su principal funcionario, a quien veía casi como a un hermano”, dice Castro Trenti.Y agrega que el aparatoso operativo mediático montado por el gobierno, es sólo una “maniobra distractora” en la que se intenta culpar del desplome a los pilotos, al controlador, a los funcionarios, a la falta de mantenimiento técnico del avión. Al parecer eso le está dando buen resultado.
–¿Por qué el gobierno estaría interesado en descartar el atentado?
–Para no mostrar su debilidad ante las mafias de la droga. Sabe que tiene perdida la guerra contra el narcotráfico, pero no quiere reconocerlo, como tampoco quiere reconocer que este magnicidio le pegó justo al centro... Fue un perfecto tiro al blanco.
Recursos del Procampo a familia del secretario de Agricultura
Francisco Javier Mayorga Castañeda, su hermana Luz Teresa y su padre Salvador Arturo Mayorga Cameros recibieron más de 14 millones de pesos del Procampo, asesorías y sueldos. El dinero público –supuestamente destinado a campesinos pobres– les fue entregado durante el sexenio foxista, cuando el ahora titular de la Sagarpa era funcionario de la misma. Ello, a pesar de que el artículo 6 de las Reglas de Operación de l a dependencia es contundente: “Bajo ningún concepto podrán ser beneficiarios de los programas los servidores públicos de la secretaría”; tampoco sus familiares hasta el cuarto grado. Mayorga, además, fue contratado por adjudicación directa como “asesor” en 2007 y 2008. Sus “servicios” costaron a Agricultura más de 1 millón 500 mil pesos.
El secretario de Estado Francisco Javier Mayorga Castañeda es, además de servidor público, “agroempresario”, “asesor” y “campesino”. Bajo estas modalidades el actual titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) obtuvo beneficios del erario por 13 millones 923 mil 506 pesos, a partir de su ascenso a la cúpula de la administración pública federal en el sexenio de Vicente Fox Quesada.
Mayorga Castañeda, el mismo que está obligado a cumplir las Reglas de Operación de la Sagarpa y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, permanece inscrito en el padrón de beneficiarios de los programas de Apoyos Directos al Campo (Procampo) y de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca). Además, ha obtenido contratos por adjudicación directa de la misma secretaría que encabeza.
Como director en jefe de Aserca –durante 2001 y 2002– percibió más de 175 mil pesos mensuales. Cuando ocupó por primera vez la titularidad de la Sagarpa –en 2005 y 2006– obtuvo un sueldo de 205 mil pesos al mes. En esa misma época el programa de combate a la pobreza en el sector rural le generó ingresos anuales por 30 mil pesos.
Situado entre los principales beneficiarios del Procampo en Jalisco –de donde es oriundo–, de 2000 a 2008 recibió en total 507 mil 573 pesos. De éstos, 290 mil 796 pesos le fueron dados en su dualidad de funcionario y “campesino”.
La información oficial, contenida en el Padrón de beneficiarios de Aserca que publica la Sagarpa en el apartado “Obligaciones de Transparencia” de su portal electrónico, revela que, junto a Francisco Javier Mayorga, su hermana y socia en Industrias Melder, Luz Teresa Mayorga Castañeda, recibió más de 416 mil pesos en los primeros ocho años de la administración panista. Y a Salvador Arturo Mayorga Cameros, padre del secretario, le fueron transferidos más de 251 mil pesos en el mismo periodo.
Como asesor de Aserca –órgano desconcentrado de la Sagarpa, bajo la administración de Ana Graciela Aguilar Antuñano–, Francisco Mayorga no ha dejado de obtener recursos del erario. Apenas se separó por primera vez del cargo, la dependencia le adjudicó tres contratos con los que obtuvo ganancias por arriba de 1.5 millones de pesos en 2007 y 2008, de acuerdo con las listas de “Contratos por asesorías” publicadas por la propia dependencia en su página de internet.
A todo esto se le suman salarios por más de 8 millones de pesos durante los cuatro años que ejerció funciones en el gobierno pasado: primas vacacionales, aguinaldos, seguros de vida, pagos en alimentación, viáticos y uso de telefonía celular.
José Narro Céspedes, diputado federal por el Partido del Trabajo, dice que esto es una muestra de que el secretario de Estado “ha empezado mal su administración”. Al tiempo que exhorta al funcionario a aclarar estas transferencias ante la Secretaría de la Función Pública, señala que ha perdido “toda autoridad moral frente al campesinado mexicano”.
Mayorga Castañeda, el mismo que está obligado a cumplir las Reglas de Operación de la Sagarpa y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, permanece inscrito en el padrón de beneficiarios de los programas de Apoyos Directos al Campo (Procampo) y de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca). Además, ha obtenido contratos por adjudicación directa de la misma secretaría que encabeza.
Como director en jefe de Aserca –durante 2001 y 2002– percibió más de 175 mil pesos mensuales. Cuando ocupó por primera vez la titularidad de la Sagarpa –en 2005 y 2006– obtuvo un sueldo de 205 mil pesos al mes. En esa misma época el programa de combate a la pobreza en el sector rural le generó ingresos anuales por 30 mil pesos.
Situado entre los principales beneficiarios del Procampo en Jalisco –de donde es oriundo–, de 2000 a 2008 recibió en total 507 mil 573 pesos. De éstos, 290 mil 796 pesos le fueron dados en su dualidad de funcionario y “campesino”.
La información oficial, contenida en el Padrón de beneficiarios de Aserca que publica la Sagarpa en el apartado “Obligaciones de Transparencia” de su portal electrónico, revela que, junto a Francisco Javier Mayorga, su hermana y socia en Industrias Melder, Luz Teresa Mayorga Castañeda, recibió más de 416 mil pesos en los primeros ocho años de la administración panista. Y a Salvador Arturo Mayorga Cameros, padre del secretario, le fueron transferidos más de 251 mil pesos en el mismo periodo.
Como asesor de Aserca –órgano desconcentrado de la Sagarpa, bajo la administración de Ana Graciela Aguilar Antuñano–, Francisco Mayorga no ha dejado de obtener recursos del erario. Apenas se separó por primera vez del cargo, la dependencia le adjudicó tres contratos con los que obtuvo ganancias por arriba de 1.5 millones de pesos en 2007 y 2008, de acuerdo con las listas de “Contratos por asesorías” publicadas por la propia dependencia en su página de internet.
A todo esto se le suman salarios por más de 8 millones de pesos durante los cuatro años que ejerció funciones en el gobierno pasado: primas vacacionales, aguinaldos, seguros de vida, pagos en alimentación, viáticos y uso de telefonía celular.
José Narro Céspedes, diputado federal por el Partido del Trabajo, dice que esto es una muestra de que el secretario de Estado “ha empezado mal su administración”. Al tiempo que exhorta al funcionario a aclarar estas transferencias ante la Secretaría de la Función Pública, señala que ha perdido “toda autoridad moral frente al campesinado mexicano”.
Ascenso al poderSecretario de Desarrollo Rural en Jalisco durante la gubernatura de Alberto Cárdenas Jiménez, Francisco Javier Mayorga Castañeda fue convocado por Vicente Fox Quesada para formar parte del equipo de transición que le permitiría a este último asumir la Presidencia de la República en 2000.
Conformado el gabinete foxista con Javier Usabiaga Arroyo al frente de la Sagarpa, Mayorga Castañeda ocupó el cargo de director en jefe de Aserca. Al mismo tiempo se mantuvo en la dirección de sus empresas familiares: Industrias Melder y Semillas Caloro, las cuales también se encuentran inscritas en el registro de beneficiarios de Aserca.
El 28 de septiembre de 2005 relevó al llamado Rey del ajo. Salió en 2006 y nuevamente retomó el mando de la secretaría el 7 de septiembre de 2009. El presidente Felipe Calderón Hinojosa lo nombró secretario de Estado en sustitución de su exjefe Alberto Cárdenas Jiménez. En todo ese tiempo que estuvo formalmente “fuera” de la Sagarpa, Mayorga recibió subsidios y contratos como asesor.
Según muestra la plataforma de investigación Subsidios al campo en México, que elaboran organizaciones sociales como Fundar, Centro de Análisis e Investigación, y la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras del Campo (Anec), el mayor de ocho hijos que conforman la familia Mayorga Castañeda aparece como uno de los principales subsidiados del Procampo en su estado natal.
La herramienta digital, que contiene los padrones oficiales de la Sagarpa, evidencia que de 2000 a 2008 el secretario recibió 507 mil 573 pesos en Ameca, Jalisco. El dinero público que obtuvo se justificó por la siembra de maíz.
Ubicado en el lugar 16 de los más de 2 mil 600 subsidiados en ese municipio, los recursos que se adjudicó una vez que asumió la dirección de Aserca (de 2000 a 2002) y posteriormente la titularidad de la Sagarpa (2005 y 2006) ascienden a 290 mil 796 pesos. Es decir que el 57 por ciento de los recursos del Procampo los obtuvo cuando el “agroempresario” se desempeñaba como servidor público.
Los reportes del programa social revelan que al también maestro en administración de empresas se le entregaron 145 mil 398 pesos en 2000, 2001, 2002, 2005 y 2006, a través del Procampo Tradicional, y 81 mil 840 pesos más de los subsidios asignados a la producción de maíz, en un área de 33 hectáreas.
Ya al frente de la Sagarpa, en 2005 y 2006 se allegó otros 63 mil 558 pesos por la siembra del grano, mismos que representan el 50 por ciento de los montos obtenidos a partir de 2004 y hasta el primer año del gobierno de Felipe Calderón.
Mientras era subsidiado como agricultor en 2001 y 2002, con la clave CFGA001 (correspondiente al puesto de director en jefe de Aserca), también obtuvo compensaciones por 175 mil 828.63 pesos mensuales. Así, en dos años, Francisco Mayorga ganó 4 millones 219 mil 887.12 pesos por concepto de sueldos, según cálculos basados en los datos contenidos en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) de la Sagarpa.
Luego, bajo el cargo de secretario de Estado –en 2005 y 2006– le fueron depositados recursos millonarios, con la clave CFGA001, que le haría ganar 4 millones 922 mil 929.20 pesos. El monto corresponde a dos años de salario, cuya percepción neta mensual ascendía a 205 mil 122.05 pesos.
Asesor, por 1 millón de pesos
A su salida de la dirección de Aserca, Francisco Mayorga consiguió que esa dependencia le asignara recursos públicos como “asesor”. Por este concepto, en 2007 y 2008 obtuvo 1 millón 634 mil 211 pesos.
Su relevo al frente del órgano desconcentrado de la Sagarpa, Ana Graciela Aguilar Antuñano, autorizó el primer contrato por adjudicación directa el 3 de septiembre de 2007. Bajo el folio 1385/2007-S, se cargaron al erario 326 mil 842 pesos, revela la relación de contratos de Aserca –de los que Contralínea posee copia– y los datos contenidos en el POT de la Sagarpa.
