El Papa y los cien besos

El papa Benedicto XVI.

Sabina Berman

MÉXICO, D.F., 17 de noviembre.- Hoy no voy a escribir de la guerra en mi país, qué alegría. Voy a escribir del Papa y los cien besos. El Papa Benedicto XVI lee sentado en un trono su homilía, en la maravillosa iglesia de la Sagrada Familia, construida por Gaudí en Barcelona; manda a sus feligreses “respetar, y defender de cuanto se le opone, el orden natural de la familia, formada por un hombre y una mujer”, y cinco minutos más tarde sale de la iglesia y lo reciben cien besos, los besos de cien parejas homosexuales, hombres y mujeres que, abrazados en la acera, se besan en los labios.

He puesto en cursivas la palabra natural porque en ella se centra todo el debate de la Iglesia y las sociedades democráticas del siglo XXI.

Natural quiere decir surgido de la Naturaleza sin estorbo. Es decir, no transformado por la cultura. Es decir, no trastocado por los intereses temporales de una cierta organización de una cierta tribu de bípedos mamíferos pensantes.

No es sorpresivo que el Papa use la palabra natural a últimas fechas. Citar la Biblia como fuente autoridad ha llegado a ser odioso para los ciudadanos cultos de las democracias occidentales. La Biblia es un libro repleto de historias y moralejas contradictorias, donde ya nadie, sino el que no la ha leído y sólo cree en ella de oídas, dilucida un mapa ético; y en la palabra natural se viene centrando la esperanza de una nueva moral para el siglo, una moral desprendida de las ideologías políticas o los dogmas de fe y emanada de la biología, del conocimiento de la vida misma.

Una moral: una serie de normas que protejan y acrecienten el bien común de un grupo vivo. O en el nivel individual: una serie de normas que orienten la vida hacia lo bueno y la alejen de lo dañino.

Una moral natural sería aquella que respete la vida y sus leyes y así acreciente su vitalidad.

¿Pero qué diablos es natural y qué no lo es? ¿Acaso podemos saberlo los humanos, desde niños amaestrados en formas culturales, desde niños encerrados en espacios amurallados por el cemento, desde niños amaestrados para estar sentados en pupitres pensando y pensando horas y horas en asuntos no naturales?

Sin duda podemos saberlo, gracias a la observación de la vida fuera de nuestra jaula de pensamiento.

Y en el siglo XXI esto es lo que sabemos, en cuanto al tema que tocó el Papa en su homilía de Barcelona: la familia y los géneros sexuales.

Existen cinco géneros sexuales que se dan en la Naturaleza espontáneamente. Los machos, las hembras, los transgéneros (cientos de especies donde un animal cambia en el lapso de su vida de macho a hembra o viceversa), los homosexuales (hasta ahora son mil 500 las especies donde se han detectado) y los hermafroditas (los individuos con dos géneros sexuales).

(Por eso es tan natural y hermoso que el Papa salga de misa y sea recibido por cien besos homosexuales.)

La organización familiar tiene variedades numerosísimas en la Naturaleza. Las tribus de chimpancés se pliegan al macho alfa, al más fuerte y bravucón. Pero las suricatas obedecen a la hembra alfa, que domina a base de asesinar a las crías de sus hijas. Los pulpos hembras copulan con un promedio de tres pulpos machos antes de elegir con qué semen impregnarán sus huevecillos. Los atunes viven en bancos y, llegado el tiempo de desove, las hembras sueltan sus huevos, que quedan flotando en el agua, y entonces varios machos eyaculan en las nubes del material femenino, dejando al azar la elección del padre, y al conjunto de la tribu, la protección de las larvas.

(Y uno puede seguir y seguir describiendo los distintos tipos de familias que los biólogos han observado en la Naturaleza.)

Resulta que Charles Darwin, el primer naturalista que ofreció una teoría para entender el por qué de la variedad vastísima de los seres vivos, se equivocó. La variedad es mucho más grande de lo que él pudo sospechar hace siglo y medio, analizando la información sobre la Naturaleza de la que disponía en su época. La variedad es tanta, que la única ley universal que parece subyacerla es que sobreviven los individuos y las organizaciones de individuos que se adaptan a la Naturaleza suficientemente bien para no morir en el intento.

Qué hermoso día en Barcelona. Sentado en un trono dorado bajo las cúpulas más naturales que haya diseñado un humano, Gaudí, el arquitecto naturalista, el Papa evoca lo natural como fuente para encontrar un orden en la convivencia de los bípedos pensantes. Antes de esa palabra se equivoca, se equivoca en el tono recriminatorio, en la retórica y el registro intelectual, ambos del pasado medieval, y luego se vuelve a equivocar al recitar de memoria que la familia debe estar formada por un macho y una hembra. Pero da igual. Ya sea un lapsus linguae o una voluntaria aunque diminuta inclusión del presente, el Papa ha pronunciado la palabra natural ante el mundo y hay que guardar esa expresión suya como una semilla posible, como una reliquia rara y afortunada que lo ha alineado, por un instante sólo, con la esperanza de la especie.

Lo escrito ya: cinco minutos más tarde, al salir a la luz natural del día, el Papa es recibido con el restallar sucesivo de cien besos naturales de cien naturales homosexuales bípedos.

Hacia "Mexicanita de Aviación"

El tiempo se acaba para Mexicana de Aviación y los sindicatos del ramo aeronáutico están entrampados en la discusión de cuál de las tres financiadoras que compiten por la aerolínea es la más viable. Si el próximo mes Mexicana no vuelve a volar perderá, entre otras cosas, las rutas al extranjero; se volvería una compañía doméstica… una “Mexicanita de Aviación”.

En la pista “Mexicanita de Aviación”

Rosalía Vergara

La discusión sobre cuál financiadora es la más viable para relanzar a Mexicana de Aviación metió a los sindicatos de pilotos, sobrecargos y trabajadores de tierra en un conflicto que podría dar al traste con la operación de la aerolínea, pues cada sector apoya proyectos distintos.

Si Mexicana no vuelve a volar a mediados de diciembre, se le terminarán los permisos para los slots (los horarios de uso de pista) y las rutas a Estados Unidos. De ser así, dicen representantes de los sindicatos, la empresa podría viajar sólo dentro del país y se convertiría en una “Mexicanita de Aviación”.

Las financiadoras que concursan por el control de la aerolínea más antigua de México son PC Capital, TG Group y BMC. Todas presentaron planes de negocios para echar a volar la aerolínea, pero para Gerardo Badín Cherit y Javier Christlieb, conciliador y administrador del concurso mercantil respectivamente, la primera de esas empresas es la mejor opción.

Actualmente Mexicana, del Nuevo Grupo Aeronáutico (NGA), pertenece a Tenedora K, empresa que asumió la pérdida de su primera inversión luego de comprobar la inviabilidad de operación de la aerolínea.

NGA tiene 99.98% del capital de la Compañía Mexicana de Aviación, Aerovías Caribe (Click), Mexicana Inter (Link) y Mexicana MRO, entre otras. Posee 62 aeronaves, de las que las arrendadoras solicitaron la devolución en tanto no haya un plan de negocios viable. Sus pasivos suman alrededor de 17 mil millones de pesos.

Al 13 de octubre de 2010 se le retuvieron a Mexicana de Aviación 1 millón 175 mil 263 pesos por deudas con Banorte, Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y otras instituciones crediticias. Además, tiene mil 42 millones 614 mil 48 pesos de adeudos con el gobierno federal por concepto de impuestos y cuotas al IMSS.

El pasado 2 de agosto, Mexicana de Aviación presentó una solicitud de concurso mercantil para reestructurar sus pasivos y adecuar su estructura de costos laborales. Un juez aceptó la solicitud el 7 de septiembre.

Luego, notas de prensa difundieron que Grupo Ixe, dirigido por Enrique Castillo Sánchez Mejorada, sería un eventual comprador, aunque en realidad fungiría como banco de inversión. Esta propuesta se realizó con la asesoría del exsecretario de Comunicaciones y Transportes Carlos Ruiz Sacristán.

Recuento de daños

De acuerdo con el documento Situación de Nuevo Grupo Aeronáutico (Grupo Mexicana), elaborado por la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA), la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México (ASSA) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Transportes, Transformación, Aviación, Servicios y Similares (SNTTTASS), a dos meses de la suspensión de operaciones de la aerolínea, las afectaciones son las siguientes:

Se perdieron 8 mil 687 empleos directos, aproximadamente 3% de los empleos formales creados desde enero de 2009, según estadísticas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y 34% de las fuentes de trabajo en la industria del transporte aéreo nacional.

A escala nacional se estima que se perdieron entre 80 mil y 100 mil empleos indirectos de 85 proveedores de NGA: transportación terrestre, equipajeros, hoteles, restaurantes, locales comerciales, agencias de viajes, arrendadoras de autos, entre otros.

Además, se estima que al cierre de este año se dejarán de transportar 3.4 millones de pasajeros de rutas domésticas, es decir, 28.5% del mercado nacional, así como 2.1 millones de pasajeros internacionales: 18.5% del mercado. Se ha dejado de dar servicio a 123 ciudades de origen y destino de pasajeros.

Los pasivos totales de Mexicana de Aviación, de acuerdo con este documento, suman 15 mil 75 millones 927 mil pesos. La deuda con Bancomext asciende a 991 millones 967 mil pesos y con Aeropuertos y Servicios Auxiliares y Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano es de 160 millones de dólares, según datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que cita el reporte.

Para los sindicatos de pilotos, sobrecargos y trabajadores de tierra las alternativas de solución al problema pueden ser la requisa, la asignación de una partida del Presupuesto o la exhortación al Ejecutivo para que el gobierno rescate a la aerolínea, renegocie su deuda o que la SCT proteja las rutas, slots e instalaciones aeroportuarias.

Se calcula que echar a volar de nuevo a Mexicana de Aviación costará 985 mil millones de pesos.

Gana el menos peor

Lizette Clavel, dirigente de la ASSA, asegura en entrevista con Proceso que a pesar de que por el anunciado recorte de personal no le gusta la propuesta de PC Capital, ésta es la más viable, pues las de TG Group y BMC son inoperantes. PC Capital es un fondo de inversión recientemente creado, dirigido por el empresario Pablo Coballasi, que pretende operar con 30 aeronaves y recortar 75% de la planta laboral.

El asesor de PC Capital es Arturo Barahona, quien dirigió Aeroméxico (1994-2004) y el 20 de mayo de 2010 se incorporó al Consejo de Administración de Mexicana de Aviación como asesor de la Dirección General, que en ese momento recaía en Manuel Borja Chico, del Grupo Posadas, consorcio hotelero de Gastón Azcárraga.

Azcárraga es el anterior propietario de la aerolínea y planeó llevarla a la quiebra como una manera de “sanearla” para operarla con una nueva razón social, sin deudas ni pasivos laborales y a costa de los contratos colectivos de pilotos, sobrecargos y trabajadores de tierra (Proceso 1762).

