Otros rasgos de la vejez

Hernán González G.

Ante la tradición legislativa de México uno puede reír, llorar o ponerse a rezar, pues una cosa son los proyectos bien intencionados y otra muy distinta los escasos, cuando no contraproducentes, resultados en los hechos”, escribe Graciela Cepeda López, y agrega: “incluida la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, emitida por el gobierno anterior en junio de 2002”.

“Que los lectores tengan presente –continúa Graciela– las gravísimas faltas y delitos en que han incurrido las secretarías de Gobernación, Educación Pública y Salubridad y Asistencia durante los pasados 47 años, al permitir la violación sistemática de la Ley Federal de Radio y Televisión, expedida en enero de 1960 por el entonces presidente de la República Adolfo López Mateos.

“En el tiempo de expedición de esa ley, incumplida y pisoteada como tantas, el secretario de Gobernación era Gustavo Díaz Ordaz, y el subsecretario Luis Echeverría Alvarez. Ello para que ninguno de esos tres ex presidentes ni cuantos los sucedieron, López Portillo, De la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox y ahora Calderón, tan distintos aparentemente, pueda, ante la historia, ser absuelto por su imperdonable negligencia en esta materia. Sus respectivas administraciones sólo han protegido a los irresponsables concesionarios de radio y Tv, en lugar de salvaguardar intereses comunitarios”, concluye doña Graciela su irrebatible reclamación, con unas consecuencias socioculturales no por calculadas menos nefastas para el desarrollo del país, como lo comprobamos a diario. Mientras, la Suprema Corte de Justicia continúa deliberando al respecto.

Las estadísticas hablan de que a finales del sexenio foxista el envejecimiento de la población había rebasado 7 por ciento, unos 8 millones de personas mayores de 60 años, situación que contribuye a complicar la ya problemática transferencia de recursos entre generaciones y a hacer más crítico el enrarecido escenario de las pensiones, sin considerar la incipiente reintegración de las personas de la tercera edad a actividades simbólicamente remuneradas.

A los bandos extremos, que sin matizar se empeñan en presentar como solución única la muerte inducida o, por el contrario, los cuidados adecuados hasta que la muerte sobrevenga de manera “natural”, hay que preguntarles: ¿cuántos de esos 8 millones de personas requieren “cuidados adecuados”, económicos, médicos y emocionales? ¿Provendrán éstos de familiares o de instituciones?

¿Cuántos profesionales debidamente capacitados y pagados tiene el país para ese tipo de cuidados? ¿En dónde y a qué costos? ¿Cuántos de esos adultos mayores desean seguir viviendo incluso con esos cuidados “adecuados”? ¿Bastan el afecto familiar y las creencias religiosas para atenuar las dependencias de la vejez y la angustia ante la muerte? ¿No va siendo hora de legalizar el testamento vital y de que la gente, en plenitud de facultades, no en etapa terminal, lo firme si lo desea? Con las leyes y la televisión hemos topado, doña Graciela.