Francisco Mayorga casi reúne 1 millón de pesos por concepto de “prestación de servicios profesionales” cuando firma el contrato 1847/2007-S, que significó un gasto de 653 mil 684 pesos del presupuesto del organismo en el mismo año fiscal. La experiencia de Mayorga Castañeda serviría sólo cinco meses, pues el contrato comenzó el 5 de noviembre de 2007 y concluyó el 30 de abril del siguiente año.
Un tercer contrato le fue entregado sin concurso de por medio, y permanecía vigente el día en que Felipe Calderón Hinojosa lo nombró titular de la Sagarpa. El POT de la dependencia muestra que, el 26 de mayo de este año, la directora en jefe de Aserca convino recontratarlo como asesor, con otros 653 mil 684 pesos erogados del presupuesto. Con vencimiento al 31 de octubre de este año, su compromiso culminará 55 días después del nombramiento hecho por Calderón Hinojosa el 7 de septiembre pasado.
A su salida de la dirección de Aserca, Francisco Mayorga consiguió que esa dependencia le asignara recursos públicos como “asesor”. Por este concepto, en 2007 y 2008 obtuvo 1 millón 634 mil 211 pesos.
Su relevo al frente del órgano desconcentrado de la Sagarpa, Ana Graciela Aguilar Antuñano, autorizó el primer contrato por adjudicación directa el 3 de septiembre de 2007. Bajo el folio 1385/2007-S, se cargaron al erario 326 mil 842 pesos, revela la relación de contratos de Aserca –de los que Contralínea posee copia– y los datos contenidos en el POT de la Sagarpa.
Francisco Mayorga casi reúne 1 millón de pesos por concepto de “prestación de servicios profesionales” cuando firma el contrato 1847/2007-S, que significó un gasto de 653 mil 684 pesos del presupuesto del organismo en el mismo año fiscal. La experiencia de Mayorga Castañeda serviría sólo cinco meses, pues el contrato comenzó el 5 de noviembre de 2007 y concluyó el 30 de abril del siguiente año.
Un tercer contrato le fue entregado sin concurso de por medio, y permanecía vigente el día en que Felipe Calderón Hinojosa lo nombró titular de la Sagarpa. El POT de la dependencia muestra que, el 26 de mayo de este año, la directora en jefe de Aserca convino recontratarlo como asesor, con otros 653 mil 684 pesos erogados del presupuesto. Con vencimiento al 31 de octubre de este año, su compromiso culminará 55 días después del nombramiento hecho por Calderón Hinojosa el 7 de septiembre pasado.
Gobierno esfuma archivos de Luz y Fuerza del Centro
Miles de expedientes reservados resguardan testimonios, cifras y prácticas que documentan la forma como se administró esa empresa estratégica y que se perderán en cuanto se consuma el proceso de liquidación de la misma. En cada edificio, oficina, sucursal o subestación, permanecen velados al conocimiento público centenas de registros que describen cómo y quién ejecuta el robo de fluido eléctrico en perjuicio de esa empresa; el resultado de arqueos a pagadores de subestaciones eléctricas; qué firmas se beneficiaron de las autorizaciones para eliminar sustancias peligrosas, y quiénes entablaron los numerosos juicios laborales y por qué contra LFC. Esa información, alejada de los ciudadanos desde 2003, quedará oculta para siempre.
Nydia Egremy
Nydia EgremyEl registro de expedientes reservados por el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro (en proceso de extinción tras el decreto presidencial del 11 de octubre pasado) muestra un amplio universo integrado por miles de archivos y documentos que revelan las funciones, actividades, resoluciones y medidas administrativas que emprendió esa empresa, cuyas autoridades consideraron que debían ocultarse al conocimiento público luego de que entró en vigor la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG).
La Dirección de Asuntos Jurídicos de ese organismo clasificó 6 mil 597 asuntos; le sigue la Dirección de Recursos Humanos en el rubro de “Relaciones laborales”, con 5 mil 635 archivos, a los que se suman 146 expedientes de la Coordinación de Proyectos Institucionales que comprenden juicios laborales. Otros 100 expedientes reservados pertenecen a la Subdirección de Abastecimiento, rubro “Dispositivos de inteligencia y seguridad”; 22 más de esa subdirección corresponden al área “Recursos materiales y obra pública”, y 85, al aseguramiento de bienes e intereses asegurables de la empresa. No son todos los archivos reservados de Luz y Fuerza del Centro (LFC), aunque algunos de los que aquí se describen ilustran la condición de secretismo en que operaron desde hace años rubros estratégicos de ese organismo.
En el caso de asuntos jurídicos, Luz y Fuerza del Centro (LFC) reservó, por cinco años, como clasificados los expedientes correspondientes a “Averiguaciones previas”. Asuntos relativos a “Juicios especiales hipotecarios”, “Tercerías excluyentes de dominio”, “Juicios de amparo”, “Juicios ejecutivos mercantiles”, “Reclamaciones de fianzas”, “Juicios agrarios”, “Concursos mercantiles”, “Juicios ordinarios mercantiles”, así como “Asuntos fiscales y administrativos”, todos se clasificaron por 10 años, hasta enero de 2014.
Es notable que desde el 30 de enero de 2004, LFC clasificó más de 100 expedientes relativos a averiguaciones previas por “robo de fluido eléctrico”, así se observa en el expediente AP/RFE1, cuya información sería accesible hasta 10 años después. En el decreto que extingue a ese organismo se señala que “el porcentaje de pérdidas totales de energía de Luz y Fuerza del Centro es excesivo y superior en casi tres veces al que presenta la Comisión Federal de Electricidad”. Agrega el decreto que a junio de 2009 Luz y Fuerza del Centro perdió el 30.6 por ciento de energía; los documentos que informan las razones y a los responsables de esa pérdida se mantuvieron en secreto por años.
De la política de reserva que mantuvo Luz y Fuerza del Centro con respecto del robo de fluido eléctrico, María Xelhuantzi López, doctora en ciencia política y analista en organizaciones laborales de la Universidad Nacional Autónoma de México, considera que una investigación de esos expedientes arrojaría luz respecto “de quién robaba y cómo se clasificaba” esa información por parte de la empresa.
“Desde luego, el robo en pequeña escala, de los ambulantes o de la vía pública se resolvía con una mordida; en cambio, el robo de mayor proporción, que indudablemente implica a grandes consumidores, grandes empresas y grandes intereses, a riesgo de equivocarse, se concluiría que mientras más grande e importante fuera la empresa que robaba el fluido, más secreto es el expediente”, estima la entrevistada.
En “Asuntos penales”, que involucran a LFC según los archivos que reservó, es notorio que a partir de enero de 2006 esa empresa optó por el máximo periodo que autoriza la ley para clasificar su información (12 años). Así se evidencia en el expediente PGR/CHAL/106/II/03 que fue clasificado el 13 de julio de 2009 y que sería visible hasta 2021, aunque ahora, en el actual proceso de extinción del organismo, podría quedar olvidado.
Otro aspecto que permanecerá oculto al interés público es el relativo a los “Dispositivos de inteligencia y seguridad de LFC”. La Subdirección de Abastecimiento y Transportes en el rubro clasificó 100 expedientes, todos por 12 años. “Corporaciones policiales para vigilancia y seguridad en el Distrito Federal y en los estados de México, Hidalgo, Puebla y Morelos” se remonta al 1 de septiembre de 2003 y sería accesible hasta 2015.
De igual manera, las autoridades del organismo descentralizado alejaron del conocimiento público por 12 años el archivo relativo a “Dispositivos de seguridad en instalaciones (directorio de instalaciones, planes de seguridad física, programas de supervisión, ficha técnica, diagnóstico de riesgos)”. Hicieron lo mismo con la información relativa a las “reuniones ordinarias y extraordinarias del grupo de coordinación para la atención de instalaciones estratégicas”, que se clasificó por 12 años, desde 2003.
Igual ocurrió el 11 de enero de 2006 cuando los funcionarios de LFC decidieron clasificar por 12 años la información del expediente “Presupuesto asignado para los servicios de vigilancia policial 2006 (presupuesto de explotación)”.
Finanzas oscuras
Por su parte, la Subdirección de Finanzas reservó, desde 2004, por 12 años, la información que contiene 1 mil 271 expedientes sobre el rubro “Recursos financieros”. Se trata de los estados de cuenta, relaciones de nómina, control y registro de pólizas de ingresos, conciliaciones, egresos por partida presupuestal, registro contable, valores financieros.
Como ejemplo, están los expedientes “Programas y recorridos de pago de nómina 2”, “Ingresos enlace bancos 30”, “Pólizas tipo 18”, “Liquidaciones semanales subt”. “Belem de las Flores 4”. Otros, como “Resguardos de los fondos fijos subt. Iztap”, estarían disponibles hasta 2011.
Entretanto, datos sobre nóminas, arqueos (comprobación de efectivo), pagos temporales se resguardaron desde 2006 hasta enero de 2018; así se observa en los expedientes “Requerimientos de nóminas subt. Cuautitlán”, “Arqueos subt. Cuautitlán”, “SC04C-SE05-Arqueos a pagadores-subtesorería Ecatepec-LFTAIPG-13-1v-1-5 años”, “Guías de autoevaluación subt. Cuautitlán”, “Penalización Tameme subt. Cuautitlán”, “Liquidaciones semanales subt. Cuautitlán” y el expediente “Egresos (programa pagos subg. plan y cont. F.) Febrero 06 S.T.-1 carpeta”.
Asimismo, la “Liquidación de pagadores subt. centro 10” se clasificó desde 2006 hasta enero de 2011. Los expedientes titulados “Subgerencia de Planeación y Control Financiero./S.T.Z.C.-1 carpeta” y “Remesas especiales extraordinarias g.finanzas-1 expediente” se reservaron el 13 de julio de 2006 para permanecer clasificados por 12 años.
Por otra parte, Luz y Fuerza del Centro decidió no informar qué sucede con respecto del rubro “Tecnologías y servicios de la información”, pues clasificó 108 expedientes desde 2004; todos por el máximo de tiempo que permite la ley. Se trata de archivos que contienen información sobre el software para cada equipo que opera en esa subdirección, sobre el código fuente, de documentación técnica y temas relacionados, de plataforma distribuida, así como de esquemas de seguridad.
También clasificó 104 archivos relacionados con el rubro “Programación, organización y presupuestación”, que contienen datos sobre compromisos para años subsecuentes e inversiones del organismo descentralizado, como el archivo denominado “Compromisos solicitados 1”, clasificado el 29 de enero de 2004, disponible hasta 2016.
Askareles en secreto
El jueves 11 de octubre de 2007 la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca del Senado de la República aprobó en votación económica un punto de acuerdo, que también aprobaron los congresos de Querétaro y San Luis Potosí, para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informara sobre el manejo de askareles en el país.
En el dictamen correspondiente de esa comisión se señaló que “los askareles o bifenilos policlorados (BPCs) son una mezcla de hasta 209 compuestos clorados individuales”, que son líquidos aceitosos o sólidos, incoloros a amarillo claro capaces de existir como vapor, inoloros e insípidos, que se usaban ampliamente como refrigerantes y lubricantes en transformadores, condensadores y otros equipos eléctricos.