En el Consejo de Administración del Grupo Posadas está Grupo Ixe y el vínculo con PC Capital se da por conducto de Iñaki de Abiega Pons, director general de Ixe Casa de Bolsa y analista de negocios en PC Capital, y Ezequiel Padilla, quien trabajó nueve años en Protego Asesores, empresa de Pedro Aspe.

Otro nombre es el de Gabriel Araujo, también asociado de Finanzas Corporativas para el Grupo BBVA, además de Julio Sánchez, exanalista de Everis México, quien colaboró con el gobierno mexicano en la redefinición del Presupuesto de Egresos y que también trabajó en la industria hotelera.

También figura Pablo Cervantes, exconsejero de Kuo e hijo de Pablo Cervantes Belausteguigoitia, exdirector de Grupo Kuo, cuyo vicepresidente es Valentín Díez Morodo. Cervantes fue banquero de inversión en Ixe en México y en IP Morgan en Nueva York.

En Grupo Kuo confluyen personajes como Enrique Castillo Sánchez Mejorada y Carlos Aguilar Villalobos, de Ixe; Asunción Aramburuzabala Larregui, de Modelo e ICA; Dionisio Arturo Pérez Jácome Friscione, de Pemex; Germán Larrea Mota Velasco, de Grupo México; Ángel Losada, de Grupo Gigante; Georgina Kessel, secretaria de Energía, y Lorenzo Zambrano, de Cemex.

En el informe elaborado por ASSA, ASPA y el SNTTTASS se resaltan las diferencias entre las propuestas de PC Capital, BMC, TGG y Rokaso (aunque esta empresa ya salió de la negociación).

PC Capital es la que pretende trabajar con menos recursos: 30 aviones, mil 672 empleados, comenzaría a operar el 1 de enero de 2011 con una sola aerolínea e invertiría mil 600 millones de pesos; pero para entonces los permisos de slots y rutas a Estados Unidos estarían vencidos.

En cuanto al tratamiento del pasivo laboral, propone pagar 975 mil millones en efectivo, 926 mil millones diferidos a siete años con 7% de interés anual y 2 mil 851 millones capitalizados en acciones; además nuevos contratos colectivos de trabajo con vigencia de seis años sin incrementos salariales en los dos primeros de operación, pues “busca competitividad similar a la de Volaris e Interjet”.

El plan de PC prevé reiniciar con vuelos a Monterrey, Guadalajara, Cancún, Ciudad de México, Tijuana y Tuxtla Gutiérrez, además de Los Ángeles, San José, Houston, Chicago, Nueva York y San Francisco, en Estados Unidos, y alguna ciudad de Canadá.

Para esto plantea recortar 75% de la planta laboral de la aerolínea, liquidar a pilotos, sobrecargos y trabajadores de tierra con 25% de pago en efectivo, 25% en un pagaré y el resto sería un problema que tendrían que capitalizar los propios trabajadores.

Para los secretarios del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, y de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, es la mejor opción.

TG Group y BMC

El SNTTTASS apoya la propuesta de TG Group, respaldada por la aerolínea Taca, de Juan Carlos Torres, pues éste es compadre del dirigente sindical Miguel Ángel Yúdico, según él mismo lo planteó durante un plantón realizado en la Terminal 2, cuentan las sobrecargos. Y así se lo dijeron Torres y Yúdico a Lizette Clavel.

Y BMC, dirigida por Gabriela Bastida Martínez, tiene el apoyo de la ASPA. El plan de negocios y reestructuración de esta empresa –del que Proceso tiene copia– indica que rescatará a 85% del personal de la aerolínea y el restante 15% quedará sin ocupación hasta que mejore la situación, para recontratarlos.

Dice que el contrato colectivo de trabajo de pilotos y sobrecargos se reduciría 40%, pero se queda todo el personal de mantenimiento: unos mil 600 mecánicos.

Comenzaría a operar el 8 de diciembre con 59 aviones y desbarataría Link, la aerolínea de bajo costo que no es rentable. Las rutas serían Canadá, Estados Unidos, Centro y Sudamérica y el Caribe, por ser las más prometedoras.

Con este plan de negocios, dice, pretende afectar lo menos posible a 8 mil trabajadores directos de Mexicana de Aviación y ayudar a los empleados satelitales de la Terminal 1, que ya se conoce como “la terminal fantasma”.

Para Clavel “es plan con maña”, porque no le parece confiable que alguien tenga recursos para operar una aerolínea en riesgo de quiebra. En su opinión parece que el objetivo es que en tres meses se retracten del financiamiento y dicten la quiebra. Destaca que la propuesta de BMC es similar a la de TG Group.

Los inversionistas de BMC son Luis Eduardo Martínez Guzmán y Pedro Abid Checa Acra “con sus respectivos asociados”. El asesor es Jorge Bastida, padre de Gabriela, la directora.

Sobre Jorge Bastida, Proceso (1116) señaló: “Según las autoridades hacendarias y judiciales su labor consiste en lavar dinero del narcotráfico, al servicio de un consuegro que después se le murió, Amado Carrillo Fuentes El Señor de los Cielos”.

En la edición 1751 de este semanario se le vinculó con el panista Diego Fernández de Cevallos, secuestrado desde hace un par de meses. “El panista resultó ser defensor de Jorge Bastida Gallardo, un empresario de la construcción identificado como consuegro del capo Amado Carrillo Fuentes”, indica el reportaje. En su edición 1225, Proceso se refirió a Bastida Gallardo como “un inversionista que de la noche a la mañana apareció como fuerte accionista del banco Anáhuac y a quien, a su vez, se le relacionó con el capo Amado Carrillo Fuentes”.

Sin embargo, el 14 de marzo de 2004 el diario La Jornada informó que desde 1997 la Procuraduría General de la República desestimó el involucramiento de Bastida Gallardo en operaciones de lavado de dinero.

Pese a todo, en su plan de negocios le entregarían 5% de las acciones a la ASPA, que ya firmó a favor. Iniciarían la operación de compra de capital por 2 mil millones de pesos generados por la aportación de los socios y créditos de instituciones financieras nacionales e internacionales. A los proveedores clave se les pagarían mil 650 millones de pesos y los contratos colectivos serían renegociados.

TG Group y BMC reclaman que el gobierno federal no les ha confirmado la inviabilidad de sus propuestas. Se enteraron de que no serían beneficiados por la prensa y por un comunicado fechado el 9 de octubre y firmado por Javier Christlieb, en su carácter de administrador, donde informa que “previa opinión de las secretarías de Comunicaciones y Transportes y del Trabajo y Previsión Social”, PC Capital es la opción más viable para el reinicio de operaciones de Mexicana de Aviación.

“PC Capital es un grupo financiero serio y sólido, de gran experiencia en operaciones financieras, especializado en fusiones y operaciones corporativas, que ofrece un plan de negocios realista y sustentable que garantiza la viabilidad de la empresa en el corto, mediano y largo plazo y, sobre todo, la estabilidad en la fuente de trabajo”, apunta el comunicado de Christlieb.

Además, se dice que la aerolínea comenzaría a operar a mediados de diciembre y reconoce el pasivo laboral “de todos los empleados”, entre otras cosas.

Esto contradice el documento Situación de Nuevo Grupo Aeronáutico (Grupo Mexicana), que afirma que PC Capital comenzaría a operar el 1 de enero de 2011. De ser así, Mexicana ya sólo tendrá permisos para operar en territorio nacional. Sería “Mexicanita de Aviación”, aseguran pilotos y sobrecargos.

Victoriano Huerta, el traidor sobreviviente

Victoriano Huerta. Admiración.

Miguel Ángel Granados Chapa

MÉXICO, D.F., 22 de noviembre.- Si Victoriano Huerta y su red de secuaces pensaron que la historia los absolvería, se equivocaron. Sus nombres han sido y seguirán ligados a la más baja actitud en el espectro cristiano de la existencia: la traición.”

Tal dijo Enrique Krauze –Premio Nacional de Ciencias y Artes 2010 en el campo de la historia– hace 17 años, con motivo del octogésimo aniversario del asesinato de Madero, a manos de los esbirros de la fiera de Colotlán. Asombrado, he visto cómo el equivocado fue Krauze. Huerta es admirado, “mucho” o “algo”, por 41% de los entrevistados en una encuesta levantada en vísperas de celebrar el centenario del comienzo de la Revolución.

El Grupo Reforma –que publica el diario de ese nombre en la Ciudad de México, así como El Norte, en Monterrey, y Mural en Guadalajara– realizó ese sondeo por el 5 y 6 de noviembre. “Los resultados son representativos de los adultos que tienen una línea telefónica en su domicilio”, se explica en la nota metodológica. No sorprende que los protagonistas de la Revolución más admirados sean Zapata y Villa, por encima de Madero. Me dejó estupefacto, en cambio, que un porcentaje tan alto –cuatro de cada 10– admiren al traidor de febrero de 1913, si bien esa cifra es menor que la de los encuestados que lo execran, que llega al 46%.

Quizá aferrado en exceso a mi subjetividad, me parece que es necesario explicarnos lo que juzgo una anomalía, que lo es no condenar de modo unánime a ese chacal. Ese error moral puede deberse a ignorancia, es decir, a no saber quién fue Huerta, qué hizo y a quién. También podría ocurrir que ese resultado sea producto de la confusión, y que la gente que dijo admirar a Victoriano Huerta haya creído opinar en favor de Adolfo de la Huerta, el sonorense que rompió con Obregón, su amigo y jefe, 10 años después de la felonía del jalisciense.

Sería más sorprendente, sin embargo, que la admiración por Huerta proviniera de la información de que dispone el grueso de la sociedad, una información que trate con lenidad al asesino de Madero. En refuerzo de esa hipótesis recuerdo la normalidad con que el secretario de Gobernación Carlos Abascal ordenó incluir al traidor en la galería de sus antecesores, como si hubiera ocupado ese cargo en circunstancias normales, que no fueran producto de un forzamiento militar. En esa misma línea de la interpretación panista de la historia, encuentro natural el modo benevolente en que la página oficial del centenario de la Revolución, el sitio del gobierno de la República presenta la ficha biográfica de Huerta.

Afirma que participó “en la pacificación de Yucatán en 1901”. Ese es el modo porfirista de referirse a la gran matanza de indios mayas ordenada desde el centro y ejecutada con gran brutalidad por Huerta, que con la experiencia de ese lance también incurrió en genocidio contra el pueblo yaqui. Es peor, sin embargo, el perdón que la historia oficial del presente extiende a Huerta. Lo llama “presidente interino”, en vez de llamarlo sencillamente “espurio”, pues si bien el Congreso le extendió el nombramiento, lo hizo forzado por el peso del Ejército al que Huerta había vuelto contra su jefe legítimo.

