Gracias, chuchos

Julio Hernández López

Reconocer oficialmente la calidad de Presidente constitucional a Felipe Calderón, y allanar el camino para que entregue victoriosamente su primer Informe de gobierno, es una potente forma de validación de alguien hasta ahora tachado de espurio, lo que lastima y menoscaba la figura y estrategia de la “presidencia legítima” lopezobradorista y entrega un redituable capital mediático y político a una administración gubernamental que a partir de esta certificación de facto podrá intentar reformas jurídicas de fondo (fiscal, electoral y energética, entre otras), mayor control social (militarización, guerra sucia, manejo de medios) sin riesgo de contrapesos fuertes, y la institucionalización de las estrategias de suplantación electoral que con recursos públicos, alianzas panaleras y operadores gordillistas “ganen” los más importantes comicios venideros, sobre todo los de 2009, cuando se buscará instaurar una Cámara de Diputados dominada a la buena o a la mala (“haiga sido como haiga sido”) por el calderonismo en vías de legitimación “en los hechos”, al estilo que el PAN practicó en su momento con Carlos Salinas.

El PRD y Andrés Manuel López Obrador cometen un gran error al permitir que Felipe Calderón se coloque la etiqueta de Presidente constitucional, pues dicho término implica, entre otras cosas, que el ocupante de ese cargo emergió de un proceso electoral en el que se respetaron y cumplieron los principios rectores constitucionales de equidad, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. Si Calderón es el Presidente constitucional, entonces no hay ni puede haber “presidente legítimo”, y la resistencia civil pacífica contra el calderonismo debe conducirse en términos estrictos de oposición política y electoral lealmente respetuosa de una realidad constitucionalmente asentada y de las autoridades legítimamente emanadas de un proceso constitucionalmente aceptado aunque discursivamente impugnado. Ser constitucional es ser legítimo en los términos de una constitucionalidad que abarca y excede lo legal, por más juegos de palabras con que el perredismo vencido por los virus dialoguistas y colaboracionistas pretenda diluir su claudicación histórica.

Lo que hoy sucede con la cesionista Ruth Zavaleta y los chuchos concesionarios cuenta con el aval solidario de López Obrador, según han dicho varios voceros (Javier González Garza y Ricardo Monreal, entre otros), sin que a la hora de teclear esta columna se conozca alguna precisión o desmentido de aquel a quien con este grandísimo fuego amigo le tratan de reducir a la cómoda condición de jefe de una resistencia política y anímicamente diezmada. Ya sea por un umbral de tolerancia de dimensiones hasta ahora desconocidas, por cálculos tácticos que requieren de silencio y contención, o porque la realidad política no le permite más que asirse a lo que estructuralmente le queda e impedir fatales fracturas partidistas, López Obrador ha sido insólitamente comprensivo con el emponzoñado batidillo reciente, del cual destacan las declaraciones y posturas de la diputada Zavaleta, quien ha empujado y abierto la puerta intencionalmente descuidada y debilitada por Nueva Izquierda para la convalidación de facto de Calderón.

Y ya en pleno abuso, el perredismo calderonista explora la posibilidad descarada de posponer la toma de posesión de la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados para que el primero de septiembre el control de las cosas quede en la panista María Elena Alvarez de Vicencio y no en la perredista Zavaleta, quien entraría en acción hasta el día cinco, ya ante hechos consumados (el anuncio lo hizo el diputado Antonio Ortega, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, órgano esencial para las negociaciones políticas con el Poder Ejecutivo, a cargo, obviamente, de un hermano del jefe Jesús). Ante la evidencia de los arreglos subterráneos, el PRD lanzó un comunicado negando tal posibilidad, que sin embargo se daría tan sólo con que antes del primero no hubiera un “acuerdo” entre bancadas.

Si todo camina conforme a las negociaciones visibles, este primero de septiembre, en San Lázaro, tomará posesión Felipe Calderón como Presidente constitucional y, sin necesidad de mensajes en tribuna ni debate con legisladores, hará sentir que todas las fuerzas políticas convergen en derredor de un proyecto de cambios negociados bajo la conducción del líder nacional reconocido, constitucional. Entonces, a partir de ese día, tal vez comience a gobernar de verdad una derecha resentida y voraz hasta ahora hipócritamente agazapada y políticamente entrampada. Gracias, chuchos.

Astillas

Por primera ocasión, esta díscola columna suscribe en todas sus letras una declaración del primer mago electoral del país, el todavía consejero presidente del Instituto del Fraude Electoral, quien ha dicho, entre despechado y amenazante: “si el Congreso de la Unión aprueba la remoción de los consejeros estaría aceptando, políticamente hablando, que hubo fraude electoral en 2006, porque no se podría entender de otra manera por qué los consejeros tenemos que irnos cuando hemos cumplido de manera legal nuestra responsabilidad”. Pero, aunque no los hicieran a un lado y terminaran el periodo para el que fueron contratados, tales consejeros, con su gordillista jefe al frente, serán señalados históricamente como corresponsables del fraude que organizaron y avalaron… Necesitado de algo que le dé brillo ante los paisanos reiteradamente engañados y abandonados, el indocumentado de Los Pinos pareciera interesado en sumar a su batería mediática de falsos éxitos el caso de la señora Arellano, quien durante casi una hora estuvo ayer, en algo parecido a un coco wash, en la casa presidencial… Y, mientras Cuauhtémoc Cárdenas reaparece en el Michoacán que el panismo y sus aliados han prometido al paisano Felipe como regalo electoral, ¡hasta mañana, con Raturo Montiel sufriendo penas inmobiliarias de amores divorciados y con Elba Esther alistando sus mapaches electorales para ayudar a Yunes júnior a ser alcalde de Boca del Río, Veracruz!