El Senado agregaba que “los askareles se constituyen como residuos peligrosos ya que poseen alguna de las siguientes características: corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, y ponen sustancial o potencialmente en peligro la salud humana o el ambiente”, pues los resultados del contacto de BPCs en seres humanos han sido: “abortos, defectos en los recién nacidos, desórdenes funcionales en el sistema nervioso, causando vértigo, depresión, fatiga y nerviosismo” y, en el peor de los casos, cáncer.
Además, ese documento apuntaba que los BPCs están prohibidos en la mayoría de los países “y en el nuestro no es excepción”, ya que es uno de los tres principales objetivos del Plan de Acción Regional de América del Norte que se lleva dentro del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte, “del cual, México es parte”, y donde se comprometía a la eliminación, manejo ambientalmente adecuado de los inventarios en todo su ciclo de vida y retiro gradual y destrucción de los BPCs.
Por esas consideraciones, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales pedía a la Semarnat información sobre la localización y volumen de bifenilos policlorados almacenados, abandonados o en uso, así como un listado de generadores; fechas y métodos de eliminación de los bifenilos policlorados existentes, así como los responsables de ese proceso.
También, le requería copia del programa de eliminación de bifenilos policlorados para 2008, como lo indica la “Tabla I” de la Norma Oficial Mexicana: NOM-133-SEMARNAT-2000, incluyendo método, cantidades y responsables de tal eliminación y métodos y cantidad de BPCs, eliminados desde la entrada en vigor de la NOM mencionada hasta esa fecha (11 de octubre de 2007).
Esa preocupación del Senado sobre el manejo y desecho de esos residuos peligrosos no impidió, sin embargo, que desde 2004 la Subdirección de Planeación Estratégica de Luz y Fuerza clasificara 118 expedientes relacionados con el rubro temático: “Protección ambiental, manejo de residuos peligrosos”, particularmente la información relativa a los programas de eliminación.
Otros se clasificaron por seis años en cuanto comenzó la actual administración federal: “Askarel licitación pública internacional LPI/SS-153/94”, que permanecería clasificado hasta el 12 de enero de 2011. En igual circunstancia están los archivos “Bifenilos policlorados (BPC-S) 1994”, “Publicaciones diversas askarel 1994”, “BPCs bitácora de obra 1996”, “Certificado de incineración BPC-S (manifiesto de entrega y transporte) 1996”, “PBCs contrato No. SS-111/96 (RIMSA) (manifiesto de entrega y transporte)”. “Estado de cuenta del contrato de servicios (RIMSA No. SS-111-96) (ECOLAB No. SS-139/97)”, así como el denominado “Bifenilos policlorados (BPCs) (manifiestos) 1997”, y otras decenas de documentos más.
Además de los certificados para la incineración de BPCs y estados de cuenta de contratos de servicios o bitácoras de obra, la Subdirección de Planeación Estratégica de LFC clasificó otras actividades relacionadas con el manejo o destrucción de estos residuos peligrosos. Dos de ellos se vinculan con el Almacén Victoria del organismo. El primero, relativo a “Compras” y el segundo, a “Bajas de almacén”, que fueron blindados por cinco años a partir del 12 de enero de 2006.
Igualmente ocurrió con los archivos denominados “Bajas de almacén 1999”, “Programa de sustitución de equipos en operación con BPCs”, “Empresas autorizadas en el tratamiento con BPCs”, “Profepa-Almacén Victoria BPCs”, “Reporte de análisis de laboratorio 2003-2005” y “Avances de indicadores BPCs 2003-2004”.
Respecto de la falta de transparencia en proceso de eliminación de askareles que se tradujo en la clasificación de los expedientes que contienen la información respectiva, la estudiosa en relaciones laborales María Xelhuantzi López apunta que es delicado que no se hiciera pública en su oportunidad, pues conlleva riesgos a la salud de los propios trabajadores de LFC: “Es un asunto de salud y de vida para los trabajadores; hasta donde sabemos, el sindicato no tomó medidas oportunas”.
Oscuras relaciones laborales
La relación entre LFC y sus trabajadores no es transparente, como lo demuestra la clasificación de 5 mil 635 expedientes relacionados con juicios laborales que hizo la Dirección de Recursos Humanos. El título de los expedientes no logra ilustrar el contenido de esos archivos blindados, como se observa en el expediente 005A30385/2006, cuyo contenido se reservó hasta el 11 de enero de 2019.
Entre el amplio universo de información oculta en torno a las demandas que empleados de LFC emprendieron contra el organismo descentralizado, también figuran los archivos GRL-AI-G-026-054197, por procedimientos administrativos laborales en 2007, y el 005 A/0666/2007, que apenas se clasificó el 14 de enero de 2009 y que se abriría hasta 2021.
Más de 5 mil expedientes que documentan causas y procedimientos de otros tantos juicios laborales entre una empresa pública y sus trabajadores corren el riesgo de perderse con su valioso contenido informativo para la sociedad frente al proceso de extinción del organismo.
Complicidad y corrupción
La práctica de clasificar miles de expedientes de la empresa Luz y Fuerza “refleja un altísimo grado de corrupción y complicidad del propio gobierno, pues se trata de un organismo público descentralizado de donde el gobierno no sólo era el administrador sino el propietario”, aprecia María Xelhuantzi, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
En su opinión, esto denota que el gobierno “es parte medular de la corrupción que había ahí” y no descarta que la Secretaría de Energía, que es la cabeza del sector, conociera esa información. Explica la especialista en organizaciones sindicales que “esto revela la responsabilidad tan grande que tiene el gobierno en la situación de inviabilidad y de crisis que, al final de cuentas, lo llevaron a tomar la decisión de liquidar la empresa”.
Al mismo tiempo, reitera, “también refleja que había toda una intención desde tiempo atrás de tomar la medida de extinguir a la empresa; refleja que el gobierno no tenía ni voluntad ni vocación” de que LFC operara de manera eficiente, de reestructurarla, pues si esto hubiera sido, habría tomado medidas oportunamente.
A su vez, la especialista sostiene que también hay gran corresponsabilidad del sindicato en la situación interna de la empresa, porque “indudablemente sabía, quizás no de todo y a fondo, pero sí de los malos manejos de la empresa”. Xelhuantzi López considera que el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) “no sólo no tomó la iniciativa para que esto cambiara, sino que se volvió también parte de ese statu quo”, y que la responsabilidad de la organización gremial radicaría en “haber omitido, tolerado y solapado” tal situación.
“El sindicato no actuó oportunamente ni con fuerza, la misma que mostró en las calles durante su marcha del jueves 15 de octubre, y que debió invertir para presionar suficientemente a la empresa con objeto de lograr que las cosas cambiaran, pero no lo hizo. En todo caso, la mayor responsabilidad de la crisis interna de Luz y Fuerza del Centro recae en el gobierno”, expresa la autora de las investigaciones: El sindicalismo mexicano: entre la coyuntura y la historia (UAM, 2004) y El sindicalismo en la reforma del Estado.
Más allá de la parte de responsabilidad que corresponda al SME respecto de la situación de Luz y Fuerza del Centro, la investigadora concluye que, “desafortunadamente”, con la liquidación del organismo todos los expedientes reservados y su valiosa información se perderán. Ese hecho y lo que actualmente pasa reflejan “la falta de transparencia brutal” que existe en este país sobre cosas fundamentales.
Si le buscamos a Petróleos Mexicanos o a la Comisión Federal de Electricidad, advierte, “encontraríamos irregularidades de igual o mayor proporción, lo que muestra que a pesar de la alternancia política en el país existen las mismas complicidades que nos llevan a tener un país sistemáticamente corrupto y donde los ciudadanos estamos indefensos y obligados a creer la información oficial, manipulada a través de los grandes monopolios de la información”.
La medida de extinción contra Luz y Fuerza del Centro “refleja que el presidencialismo autoritario en este país sigue intacto, lo que es muy grave”, declara María Xelhuantzi. Agrega que si para el gobierno federal el problema de fondo era la viabilidad de la empresa, esto se hubiera discutido en otro nivel y en otra forma, no recurriendo a un “acto de brutalidad autoritaria” como el que se dio el 11 de octubre.
La Dirección de Asuntos Jurídicos de ese organismo clasificó 6 mil 597 asuntos; le sigue la Dirección de Recursos Humanos en el rubro de “Relaciones laborales”, con 5 mil 635 archivos, a los que se suman 146 expedientes de la Coordinación de Proyectos Institucionales que comprenden juicios laborales. Otros 100 expedientes reservados pertenecen a la Subdirección de Abastecimiento, rubro “Dispositivos de inteligencia y seguridad”; 22 más de esa subdirección corresponden al área “Recursos materiales y obra pública”, y 85, al aseguramiento de bienes e intereses asegurables de la empresa. No son todos los archivos reservados de Luz y Fuerza del Centro (LFC), aunque algunos de los que aquí se describen ilustran la condición de secretismo en que operaron desde hace años rubros estratégicos de ese organismo.
En el caso de asuntos jurídicos, Luz y Fuerza del Centro (LFC) reservó, por cinco años, como clasificados los expedientes correspondientes a “Averiguaciones previas”. Asuntos relativos a “Juicios especiales hipotecarios”, “Tercerías excluyentes de dominio”, “Juicios de amparo”, “Juicios ejecutivos mercantiles”, “Reclamaciones de fianzas”, “Juicios agrarios”, “Concursos mercantiles”, “Juicios ordinarios mercantiles”, así como “Asuntos fiscales y administrativos”, todos se clasificaron por 10 años, hasta enero de 2014.
Es notable que desde el 30 de enero de 2004, LFC clasificó más de 100 expedientes relativos a averiguaciones previas por “robo de fluido eléctrico”, así se observa en el expediente AP/RFE1, cuya información sería accesible hasta 10 años después. En el decreto que extingue a ese organismo se señala que “el porcentaje de pérdidas totales de energía de Luz y Fuerza del Centro es excesivo y superior en casi tres veces al que presenta la Comisión Federal de Electricidad”. Agrega el decreto que a junio de 2009 Luz y Fuerza del Centro perdió el 30.6 por ciento de energía; los documentos que informan las razones y a los responsables de esa pérdida se mantuvieron en secreto por años.
De la política de reserva que mantuvo Luz y Fuerza del Centro con respecto del robo de fluido eléctrico, María Xelhuantzi López, doctora en ciencia política y analista en organizaciones laborales de la Universidad Nacional Autónoma de México, considera que una investigación de esos expedientes arrojaría luz respecto “de quién robaba y cómo se clasificaba” esa información por parte de la empresa.
“Desde luego, el robo en pequeña escala, de los ambulantes o de la vía pública se resolvía con una mordida; en cambio, el robo de mayor proporción, que indudablemente implica a grandes consumidores, grandes empresas y grandes intereses, a riesgo de equivocarse, se concluiría que mientras más grande e importante fuera la empresa que robaba el fluido, más secreto es el expediente”, estima la entrevistada.
En “Asuntos penales”, que involucran a LFC según los archivos que reservó, es notorio que a partir de enero de 2006 esa empresa optó por el máximo periodo que autoriza la ley para clasificar su información (12 años). Así se evidencia en el expediente PGR/CHAL/106/II/03 que fue clasificado el 13 de julio de 2009 y que sería visible hasta 2021, aunque ahora, en el actual proceso de extinción del organismo, podría quedar olvidado.
