¡Y encima privatizan las pensiones! (España)

Gara

En los argumentos que el Gobierno del PSOE esgrime para avanzar hacia la privatización de las pensiones -inviabilidad del actual sistema por la mayor esperanza de vida y necesidad de dar mayor rentabilidad a los ahorros- subyace la idea, según la autora, de que quien no posee más que su fuerza de trabajo llegue a ser considerado una «carga social».

En pleno desplome bursátil por la crisis hipotecaria en EEUU, el Gobierno de Zapatero, fiel al delirio neoliberal implantado por el sicario Felipe González, sigue adelante con el proyecto de ley que pretende dedicar parte de los fondos de pensiones (dinero público) a la especulación financiera (privada y especulativa, es decir, antisocial, improductiva y arriesgada). Y ello, aún a sabiendas de que el crack actual en las bolsas no es sino uno más de esos procesos recurrentes de desvalorización masiva del capital financiero que, como ocurrió en 2002, dejan en la ruina a montones de jubilados, crédulos inversores de fondos privados de pensiones.

Precisamente en el momento en que el escandaloso apagón de Barcelona evidencia una vez más las consecuencias de la privatización y monopolización de los servicios esenciales, los responsables del diseño de la política económica socialista, asalariados del capital financiero, quieren dar un paso más hacia la privatización de la Seguridad Social en general y de las pensiones en particular, y pretenden especular con el dinero de las jubilaciones, invirtiéndolo en bolsa en fondos de renta variable en lugar de en deuda pública, como hacían hasta ahora.

Tras consolidar los privilegios de la enseñanza privada, alargar la edad de jubilación y el periodo de cotización, abaratar el despido, recortar las prestaciones, blindar aún más la precariedad, fomentar la esclavización de la juventud vía pago de hipotecas y aumentar la pobreza en la vejez, el «progresista» equipo de hombres y mujeres del Gobierno español, con la inestimable colaboración de partidos regionalistas como PNV, UPN o CIU y de sindicatos de burócratas como UGT y CCOO, abre la espita para ir poniendo en manos del capital financiero, es decir, de los bancos, las cajas de ahorros y las compañías de seguros, lo que hasta ahora estaba (relativamente) fuera de su alcance y constituía uno de sus principales objetivos: la enorme cantidad de dinero que moviliza un sistema público de aseguramiento como es la Seguridad Social (Osakidetza incluida, claro). Una pequeña idea del sustancioso negocio que comporta la «gestión» de la vejez podría, por cierto, ser ese concurso público que ha organizado el Imserso, para el período de octubre de 2007 a mayo de 2009, que el Estado financia con 207,1 millones de euros, que una UTE participada por Viajes Eroski va a disputar a Mundosenior (Marsáns, Barceló, Iberia y Halcón), que el Gobierno de Madrid está a punto de adjudicar y que, desde luego, condiciona las coordenadas de la campaña electoral estatal.

El fracaso de la política de privatización de las pensiones llevado a cabo en Latinoamérica y de cuyo preciado botín tomaron parte las entidades financieras españolas (y vascas), fracaso reconocido por el propio Banco Mundial, no detiene tampoco a ZP, que cuenta, eso sí, con todo el poder mediático para legitimar, a través de un discurso demagógico y mentiroso, ese peligroso y antisocial cambio de orientación estratégica en la «rentabilización» del denominado Fondo de Reserva. La justificación la centran en dos ejes argumentales que, a base de repetir, intentan (¿consiguen?) convertir en «verdad»: el primero sería la falta de viabilidad del sistema de pensiones públicas debido al aumento de la esperanza de vida de las personas (la culpa es de los que viven/vamos a vivir más de la cuenta); el segundo, supuesta consecuencia del primero, derivaría de la necesidad de dar mayor rentabilidad al dinero «ahorrado» para las jubilaciones, por lo que lo conveniente sería invertirlo parcialmente en bolsa... a ver si, así llega para la supervivencia de los mayores en el asilo o en esa «residencia para mayores» cuya factura mensual, por cierto, mucha gente sólo puede pagar dejando su piso en manos de benefactoras instituciones como las cajas de ahorros y los bancos (y también la iglesia). Los viejos, como los enfermos (según el actual consejero de Sanidad del Gobierno Vasco), son, al fin y al cabo, «clientes».

Esos dos ejes argumentales son parte integrante de un mismo principio económico/político/ideológico, que viene a fortalecer aún más la hegemonía del capital financiero (funcional/estructuralmente fascista), y a dar cobijo a sus ingentes cantidades de mortífero dinero negro, sus paraísos fiscales, sus mafias, sus inversiones armamentísticas, sus guerras, su antiterrorismo y su cada vez mayor cuota de explotación y de muerte, ante una llamada izquierda totalmente inoperativa (ésa que se autoproclama izquierda abertzale democrática incluida). Y es que lo que subyace a esos dos ejes argumentales es que quien lo único que tiene en venta es su fuerza de trabajo, en la medida en que pierde esa capacidad, es una carga «social» insoportable que el Estado no tiene más remedio que «regular» y que «rentabilizar» como sea, y que, además, tienen que soportar los trabajadores en activo. La solidaridad intergeneracional desaparece. El reparto justo se convierte en reivindicación prehistórica.

Es obvio que ni los policías, ni los militares, ni los funcionarios, ni los jueces, ni los políticos, ni los seguratas, ni los curas, ni los brokers, ni los carceleros, ni los rentistas, ni los fabricantes de armas, ni un largo largo etcétera son «rentables» en esos términos de rentabilidad en los que pretenden colocar a los jubilados trabajadores: a todos esos que antes llamábamos parásitos sociales no los valoran, que se sepa, en términos «contables». Al contrario. Nos obligan a la mayoría trabajadora a contribuir fiscalmente en su cada vez más gravoso mantenimiento, como parte imprescindible del sostenimiento de un sistema crecientemente desequilibrado, injusto y, por tanto, represivo.

El asunto ya no va de una redistribución medianamente justa de la renta, ni de unas bases impositivas equilibradas en las que los que más tienen contribuyen en proporción. Eso ni se plantea. El asunto va de legitimar, como sea, el enriquecimiento sin límite de unos pocos en base a la explotación de la gran mayoría, incluida la de los tan poco respetados y tan manipulados «abuelos». Y de ir privatizando absolutamente todo, «justificadamente»; o sea, «porque no llega».

Nos siguen contando el cuento ése de que el PSOE, para ganar las elecciones (¿nos va en ello la vida?), tiene que hacer no sé qué extrañas virguerías en Catalunya y Nafarroa, machacar a la izquierda abertzale (no estoy hablando de Nabai, claro), ir de más de derechas que el PP en los temas socialmente básicos y de represión, convertir la política en un mercadeo repugnante, subvencionar a la fundación FAES de Aznar con casi tres millones de euros... dando a entender que lo bueno vendrá luego.

Pues no. El PSOE y sus acólitos regionales no nos van a traer nada bueno. Y, además, si quieren ganar, que se lo peleen y que justifiquen, entre otro montón de escandalosos temas pendientes, en base a qué pretenden poner en riesgo el ya de por sí injusto sistema de pensiones.

Frente a la cobardía y prostitución de la clase política, que diría Xirinacs, lucha y dignidad. Lucha y dignidad ante la vida y ante la muerte. Sólo eso, y no el dinero, nos hace humanos.

¡Qué padre! (o como dijeran en España ¡qué guapo!) gobierno de izquierda, si así está el de izquierda ¿cómo sería el de derechas?