Taimado, Huerta había transitado de su condición de alto comandante del Ejército federal a ganar la confianza de Madero. Cuando el 9 de febrero de 1913 se inició lo que pretendía ser la contrarrevolución, la restauración del antiguo régimen con Bernardo Reyes a la cabeza, en el ataque de un batallón de la escuela de aspirantes al Palacio Nacional el defensor del baluarte, el fiel general Lauro Villar, fue herido, por lo que se hizo necesario reemplazarlo. Para ello, según refiere Vasconcelos en su Ulises criollo, Madero aprovechó “el ofrecimiento que en ese instante hizo de su espada el general Victoriano Huerta. De momento se había convertido así en el jefe militar del país”.

Impedidos de tomar la sede del gobierno, a la que llegó Madero para simbolizar que estaba en pleno ejercicio del poder, los rebeldes encabezados por el sobrino de su tío, Félix Díaz, y por el también traidor general Manuel Mondragón, se hicieron fuertes en la Ciudadela. Desde allí atacaron el Palacio Nacional. Huerta no combatió con toda su fuerza a los alzados: “Aun para los que no estaban acostumbrados a observar el desarrollo de una acción militar –reflexionó el después general Francisco L. Urquizo–, la batalla por la recuperación de la Ciudadela ya estaba resultando un tanto rara, extraña, fuera de lo que era natural que de ella se esperara, sobre todo si se tomaban en cuenta las declaraciones que reiteradamente había hecho el comandante militar de la plaza y jefe de las operaciones en la ciudad, general Victoriano Huerta, quien había asegurado una y otra vez, ante quien quiso oírlo, que tomar posesión de la Ciudadela y acabar con sus defensores era una operación sumamente sencilla y que no entrañaba ningún peligro de fracaso”.

Semejante extrañeza manifestó Vasconcelos mientras los sucesos ocurrían: “¿Por qué, pregunté dirigiéndome al ministro de Guerra tras uno de esos disparos, por qué los sublevados tienen tan buena puntería y en cambio los nuestros nunca le pegan a la Ciudadela? ¿Por qué no asaltan y acaban en dos horas con ese manojo de ratas?, insistí. Es una vergüenza que 400 hombres tengan en jaque a toda la nación que está en paz y apoya al gobierno”.

Era que la traición estaba en curso. El historiador Stanley R. Ross fija su consumación a pocas horas después de iniciada la Decena Trágica, como se llamó al tenso e intenso periodo del 9 al 22 de febrero: “El martes 11, a las 10.30 de la mañana, escasamente 15 minutos después de que empezó la ofensiva federal, el general Huerta y Félix Díaz conferenciaban (…) El primer fruto del pacto se produjo en las horas avanzadas de la tarde, cuando a un destacamento de las fuerzas rurales se le ordenó avanzar al descubierto sobre la calle de Balderas. Las ametralladoras de los rebeldes de la Ciudadela (…) hicieron pedazos la cerrada formación de los rurales”.

Alfonso Taracena retrata, como si hubiera estado presente, la dimensión del fingimiento del traidor ya en obra: “Un armisticio concertado al amanecer es roto a las 2.00 de la tarde, debido a que no se llega a un acuerdo para la introducción de víveres en la Ciudadela, si bien Huerta dice a Madero que debían enviar a los sublevados hasta mujeres y licores para que cuando la fortaleza caiga no quede uno de ellos en toda la ciudad. Y levanta al presidente diciéndole: ‘Está usted en brazos del general Victoriano Huerta’”.

El 18 de febrero se precipitan los acontecimientos. Huerta se descara y arresta personalmente a Gustavo A. Madero, hermano del presidente, conocido por su influencia sobre don Francisco, y a éste mismo, en el Palacio Nacional. Para garantizar la paz según su modo de entenderla, el embajador estadunidense Henry Lane Wilson reúne en su oficina al rebelde Díaz y al infidente Huerta. El acuerdo entre ambos estaba siendo puntualmente cumplido, pero el diplomático metiche quiso ser parte y beneficiario del convenio. Allí se firmó el Pacto de la Embajada, según el cual Huerta asumiría la Presidencia y convocaría a elecciones que ganaría el sobrino del dictador huido a Francia; los intereses estadunidenses quedarían bien preservados en uno y otro caso.

El 19 de febrero Madero y el vicepresidente Pino Suárez, prisioneros en Palacio, son obligados a renunciar. Una Cámara entre timorata y temerosa acepta las dimisiones. El secretario de Gobernación, Pedro Lascuráin, suple a los renunciantes durante 45 minutos, suficientes para nombrar secretario de Gobernación a Huerta, que ha urdido toda la trama. Lascuráin se retira y Huerta es presidente. Que los reaccionarios en 1913 y en 2010 lo llamen “interino” no lo libra de su verdadero carácter de espurio.

Su felonía irá aún más lejos. Huerta mismo y el embajador de Washington engañan al cuerpo diplomático y a la familia de Madero, a quienes aseguran que el expresidente podrá salir al exilio. En vez de eso, Huerta ordena el traslado de sus eminentes prisioneros a Lecumberri. Y en el camino, los matones Cárdenas y Pimienta, a las órdenes de Aureliano Blanquet, un feroz traidor casi a la altura de Huerta y acatando instrucciones del espurio, asesinan al presidente y al vicepresidente. Como ocurre en 2010, se simula un tiroteo, y se informa que Madero y Pino Suárez fueron víctimas del fuego cruzado entre sus custodios y una banda que pretendió rescatarlos. Un daño lateral, pues.

Huerta se rodea de gente “decente” que no vacila en servir a un asesino, a quien en vez de vituperar se ensalza por haber salvado a México del peligro que era Madero para el país. En los siguientes meses, el espurio se portó como quien era: “En la persecución a los opositores a su gobierno destacó el asesinato del senador Belisario Domínguez y de los diputados Serapio Rendón y Adolfo Gorrión, así como el encarcelamiento de los integrantes de la legislatura, con el fin de elegir otra que aprobara todas sus medidas”, escribe el doctor Álvaro Matute en la muy sintética visión de esta época aparecida en la Historia de México, un volumen coordinado por la doctora Gisela von Wobeser, directora de la Academia Mexicana de la Historia con que el gobierno de Calderón festejó los centenarios.

“Huerta –continúa– se enfrentó al problema de que a pocos días de tomar el poder hubo cambio en el gobierno de Estados Unidos. El nuevo presidente Wodrow Wilson no aprobó la manera mediante la cual Huerta había llegado al poder y no le otorgó reconocimiento diplomático. Más adelante, ya en 1914, un incidente naval en Tampico, donde fue atacado un barco de Estados Unidos, propició el desembarco de tropas de ese país en Veracruz. Así, el gobierno de Huerta tenía que atacar varios frentes: la intervención, el Ejército Constitucionalista que avanzaba del norte al centro del país, y los zapatistas en el sur.”

Tras sucesivas derrotas militares, Huerta tuvo que renunciar el 15 de julio de 1914 y huyó del país. Pretendió volver año y medio después, y se radicó en El Paso, en una finca de su propiedad. Pero por burlar la ley migratoria (y hacer un guiño de buena voluntad al triunfante carrancismo) fue llevado preso a Fort Bliss. Allí murió víctima de cirrosis hepática. El salvaje bebedor que fue sucumbió al alcohol el 13 de enero de 1916.

En noviembre de 2010, vísperas del centenario de la Revolución que combatió, su recuerdo sobrevive, no sólo para su mal, pues sorprendentemente hay mexicanos que lo admiran.

Qué le vamos a hacer.

Tiranosaurio mex

Salón de sesiones en la SCJN.

Denise Dresser

MÉXICO, D.F., 22 de noviembre.- ¿En qué se parece la Suprema Corte a uno de los dinosaurios más grandes del mundo? ¿Por qué compararlos, si la Corte tiene su sede en la calle de Pino Suárez y el tiranosaurio habitó la parte occidental de Estados Unidos hace 65 millones de años? ¿Hay alguna afinidad entre una institución que imparte justicia y un reptil del Periodo Cretácico? Las similitudes no son obvias hasta que uno lee el documento elaborado por dos investigadores del CIDE –Carlos Elizondo y Ana Laura Magaloni– y titulado: ¿Por qué nos cuesta tanto dinero la Suprema Corte?”. Y allí en blanco y negro se percibe el parecido: la Corte, como el tiranosaurio, es un enorme depredador. Un carnívoro hambriento. Un espécimen que devora recursos de la ciudadanía como los dinosaurios devoraban las aves de su era.

El argumento detrás de esa enormidad es el deseo de asegurar la independencia y la autonomía del máximo tribunal. Antes de la reforma emprendida por Ernesto Zedillo en 1994, la Suprema Corte era una entidad sumisa, doblegada, guardián de los deseos del Poder Ejecutivo. No tenía el tamaño o el peso suficientes para ser considerada uno de los depredadores más feroces; ni a hadrosaurio llegaba. Pero a partir del parteaguas que el presidente impulsó, la Corte comenzó a cambiar en aras de convertirse en un árbitro jurídico creíble y aceptable. Esa tarea incluyó una serie de políticas diseñadas para asegurar su independencia: que los ministros duraran 15 años en el cargo, que sus sueldos no pudieran ser reducidos, que cuando se retiraran tendrían derecho a una pensión vitalicia, que la institución podía elaborar su propio presupuesto para que se incluyera –sin cambios– en el Presupuesto de Egresos, y que el presidente de la Corte tenía la facultad de administrar esos recursos como quisiera.

Y allí está el resultado casi 20 años después: una Corte independiente pero cara, autónoma pero rapaz. La independencia no ha asegurado el buen uso de los recursos. Más bien ha transformado a la Corte en un carnívoro constante que se alimenta a sí misma de forma ineficiente, irracional e ineficaz. En lugar de evolucionar y transformarse en pájaro, la Suprema Corte tan sólo prosiguió con las mismas prácticas del Pleistoceno priista. Y así, mordida tras mordida del presupuesto público, ha llegado a ser la Corte más cara del mundo, sin ser la más productiva o la más generadora de confianza ciudadana. Así como hay 30 especímenes de tiranosuarios rex, en México la Corte despliega un gran número de prácticas asociadas con su conversión en tiranosaurio mex.

Desde el 2003, el presupuesto asignado a la Suprema Corte ha aumentado. En 2009, la Corte gastó entre 40 y 90% más que los Poderes Judiciales en los estados. Hoy la SCJN gasta mucho más que otros tribunales prestigiados en el mundo. La Suprema Corte de Estados Unidos aplica el 37% de lo que ejerce la mexicana. La de Canadá gasta el 15.2% de lo que eroga la nuestra. El Tribunal Constitucional de España usa sólo el 14.4% de los recursos que se embolsa anualmente el de México. Y a pesar de que la SCJN gasta tanto, no es la más productiva. El tribunal constitucional de Perú resuelve 37% más asuntos que nuestra Corte, pero con un presupuesto equivalente a 3% del ejercido por nuestro máximo tribunal.