Otro aspecto que permanecerá oculto al interés público es el relativo a los “Dispositivos de inteligencia y seguridad de LFC”. La Subdirección de Abastecimiento y Transportes en el rubro clasificó 100 expedientes, todos por 12 años. “Corporaciones policiales para vigilancia y seguridad en el Distrito Federal y en los estados de México, Hidalgo, Puebla y Morelos” se remonta al 1 de septiembre de 2003 y sería accesible hasta 2015.
De igual manera, las autoridades del organismo descentralizado alejaron del conocimiento público por 12 años el archivo relativo a “Dispositivos de seguridad en instalaciones (directorio de instalaciones, planes de seguridad física, programas de supervisión, ficha técnica, diagnóstico de riesgos)”. Hicieron lo mismo con la información relativa a las “reuniones ordinarias y extraordinarias del grupo de coordinación para la atención de instalaciones estratégicas”, que se clasificó por 12 años, desde 2003.
Igual ocurrió el 11 de enero de 2006 cuando los funcionarios de LFC decidieron clasificar por 12 años la información del expediente “Presupuesto asignado para los servicios de vigilancia policial 2006 (presupuesto de explotación)”.
Finanzas oscuras
Por su parte, la Subdirección de Finanzas reservó, desde 2004, por 12 años, la información que contiene 1 mil 271 expedientes sobre el rubro “Recursos financieros”. Se trata de los estados de cuenta, relaciones de nómina, control y registro de pólizas de ingresos, conciliaciones, egresos por partida presupuestal, registro contable, valores financieros.
Como ejemplo, están los expedientes “Programas y recorridos de pago de nómina 2”, “Ingresos enlace bancos 30”, “Pólizas tipo 18”, “Liquidaciones semanales subt”. “Belem de las Flores 4”. Otros, como “Resguardos de los fondos fijos subt. Iztap”, estarían disponibles hasta 2011.
Entretanto, datos sobre nóminas, arqueos (comprobación de efectivo), pagos temporales se resguardaron desde 2006 hasta enero de 2018; así se observa en los expedientes “Requerimientos de nóminas subt. Cuautitlán”, “Arqueos subt. Cuautitlán”, “SC04C-SE05-Arqueos a pagadores-subtesorería Ecatepec-LFTAIPG-13-1v-1-5 años”, “Guías de autoevaluación subt. Cuautitlán”, “Penalización Tameme subt. Cuautitlán”, “Liquidaciones semanales subt. Cuautitlán” y el expediente “Egresos (programa pagos subg. plan y cont. F.) Febrero 06 S.T.-1 carpeta”.
Asimismo, la “Liquidación de pagadores subt. centro 10” se clasificó desde 2006 hasta enero de 2011. Los expedientes titulados “Subgerencia de Planeación y Control Financiero./S.T.Z.C.-1 carpeta” y “Remesas especiales extraordinarias g.finanzas-1 expediente” se reservaron el 13 de julio de 2006 para permanecer clasificados por 12 años.
Por otra parte, Luz y Fuerza del Centro decidió no informar qué sucede con respecto del rubro “Tecnologías y servicios de la información”, pues clasificó 108 expedientes desde 2004; todos por el máximo de tiempo que permite la ley. Se trata de archivos que contienen información sobre el software para cada equipo que opera en esa subdirección, sobre el código fuente, de documentación técnica y temas relacionados, de plataforma distribuida, así como de esquemas de seguridad.
También clasificó 104 archivos relacionados con el rubro “Programación, organización y presupuestación”, que contienen datos sobre compromisos para años subsecuentes e inversiones del organismo descentralizado, como el archivo denominado “Compromisos solicitados 1”, clasificado el 29 de enero de 2004, disponible hasta 2016.
Askareles en secreto
El jueves 11 de octubre de 2007 la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca del Senado de la República aprobó en votación económica un punto de acuerdo, que también aprobaron los congresos de Querétaro y San Luis Potosí, para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informara sobre el manejo de askareles en el país.
En el dictamen correspondiente de esa comisión se señaló que “los askareles o bifenilos policlorados (BPCs) son una mezcla de hasta 209 compuestos clorados individuales”, que son líquidos aceitosos o sólidos, incoloros a amarillo claro capaces de existir como vapor, inoloros e insípidos, que se usaban ampliamente como refrigerantes y lubricantes en transformadores, condensadores y otros equipos eléctricos.
El Senado agregaba que “los askareles se constituyen como residuos peligrosos ya que poseen alguna de las siguientes características: corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, y ponen sustancial o potencialmente en peligro la salud humana o el ambiente”, pues los resultados del contacto de BPCs en seres humanos han sido: “abortos, defectos en los recién nacidos, desórdenes funcionales en el sistema nervioso, causando vértigo, depresión, fatiga y nerviosismo” y, en el peor de los casos, cáncer.
Además, ese documento apuntaba que los BPCs están prohibidos en la mayoría de los países “y en el nuestro no es excepción”, ya que es uno de los tres principales objetivos del Plan de Acción Regional de América del Norte que se lleva dentro del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte, “del cual, México es parte”, y donde se comprometía a la eliminación, manejo ambientalmente adecuado de los inventarios en todo su ciclo de vida y retiro gradual y destrucción de los BPCs.
Por esas consideraciones, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales pedía a la Semarnat información sobre la localización y volumen de bifenilos policlorados almacenados, abandonados o en uso, así como un listado de generadores; fechas y métodos de eliminación de los bifenilos policlorados existentes, así como los responsables de ese proceso.
También, le requería copia del programa de eliminación de bifenilos policlorados para 2008, como lo indica la “Tabla I” de la Norma Oficial Mexicana: NOM-133-SEMARNAT-2000, incluyendo método, cantidades y responsables de tal eliminación y métodos y cantidad de BPCs, eliminados desde la entrada en vigor de la NOM mencionada hasta esa fecha (11 de octubre de 2007).
Esa preocupación del Senado sobre el manejo y desecho de esos residuos peligrosos no impidió, sin embargo, que desde 2004 la Subdirección de Planeación Estratégica de Luz y Fuerza clasificara 118 expedientes relacionados con el rubro temático: “Protección ambiental, manejo de residuos peligrosos”, particularmente la información relativa a los programas de eliminación.
Otros se clasificaron por seis años en cuanto comenzó la actual administración federal: “Askarel licitación pública internacional LPI/SS-153/94”, que permanecería clasificado hasta el 12 de enero de 2011. En igual circunstancia están los archivos “Bifenilos policlorados (BPC-S) 1994”, “Publicaciones diversas askarel 1994”, “BPCs bitácora de obra 1996”, “Certificado de incineración BPC-S (manifiesto de entrega y transporte) 1996”, “PBCs contrato No. SS-111/96 (RIMSA) (manifiesto de entrega y transporte)”. “Estado de cuenta del contrato de servicios (RIMSA No. SS-111-96) (ECOLAB No. SS-139/97)”, así como el denominado “Bifenilos policlorados (BPCs) (manifiestos) 1997”, y otras decenas de documentos más.
Además de los certificados para la incineración de BPCs y estados de cuenta de contratos de servicios o bitácoras de obra, la Subdirección de Planeación Estratégica de LFC clasificó otras actividades relacionadas con el manejo o destrucción de estos residuos peligrosos. Dos de ellos se vinculan con el Almacén Victoria del organismo. El primero, relativo a “Compras” y el segundo, a “Bajas de almacén”, que fueron blindados por cinco años a partir del 12 de enero de 2006.
Igualmente ocurrió con los archivos denominados “Bajas de almacén 1999”, “Programa de sustitución de equipos en operación con BPCs”, “Empresas autorizadas en el tratamiento con BPCs”, “Profepa-Almacén Victoria BPCs”, “Reporte de análisis de laboratorio 2003-2005” y “Avances de indicadores BPCs 2003-2004”.
Respecto de la falta de transparencia en proceso de eliminación de askareles que se tradujo en la clasificación de los expedientes que contienen la información respectiva, la estudiosa en relaciones laborales María Xelhuantzi López apunta que es delicado que no se hiciera pública en su oportunidad, pues conlleva riesgos a la salud de los propios trabajadores de LFC: “Es un asunto de salud y de vida para los trabajadores; hasta donde sabemos, el sindicato no tomó medidas oportunas”.
Oscuras relaciones laborales
La relación entre LFC y sus trabajadores no es transparente, como lo demuestra la clasificación de 5 mil 635 expedientes relacionados con juicios laborales que hizo la Dirección de Recursos Humanos. El título de los expedientes no logra ilustrar el contenido de esos archivos blindados, como se observa en el expediente 005A30385/2006, cuyo contenido se reservó hasta el 11 de enero de 2019.
Entre el amplio universo de información oculta en torno a las demandas que empleados de LFC emprendieron contra el organismo descentralizado, también figuran los archivos GRL-AI-G-026-054197, por procedimientos administrativos laborales en 2007, y el 005 A/0666/2007, que apenas se clasificó el 14 de enero de 2009 y que se abriría hasta 2021.
Más de 5 mil expedientes que documentan causas y procedimientos de otros tantos juicios laborales entre una empresa pública y sus trabajadores corren el riesgo de perderse con su valioso contenido informativo para la sociedad frente al proceso de extinción del organismo.
Complicidad y corrupción
La práctica de clasificar miles de expedientes de la empresa Luz y Fuerza “refleja un altísimo grado de corrupción y complicidad del propio gobierno, pues se trata de un organismo público descentralizado de donde el gobierno no sólo era el administrador sino el propietario”, aprecia María Xelhuantzi, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
En su opinión, esto denota que el gobierno “es parte medular de la corrupción que había ahí” y no descarta que la Secretaría de Energía, que es la cabeza del sector, conociera esa información. Explica la especialista en organizaciones sindicales que “esto revela la responsabilidad tan grande que tiene el gobierno en la situación de inviabilidad y de crisis que, al final de cuentas, lo llevaron a tomar la decisión de liquidar la empresa”.
Al mismo tiempo, reitera, “también refleja que había toda una intención desde tiempo atrás de tomar la medida de extinguir a la empresa; refleja que el gobierno no tenía ni voluntad ni vocación” de que LFC operara de manera eficiente, de reestructurarla, pues si esto hubiera sido, habría tomado medidas oportunamente.
A su vez, la especialista sostiene que también hay gran corresponsabilidad del sindicato en la situación interna de la empresa, porque “indudablemente sabía, quizás no de todo y a fondo, pero sí de los malos manejos de la empresa”. Xelhuantzi López considera que el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) “no sólo no tomó la iniciativa para que esto cambiara, sino que se volvió también parte de ese statu quo”, y que la responsabilidad de la organización gremial radicaría en “haber omitido, tolerado y solapado” tal situación.
