IFE: remociones imprescindibles

Editorial

Con el telón de fondo de la discusión en torno a una posible reforma electoral, parece gestarse un consenso para renovar al Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE). Según recientes declaraciones del senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Arturo Núñez Jiménez, existe un acuerdo entre las tres principales fuerzas partidistas del país para sustituir, de manera escalonada, a los consejeros del IFE, a fin de que la dirigencia de esa instancia esté completamente renovada antes de las elecciones legislativas de 2009.

Cabe recordar que la actual composición de ese organismo fue resultado de una componenda entre los legisladores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), los cuales impusieron, en octubre de 2003, a Luis Carlos Ugalde como consejero presidente del IFE. En esa transacción y por vía de ese funcionario, el cacicazgo de Elba Esther Gordillo, que entonces funcionaba como bisagra entre el PRI y el PAN, recibió una cuota de poder desmesurada.

La nueva dirigencia del organismo tenía como principal encomienda la organización y el arbitrio de las elecciones federales de 2006. Sin embargo, la falta de capacidad o de voluntad de los consejeros del IFE para aplicar la legislación electoral se puso de manifiesto desde seis meses antes de que se celebraran los comicios, cuando la presidencia foxista emprendió una descarada e ilegal campaña a favor del partido oficial y en contra de la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. El IFE tampoco detuvo a tiempo el manifiesto linchamiento propagandístico emprendido por círculos empresariales, mediáticos y oficiales contra la coalición Por el Bien de Todos y su aspirante presidencial.

En la recta final de la contienda, la sospecha sobre la imparcialidad de la autoridad electoral se vio acentuada por la estrecha relación entre Ugalde y Gordillo, la cual para entonces ya se desempeñaba abiertamente como operadora electoral de la candidatura presidencial panista.

El día de los comicios, el Consejo General del IFE hizo gala de torpeza, en el mejor de los casos, o de franca parcialidad, en el peor: detuvo la divulgación de los resultados preliminares y abrió, con ello, un vasto margen para la suspicacia y la incredulidad ante las cifras posteriormente difundidas. Ugalde llegó al colmo de invadir potestades que no le correspondían al declarar triunfador de la elección presidencial a Calderón Hinojosa. En los días posteriores se documentaron irregularidades que hacían necesario un recuento general de los sufragios, pero el IFE, al amparo de argumentos nimios y legaloides, se opuso sistemáticamente a ello y con esa negativa selló el descrédito de la institucionalidad electoral y contribuyó de manera decisiva al déficit de legitimidad que padece el actual gobierno.

Los integrantes del Consejo General del IFE tienen, en suma, una responsabilidad mayúscula en el descrédito en que se encuentra inmersa la institucionalidad política del país: son ellos los culpables de que una porción importante de la ciudadanía haya dejado de creer en la vía democrática y electoral como instrumento de incidencia en el poder y como cauce para superar los exasperantes rezagos sociales, la injusticia estructural y las graves distorsiones de la administración pública. Por lo demás, tal responsabilidad es compartida por los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quienes en su momento se negaron también a efectuar un recuento total de los votos del 2 de julio de 2006 y no hallaron mejor salida que emitir un fallo de manifiesta incongruencia: validaron el proceso electoral a pesar de reconocer que estuvo plagado de “irregularidades graves”.

La remoción de los integrantes del Consejo General del IFE es, pues, una medida de obvia necesidad y un primer paso para restaurar la confianza ciudadana en una autoridad electoral sumida en el desprestigio por sus propios dirigentes. Se requiere, además, de una reforma electoral que incluya la reducción de los recursos económicos asignados a los partidos, la disminución de los tiempos de las campañas, y un mayor control sobre los contenidos y la forma de contratación de la publicidad política, así como de mecanismos de sanción eficaz contra funcionarios públicos y entidades privadas que realicen tareas propias de los partidos sin tener facultades para ello. Es necesario, asimismo, establecer mecanismos de verificación de la voluntad popular que desvanezcan cualquier duda, como las que suscitaron los resultados oficiales de la pasada elección presidencial.

Cabe esperar que esta vez los legisladores de todas las bancadas actúen con altura de miras y se abstengan de considerar al IFE como una cuota más de poder personal, caciquil o partidario: es necesario que la reconstrucción de ese organismo sea encomendada a ciudadanos probadamente imparciales, sin compromisos facciosos y con auténtica vocación, trayectoria y capacidad de servicio a la sociedad.

Muy bien que los corran, pero no basta. Estos delincuentes deben ser enjuiciados por haberse prestado al fraude electoral y ser sancionados por los delitos cometidos. Nada de que se vayan tan campantes con los bolsillos retacados de billetes después de ultrajar la voluntad ciudadana. Eso es impunidad, la de siempre.