Y llegamos hasta aquí con una Suprema Corte cara y comparativamente improductiva porque ha seguido las prácticas del viejo régimen, las reglas del juego de la era priista que convirtieron la función pública en una fórmula para la distribución del botín. Para la contratación de familiares. Para la creación de empleos. Para el otorgamiento de favores. Para la institucionalización del patronazgo. Por ello nuestra Corte, con sus 3 mil 116 funcionarios, tiene casi siete veces más personal que la Suprema Corte estadunidense y 45 veces más que el Tribunal Constitucional de Chile. Peor aún: de esas 3 mil 116 plazas, el 75% son para funciones de carácter administrativo y sólo el 25% sirven en funciones sustantivas o jurisdiccionales. La Corte mexicana dispone de 108 secretarios de estudio y cuenta. Pues resulta que el Tribunal Constitucional Español tiene sólo 54 plazas similares, pero con la mitad del número que emplea la nuestra resolvió más casos en el 2009. Nuestro tribunal supremo es tan grande, pesado y aletargado como los fósiles de sus contrapartes dinosáuricas.

¿Y en qué gastan tanto? Pues cada uno de los ministros gana 347 mil pesos netos al mes, más que el presidente de la República, quien percibe 152 mil pesos netos. Gastan más en los sueldos que se otorgan que los ministros en Canadá, Estados Unidos, Alemania, España, Colombia y Perú. Gastan en pensiones vitalicias que van de 150 mil a 225 mil pesos mensuales. Gastan en seguros de gastos médicos mayores, por los cuales el máximo tribunal eroga de 10 mil a 100 mil pesos anuales por cada ministro, incluyendo a los ya retirados. Gastan una suma diaria de 33 mil 766 pesos presupuestada para alimentos por ministro. Gastan en viáticos para viajes nacionales e internacionales la cantidad de 19 millones 148 mil 457 pesos, que diariamente serían 54 mil 115 pesos por persona. Gastan porque pueden hacerlo.

Los ministros, lamentablemente, habitan ese país paralelo distinto al de la mayor parte de los ciudadanos. En esa otra realidad pueden ser los reyes mejor alimentados, los sultanes más apapachados, los dinosaurios más engordados. Desde su posición privilegiada no tienen que predicar con el ejemplo, dejar de autoasignarse prestaciones excesivas o injustificables, valorar la ética pública o afianzar la confianza ciudadana. Ante los escandalosos datos revelados por el CIDE han respondido con el silencio o la ofuscación. Quizás creen en el viejo dicho que se usa para justificar los sueldos altos: “si pagas cacahuates, obtendrás monos”. El problema no es que hayamos creado monos, pero sí hemos concebido un dinosaurio insaciable. Tenemos una Corte muy cara, mal administrada, con una burocracia demasiado amplia y con sueldos y prestaciones excesivas para los altos cargos. Un tiranosaurio mex que se nutre del erario y de los impuestos pagados por millones de ciudadanos.

La legislatura "ni-ni"

Los diputados invisibles.

Jesusa Cervantes

MÉXICO, DF, 19 de noviembre (apro).- La gran mayoría de los diputados no asiste a las sesiones ni está trabajando; vienen corriendo a votar y preguntan en qué sentido va el voto; no saben lo que se discute, por eso la historia va a calificarlos como la Legislatura ‘ni-ni’, que ni trabaja, ni estudia, ni resuelve, ni aporta… pero eso sí, ¡cobra!

La descripción no es mía, la formuló el diputado por Sinaloa, Miguel Ángel García Granados. Y qué razón tiene. Un ejemplo de ello fue la discusión del Presupuesto 2011, hecho que el mismo legislador criticó.

El 8 de septiembre llegó el paquete económico a San Lázaro pero no fue sino hasta el último momento cuando se aprobó; incluso, la Comisión de Hacienda, que preside el panista Mario Alberto Becerra Pocoroba, convocó a reunión para analizar y discutir la Ley de Ingresos, y simplemente dejó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que hiciera todo.

El PRI, y eso de “el PRI” hay que aclararlo, más bien “la cúpula” de ese partido, léase Francisco Rojas, los encargados del tema económico que representan a cada uno de los diversos grupos que hay al interior del Revolucionario Institucional, hicieron los cambios necesarios como para contar con una “bolsa” de 98 mil millones de pesos adicionales y poder “reasignársela a sí mismos” en los siguientes días.

Los días de verdadero trabajo llegaron a la Cámara hace dos semanas, cuando esas mismas cúpulas de los tres principales partidos se repartieron la bolsa de casi 100 mil millones de pesos.

En una semana, los representantes de los gobernadores presionaron al presidente de la Comisión de Presupuesto para buscar más recursos para sus entidades; incluso se llegaron a realizar pasarelas para recibir a mandatarios estatales y rectores de universidades.

Sin embargo, se trató de una simulación. La reasignación no la hicieron los 500 diputados, ésos sólo levantaron el dedo el 15 y la madrugada del 16 de noviembre, con sus excepciones, claro.

Los grandes montos reasignados los consumaron los funcionarios de Hacienda.

Durante la “discusión” del presupuesto, el diputado sinaloense, Miguel Ángel García Granados, subió a tribuna y dijo lo que muchos saben y no son capaces de mostrar vergüenza por ello: que el presupuesto lo realizan los funcionaros de Hacienda.

Relató el legislador que cuando los propios diputados acudieron a la Comisión de Presupuesto para demandar mayores recursos y argumentar el porqué de ello, siempre hubo alguien que les dijo: “Aquí no, ve con aquel hombre que está allá”. Luego se acudía con la persona señalada y éste, en tono altanero y prepotente, les decía: “Aquí no le mueven nada”.

Esas personas, que todo rechazaban, eran los funcionarios de Hacienda, incluso asesores de la dependencia.

¿Dónde quedó la función republicana que los 500 legisladores están obligados a asumir, dónde quedó su exigencia de cumplir la facultad que la Constitución les confiere: el ser contrapeso del Ejecutivo, el hacer cambios al gasto? Seguramente en algún cajón de sus oficinas.

Tan sólo dos muestras de la burla hacia los legisladores que ellos mismos permiten, no sé si por miedo a reclamar sus derechos y obligaciones, porque quieren ser candidatos a algún cargo en el futuro o porque no quieren contradecir “al líder” para no dejar de cobrar el jugoso cheque de 100 mil pesos libres al mes.

Los ejemplos.

La Comisión de la Defensa, que esa sí trabajó, discutió y elaboró un presupuesto adicional de 13 mil millones de pesos para el Ejército. Ese dinero no fue aprobado por las cúpulas del PRI, sin embargo, en lo oscurito, la coordinadora del PAN, Josefina Vázquez Mota, negoció en Hacienda para que se le entreguen cerca de 10 mil millones de pesos al Ejército, pero ¡fuera del presupuesto! O sea, por debajo del agua.

La razón sólo panistas y priistas la saben; una negociación que nada tiene que ver con el gasto fue seguramente lo que más pesó.

Otro ejemplo: los legisladores del campo pidieron 33 mil 800 millones de pesos para el sector; y se trabajó en ello, pero por decisión de “la cúpula” se le ‘volaron’ 4 mil 400 millones de pesos, en una decisión unilateral que ni el propio líder cenecista vio pasar.

Hábil para aquello de las presiones políticas, el líder de la Confederación Nacional Campesina (CNC), el diputado Cruz López supo de dónde venía el golpe y presionó, a tal grado que amenazó con dejar la curul.

Su determinación logró dividir a los priistas, pero no sólo eso, logró que quien había hecho los cambios y le había escatimado los recursos diera marcha atrás.

Así, el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, debió ordenarle a su hombre en la Cámara, Luis Videgaray, el presidente de la Comisión de Presupuesto, que hablara con Francisco Rojas, el coordinador del PRI, para que enderezaran el entuerto.

Por su parte Rojas, a quien en política se le identifica con Carlos Salinas de Gortari, el que por cierto será el padrino de bodas de Enrique Peña Nieto, también recibió órdenes para que regresara el dinero, para que buscara a los funcionarios de Hacienda y de nuevo negociara con la dependencia la creación de un fideicomiso de 4 mil 400 millones de pesos para el campo.

Así, de nada valió la desvelada de los legisladores que concluyeron la aprobación del presupuesto a las nueve de la mañana del 16 de noviembre. De nada porque Hacienda, los grupos de poder y las cúpulas de partido, son quienes deciden cómo distribuir el dinero. Nunca los diputados.

Pero eso sí, por su “trabajo”, cobran cien mil pesos libres de impuestos al mes.

Estos dos ejemplos dan la razón al legislador Miguel Angel García Granados, quien por lo menos se atreve a denunciar lo que pasa en la Cámara de Diputados.

Y si uno se pregunta por qué el Ejecutivo federal está tan feliz con el nuevo presupuesto y la respuesta se encuentra en que son ellos mismos quienes finalmente toman los acuerdos; ellos, Hacienda y los grupos de poder. Los diputados, en su gran mayoría, sólo cobran a la vez que protegen sus intereses políticos y de grupo. Por esas razones, propongo: eliminemos los 200 diputados de representación proporcional, que de nada sirven como no sea para formar parte justamente de esas cúpulas que lideran, por decirlo de alguna forma, al resto.

Comentarios: mjcervantes@proceso.com.mx

Opacidad universitaria

José Narro Robles, rector de la UNAM.

Ernesto Villanueva

MÉXICO, D.F., 18 de noviembre.- La UNAM ha merecido, sin duda, muchas medallas en distintos rubros, pero tiene una gran debilidad institucional: es opaca, no se somete a una rendición de cuentas y tolera la impunidad sin que pase nada. Existen elementos que permiten sustentar lo que afirmo. Veamos.

Primero. En el informe de labores correspondiente a 2009, el rector de la UNAM sostuvo que “la universidad cumple con el objetivo de garantizar el acceso a la información de la institución, a través de los 17 rubros obligados por la ley, que se incluyen en la Página de Transparencia Universitaria”. Esta afirmación es falsa, en virtud de las razones siguientes:

a). Confunde conceptos. El acceso a la información no se satisface solamente con poner parte de la misma a disposición de las personas en la web; requiere, además, de un sistema que permita enviar solicitudes y recibir respuestas. En otras palabras, el acceso debe cumplir con la información de oficio y con la información a petición de parte. La UNAM no cubre ninguno de ambos requisitos. La información de oficio es genérica, no desglosada y llena de datos ininteligibles, en tanto que la información a petición de parte es mínima e interpretada al margen de la ley.

b). Al solicitar, por ejemplo, las cédulas profesionales del personal que por ley debe contar con una, la respuesta de la UNAM fue que “no es posible entregar esa información por ser personal y confidencial” (respuesta del 18 de octubre de 2010). Esto, pese a que dicha información es pública en la Administración Pública Federal y en varias entidades federativas, en virtud de que es fundamental para proteger a la sociedad en la medida en que sólo los profesionales deben realizar determinadas funciones regladas por ley.

c). Al solicitar la información sobre los currículum vítae profesionales del personal de la UNAM, la respuesta fue idéntica a la anterior: se trata de información personal y confidencial. Sobra decir que el conocimiento del currículum vítae es una herramienta de control social para la rendición de cuentas en tanto permite saber si hay coincidencia entre el perfil del puesto y la persona que lo ocupa. Así, es posible que un personal de ayudantía del rector que no debe satisfacer ningún requisito tenga un salario mayor al de un profesor de tiempo completo titular C, quien al menos debe contar con un grado de doctor, así como con obra publicada, y haber aprobado exámenes de oposición.