“El sindicato no actuó oportunamente ni con fuerza, la misma que mostró en las calles durante su marcha del jueves 15 de octubre, y que debió invertir para presionar suficientemente a la empresa con objeto de lograr que las cosas cambiaran, pero no lo hizo. En todo caso, la mayor responsabilidad de la crisis interna de Luz y Fuerza del Centro recae en el gobierno”, expresa la autora de las investigaciones: El sindicalismo mexicano: entre la coyuntura y la historia (UAM, 2004) y El sindicalismo en la reforma del Estado.
Más allá de la parte de responsabilidad que corresponda al SME respecto de la situación de Luz y Fuerza del Centro, la investigadora concluye que, “desafortunadamente”, con la liquidación del organismo todos los expedientes reservados y su valiosa información se perderán. Ese hecho y lo que actualmente pasa reflejan “la falta de transparencia brutal” que existe en este país sobre cosas fundamentales.
Si le buscamos a Petróleos Mexicanos o a la Comisión Federal de Electricidad, advierte, “encontraríamos irregularidades de igual o mayor proporción, lo que muestra que a pesar de la alternancia política en el país existen las mismas complicidades que nos llevan a tener un país sistemáticamente corrupto y donde los ciudadanos estamos indefensos y obligados a creer la información oficial, manipulada a través de los grandes monopolios de la información”.
La medida de extinción contra Luz y Fuerza del Centro “refleja que el presidencialismo autoritario en este país sigue intacto, lo que es muy grave”, declara María Xelhuantzi. Agrega que si para el gobierno federal el problema de fondo era la viabilidad de la empresa, esto se hubiera discutido en otro nivel y en otra forma, no recurriendo a un “acto de brutalidad autoritaria” como el que se dio el 11 de octubre.
Publicidad oficial: 5 MMDP en premios y castigos
En 2008 el gobierno federal gastó más de 5 mil millones de pesos en publicidad. El 62 por ciento de estos recursos se destinó a televisión, radio y medios impresos. Los medios electrónicos se vieron favorecidos con 2 mil 731 millones de pesos. A pesar de los cuantiosos montos que se asignan a la publicidad gubernamental, no hay reglas claras para su distribución y asignación. Este manejo discrecional ha propiciado que la publicidad oficial se use como un mecanismo para controlar los medios, señalan especialistas.
El gobierno federal gastó 5 mil 473 millones 476 mil 490 pesos en servicios de comunicación social y publicidad en 2008, lo que equivale a 1.4 veces el presupuesto que recibió la Universidad Autónoma Metropolitana el mismo año.
El 52.3 por ciento de ese monto fue erogado por las secretarías de Turismo y de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La Secretaría de Turismo, cuya próxima extinción fue planteada como parte del plan de ahorro del gobierno federal, gastó en publicidad 1 mil 464 millones 248 mil 30 pesos, mientras que la entidad responsable de las finanzas públicas destinó a la promoción de sus programas 1 mil 401 millones 302 mil 780 pesos.
Pese a los millonarios montos que año tras año las dependencias del gobierno federal han gastado en publicidad, no existe una reglamentación que establezca mecanismos para su asignación en los medios de comunicación. Esta ausencia en la normatividad ha propiciado que la distribución de las pautas publicitarias sea un ejercicio discrecional de la autoridad, que puede maximizar o minimizar la recepción de publicidad con base en consideraciones generalmente de orden político, dice el doctor Ernesto Villanueva, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde coordina el área de derecho de la información.
“La publicidad oficial puede suponer por sí misma una fuente de poder que eventualmente podría utilizarse para satisfacer intereses ajenos al bien común. Esta posibilidad se incrementa cuando los criterios de asignación publicitaria son definidos en forma casuística y discrecional por las autoridades competentes”.
De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Gobernación a través de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, los anuncios en televisión, radio, periódicos y revistas costaron al erario público 3 mil 373 millones 322 mil 540 pesos, que equivaldrían a la mitad de lo que el gobierno federal propuso para apoyos a pequeñas comunidades rurales el año pasado.
Preponderancia de medios electrónicos
Las televisoras y radiodifusoras fueron las principales destinatarias de la propaganda oficial. En conjunto, las dependencias federales destinaron 1 mil 752 millones 387 mil 30 pesos a anuncios en televisión y 978 millones 834 mil 640 pesos a publicidad en radio, lo que representó el 81 por ciento del total asignado a medios masivos de comunicación.
De las televisoras, la empresa Televisa fue la que más recursos recibió, sumando 917 millones 422 mil 130 pesos. El segundo lugar lo ocupó TV Azteca, con 558 millones 536 mil 920 pesos. Si se añadieran los 26 millones 390 mil 940 pesos que recibió Proyecto 40, la factura total de las empresas de Ricardo Salinas Pliego ascendería a 584 mil 927 millones 860 pesos. Es decir que a estas dos televisoras se les otorgó el 85.7 por ciento de las pautas publicitarias de televisión.
Las radiodifusoras que más facturaron fueron Grupo Radiofórmula/RAMSA con 120 millones 120 mil 510 pesos; Radiorama con 81 millones 595 mil 50 pesos; la cadena Grupo Radiocentro/OIR/Grupo Radioméxico con 74 millones 121 mil 30 pesos; Grupo Imagen con 58 millones 454 mil 980 pesos, y Radiomil Comunicaciones con 57 millones 484 mil 920 pesos. En suma, se trata del 40 por ciento del monto total que se asignó a 149 empresas de radiodifusión.
Los periódicos recibieron el 14 por ciento, equivalente a 478 millones 155 mil 950 pesos. Lo destinado a revistas sumó 163 millones 944 mil 920 pesos, apenas el 5 por ciento del presupuesto destinado a publicidad.
De acuerdo con las órdenes de inserción emitidas en 2008 por las secretarías de Gobernación (Segob), Salud (Ssa) y Hacienda, de las que Contralínea tiene copia, las tres dependencias gastaron en publicidad en medios impresos 75 millones 934 mil 213.37 pesos. Eso significa que de su presupuesto de 218 millones 94 mil 520 pesos, Segob gastó 5.8 por ciento en promocionarse en periódicos y revistas. De los 1 mil 401 millones 302 mil 780 pesos que Hacienda recibió, destinó apenas 2.3 por ciento a medios impresos, mientras que las inserciones en diarios y revistas significaron para la Secretaría de Salud una erogación del 9.2 por ciento de los 327 millones 191 mil 450 pesos que recibió del erario para publicitarse.
El periodista Don Podesta, consultor del Center for International Media Assistance (Centro Internacional de Ayuda a Medios), dice que en años recientes el uso de la publicidad oficial se ha convertido en una nueva vertiente del uso del dinero para controlar los medios de comunicación. Conocida como “censura indirecta o suave, se trata de una manera de influir sin tener directamente el control del medio”, pero que favorece con contratos publicitarios a los medios de comunicación que son condescendientes con el gobierno y se los niega a aquéllos que se expresan de forma crítica.
En 2003, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advertía de la incidencia de esta práctica, que no da lugar a investigaciones ni ha merecido la reprobación generalizada debido a que, con frecuencia, se trata de “obstrucciones oscuras, impuestas silenciosamente”.
Inequidad publicitaria
La relatoría señalaba que los gobiernos utilizan la propaganda pagada para incidir en el comportamiento social de los ciudadanos a través de la difusión de sus programas y campañas, por lo que el Estado debe usar los medios informativos que lleguen de manera más eficaz a los sectores que quiere impactar, independientemente de su contenido editorial.
Sin embargo, la falta de criterios claros para quienes son favorecidos o excluidos de tales beneficios genera un condicionamiento implícito de los medios, de acuerdo con el director de la Fundación Manuel Buendía y de la Revista Mexicana de Comunicación, Omar Raúl Martínez.
“Lo más preocupante radica ahora en que a los medios impresos en general se les reduce cada vez más la poca publicidad. Hoy día es un hecho que la mayor parte de las revistas ajenas a los grandes grupos mediáticos están siendo excluidas y arrinconadas en los planes de publicidad gubernamental. En otras palabras: muchas revistas políticas, culturales y especializadas, que no están supeditadas a los poderes fácticos, están siendo afectadas por esta falta de equidad publicitaria. Es el caso, por ejemplo, de la Revista Mexicana de Comunicación, que al igual que otras publicaciones especializadas, ciertamente no imprime tirajes masivos pero aporta contenidos para crear masa crítica”.
Las órdenes de inserción de las tres dependencias señaladas, muestran que de 2 mil 797 inserciones publicitarias, sólo una quinta parte (578) fue para revistas. Y que de los más de 75 millones de pesos que se gastaron en publicidad en medios impresos, las revistas recibieron poco más de 28 millones de pesos, equivalentes al 37 por ciento del total.
Fueron 137 las revistas que percibieron recursos por publicidad gubernamental, cuyos montos variaron de los 8 mil pesos a casi 1 millón y medio de pesos. Letras Libres, TV Notas, Ganar Salud y Tv y Novelas son las únicas cuatro publicaciones que facturaron más de 1 millón de pesos; en los cuatro casos, los mayores montos (superiores a los 500 mil pesos) provinieron de la SHCP.
TV Notas obtuvo de esa secretaría 777 mil 977.14 pesos por cinco anuncios; Tv y Novelas recibió 768 mil 706 pesos por siete inserciones; por anunciarse 10 ocasiones en Ganar Salud, la secretaría pagó 623 mil 300 pesos; y por hacerlo nueve veces en Letras Libres, erogó 569 mil 250 pesos.
La Segob entregó su mayor pago (326 mil 600 pesos) a Letras Libres. Sin embargo, no fue ésta la que tuvo más inserciones de la dependencia entre sus páginas, sino la revista Zócalo, con ocho. Letras Libres anunció a la Segob en cinco ocasiones, al igual que Día Siete, Vértigo, Tiempo Libre y Libro Vaquero.
En el caso de Ssa sí coincidió que la publicación con la mayor cantidad de inserciones fuera también la que más dinero recibió. Se trató de la revista ONG’s, a la que Ssa entregó 976 mil 925 pesos por 14 pautas.
El caso de los periódicos
En lo que respecta a los periódicos, de estas tres dependencias recibieron 47 millones 903 mil 89 pesos. Ocho grupos editoriales recibieron poco más de la mitad de estos recursos.
Ediciones del Norte, SA de CV, que edita los diarios El Norte, El Metro, Mural, AM, Metro, Reforma y el suplemento Primera Fila, facturó por propaganda de las tres entidades gubernamentales 5 millones 496 mil 625.3 pesos; la Organización Editorial Mexicana, SA de CV, que agrupa a la treintena de ediciones locales de la Compañía Periodística El Sol de México, así como al diario Esto, obtuvo pautas publicitarias por 3 millones 538 mil 584.7 pesos; El Universal Compañía Periodística Nacional, SA de CV, que imprime los rotativos El Universal y El Gráfico, recibió 3 millones 485 mil 210.9 pesos; mientras que el grupo Milenio Diario, SA de CV, facturó 3 millones 12 mil 114.5 pesos, incluyendo los 543 mil 468.9 pesos por publicidad en su revista Milenio Semanal.
