Exigen definición a Felipe Calderón sobre crímenes del pasado

Julio Pimentel Ramírez

Uno de los temas que el Gobierno de Vicente Fox deja pendiente en la agenda de derechos humanos es el relacionado con la investigación y sanción de las graves violaciones a derechos humanos cometidas en el pasado y al que, todo indica, Felipe Calderón relegará a un segundo plano, incumpliendo la obligación del Estado mexicano en materia de defensa de los derechos humanos y en garantizar el acceso a la verdad y la justicia de las víctimas y de la sociedad en su conjunto.

Específicamente se trata de lo referente a la represión de Estado en contra de movimientos sociales y políticos de oposición, misma que se tradujo en detenciones ilegales, torturas, ejecuciones extrajudiciales y cientos de detenidos desaparecidos durante la llamada "guerra sucia", además de las masacres del 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971.

Pese a la creación de una Fiscalía Especial para investigar estos hechos en 2002, el saldo final del pasado sexenio muestra pocos avances sustantivos en el esclarecimiento de estos crímenes, así como en lo tocante a su sanción y a la adopción de medidas de no repetición.

El 30 de noviembre de 2006, último día de la administración foxista, de manera oscura y silenciosa, el procurador de la República Daniel Cabeza de Vaca emitió el Acuerdo A/307/2006 mediante el cual anuncia la extinción de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), aduciendo que había cumplido con sus objetivos y que además, intentaba fundamentar, hay cosas más importantes que atender y hacia las que hay que canalizar los recursos de la dependencia.

A diferencia del 2001, en que Vicente Fox anunció con bombos y platillos la creación de la FEMOSPP, ahora de manera subrepticia se pretende dar carpetazo o relegar aún más el compromiso de conocer la verdad sobre los crímenes del pasado y castigar a los responsables de ellos. En esta encomienda todo indica que está de acuerdo el actual gobierno de la República, pues el que calla otorga y hasta el momento Felipe Calderón no se ha pronunciado al respecto, aunque en la vía de los hechos actúa en el sentido de las últimas acciones de su antecesor.

Ante esto varias organizaciones de derechos humanos y de familiares y víctimas de la llamada "guerra sucia", realizan una serie de acciones para exigir al Estado mexicano que cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos y se continúen las investigaciones sobre los delitos de lesa humanidad cometidos en el pasado. Emplazan al presidente Felipe Calderón a que fije su posición en este tema y demandan que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se pronuncie sobre el incumplimiento de la recomendación que emitió en el 2001 y que dio origen a la creación de la hoy desaparecida FEMOSPP.

A la fecha, señalan las organizaciones mencionadas, no se tiene conocimiento de que exista un acuerdo presidencial que abrogue el expedido por el Presidente Vicente Fox, por tanto exigen a Felipe Calderón informe públicamente respecto de lo siguiente:

¿Cuál es el balance que hace la Presidencia de la República respecto de la obligación del Estado mexicano de garantizar el derecho a la verdad y a la justicia a las víctimas y familiares de quienes sufrieron graves violaciones a los derechos humanos como consecuencia de los crímenes del pasado?

Demandan a Felipe Calderón que fije la postura de la Presidencia respecto de la permanencia o no de la FEMOSPP. Exigen que informe las nuevas medidas que establecerá su administración para cumplir las obligaciones de garantizar el derecho a la verdad y a la justicia que durante décadas ha sido negado a las víctimas, familiares y a la sociedad mexicana en general. Recuerdan que la CNDH no ha sido ajena a la problemática y en 1990 creó el Programa de Presuntos Desaparecidos e inició las primeras indagaciones sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado. A pesar de que en ese momento no se hicieron públicos los resultado de dichas investigaciones, se retomaron en 1999 y desembocaron en la Recomendación 26/2001, que consta de 532 expedientes relacionados con la guerra sucia, misma que fue aceptada por el gobierno de la República.

Así, el 27 de noviembre del 2001 el presidente Vicente Fox publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se disponen diversas medidas para la procuración de justicia por delitos cometidos contra personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado, mediante el cual se creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP).

Con sus carencias, la FEMOSPP representó la única vía institucional abierta por el Estado para investigar los casos de violaciones a derechos humanos ocurridas en el pasado. Así, las organizaciones de la sociedad civil junto con familiares y víctimas sobrevivientes comenzaron a coadyuvar en la integración de las averiguaciones previas. Aun previendo las deficiencias de la Fiscalía, consideraron necesario iniciar la defensa de los casos -con perspectiva de derechos humanos- ante la única instancia que ofreció el Estado mexicano para hacer valer el derecho a la justicia y el derecho a la verdad.

A pesar de que más de 500 casos incluidos en la Recomendación 26/2001 de la CNDH se encuentran sin determinación ministerial, el 30 de noviembre de 2006 el ex Procurador General de la República emitió el Acuerdo A/317/2006 mediante el cual anuncia el cierre de la FEMOSPP. Las organizaciones citadas consideran que lo anterior constituye un retroceso en el cumplimiento del derecho a la justicia y a la verdad de las víctimas y ofendidos por los casos investigados.

Como representantes legales de la coadyuvancia en los procesos iniciados, así como familiares y organizaciones que aportaron documentos y contactos para la investigación que concluyó con la citada Recomendación 26/2001, solicitan al Doctor José Luis Soberanes que con fundamento en las facultades que le otorgan los artículos 138, 139 y demás relativos del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Derechos Humanos informe sobre el estado de cumplimiento con el que esta instancia califica a la Recomendación 26/2001 considerando los recientes acontecimientos.

En caso de tener un cumplimiento parcial, exigen se aboque al seguimiento puntual de la misma para verificar se cumpla de forma cabal y comunique el avance que reporte en su momento la autoridad responsable.

Como se ha señalado reiteradamente, la perpetuación de la impunidad no sólo significa una denegación de justicia para las víctimas directas de tales crímenes y sus familiares, sino que también conlleva una afectación a toda la sociedad: en la medida en que no haya justicia para las víctimas del pasado no podremos construir un presente digno, del que queden definitivamente erradicados los más graves abusos a la dignidad humana.

La anterior aseveración queda confirmada a la luz de los últimos acontecimientos del pasado sexenio así como de los primeros de la actual administración, en los que ha prevalecido la política de criminalización de los movimientos sociales con su consabido saldo de asesinatos, torturas, violaciones, detenciones ilegales, desapariciones e incremento del número de presos políticos.