Segundo. La UNAM cuenta con una de las altas burocracias más privilegiadas, que nada tiene que envidiar al personal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al de algunos organismos descentralizados. En efecto, el artículo 59 del Estatuto del Personal Académico dispone que un funcionario de la UNAM que ocupe un alto cargo y permanezca al menos seis meses en el mismo mantendrá su sueldo aun en el supuesto de que regrese a su plaza académica. La interpretación generosa para la alta burocracia ha generado una partida para que tanto funcionarios como exfuncionarios no pierdan sus altos ingresos. Al solicitar a la UNAM la lista del personal que mantiene ese sobresueldo, la respuesta fue: “Se trata de una información confidencial y reservada” (respuesta del 19 de octubre del 2010).

Esta respuesta es inconstitucional, pues todas las percepciones de las personas con cargo al erario deben ser públicas. En ampliación telefónica de dicha réplica, la Dirección de Operación de la Unidad de Enlace de la UNAM (27 de octubre de 2010) informó que ese sobresueldo se proporciona “para mantener el nivel de vida a la que están acostumbrados los altos funcionarios, cuya pérdida súbita del empleo puede generarles una afectación familiar y anímica”.

¿Por qué sólo se trata así a los altos exfuncionarios de la UNAM y no al resto del personal? ¿No creen que cualquier otra persona que pierde el empleo de manera “súbita” pueda tener afectaciones “familiares y anímicas”? ¿Por qué la Cámara de Diputados debe mantener en su Presupuesto de Egresos ese statu quo, que nada tiene que ver con la educación superior y sí con la existencia de privilegios ilegítimos que desvían recursos en perjuicio de todos?

Tercero. Al solicitar indicadores, evaluación del desempeño y programas de trabajo de los profesores de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la UNAM, la respuesta fue que para platicar sobre el tema el solicitante debía ponerse en contacto con el maestro Benito Hernández Jiménez. Por si fuera poco, el director de la Facultad, Ruperto Patiño, tiene como secretario particular ¡a su propio hijo!, quien despacha en una oficina contigua a la de su padre.

Por el contrario, a iniciativa personal de Diego Valadés como director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se puede verificar en la página www.juridicas.unam.mx la producción individual de cada uno de los investigadores del IIJ UNAM, así como el histórico correspondiente, lo que permite evaluar esta información de cara a la sociedad.

Al solicitarse a la UNAM por qué no existe un sistema electrónico de información del histórico de solicitudes, respuestas, recursos interpuestos y un buscador amigable que permita conocer de mejor manera la información pública de la universidad, la respuesta fue: “porque no está prevista en la legislación universitaria”.

De nada sirve tampoco inconformarse con las respuestas indebidas a las solicitudes de información, habida cuenta que la UNAM mantiene un sistema de revisión en el que los integrantes son juez y parte. Algo podrían hacer los diputados Luis Videgaray, Jesús Alberto Cano, Felipe Enríquez, Manuel Hinojosa, Mario Moreno, Rodrigo Zapata, Julio Castellanos, Alfredo Javier Rodríguez, Sergio Ernesto Gutiérrez, Vidal Llerenas, Rosario Brindis, Pedro Jiménez, Pedro Vázquez y Jorge Kahwagi, directivos de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, para acotar este estado de cosas. l

evillanueva99@yahoo.com

Oaxaca: La tentación autoritaria

Gabino Cué, gobernador electo de Oaxaca.

Lourdes Morales Canales

MÉXICO, D.F., 19 de noviembre (apro).- El gobernador electo Gabino Cué enfrentará en Oaxaca una situación nada fácil, pues si bien es cierto que el voto ciudadano le otorgó una legitimidad incuestionable (60% de participación ciudadana y nueve puntos de diferencia), el llamado “equipo de transición” ha tenido que recurrir al aval ciudadano, más allá de las urnas, para consolidar el arranque del nuevo gobierno.

La situación se mira compleja. Y no sólo debido a los pleitos por la maternidad de la transición --facturas que cobran grupos disímbolos entre sí, pero idénticos en cuanto a cultura política--, sino porque el PRI, nos guste o no, tiene razón al asegurar que Oaxaca es de razón y corazón priísta.

El significado de ser priista no proviene solamente del aumento en el porcentaje de votos respecto de la anterior elección de gobernador, pues si no se hubiera dado la alianza en Oaxaca, el PRI habría ganado la gubernatura, la mayoría en el Congreso y 104 de los 152 municipios que se rigen por el sistema de partidos políticos. El significado, pues, proviene de 81 años de hacer política “a la oaxaqueña” y del difícil legado de Ulises Ruiz Ortiz y sus antecesores.

Esto explica la reciente decisión en la 61 Legislatura de dejarle al PRI, ahora primera minoría, el primer año de la Comisión de Gobierno; a cambio se negocia un paquete de reformas constitucionales, electorales, municipales y de transparencia y participación ciudadana, que pretenden modificar el diseño institucional de la entidad, fomentar la democratización y la participación ciudadana y, por lo tanto, disminuir la concentración de poder del gobernador.

En Oaxaca, más que en otras entidades del país, el diseño jurídico y las prácticas políticas favorecen el ejercicio de poder autoritario. Los políticos de carrera lo dicen: “En Oaxaca hay un solo cacique y se renueva cada seis años”.

Para algunos, esta es la única forma de tener los hilos del poder en la mano y de enfrentar las frecuentes crisis de gobernabilidad o las presiones de grupos de poder que, hasta antes de la alternancia en la presidencia de la República y, por tanto, del control que ejercía el presidente príista sobre los gobernadores, hicieron caer a por lo menos seis de ellos (Edmundo Sánchez Cano, Manuel Mayoral Heredia, Víctor Bravo Ahuja, Manuel Zárate Aquino, Eliseo Jiménez Ruiz y Pedro Vázquez Colmenares).

Bajo el argumento de la gobernabilidad, en Oaxaca se ha mantenido hasta ahora a un Congreso y un Poder Judicial subordinados al Poder Ejecutivo, y hasta antes de la última reforma constitucional el Congreso tenía facultades para intervenir en cuestiones electorales (colegio electoral).

Además, se tiene una Procuraduría de Justicia y una Comisión de Derechos Humanos que funcionan al servicio del gobernador del estado, y unos órganos electorales tibios y sumisos.

Lo mismo sucede con la autonomía municipal. Mecanismos aplicados en Oaxaca, mismos que fueron explotados por José Murat y Ulises Ruiz –como la “desaparición de poderes” o el uso de los delegados de gobierno–, han servido para someter voluntades de cabildos enteros, no sin sangre de por medio.

En el caso de la “desaparición de poderes”, en el sexenio de José Murat al menos 56 municipios fueron gobernados por autoridades administrativas no electas por voto popular, sino por administradores o concejos de administración designados por el Congreso. Durante el sexenio de Ulises Ruiz, 25 municipios tuvieron la misma suerte, y ante los conflictos de poder, 15 de ellos presentaron casos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

A la fecha, el Congreso está facultado para desaparecer poderes o revocar mandatos por supuesta ingobernabilidad.

En cuanto a los delegados de gobierno, figura creada ante el fracaso por reducir el número de municipios en Oaxaca, la idea en un principio, dada la complejidad territorial (570 municipios, sólo cuatro de más de 70 mil habitantes), fue crear una estructura de gestión de servicios para las zonas más alejadas, con una o dos delegaciones en cada distrito electoral local.

En los hechos, los delegados no sólo se volvieron representantes de gobierno con facultades extra-constitucionales (mediación de conflictos electorales y agrarios, condicionamiento y gestión de recursos, intervención en la vida municipal, fuente de corrupción con las obras públicas), sino también operadores político-electorales, cuya buena o mala gestión es premiada con una diputación.

Otra característica de la real politik oaxaqueña es la forma de articularse con organizaciones y grupos de poder. Y es que además de la Sección 22 (del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación) y sus 70 mil afiliados, el débil sistema de partidos que hay en la entidad ha hecho que una serie de organizaciones y de líderes sociales condicionen su apoyo y adquieran privilegios a través de las movilizaciones y los plantones.

El gobierno de Ulises Ruiz trató de enfrentar el costo administrativo a través de la cárcel y la represión, lo cual terminó con un incremento en el costo de las transacciones, y no en balde la Sección 22 ya anunció que recibirá a Gabino Cué con una movilización.

Así, pues, las reformas podrán eliminar mecanismos institucionales autoritarios, pero se requiere más que una ley para cambiar los valores y comportamientos, de ahí la necesidad, bien identificada por el gobierno de transición, de mantener el bono democrático a través de la ciudadanía.

El legado de Ulises

Ulises Ruíz, gobernador de Oaxaca.

José Gil Olmos

MÉXICO, D.F., 17 de noviembre (apro).- Ulises Ruiz dice en la televisión que fue un orgullo ser gobernador de Oaxaca en los últimos seis años, y que, a pesar de que algunos grupos quisieron deponerlo, sus gobernados lo impidieron. “Pronto nos veremos”, afirma al final de su mensaje, dejando ver que seguirá actuando en la política con nuevos espacios de poder.

El cinismo ha sido una de las características que Ulises Ruiz ha mostrado desde joven, cuando era el operador electoral más avezado del equipo de Roberto Madrazo y de César Augusto Santiago. Desde mediados de los noventa ya se distinguía por ufanarse de saber cómo realizar un fraude electoral sin que hubiera réplicas de la oposición; con esas credenciales llegó a gobernar Oaxaca en 2004, dejando tras de sí una estela de violaciones a los derechos humanos, muertes, represión, impunidad y corrupción como ninguno otro de los gobernadores de esta entidad.

En la edición más reciente de la revista Proceso (número 1776) el corresponsal en Oaxaca, Pedro Matías, da cuenta de la larga lista negra que Ulises Ruiz dejará al nuevo gobernador, Gabino Cué, quien tiene ante sí la responsabilidad de dar una respuesta firme a las peticiones de justicia que los oaxaqueños han lanzado desde que el pasado 4 de julio perdiera el PRI las elecciones, por primera vez en 80 años de gobierno ininterrumpido.