Al periódico La Jornada y sus ediciones locales de Morelos, Michoacán, Puebla y San Luis Potosí se les pagaron 2 millones 563 mil 93.6 pesos por publicidad; Medios Masivos Mexicanos, SA de CV, que edita diarios locales de Aguascalientes, Chihuahua, Tabasco, Colima, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa y Baja California, sumó 3 millones 244 mil 993.1 pesos por inserciones; mientras que los periódicos capitalinos El Economista y Excélsior obtuvieron 2 millones 51 mil 722.5 pesos y 2 millones 12 mil 770 pesos respectivamente.
El gobierno federal gastó 5 mil 473 millones 476 mil 490 pesos en servicios de comunicación social y publicidad en 2008, lo que equivale a 1.4 veces el presupuesto que recibió la Universidad Autónoma Metropolitana el mismo año.
El 52.3 por ciento de ese monto fue erogado por las secretarías de Turismo y de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La Secretaría de Turismo, cuya próxima extinción fue planteada como parte del plan de ahorro del gobierno federal, gastó en publicidad 1 mil 464 millones 248 mil 30 pesos, mientras que la entidad responsable de las finanzas públicas destinó a la promoción de sus programas 1 mil 401 millones 302 mil 780 pesos.
Pese a los millonarios montos que año tras año las dependencias del gobierno federal han gastado en publicidad, no existe una reglamentación que establezca mecanismos para su asignación en los medios de comunicación. Esta ausencia en la normatividad ha propiciado que la distribución de las pautas publicitarias sea un ejercicio discrecional de la autoridad, que puede maximizar o minimizar la recepción de publicidad con base en consideraciones generalmente de orden político, dice el doctor Ernesto Villanueva, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde coordina el área de derecho de la información.
“La publicidad oficial puede suponer por sí misma una fuente de poder que eventualmente podría utilizarse para satisfacer intereses ajenos al bien común. Esta posibilidad se incrementa cuando los criterios de asignación publicitaria son definidos en forma casuística y discrecional por las autoridades competentes”.
De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Gobernación a través de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, los anuncios en televisión, radio, periódicos y revistas costaron al erario público 3 mil 373 millones 322 mil 540 pesos, que equivaldrían a la mitad de lo que el gobierno federal propuso para apoyos a pequeñas comunidades rurales el año pasado.Preponderancia de medios electrónicos
Las televisoras y radiodifusoras fueron las principales destinatarias de la propaganda oficial. En conjunto, las dependencias federales destinaron 1 mil 752 millones 387 mil 30 pesos a anuncios en televisión y 978 millones 834 mil 640 pesos a publicidad en radio, lo que representó el 81 por ciento del total asignado a medios masivos de comunicación.
De las televisoras, la empresa Televisa fue la que más recursos recibió, sumando 917 millones 422 mil 130 pesos. El segundo lugar lo ocupó TV Azteca, con 558 millones 536 mil 920 pesos. Si se añadieran los 26 millones 390 mil 940 pesos que recibió Proyecto 40, la factura total de las empresas de Ricardo Salinas Pliego ascendería a 584 mil 927 millones 860 pesos. Es decir que a estas dos televisoras se les otorgó el 85.7 por ciento de las pautas publicitarias de televisión.
Las radiodifusoras que más facturaron fueron Grupo Radiofórmula/RAMSA con 120 millones 120 mil 510 pesos; Radiorama con 81 millones 595 mil 50 pesos; la cadena Grupo Radiocentro/OIR/Grupo Radioméxico con 74 millones 121 mil 30 pesos; Grupo Imagen con 58 millones 454 mil 980 pesos, y Radiomil Comunicaciones con 57 millones 484 mil 920 pesos. En suma, se trata del 40 por ciento del monto total que se asignó a 149 empresas de radiodifusión.
Los periódicos recibieron el 14 por ciento, equivalente a 478 millones 155 mil 950 pesos. Lo destinado a revistas sumó 163 millones 944 mil 920 pesos, apenas el 5 por ciento del presupuesto destinado a publicidad.
De acuerdo con las órdenes de inserción emitidas en 2008 por las secretarías de Gobernación (Segob), Salud (Ssa) y Hacienda, de las que Contralínea tiene copia, las tres dependencias gastaron en publicidad en medios impresos 75 millones 934 mil 213.37 pesos. Eso significa que de su presupuesto de 218 millones 94 mil 520 pesos, Segob gastó 5.8 por ciento en promocionarse en periódicos y revistas. De los 1 mil 401 millones 302 mil 780 pesos que Hacienda recibió, destinó apenas 2.3 por ciento a medios impresos, mientras que las inserciones en diarios y revistas significaron para la Secretaría de Salud una erogación del 9.2 por ciento de los 327 millones 191 mil 450 pesos que recibió del erario para publicitarse.
El periodista Don Podesta, consultor del Center for International Media Assistance (Centro Internacional de Ayuda a Medios), dice que en años recientes el uso de la publicidad oficial se ha convertido en una nueva vertiente del uso del dinero para controlar los medios de comunicación. Conocida como “censura indirecta o suave, se trata de una manera de influir sin tener directamente el control del medio”, pero que favorece con contratos publicitarios a los medios de comunicación que son condescendientes con el gobierno y se los niega a aquéllos que se expresan de forma crítica.
En 2003, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advertía de la incidencia de esta práctica, que no da lugar a investigaciones ni ha merecido la reprobación generalizada debido a que, con frecuencia, se trata de “obstrucciones oscuras, impuestas silenciosamente”.
Inequidad publicitaria
La relatoría señalaba que los gobiernos utilizan la propaganda pagada para incidir en el comportamiento social de los ciudadanos a través de la difusión de sus programas y campañas, por lo que el Estado debe usar los medios informativos que lleguen de manera más eficaz a los sectores que quiere impactar, independientemente de su contenido editorial.
Sin embargo, la falta de criterios claros para quienes son favorecidos o excluidos de tales beneficios genera un condicionamiento implícito de los medios, de acuerdo con el director de la Fundación Manuel Buendía y de la Revista Mexicana de Comunicación, Omar Raúl Martínez.
“Lo más preocupante radica ahora en que a los medios impresos en general se les reduce cada vez más la poca publicidad. Hoy día es un hecho que la mayor parte de las revistas ajenas a los grandes grupos mediáticos están siendo excluidas y arrinconadas en los planes de publicidad gubernamental. En otras palabras: muchas revistas políticas, culturales y especializadas, que no están supeditadas a los poderes fácticos, están siendo afectadas por esta falta de equidad publicitaria. Es el caso, por ejemplo, de la Revista Mexicana de Comunicación, que al igual que otras publicaciones especializadas, ciertamente no imprime tirajes masivos pero aporta contenidos para crear masa crítica”.
Las órdenes de inserción de las tres dependencias señaladas, muestran que de 2 mil 797 inserciones publicitarias, sólo una quinta parte (578) fue para revistas. Y que de los más de 75 millones de pesos que se gastaron en publicidad en medios impresos, las revistas recibieron poco más de 28 millones de pesos, equivalentes al 37 por ciento del total.
Fueron 137 las revistas que percibieron recursos por publicidad gubernamental, cuyos montos variaron de los 8 mil pesos a casi 1 millón y medio de pesos. Letras Libres, TV Notas, Ganar Salud y Tv y Novelas son las únicas cuatro publicaciones que facturaron más de 1 millón de pesos; en los cuatro casos, los mayores montos (superiores a los 500 mil pesos) provinieron de la SHCP.
TV Notas obtuvo de esa secretaría 777 mil 977.14 pesos por cinco anuncios; Tv y Novelas recibió 768 mil 706 pesos por siete inserciones; por anunciarse 10 ocasiones en Ganar Salud, la secretaría pagó 623 mil 300 pesos; y por hacerlo nueve veces en Letras Libres, erogó 569 mil 250 pesos.
La Segob entregó su mayor pago (326 mil 600 pesos) a Letras Libres. Sin embargo, no fue ésta la que tuvo más inserciones de la dependencia entre sus páginas, sino la revista Zócalo, con ocho. Letras Libres anunció a la Segob en cinco ocasiones, al igual que Día Siete, Vértigo, Tiempo Libre y Libro Vaquero.
En el caso de Ssa sí coincidió que la publicación con la mayor cantidad de inserciones fuera también la que más dinero recibió. Se trató de la revista ONG’s, a la que Ssa entregó 976 mil 925 pesos por 14 pautas.
El caso de los periódicos
En lo que respecta a los periódicos, de estas tres dependencias recibieron 47 millones 903 mil 89 pesos. Ocho grupos editoriales recibieron poco más de la mitad de estos recursos.
Ediciones del Norte, SA de CV, que edita los diarios El Norte, El Metro, Mural, AM, Metro, Reforma y el suplemento Primera Fila, facturó por propaganda de las tres entidades gubernamentales 5 millones 496 mil 625.3 pesos; la Organización Editorial Mexicana, SA de CV, que agrupa a la treintena de ediciones locales de la Compañía Periodística El Sol de México, así como al diario Esto, obtuvo pautas publicitarias por 3 millones 538 mil 584.7 pesos; El Universal Compañía Periodística Nacional, SA de CV, que imprime los rotativos El Universal y El Gráfico, recibió 3 millones 485 mil 210.9 pesos; mientras que el grupo Milenio Diario, SA de CV, facturó 3 millones 12 mil 114.5 pesos, incluyendo los 543 mil 468.9 pesos por publicidad en su revista Milenio Semanal.
Al periódico La Jornada y sus ediciones locales de Morelos, Michoacán, Puebla y San Luis Potosí se les pagaron 2 millones 563 mil 93.6 pesos por publicidad; Medios Masivos Mexicanos, SA de CV, que edita diarios locales de Aguascalientes, Chihuahua, Tabasco, Colima, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa y Baja California, sumó 3 millones 244 mil 993.1 pesos por inserciones; mientras que los periódicos capitalinos El Economista y Excélsior obtuvieron 2 millones 51 mil 722.5 pesos y 2 millones 12 mil 770 pesos respectivamente.
La tragedia de la plataforma Usumacinta
Las muertes en altamar, las horas de pánico, la confusión, el miedo, el último aliento: los testimonios de los trabajadores que narran la tragedia de la plataforma Usumacinta en la Sonda de Campeche, pruebas clave contra el Estado mexicano, y la negligencia de Pemex, cuyo caso revisa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington
Ana Lilia Pérez
Ana Lilia PérezA 18 kilómetros de la costa, al norte de Frontera, Tabasco, aquel mediodía del martes 23 de octubre de 2007 la Sonda de Campeche se crispó cuando una fuga de gas sulfhídrico comenzó a invadir la plataforma Usumacinta. Dos días atrás, la vieja plataforma había sido posicionada junto a su similar, la tipo Sea Pony Kab-101 –propiedad de Petróleos Mexicanos (Pemex)–, para terminar de perforar el pozo Kab-103.
Desde muy temprano, el cantilever de la plataforma Usumacinta (el armazón central de la plataforma) había golpeado la parte superior del árbol de válvulas (árbol de producción) del pozo Kab-101, generando la fuga. Nunca sonó la alarma, pero algunos trabajadores escucharon al personal de operación hablar del incidente y los vieron bajar al piso de producción a cerrar las válvulas subsuperficiales de seguridad de los dos pozos. Más tarde, el árbol de válvulas del Kab-121 presentó dos fugas de petróleo y gases asociados, una de ellas muy abundante porque una válvula estaba degollada.
