Hacia el primero de septiembre

Por Julio Pimentel Ramírez

Más de lo mismo: Carlos Salinas de Gortari y Felipe Calderón Hinojosa, dos gobernantes ilegítimos

III

En el ámbito de la política, el balance que entrega al país el modelo de desarrollo instrumentado desde el Estado mexicano, en consonancia con las líneas dictadas por el poder central del capitalismo en su fase neoliberal, del cual es una expresión más el actual gobierno ilegítimo de Felipe Calderón, no podía ser más insatisfactorio para los intereses de las mayorías.

La apertura política, incluida la electoral y la de los medios de comunicación, que se inicia a fines de la década de los 70s a partir de la presión de luchas sociales sobre la visión de un sector de la clase política que entendió la necesidad de oxigenar la realidad nacional, aunque fuese de manera limitada, finalmente ha devenido en un sistema de partidos que se encuentra en crisis y en el hecho de que las grandes cadenas de radio y televisión, así como cierto sector de la prensa escrita mantienen una relación de sometimiento y/o complicidad con el poder políticos.

En estos meses de administración calderonista y dado su cuestionado origen, los esfuerzos gubernamentales han estado dirigidos a tratar de convencer a la opinión pública que a partir del ejercicio del poder es posible alcanzar legitimidad, repitiendo bajo nuevas condiciones lo sucedido durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, quien diseñó golpes espectaculares contra adversarios políticos y tendió un manto con la aplicación de recursos a la administración de la pobreza a la par que profundizaba el desmantelamiento del llamado Estado benefactor.

Recuérdese el paradigmático caso del encarcelamiento de Joaquín Hernández Galicia, La Quina, en el que los voceros del régimen aplaudían el golpe dado al sindicalismo corporativo y corrupto pero callaban que en su lugar se imponía, sin la participación de los trabajadores, a una dirigencia sindical dócil al presidente en turno, corrupta y sin la menor sensibilidad social y "nacionalista".

En las páginas de POR ESTO!, diario de la Dignidad, Identidad y Soberanía, se denunció que en días pasados en Quintana Roo se reunieron los dos ilegítimo: el de 1988 y el del 2006, el primero de ellos, verdadero poder tras el trono, orientaría al actual espurio sobre lo que hay que hacer para alcanzar el anhelado reconocimiento si no del pueblo, que poco les interesa, sí de la clase política en su conjunto, incluidos los partidos de la izquierda electoral.

Los mexicanos sabemos en qué terminó el gobierno salinista, surgido también de un fraude electoral, conocemos y padecemos los resultados de una administración que abrió aún más las puertas al capital financiero, transnacional por esencia, privatizó una gran porción de la economía estatal, prohijó la corrupción entre gran número de intelectuales y políticos profesionales, sentó las bases de una profunda crisis económica que al estallar en diciembre de 1994 llevó a profundizar la inequidad social: empobrecimiento de decenas de millones de mexicanas y concentración desmedida de la riqueza en unas cuantas manos.

De manera enunciativa podríamos decir que los ejes de la estrategia del gobierno espurio han sido, principalmente: militarizar la seguridad pública y criminalizar la protesta social; estrechar alianzas con sectores sindicales corporativos y autoritarios, principalmente con Elba Esther Gordillo y el SNTE, al tiempo que fortalece acuerdos con las corrientes priístas de nuevo y viejo cuño (el represor Ulises Ruiz, el gober precioso, por nombrar los casos más connotados).

En este sexenio continúan los intentos de aprobar las llamadas reformas estructurales: privatizar la energía eléctrica y Petróleos Mexicanos; proseguir con el proceso de desmantelamiento de las instituciones de seguridad social, que incluye reformas privatizadoras a los sistemas de pensiones; reforma a la ley federal de trabajo, que en aras de la flexibilización laboral ponga fin a los contratos colectivos de trabajos, entre otras modificaciones que favorecen a uno de los factores de la producción, el capital, en detrimento del que genera plusvalía.

Entre estas reformas, caras a los intereses del capital financiero, a las transnacionales y a los intelectuales y políticos a su servicio, también destacan aquellas que coloquen en el llamado libre mercado a las áreas de la educación pública que representen un buen negocio para los inversionistas. Por supuesto que ningún empresario "emprendedor" va a invertir en escuelas destinadas para los que poco o nada tienen, para ellos que siga existiendo una educación pública cada vez con menos recursos y, si es posible, con orientación religiosa que inculque los preceptos de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana (no a la educación sexual científica y sin prejuicios, no al uso del condón, no al aborto, entre otros temas): no se olviden los esfuerzos de la derecha mexicana, que desde los tiempos de Benito Juárez intenta poner fin a la educación laica.

En cuanto a la política exterior, si bien distiende relaciones con Cuba y Venezuela, el diseño del gobierno panista se centra en que México se convierta en una pieza esencial de la estrategia de Estrados Unidos para América Latina, tanto en el terreno de la llamada lucha contra el terrorismo y el narcotráfico (con el llamado Plan México la administración calderonista sustituye a Colombia en el concepto geoestratégico estadounidense de control militar del Continente), como en el de la economía, pretendiendo extender el Tratado de Libre Comercio -que entre otros efectos negativos ha quebrado a la industria y a la actividad agropecuaria nacionales- al resto de países de la región.