Las cifras que aparecen en el historial negro de Ulises son una expresión del terror con el que gobernó y que con todo cinismo pretende hacer una virtud dentro del PRI: 200 asesinatos de luchadores sociales, políticos opositores y representantes indígenas; más de 600 detenciones, 380 casos de tortura, siete desapariciones forzadas, secuestros, cuatro periodistas asesinados.

En el reportaje se señala que también permanecen sin cumplir mil 264 medidas cautelares dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de periodistas, activistas, sacerdotes y pueblos enteros, lo mismo que las nueve solicitudes de juicio político contra Ulises Ruiz que no prosperaron y 40 controversias constitucionales interpuestas contra el gobernador por la destitución de funcionarios, discrepancias en la asignación de recursos públicos a los municipios y la revocación del mandato constitucional, principalmente de presidentes municipales.

El saldo negativo del gobierno de Ulises Ruiz no esta sólo en la parte social y de derechos humanos, también en las finanzas que han sido manejadas con dolo a favor de su familia y sus amigos.

Recientemente, a mediados de septiembre, fueron detenidos Daniel García Teurel Ortega y Martha Ortega Habib, hermana y sobrino del secretario de Finanzas del estado, Miguel Ángel Ortega Habib, por el delito de operación de recursos de procedencia ilícita. Ambos detenidos no pudieron explicar el origen de mil millones de pesos que tenían en sus manos.

El monto fue más de lo que reportó la Procuraduría General de la República. Según los legisladores del PAN y PRD en el Congreso de Oaxaca, en realidad se investigaban 4 mil 800 millones de pesos que fueron detectados en las cuentas bancarias de los familiares de Ortega Habib.

Desde el inicio, el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz ha estado salpicado por este tipo de escándalos financieros. Habría que recordar el reportaje publicado en Proceso por la reportera Patricia Dávila sobre el hospital privado SEDNA con un costo de mil 500 millones de pesos instalado en la Ciudad de México sin que haya claridad en el origen de los recursos utilizados. Dicho hospital está a nombre María de Lourdes Salinas Ortiz, esposa de Ulises Ruiz.

También los gastos erogados en la reconstrucción del Zócalo de la capital oaxaqueña a una constructora de su propia familia; igualmente los mil millones que gastó en la Ciudad Judicial, 11 millones 400 mil pesos que destinó a pueblos que integran la Ruta Dominica y 6 mil millones que deja como deuda pública por la firma de Contratos de Servicios de Largo Plazo, mejor conocidos como PPS.

Paradójicamente mientras hizo esos gastos extraordinarios sin ofrecer un reporte claro, Ulises Ruiz privó al ayuntamiento de Oaxaca de Juárez de más de 44 millones de pesos de recursos federales, lo cual generó un colapso financiero en la capital del estado, al grado de no tener ni para pagar el alumbrado público.

En sus últimos días Ulises Ruiz se ha dedicado a difundir una serie de mensajes como despedida de su gestión de seis años. En uno de ellos, acusa la existencia de “grupos” que tenían paralizado al estado pero que gracias a su gobierno, esto se superó y ahora Oaxaca está listo para seguir creciendo en paz; en otro anuncia que “pronto nos veremos”.

Esto es, quizá, lo que muchas organizaciones y personas lastimadas por su gobierno espera, pero verlo pronto ante tribunales judiciales, a fin de que responsa a todos y cada uno de los agravios. Si, pronto nos veremos, pero para ajustar cuentas con la justicia.

Genomma Lab, Televisa y Cofepris

Publicidad engañosa.

Jenaro Villamil

MÉXICO, D.F., 16 de noviembre (apro).- Cualquiera que sintonice la televisión abierta o restringida puede comprobar que la pantalla está inundada de productos para disminuir el acné (Asepxia); el anticelulitis Goicoechea, que hace milagros; la crema Ciatricure para desvanecer cicatrices y arrugas; el antiestresante Dalai; los analgésicos X Ray; el Ultra Bengué antirreumáticos; medicamentos para bajar de peso y hasta estimulantes sexuales.

Más de 120 de estos productos conocidos como “milagro” pertenecen a la poderosa trasnacional Genomma Lab, y una línea de 167 medicamentos genéricos se ubican dentro de la marca llamada “Primer Nivel”, también pertenecientes a esta compañía, ubicada como una de las diez de mayores ventas en productos farmacéuticos en México.

Tan sólo en 2008, según un estudio citado por Jorge Bravo, Genomma Lab obtuvo ingresos por 2 mil 629 millones de pesos, casi 30 por ciento más que en 2007. El 91 por ciento de estas ventas se realizaron en México. La inversión en publicidad, mercadotecnia y fuerza de ventas ascendió a mil 294 millones 526 mil pesos.

Más del 60 por ciento de esta inversión se ha destinado a las campañas en medios electrónicos, especialmente, en Televisa. Desde el 30 de agosto de 2009, la compañía dirigida por Emilio Azcárraga Jean anunció una sociedad con Genomma Lab para crear la empresa Televisa Consumer Products USA (TCP), con una mayoría de 51 por ciento de la empresa mediática y un 49 por ciento de Genomma “para vender y distribuir productos de cuidado personal y medicamentos de libre venta en Estados Unidos y Puerto Rico”.

El comunicado oficial afirmó que “como parte de esta alianza, TCP firmará, entre otros, un contrato de suministro de productos con Genomma Lab. Televisa pondrá a la disposición de TCP sus diferentes plataformas de medios en los Estados Unidos y Puerto Rico, lo que proveerá a las marcas de Genomma Lab con una cantidad significativa de publicidad en el mercado objetivo de acuerdo al modelo de negocio de Genomma Lab”.

Esta alianza, con una clara intención de expandirse e incorporar en México sus productos, especialmente la de los medicamentos conocidos como Primer Nivel, han tenido como principal obstáculo, la actuación de la Comisión Federal de Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris), dirigida por Miguel Angel Toscano.

La Cofepris ha afectado directamente los intereses de Televisa y de Genomma Lab no sólo en la comercialización de “productos milagro” sino también en muchas otras estrategias más agresivas, lo cual explica, en buena medida, uno de los sesgos que adquirió el famoso “audioescándalo” que se transmitieron en todos los canales de televisión y frecuencias radiofónicas de Televisa durante la semana pasada, como si se tratara de un infomercial más.

El golpe más directo fue el 18 de septiembre de 2009, cuando la Cofepris ordenó el retiro de uno de los mensajes de Genomma Lab que se transmitían en radio y televisión.

Cofepris respondió así a una denuncia presentada por otros laboratorios nacionales, respecto a los medicamentos llamados “Primer Nivel por tu Salud” en los cuales “se omite aclarar que menos de la mitad de esos productos no han comprobado su calidad y eficacia y que sus precios son más caros que los genéricos intercambiables”, según afirmó Dagoberto Cortés, en ese momento presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos (Anafam).

“La mejor evidencia de que no tenemos ningún pleito es que hemos podido cohabitar con ya varios competidores: Farmacias Similares, el Doctor Descuento, los productos de Wal Mart, Soriana y Comercial Mexicana, entre otros”, afirmó el dirigente de Anafam.

Sin embargo, las diferencias entre Televisa y Cofepris van más allá de los intereses involucrados en Genomma Lab. Desde marzo de 2008, Cofepris se ha metido con mayor fuerza a la regulación de los “alimentos chatarra” o de altos niveles calóricos, cuya publicidad constituye una de las fuentes más altas de ingresos publicitarios para la televisora que controla el 70 por ciento de las audiencias masivas.

Según un estudio de la organización El Poder del Consumidor (EPC), un infante se encuentra expuesto a 12 mil anuncios de “comida chatarra” al año. El 46 por ciento de estos comerciales utilizan un regalo para provocar la demanda del producto y el 67.5 por ciento utilizó actores o conductores mediáticos para promoverlos.

En otras palabras, detrás del audioescándalo de la supuesta red de corrupción entre farmacéuticas y el Seguro Social está una demostración de fuerza de Televisa para, una vez más, demostrar que quien se meta con sus intereses recibirá toda la furia de la pantalla.

www.jenarovillamil.wordpress.com

Se evade el problema de fondo del IMSS

Calderón y Karam. Déficit.

Jesús Cantú

MÉXICO, D.F., 16 de noviembre.- El problema de fondo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es muy claro: los ingresos que recibe no alcanzan para sufragar los gastos que realiza para la prestación de los servicios médicos de sus derechohabientes. En la reforma aprobada en diciembre de 1995, que entró en vigor en 1997, se redujeron las cuotas obrero-patronales por concepto de Seguro de Enfermedades y Maternidad en 33%, y se determinó que, para cubrir el déficit que esto generaría, la aportación del gobierno sería fija (sin importar la cifra de ingresos de los trabajadores), con lo cual dicho monto se incrementó de 0.2% a 0.8% del PIB.

Esto fue insuficiente, y, de acuerdo con el director del IMSS, Daniel Karam, el déficit proyectado entre “los ingresos que por ley se obtienen para solventar el gasto de los seguros médicos” y los gastos que la institución realiza para ello “alcanza ya los 45 puntos del PIB”. Hace tres años y medio, el 3 de abril de 2007, el entonces director del instituto, Juan Molinar Horcasitas, señaló: “…hace décadas que invertimos en pacientes con dinero de los pensionados (…) esto se hace desde hace 25 años”.

Es decir, las reservas que la institución debe preservar para el pago de pensiones se desvían a la atención médica de los derechohabientes desde 1982; pero en lugar de atender ese problema, se impulsaron las reformas a los sistemas de pensiones de 1995 y 2007 (la primera, con el fin de crear el sistema de las Afores para los derechohabientes del IMSS; y la segunda, en el mismo sentido, pero para los trabajadores y empleados del propio Seguro Social), cuyos beneficios para las finanzas de la institución no se percibirán sino hasta el 2022 y el 2033, que es cuando un porcentaje importante de los nuevos jubilados empezarían a recibir sus pensiones de parte de las Afores.

Para el año 2011 el IMSS solicitó un presupuesto de 255 mil millones de pesos, y se proyecta un déficit de aproximadamente 30 mil millones, de los cuales casi las dos terceras partes se solventarán con la Reserva del Fondo para el Cumplimiento de Obligaciones Laborales y de Carácter Contractual, es decir, dinero que se había resguardado para cumplir las obligaciones con los empleados y trabajadores de la misma institución, y que más temprano que tarde deberá reponerse.

El déficit es de tal magnitud que no puede resolverse únicamente con medidas administrativas. Aunque seguramente allí hay áreas de oportunidad muy importantes, para solucionar el problema de fondo solamente hay dos vías, que bien pueden ser complementarias: aumentar las cuotas obrero-patronales e incrementar las aportaciones gubernamentales, que dado lo limitado de los recursos públicos casi seguramente se traducirían también en nuevas cargas para los contribuyentes.