En poco tiempo, el pozo estaba fuera de control. A las 15:30, los superintendentes Miguel Ángel Solís Rodríguez, de Pemex, y Guillermo Porter Rodríguez, de Perforadora Central, dieron la orden de evacuar. A un lado de la plataforma yacían dos botes salvavidas, llamados mandarinas, que serían refugio y transporte para el traslado a una embarcación más grande o a los helicópteros que los llevarían a puerto seguro.
Arreciaba el frente frío 4; en las siguientes horas el lugar se convirtió en el último infierno para los 73 trabajadores. De ellos, sólo 51 sortearían el temporal. Las autopsias oficiales dicen que murieron ahogados seis de Pemex, 10 de Perforadora Central, cuatro de Servicios de Comisariato (Sercomsa), empresa filial del Grupo Protexa, y dos del Morrison Tide, uno de los barcos que participó en las operaciones de rescate.
Las versiones de los sobrevivientes dicen que antes de ahogarse, algunos estaban engasados, intoxicados, traumatizados. El informe del Battelle Memorial Institute, conocido como Informe Battelle, dice que, aunque “hay testimonios que sugieren que (además del ahogamiento) hay otras causas que pudieron haber sido las responsables (de las muertes), nunca lo sabremos con completa certeza”.
En la Recomendación 14/2009, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó que por negligencia de Pemex murieron los superintendentes Miguel Ángel Solís Rodríguez y Guillermo Porter Rodríguez; el intendente, José Ramón Granillo Jiménez; los ayudantes de perforación Leandro Manuel Hernández Pozo, José Hugo Hernández Flores, Ricardo Bustamante Bautista, Allende Alcudia Olan, Guadalupe Frías Ovando, Carlos Arturo Gurrión Toledo, Jorge Alfonso Barrancos Dzul y Francisco Abreu Villanueva.
Además, Martín González Mijangos, auxiliar administrativo; el médico José Luis Sánchez Rodríguez; los motoristas Juan Luis Martínez Palacios y Omar Gerardo Andrade Zárate; el gruero Mario Efrén Flores Rodríguez; los cocineros María del Carmen Aguilar Sánchez y Aroer May Jiménez; el lavandero Benito de los Santos Santos; el lavalozas Juan Felipe Figueroa Jiménez, así como dos rescatistas del Morrison Tide. Todos oriundos del Estado de México, Veracruz, Tamaulipas, Tabasco y Campeche.
Con el tiempo, los muertos quedaron reducidos a cifras oficiales. Eso, explican a Contralínea los deudos, es uno de tantos agravios a los que han sido sometidos por Pemex y las contratistas, que se negaron a indemnizarlos. Por ello, recientemente acudieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en su sede en Washington revisará las circunstancias de las muertes, relatadas por las víctimas que viven para contarlo.
Maribel
Con más de 21 horas en medio de la tempestad, Maribel vio desfallecer casi a todos. Al interior de la mandarina número 2, la que durante las primeras dos horas de navegación se rompió en alta mar, dejando una estela de ahogados, ella fue la última en ser rescatada con vida.
Como la mayoría de sus compañeros de Serconsa, filial de Protexa, se embarcó el 12 de octubre para el cambio de turno en la Usumacinta. Protexa suministraba alimentos y daba servicios a la plataforma. La víspera del 23 de octubre se hallaba en la zona de dormitorios junto a su amiga María del Carmen Aguilar Sánchez, de oficio cocinera. Quince minutos antes del medio día, escucharon la orden de subir al helipuerto, la zona más alta de la plataforma, porque había una fuga de gas sulfhídrico. A medida que transcurrían los minutos, se hacía más intenso el olor a huevo podrido, peculiar del tóxico. Las alarmas no sonaron, nadie las recuerda.
Desde muy temprano, el cantilever de la plataforma Usumacinta (el armazón central de la plataforma) había golpeado la parte superior del árbol de válvulas (árbol de producción) del pozo Kab-101, generando la fuga. Nunca sonó la alarma, pero algunos trabajadores escucharon al personal de operación hablar del incidente y los vieron bajar al piso de producción a cerrar las válvulas subsuperficiales de seguridad de los dos pozos. Más tarde, el árbol de válvulas del Kab-121 presentó dos fugas de petróleo y gases asociados, una de ellas muy abundante porque una válvula estaba degollada.
En poco tiempo, el pozo estaba fuera de control. A las 15:30, los superintendentes Miguel Ángel Solís Rodríguez, de Pemex, y Guillermo Porter Rodríguez, de Perforadora Central, dieron la orden de evacuar. A un lado de la plataforma yacían dos botes salvavidas, llamados mandarinas, que serían refugio y transporte para el traslado a una embarcación más grande o a los helicópteros que los llevarían a puerto seguro.
Arreciaba el frente frío 4; en las siguientes horas el lugar se convirtió en el último infierno para los 73 trabajadores. De ellos, sólo 51 sortearían el temporal. Las autopsias oficiales dicen que murieron ahogados seis de Pemex, 10 de Perforadora Central, cuatro de Servicios de Comisariato (Sercomsa), empresa filial del Grupo Protexa, y dos del Morrison Tide, uno de los barcos que participó en las operaciones de rescate.
Las versiones de los sobrevivientes dicen que antes de ahogarse, algunos estaban engasados, intoxicados, traumatizados. El informe del Battelle Memorial Institute, conocido como Informe Battelle, dice que, aunque “hay testimonios que sugieren que (además del ahogamiento) hay otras causas que pudieron haber sido las responsables (de las muertes), nunca lo sabremos con completa certeza”.
En la Recomendación 14/2009, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó que por negligencia de Pemex murieron los superintendentes Miguel Ángel Solís Rodríguez y Guillermo Porter Rodríguez; el intendente, José Ramón Granillo Jiménez; los ayudantes de perforación Leandro Manuel Hernández Pozo, José Hugo Hernández Flores, Ricardo Bustamante Bautista, Allende Alcudia Olan, Guadalupe Frías Ovando, Carlos Arturo Gurrión Toledo, Jorge Alfonso Barrancos Dzul y Francisco Abreu Villanueva.
Además, Martín González Mijangos, auxiliar administrativo; el médico José Luis Sánchez Rodríguez; los motoristas Juan Luis Martínez Palacios y Omar Gerardo Andrade Zárate; el gruero Mario Efrén Flores Rodríguez; los cocineros María del Carmen Aguilar Sánchez y Aroer May Jiménez; el lavandero Benito de los Santos Santos; el lavalozas Juan Felipe Figueroa Jiménez, así como dos rescatistas del Morrison Tide. Todos oriundos del Estado de México, Veracruz, Tamaulipas, Tabasco y Campeche.
Con el tiempo, los muertos quedaron reducidos a cifras oficiales. Eso, explican a Contralínea los deudos, es uno de tantos agravios a los que han sido sometidos por Pemex y las contratistas, que se negaron a indemnizarlos. Por ello, recientemente acudieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en su sede en Washington revisará las circunstancias de las muertes, relatadas por las víctimas que viven para contarlo.
Maribel
Con más de 21 horas en medio de la tempestad, Maribel vio desfallecer casi a todos. Al interior de la mandarina número 2, la que durante las primeras dos horas de navegación se rompió en alta mar, dejando una estela de ahogados, ella fue la última en ser rescatada con vida.
Como la mayoría de sus compañeros de Serconsa, filial de Protexa, se embarcó el 12 de octubre para el cambio de turno en la Usumacinta. Protexa suministraba alimentos y daba servicios a la plataforma. La víspera del 23 de octubre se hallaba en la zona de dormitorios junto a su amiga María del Carmen Aguilar Sánchez, de oficio cocinera. Quince minutos antes del medio día, escucharon la orden de subir al helipuerto, la zona más alta de la plataforma, porque había una fuga de gas sulfhídrico. A medida que transcurrían los minutos, se hacía más intenso el olor a huevo podrido, peculiar del tóxico. Las alarmas no sonaron, nadie las recuerda.
Cártel de Tijuana, complicidad oficial en el foxismo
Los miembros del cártel de Tijuana eran vigilados por agentes especiales de la Procuraduría General de la República: informaban al titular de la entonces Unidad Especializada en Delincuencia Organizada, José Luis Santiago Vasconcelos, de los pasos que daban en el trasiego de drogas de Colombia a Estados Unidos, de acuerdo con documentos contenidos en la averiguación previa 336/MPFEADS/2001, a los que Contralínea tuvo acceso, que revelan cómo la estructura militar-policiaca estaba, mediante sobornos, al servicio de la delincuencia organizada.
José Reyez
José ReyezUn extenso informe del 29 de marzo de 2002, UEDO/TIJ/AF/2002, suscrito por Mateo Arrona Landa, Alfonso Román Lugo y Victoriano Neri Dorantes, agentes federales de investigaciones, adscritos a la Coordinación Técnica de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República (PGR), da cuenta del cártel de Tijuana que encabezan los hermanos Arellano Félix y su complicidad con la estructura militar, policiaca federal, estatal y municipal que les brindaban protección en el trasiego de drogas hacia Estados Unidos.
El documento refiere los nexos de los principales líderes de la organización con los mandos del ejército y la policía, entre ellos Benjamín y Francisco Javier Arellano Félix, el Tigrillo, “responsable de organizar el arribo de avionetas clandestinas con cocaína procedentes de Colombia a Ensenada, quien tenía bajo su mando a excolaboradores de Efraín Pérez Pasuengo, el Efra, y de Carlos Francisco Cázares Beltrán”, el Quemado, líderes de las células del cártel.
Es precisamente Cázares Beltrán quien, a la postre, tras la detención de los hermanos Arellano Félix, encabezaría la organización delictiva y controlaría la plaza de Tijuana. El Quemado habría participado en el operativo para asesinar a Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, en el aeropuerto de Guadalajara, aquel 24 de mayo de 1993 en que perdió la vida el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo.
Desde entonces, Cázares Beltrán, preso en el penal del Altiplano por el delito de delincuencia organizada y por el diverso contra la salud en la modalidad de tráfico de cocaína y marihuana, destacó como uno de los principales cabecillas del cártel de Tijuana. Hacía entregas de dinero producto del narcotráfico a Benjamín Arellano Félix, y recibía personalmente cargamentos de cocaína en la zona de La Bufadora, al sur de Ensenada, procedentes de Colombia.
Contaba con su propia escolta, conformada por Alejandro Diezmartínez Félix, Ernesto Gutiérrez, el Guti, quien también se desempeñaba en la policía ministerial del estado, y Mario Alberto Ituarte Camacho. También con su propio abogado: Arturo Rayle Cárdenas, el Rayle.
Marco Antonio López Benavides, adscrito al departamento de Homicidios en la Delegación de Rosarito, quien, dice el parte informativo, es considerado como uno de los viejos colaboradores del Quemado.
El informe de los investigadores de la PGR hace referencia al enjuiciado Francisco Carlos Cázares Beltrán:
Desde entonces, Cázares Beltrán, preso en el penal del Altiplano por el delito de delincuencia organizada y por el diverso contra la salud en la modalidad de tráfico de cocaína y marihuana, destacó como uno de los principales cabecillas del cártel de Tijuana. Hacía entregas de dinero producto del narcotráfico a Benjamín Arellano Félix, y recibía personalmente cargamentos de cocaína en la zona de La Bufadora, al sur de Ensenada, procedentes de Colombia.
Contaba con su propia escolta, conformada por Alejandro Diezmartínez Félix, Ernesto Gutiérrez, el Guti, quien también se desempeñaba en la policía ministerial del estado, y Mario Alberto Ituarte Camacho. También con su propio abogado: Arturo Rayle Cárdenas, el Rayle.
Marco Antonio López Benavides, adscrito al departamento de Homicidios en la Delegación de Rosarito, quien, dice el parte informativo, es considerado como uno de los viejos colaboradores del Quemado.
El informe de los investigadores de la PGR hace referencia al enjuiciado Francisco Carlos Cázares Beltrán:
“(…) Después de efectuar intensas investigaciones en el estado de Baja California, hemos podido detectar que: Dentro de la organización delictiva que aún encabezan los hermanos Arellano Félix, participa muy activamente Carlos Francisco Cázares Beltrán, el Quemado, a quien se identifica como un operador del trafico ilícito de drogas junto con Efraín Pérez Pasuengo, el Efra, el que también es sujeto de investigación en la presente indagatoria. También se le conoce con los alias de Carlos Cázares Solano, Ernesto Angulo Hernández, el Quemado, el Comandante, el Chicharrón, el Neto, el Ruco, el Jaibo y Zeta. Media filiación: tez morena, complexión obesa, estatura 1.65 a 1.70; seña particular: quemadura severa en la cara y acento norteño.
Las lecciones del BRIC y El declive de México
El necio paradigma
¿Que la economía no puede crecer sin aumentar necesariamente el gasto público y los impuestos? Quienes empujan una nueva iniciativa fiscal basada en este principio pueden aprender mucho de las Reagonomics.
El actual estancamiento económico mexicano es un caso de estudio del que se pueden aprender lecciones de aplicación universal.
Con su denuncia genérica de que los grandes corporativos pagan muy pocos impuestos y que son ellos los que piden aplicar el IVA a alimentos y medicinas, Felipe Calderón está abriendo una caja de Pandora que creíamos cerrada desde 1982.
Rogelio Ramírez de la O, presidente de E-Canal opina que ha sido irresponsable la expansión del gasto público que se ha dado con los tres úlimos presidentes. Para el doctor en conomía así no se puede administrar un país y es una medida que los actores políticos no debieron haber permitido.
El gobierno federal afirma que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es una empresa de clase mundial. Así lo repite en los anuncios con los que bombardea día y noche a la ciudadanía a raíz de la desaparición de Luz y Fuerza del Centro (LyFC).
Pero de acuerdo a la revelación hecha por el empresario Leonel López Sánchez, propietario de la empresa Dobsa Construcciones, S.A. de C.V. ante las cámaras de Reporte Índigo, algunos de los funcionarios públicos que trabajan en la CFE podrían no encajar en el modelo de "clase mundial".
La semana pasada, Reporte Índigo dio a conocer una investigación realizada por Energía y Rendición de Cuentas, asociación civil encabezada por el economista y ex diputado federal Cuauhtémoc Velasco, sobre una presunta red de corrupción que opera en la CFE desde hace más de 10 años.
Ahora presentamos el testimonio del empresario Leonel López Sánchez, socio mayoritario de la empresa Dobsa Construcciones, S.A. de C.V., quien describe paso a paso el presunto soborno que le exigió Rubén Loredo Romero, subgerente de la División Centro Oriente, cuyo centro de operaciones está en la ciudad de Puebla.
A cambio de darle el fallo positivo en una licitación para construir un edificio del Centro Nacional de Energía, proyecto valuado en 43.5 millones de pesos, presuntamente Loredo Romero pidió a López Sánchez 5.5 por ciento de "mordida" para él y sus muchachos.
El empresario reconoce que se prestó al cohecho y ahí comenzó su pesadilla.
Cuatro visiones sobre las consecuencias económicas y sociales que implica dejar a oscuras al Sindicato Mexicano de Electricistas.
La votación de la reforma fiscal en el Senado causó revuelo. Pero no debemos olvidar que fuimos nosotros, los ciudadanos mexicanos, quienes escogimos a esos representantes.
El gobernador de Puebla, Mario Marín, ya puso en marcha una estrategia para impulsar a su candidato favorito para sucederlo. Y lo está haciendo a través de un recurso que no es muy bien visto en esa entidad: llamadas telefónicas.
En entrevista para Reporte Índigo, los Tigres del Norte hablan de su polémico corrido "La Granja" y la supuesta censura que les fue impuesta en el Auditorio Nacional.
La vacante del poder ejecutivo de la Unión Europea está abierta y ya se perfilan los candidatos que buscan ocupar el puesto a partir de enero de 2010.
¿Que la economía no puede crecer sin aumentar necesariamente el gasto público y los impuestos? Quienes empujan una nueva iniciativa fiscal basada en este principio pueden aprender mucho de las Reagonomics.
México vuelve a estar de moda en el escenario internacional. Pero no es por una buena razón. El mundo voltea a vernos porque hoy somos el mejor ejemplo de lo que no hay que hacer.
Las esperanzas de los 90, aquellas que ubicaban a México como el modelo a seguir, como la inminente sexta economía mundial, se desvanecieron en dos sexenios en los que se perdió el piso.
Y mientras en México malgastamos el tiempo discutiendo -o imponiendo- obsoletos paradigmas políticos y económicos, cuatro economías emergentes nos rebasan. Desde el norte y desde el sur. De oriente a occidente. Por la derecha y por la izquierda.
Con mejores estrategias, con proyectos de nación más asertivos, con liderazgos más fuertes y hombres de negocios más creativos y menos egoístas, las sociedades de Brasil, Rusia, India y China fueron asumiendo el liderazgo entre los países emergentes.
Y los resultados están a la vista. Hoy el BRIC contabiliza 15 por ciento del PIB mundial y 40 por ciento de las reservas de oro y divisas. Esas cuatro naciones bajo los reflectores son las responsables de 65 por ciento del crecimiento mundial.
De mantener esa inercia, antes de la mitad del siglo el BRIC será más poderoso que el G6, integrado por Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia e Italia.
Pero vista a la distancia, la fórmula no parece compleja. Primero, porque se trata de cuatro naciones que puntean en extensión territorial.
Rusia es el país del mundo con más territorio. China es el tercero, Brasil es el quinto y la India el séptimo. Y el territorio es sinónimo de riquezas naturales, de potencial agrícola, ganadero, minero y forestal.
Las esperanzas de los 90, aquellas que ubicaban a México como el modelo a seguir, como la inminente sexta economía mundial, se desvanecieron en dos sexenios en los que se perdió el piso.
Y mientras en México malgastamos el tiempo discutiendo -o imponiendo- obsoletos paradigmas políticos y económicos, cuatro economías emergentes nos rebasan. Desde el norte y desde el sur. De oriente a occidente. Por la derecha y por la izquierda.
Con mejores estrategias, con proyectos de nación más asertivos, con liderazgos más fuertes y hombres de negocios más creativos y menos egoístas, las sociedades de Brasil, Rusia, India y China fueron asumiendo el liderazgo entre los países emergentes.
Y los resultados están a la vista. Hoy el BRIC contabiliza 15 por ciento del PIB mundial y 40 por ciento de las reservas de oro y divisas. Esas cuatro naciones bajo los reflectores son las responsables de 65 por ciento del crecimiento mundial.
De mantener esa inercia, antes de la mitad del siglo el BRIC será más poderoso que el G6, integrado por Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia e Italia.
Pero vista a la distancia, la fórmula no parece compleja. Primero, porque se trata de cuatro naciones que puntean en extensión territorial.
Rusia es el país del mundo con más territorio. China es el tercero, Brasil es el quinto y la India el séptimo. Y el territorio es sinónimo de riquezas naturales, de potencial agrícola, ganadero, minero y forestal.
El actual estancamiento económico mexicano es un caso de estudio del que se pueden aprender lecciones de aplicación universal. 
Con su denuncia genérica de que los grandes corporativos pagan muy pocos impuestos y que son ellos los que piden aplicar el IVA a alimentos y medicinas, Felipe Calderón está abriendo una caja de Pandora que creíamos cerrada desde 1982. 
Rogelio Ramírez de la O, presidente de E-Canal opina que ha sido irresponsable la expansión del gasto público que se ha dado con los tres úlimos presidentes. Para el doctor en conomía así no se puede administrar un país y es una medida que los actores políticos no debieron haber permitido. 
El gobierno federal afirma que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es una empresa de clase mundial. Así lo repite en los anuncios con los que bombardea día y noche a la ciudadanía a raíz de la desaparición de Luz y Fuerza del Centro (LyFC).Pero de acuerdo a la revelación hecha por el empresario Leonel López Sánchez, propietario de la empresa Dobsa Construcciones, S.A. de C.V. ante las cámaras de Reporte Índigo, algunos de los funcionarios públicos que trabajan en la CFE podrían no encajar en el modelo de "clase mundial".
La semana pasada, Reporte Índigo dio a conocer una investigación realizada por Energía y Rendición de Cuentas, asociación civil encabezada por el economista y ex diputado federal Cuauhtémoc Velasco, sobre una presunta red de corrupción que opera en la CFE desde hace más de 10 años.
Ahora presentamos el testimonio del empresario Leonel López Sánchez, socio mayoritario de la empresa Dobsa Construcciones, S.A. de C.V., quien describe paso a paso el presunto soborno que le exigió Rubén Loredo Romero, subgerente de la División Centro Oriente, cuyo centro de operaciones está en la ciudad de Puebla.
A cambio de darle el fallo positivo en una licitación para construir un edificio del Centro Nacional de Energía, proyecto valuado en 43.5 millones de pesos, presuntamente Loredo Romero pidió a López Sánchez 5.5 por ciento de "mordida" para él y sus muchachos.
El empresario reconoce que se prestó al cohecho y ahí comenzó su pesadilla.
Cuatro visiones sobre las consecuencias económicas y sociales que implica dejar a oscuras al Sindicato Mexicano de Electricistas. 
La votación de la reforma fiscal en el Senado causó revuelo. Pero no debemos olvidar que fuimos nosotros, los ciudadanos mexicanos, quienes escogimos a esos representantes. 
El gobernador de Puebla, Mario Marín, ya puso en marcha una estrategia para impulsar a su candidato favorito para sucederlo. Y lo está haciendo a través de un recurso que no es muy bien visto en esa entidad: llamadas telefónicas. 
En entrevista para Reporte Índigo, los Tigres del Norte hablan de su polémico corrido "La Granja" y la supuesta censura que les fue impuesta en el Auditorio Nacional. 
La vacante del poder ejecutivo de la Unión Europea está abierta y ya se perfilan los candidatos que buscan ocupar el puesto a partir de enero de 2010.
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