El problema es mayor y hay que atenderlo urgentemente, pues hace tres años y medio Molinar planteó que las consecuencias de no hacerlo son el deterioro del servicio y la inviabilidad del IMSS a futuro; y hace unos días Karam señaló: “Si queremos dotar de viabilidad y larga vida al instituto, entonces necesitamos emprender reformas de mayor alcance…”.

Pero casualmente en las dos ocasiones, pocos días después de estos planteamientos, surgieron acusaciones de corrupción al interior de la institución. El 5 de abril del 2007, dos días después de las declaraciones de Molinar, el periódico regiomontano El Norte publicó que el dictamen de la cuenta pública del 2005 de la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por 270 millones de pesos en el ejercicio de la partida para Adquisición y Abasto de Medicamentos y Materiales de Curación, en las delegaciones norte y sur del IMSS en el Distrito Federal.

Y en este 2010, una semana después del planteamiento de Karam, El Noticiero de Joaquín López Dóriga en Televisa difundió tres grabaciones en las que presuntamente un funcionario del IMSS proporcionaba información privilegiada a un directivo de un laboratorio farmacéutico a cambio de una comisión de 5% del monto de una licitación por 80 millones de pesos. Finalmente, se supo que en realidad era una conversación entre directivos de dos laboratorios farmacéuticos, lo que no salvó del cese al director de Adquisiciones del IMSS, César Mora Iriarte.

Hay mucho por hacer en el combate a la corrupción en México, y el IMSS no es la excepción, pero aunque la corrupción desapareciera no se sanearían las finanzas de la mayor institución de seguridad social en el país. El IMSS ha estado abandonado al menos desde 1982, cuando la adopción del modelo neoliberal en México condujo a la reducción del Estado mexicano.

Según Molinar Horcasitas, en 1982 el IMSS contaba con 1.86 camas por cada mil afiliados, y en 2007 eran únicamente 0.8; de acuerdo con un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), emitido en 2010 con datos de 2008, los 31 países pertenecientes a dicha organización cuentan en promedio con 12.8 equipos de resonancia magnética por cada millón de habitantes, mientras en México hay únicamente 1.5 aparatos.

Este es el tamaño del deterioro en los servicios de salud que enfrenta el país, y tiene que ver con el hecho de que el gobierno mexicano destina a gasto en salud menos de 3% del PIB, cuando el promedio de los países de la OCDE llega a poco más de 6%. Así, la reactivación del IMSS necesariamente pasa por la adopción de medidas dolorosas, como el incremento de las cuotas obrero-patronales en lo referente al Seguro de Enfermedades y Maternidad y una reestructuración profunda de las finanzas públicas federales, que incluye la redistribución del presupuesto; pero eventualmente también por una nueva reforma fiscal.

Por ello es preferible evadir la solución de fondo mediante la filtración de escándalos de corrupción o recurriendo a la aprobación de reformas cuyos efectos se resentirán varios lustros después. Pero los derechohabientes del IMSS ya resienten los efectos del deterioro de los servicios médicos a consecuencia del abandono de más de dos décadas de la institución.

Lío de faldas en el PAN

Las putas de la Zavala y la Flores

Álvaro Delgado

MÉXICO, D.F., 15 de noviembre (apro).- El proceso para relevar a César Nava en la presidencia del Partido Acción Nacional (PAN), que culminará el sábado 4 de diciembre, va más allá de una contienda entre cinco candidatos. Es, sobre todo, un pleito entre dos mujeres: Margarita Zavala Gómez del Campo y Patricia Flores Elizondo.

Ese es el motivo principal de la guerra soterrada en la facción del PAN que encabeza Felipe Calderón y que tuvo un episodio público con la salida de Patricia Flores Elizondo de la jefatura de la Oficina de la Presidencia, el 14 de julio, quien es, de facto, la coordinadora de campaña de Roberto Gil Zuarth.

La salida de Flores Elizondo del gobierno estuvo precedida de un tupido golpeteo en medios sobre supuestos conflictos generados por ella en la camarilla íntima de Los Pinos y, sobre todo, actos de corrupción mayúscula. Como la campaña fue orquestada por Maximiliano Cortázar, que filtró datos a columnistas afines, Calderón lo degradó a vocero del PAN.

Es sabido que Cortázar, un individuo que apenas terminó la secundaria, responde desde hace años a los intereses de los Zavala Gómez del Campo --al particular Juan Ignacio solía consultarlo desde el gobierno hasta en la más banal decisión--, un clan que apoya a Gustavo Madero, en cuyo registro estuvo presente la diputada local Mariana Gómez del Campo.

En la ceremonia en la que Calderón hizo públicos los cambios en su gabinete, que incluyó el relevo de Fernando Gómez Mont por Francisco Blake en la Secretaría de Gobernación y de Bruno Ferrari por Gerardo Ruiz Mateos en Economía, Flores Elizondo mostró un rostro desencajado, que no suavizaban las sonrisas entre irónicas y burlonas.

Menos de tres meses después, en la primera semana de octubre, Patricia Flores se exhibió con una actitud contrastante en la portada de la revista Gente, del Grupo Televisa, en una provocadora entrevista acompañada de un despliegue de fotografías que mostraban su característica sensualidad.

En esa entrevista aclaró que era falso que hubiera sido despedida del gobierno, sino que renunció por voluntad propia --“fue para darle aire a algo que ya estaba, de alguna manera, contaminado”--, pero que eso no implicaba su retiro de la política: “Sé mucho como para retirarme.”

Y después de dejar claro que su “relación” con Calderón es “inmejorable” --justamente lo que es identificado por los panistas como la razón de la disputa con Margarita Zavala--, Patricia adelantó que ambiciona, “en un futuro más o menos cercano”, un cargo de elección popular. “Yo no tengo prisa”, aseguró.

Pero prisa sí tiene: Quiere ser senadora en 2012 y, conforme a sus planes, también coordinadora de la bancada, ambición ésta que podrá materializarse sólo si quien preside el PAN es alguien que le deba el puesto. Y ese es Gil Zuarth.

Margarita Zavala quiere, también, ser senadora y, como Patricia, coordinadora de bancada, razón por la cual Maximiliano Cortázar le trató de construir, desde Los Pinos, una imagen de mujer “inteligente pero discreta”, contrastante con Marta Sahagún, reproducida por medios y comentaristas oficiosos.

Por las mismas razones que Patricia, la consorte de Calderón apuesta a que Madero sea el sucesor de Nava y sea ella no sólo senadora, sino coordinadora. Sabe que si gana Gil Zuarth, tan incondicional de su marido que se autodenomina sin rubor su guardaespaldas, hasta la senaduría está en riesgo.

Obviamente el riesgo de ese empleo remunerado con más de 150 mil pesos mensuales no es sólo para ella, sino para su familia, que milita en el PAN por racimos, y parvadas de panistas que viven de la política vivir.

Al final, sin embargo, será el propio Calderón el que decida quién será el próximo presidente del PAN, porque es dueño --por razones de nómina-- de las conciencias de la mayoría del Consejo Nacional, el órgano que tomará la decisión formal en poco menos de tres semanas.

Y, aunque hasta este lunes 15, Gil sólo tiene asegurados unos 150 consejeros nacionales (por cien de Madero, 60 de Cecilia Romero, 30 de Francisco Ramírez Acuña y 25 de Judith Díaz Delgado) y mantiene negociaciones con Romero, y aun ha buscado a Manuel Espino –la prórroga de su expulsión a eso obedece--, se prevé que al final Calderón rompa muñecas para imponer a un tercer presidente del PAN de manera consecutiva.

De Calderón dependerá que el futuro de Patricia Flores Elizondo sea distinto al de Rosario Robles, la experredista que se alió con Carlos Salinas, Diego Fernández de Cevallos y Carlos Ahumada, con la que se comparó en la entrevista con Gente, al definirla como una política “íntegra, con gran carrera… ¡Pero se enamoró!”.

Apuntes

Sólo la evasión de la realidad o la prepotencia puede explicar la trama para que Calderón se aumente el sueldo en más de 25%, y junto con él toda la alta burocracia. En este 2010 su sueldo es de 152 mil 567 pesos mensuales, ya descontados todos los impuestos, y pretende que el próximo año gane casi 200 mil mensuales, es decir, 198 mil 870 pesos. El Partido Mexicano de los Trabajadores de Heberto Castillo acuñó la consigna de “Salario mínimo al presidente, pa’que vea lo que se siente” y ahora se socializa otra: “El mínimo a Calderón por baquetón”…

Comentarios: delgado@proceso.com.mx

La guerra sin rostro

Escena de un asesinato en Sinaloa.

Javier Sicilia

MÉXICO, D.F., 15 de noviembre.- Toda guerra es terrible: muerte, miedo, despojo, odios que se expresan en atrocidades, familias rotas, miseria. Sin embargo, la guerra que desde hace años vive México tiene un sesgo inédito: carece de significado. Hasta hace poco –pienso en la Independencia, en la Revolución o en los movimientos armados de América Latina–, las guerras, con todo y su cauda de desgracias, se movían sobre ideas de justicia y de porvenir. Ideas abstractas, ciertamente, cuyas consecuencias resultaron contrarias, pero que al menos señalaban un horizonte sin el cual los seres humanos estamos privados de sentido. Hoy esas ideas no existen.

La mayor parte de las ideas de Felipe Calderón y su gobierno –no hablemos de las del crimen organizado–, que caminan en el sentido de la privatización, del fortalecimiento y la expansión de los grandes capitales, del dinero y de los privilegios, no son precisamente ideas que tengan que ver con la justicia y el porvenir. Por el contrario, han cobrado costos altísimos en miseria, división de familias y angustia que la guerra ha venido a potenciar.

En este sentido, no sólo vivimos una guerra inimaginable, sino también una sociedad inimaginable en el orden de la justicia y del porvenir. Una guerra cuyos rostros, como el de los torturados, sólo manifiesta las huellas del absurdo, hace que nos sintamos presos en una telaraña. No la podemos entender. No tenemos ninguna certeza de lo que saldrá de allí. Simplemente padecemos con la zozobra de los personajes de Kafka. Da la impresión de que habitamos en un mundo dirigido por fuerzas ciegas y sordas que se niegan a escuchar los gritos de advertencia, los consejos y las súplicas.

A fuerza de una violencia sin sustento, tanto Calderón como el crimen organizado han ido destruyendo algo fundamental para la vida humana: la confianza en que sobre la base de una política o de una guerra hay sentido de justicia y de porvenir. Por el contrario, a lo largo de estos años sólo hemos visto mentir, manipular, envilecer, torturar y matar. Nada ha podido impedirlo. No porque quienes perpetran esta guerra estén persuadidos –como lo estuvieron quienes las hicieron en el pasado– de la fuerza de sus ideas sobre la justicia y el porvenir, sino porque están poseídos por las fuerzas ciegas del mercado, que sólo puede mantenerse mediante un movimiento que se pretende perpetuo. Su dilema, como lo señalaba Jean Robert, es el de un Shakespeare pervertido: “crecer o dejar de ser”.

Ese crecimiento, como podemos verlo en las políticas económicas del gobierno y de la clase política, y en la guerra que en nombre de dicho crecimiento se ha desatado, sólo puede realizarse mediante la destrucción continua de dominios de existencia, de territorios y modos de vida; mediante la colonización de culturas, lenguajes y formas de pensar; mediante el despojo y el miedo. Así, en nombre del crecimiento, sea el de la legalidad (el del gobierno y los grandes capitales) o el de la ilegalidad (el del crimen organizado), vivimos una guerra sin significado que nos tiene en el terror y va ahondando la miseria.

En este caos es imposible la persuasión. Los seres humanos de este país hemos sido entregados a la violencia de fuerzas ciegas. Nos ahogamos en medio de gente que sólo cree en el poder del dinero. Y para quienes sólo podemos vivir con el diálogo, la amistad y las relaciones de confianza, la guerra que han desatado y la forma de vida que quieren imponernos son el infierno.

En este sentido, el problema político fundamental de México es saber si es posible seguir habitando un mundo en el que el crimen, en nombre del crecimiento –sea legal o ilegal–, está legitimado y la vida humana es vista como una realidad fútil –recursos humanos intercambiables, bajas colaterales, vidas prescindibles como las de los animales.

Si creemos todavía en que es posible hacer compatible la justicia, la paz social y el orden con la idea de la producción y el consumo desmedidos, habría que decir que sí, y entonces habrá que resignarse a una guerra cuyos resultados, en el orden del horror, son impredecibles. Si decimos que no, tendremos que aceptar que para detener esta realidad tóxica hay que inventar políticas que disocien la justicia y la paz de la cuestión del crecimiento, de la producción y del consumo desmedidos, y la asocien con la fuerza de las comunidades y sus relaciones de soporte mutuo.

Sólo mediante proyectos que recobren los ámbitos de comunidad, es decir, ámbitos de subsistencia, en donde la primera regla es asegurar los medios de sustento de los más débiles, podrá detenerse el absurdo. Esta lógica, ajena a las abstracciones de justicia y de porvenir de las guerras de antaño, y más ajena aún a las fuerzas ciegas de la guerra que hoy vivimos, hace posible la justicia y el porvenir en sus relaciones de solidaridad y de cooperación. Pero esto no depende ya del gobierno, que se mueve, al igual que el crimen organizado, en la racionalidad irracional de una economía del dinero, de la producción y del consumo sin límites. Depende de la gente y del sentido común, el más escaso –para nuestra desgracia– de los sentidos.

Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar a todos los presos de la APPO y hacerle juicio político a Ulises Ruiz.

Don Raúl Vera y los derechos humanos

Obispo Raúl Vera. Congruencia.

Miguel Angel Granados Chapa

A su regreso de Noruega, donde hace una semana recibió el Premio Rafto, la agenda de don Raúl Vera lo esperaba muy apretada. Se contaba con su presencia en dos actos simultáneos el jueves 11, en la Ciudad de México, y uno más el viernes 12, en Saltillo, la sede de su diócesis.

El 7 de noviembre recibió el Premio Rafto, en el Teatro Nacional de la ciudad noruega de Bergen. El jueves 11, a las 9:00 de la mañana, se instaló la Comisión Civil de Seguimiento de los Acuerdos SME-Gobierno Federal, de la que el prelado es miembro eminente. En el Senado, a la misma hora y el mismo día, se efectuó la primera sesión del Grupo de Trabajo de Participación Ciudadana, Capítulo México, de la Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción.

Y es que el senador Ricardo García Cervantes, quien encabeza ese capítulo, decidió que fuera la Familia Pasta de Conchos –una de las iniciativas más sentidas por el obispo de Saltillo– la que se presentara a hablar sobre la situación de la minería de carbón en Coahuila. Abordar en tribuna el caso de Pasta de Conchos costó a García Cervantes una burda reconvención del subsecretario del Trabajo Álvaro Castro, quien perdió –al menos formalmente– esa posición ante la severa respuesta institucional del Senado, que declaró inadmisible el reproche a uno de sus miembros sobresalientes y consiguió una rectificación de dientes para afuera del secretario Javier Lozano, cuya postura ante los deudos de la tragedia –crimen, mejor dicho– del 19 de febrero de 2006 estuvo claramente reflejada, en estilo y contenido, en la admonición del subsecretario al legislador.

El viernes 12 don Raúl Vera presidió, en la capital de Coahuila, una reunión organizada por muchos de sus feligreses para darle la bienvenida, en un acto que sería aprovechado para entablar un “diálogo sobre derechos humanos en México”. La organización corrió a cargo del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, otra de las fundaciones del dominico que se graduó como ingeniero químico antes de ingresar a la Orden de Predicadores. Ya antes, en 1988, había fundado un centro de asistencia social, “la primera de varias instituciones que ha apoyado para asistir a gente pobre y marginada”, según informó a su auditorio la presidenta del Comité Rafto, Siri Gioppen.

Ese comité discierne desde 1987 el premio que lleva el nombre de Thoroft Rafto, un activista que antes de la caída del Muro y la disolución del campo socialista dedicó su esfuerzo a apoyar a disidentes en países sometidos al autoritarismo en Europa Oriental y en la Unión Soviética misma. A su muerte, y establecido el premio que lleva su nombre, los continuadores de su obra juzgaron necesario orientar a otras regiones del mundo su atención y, con la suya, la de vastos sectores de la opinión mundial que confían en los criterios humanitarios de esa organización noruega.

También ha tenido confianza en el Comité Rafto el correspondiente del Premio Nobel de la Paz. En cuatro ocasiones ya, recipiendarios del Rafto lo fueron después del Nobel, por la coincidencia en los principios que rigen la asignación de las respectivas preseas.

La primera persona colocada en esa situación fue la activista birmana Aung San Suu Kyi, quien recibió el Nobel en 1991. Mucho antes de entonces y aun hoy mismo ha pugnado por el cese del autoritarismo militar en su patria, Myanmar (antes Birmania), para abrir paso a la democracia. Cinco años después fue galardonado con el Nobel José Manuel Ramos-Horta, quien encabezó la lucha del pueblo de Timor Oriental por sacudirse el dominio de Indonesia, que debió retirarse de aquella isla –cuya población es de ascendencia portuguesa en el océano Índico– a causa del movimiento de opinión mundial en torno a Ramos-Horta, tras recibir los premios Rafto y Nobel.

En el año 2000 el premio discernido por el comité respectivo del Parlamento Noruego, en cumplimiento de las instrucciones de Alfred Nobel, fue otorgado a Kim Dae-jung, líder de la resistencia al militarismo autoritario en Corea del Sur, que llegó a ser presidente de esa república y desde entonces aboga por la reconciliación de las dos porciones en que la Guerra Fría dividió a Corea. En 2003, el Nobel fue para Shirin Ebadi, la legendaria juez iraní destituida de su cargo por su interpretación de las leyes islámicas en beneficio de la mujer y que como abogada ha luchado por la causa de las mujeres en una sociedad opresora. Además de su activismo civil, escribió el libro La jaula de oro, un alegato por la convivencia de formas diferentes de vivir el Islam.

A perfiles como esos corresponde ahora el del obispo de Saltillo. Así lo definió Siri Gioppen al hacer la semblanza del premiado este año con el Rafto: “Hay una clase de personas, muy escasas, que son referencia moral y cuya integridad constante les prepara a defender lo que consideran correcto sin hacer caso al riesgo personal que corran”. La oradora mencionó el paso de don Raúl por Chiapas y no pudo omitir una mención a don Samuel Ruiz, el hoy obispo emérito de San Cristóbal de las Casas. El dominico Vera había sido enviado a esa diócesis como adjunto con derecho a sucesión. Ignorantes quienes lo nombraron de su reciedumbre y sensibilidad humana, esperaron de él que acotara al obispo cuya pastoral indígena, cuya opción por los desvalidos irritaba al poder vaticano, y que al reemplazarlo desmontara su obra. La conversión vivida por don Raúl lo llevó hacia rumbos opuestos a los imaginados por sus promotores, que decidieron trasladarlo al norte, con la suposición de que, no habiendo allí indígenas con los cuales identificarse, el obispo se acomodaría al tradicional molde episcopal.

Nuevo mal cálculo. Don Raúl ha ejercido sus convicciones en varios campos. Lo preocupa la suerte de los migrantes hacia Estados Unidos, una corriente de los cuales pasa por Coahuila. Ha establecido dos centros de refugio para ese efecto: el de Saltillo, llamado Belén, ha atendido a 40 mil personas. Junto con esa atención a los seres humanos concretos, el obispo Vera es un activista en pro del reconocimiento de la dignidad humana de los migrantes, en pos de que se adopten políticas gubernamentales que en vez de perseguirlos los apoyen.

En lo que hace a la drogadicción y la violencia, ya no adosada sino consustancial al tráfico de estupefacientes, según explicó la humanitarista noruega, “el obispo Vera comparte la preocupación del gobierno por el poder y la violencia de los cárteles de la droga, pero critica sus métodos. No solucionan los problemas y debilitan la ley en vez de confirmarla”.

También preocupa a don Raúl “la exclusión social de los homosexuales, incluso por la misma Iglesia”. Para oponerse a ella apoya “la comunidad de San Egidio en Saltillo, (que) ofrece guía espiritual a jóvenes de toda orientación sexual, y don Raúl trabaja para promover su dignidad y sus derechos humanos”.

Como don Raúl, sin necesariamente conocerla, practica la máxima del obispo sudafricano y premio Nobel Desmond Tutu (“si usted permanece neutral en situaciones de injusticia, usted ya tomó partido por el opresor”), no ha vacilado en apoyar a las víctimas de la codiciosa e infame minería del carbón en Coahuila, a partir de la muerte de 65 personas en la mina de Pasta de Conchos hace más de cuatro años. De ser un obispo convencional, se hubiera amistado con los dueños de las minas y las acerías de la región norte del estado, en vez de enrostrarles su insensibilidad y sus violaciones a la ley.

Sin falsa modestia, el obispo dominico reconoció la proyección que el Premio Rafto da en el mundo, sobre todo en las civilizadas sociedades del norte de Europa, a la situación mexicana. Dijo al concluir sus palabras el domingo pasado que acaso la Fundación Rafto pudo haberse equivocado al elegir a una persona no adecuada para el premio 2010, “pero no se equivocó en elegir a México para denunciar ante la comunidad internacional la terrible situación de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, de parte del gobierno, contra hombres y mujeres, ciudadanos de nuestro país”. l