Boletín Informativo ISA núm 186

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LAS VOCES LEGÍTIMAS (parte 2)

México en el contexto internacional

En dos entregas, el diplomático Gustavo Iruegas nos ofrece el análisis de la naturaleza de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), a la que denomina “entelequia” pues no es un organismo internacional, ni un “mecanismo”, ni está en la lista de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a la vez que responde a las preguntas ¿por qué carece de legitimidad y vulnera la soberanía nacional?, ¿por qué no se puede hablar de integración regional?, ¿qué relación hay entre seguridad y prosperidad?

Gustavo Iruegas. Integración por sometimiento (La Jornada). Se reunieron en Montebello, provincia canadiense de Québec, dos presidentes y un primer ministro, todos promotores de la ASPAN. Ninguno de los tres tiene la legitimidad o el permiso para comprometer a los Estados que representan en un proyecto de integración: dos han llegado al poder por la vía del fraude y otro encabeza precariamente un gobierno con estrecha minoría en un régimen parlamentario; ninguno cuenta con autorización legislativa ni pública sobre un ejercicio tan oneroso como el que plantea. Además de éstas, hay otras anomalías en el concepto, el proyecto y la práctica.

La ASPAN es una entelequia difícil de acomodar en la clasificación de las modalidades con que se reúnen los gobiernos en el ámbito mundial. No se trata de un organismo internacional: no surge de un tratado que le dé origen, propósito y personalidad jurídica. Como pretende compromisos que van más allá de la simple consulta y concertación, tampoco parece ser eso que se ha dado en llamar “mecanismo”, y que corresponde a reuniones entre representantes de gobiernos que se repiten en el tiempo, pero que no alcanzan la formalidad de la institucionalidad y carecen de capacidad vinculante. La propia SRE la excluye de su lista de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos, aunque sí incluye a la Cumbre de las Américas y al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que comparten esas carencias con la ASPAN.

La ASPAN, dice la SRE, “es un proceso trilateral, permanente, para una mayor integración de América del Norte, que será evaluado por los mandatarios de manera semestral”. Nada en nuestra Constitución, leyes o tratados autoriza a nadie a concertar de manera permanente ni esporádica integrar a México a ninguna otra entidad. El proyecto nacional actual no incluye la posibilidad de que México se convierta en algo mayor o menor o diferente de lo que es: una república federal, democrática y soberana. Por el contrario, el art. 25 dice: “corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución”. Hasta la contrahecha Ley de Seguridad Nacional tiene por objeto la preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio.

La integración es un acto social, económico y político de la mayor trascendencia. Equivale a la desaparición de dos o más Estados y la creación de uno nuevo. Para ser posible se requiere que las sociedades de los Estados a integrar sean homogéneas y que exista la voluntad nacional de integrarse. El requisito de la homogeneidad impide que la integración sea dañina para alguna de las partes, y la voluntad política, que implica la voluntad nacional e incluye la del gobierno, la de la sociedad, la de los grupos de presión, etcétera, necesita ser expresa y clara. De otra manera la integración será irrealizable. Cuando esas dos condiciones son cumplidas se inician dos tareas que conducen propiamente a la integración: la vinculación económica y la concertación jurídica.

Las sociedades canadiense y estadunidense son semejantes en sus culturas y sus niveles de desarrollo, por lo que la posibilidad de integración existe, aunque la voluntad nacional no. Aparentemente el gobierno sí está dispuesto a la integración, pero la sociedad no; la explicación está en que la población canadiense goza de servicios sociales de los que la estadunidense carece.

En cuanto a la integración con los otros dos Estados de América del Norte, el caso de México es diferente: las diferencias sociales con las otras dos naciones son abismales y la sociedad estadunidense no aceptaría, como no ha aceptado, la integración de la nación mexicana a la suya. La vía de promover primero el comercio (TLC) como motor de la integración ha resultado inoperante. Hace ya 25 años que el modelo neoliberal fue impuesto sobre nuestra economía; hemos firmado el TLCAN y la miseria de nuestro pueblo persiste, nuestros productores agrícolas están a punto de ser aplastados por los granos tecnificados y subsidiados de EU. La mejor demostración de que esos acuerdos han fracasado es que no han podido reducir la corriente migratoria que tanto lastima a México. La prosperidad no se ha iniciado.

Queda la parte de la seguridad. El concepto estratégico estadunidense post 11-S incluye crear un espacio de seguridad periférico a su territorio. El Atlántico, el Pacífico, Canadá y México. Mediante bases antimisiles y de otras clases, se defendería el territorio estadunidense de los ataques de sus enemigos terroristas y de las potencias militares que están surgiendo y resurgiendo en el mundo. Ese incremento de la seguridad de EU es contrario a la seguridad del país. México no se puede permitir el lujo de ser reclutado para pelear conflictos ajenos; su territorio no se puede ofrecer como campo de batalla ni su pueblo como carne de cañón para ahorrarle dificultades a la única potencia capaz de hacer cualquier guerra en cualquier lugar del mundo. El activo más preciado de la política exterior mexicana ha sido el no tener enemigos. La ASPAN se los procurará gratuitamente.

Un segundo aspecto de la seguridad es la lucha contra el narcotráfico. Para eso se ha ideado un Plan México que, se asegura, no es una versión adaptada del Plan Colombia. Poco importa que lo sea. De hecho, nada que EU haya aportado en ese sentido ha servido para mucho. Ni en su país ni en ningún otro. Su participación en la lucha contra las drogas en México será solamente una manera de justificar su presencia en territorio nacional, que será creciente.

También se asegura que las fuerzas estadunidenses auxiliarán a México para proteger sus instalaciones de ataques enemigos. El petróleo mexicano es hasta ahora una mercancía en el mercado internacional; en cuanto esté protegido por una potencia militar se convertirá en objetivo de los enemigos de esa potencia. La protección estadunidense aumenta el peligro. La parte de la seguridad solamente significa sometimiento, la de la prosperidad, si la hay, será para cualquiera menos para el pueblo de México.

En la práctica, los tres gobernantes han adoptado una manera de hacer las cosas que se basa en la simulación y el engaño. Ni en el comunicado conjunto que emitieron ni en la conferencia de prensa que ofrecieron al término de la reunión en Montebello mencionaron la crisis financiera en EU ni sus efectos en las dos economías adyacentes. Solamente hay dos explicaciones para ello: 1) Lo trataron y lo ocultan, 2) No lo trataron por simple e irresponsable negligencia. Ante los reclamos en los tres países sobre la gravedad de los compromisos que están adquiriendo en nombre de los pueblos que no han sido consultados, responden cínicamente que no se trata de nada estratégico y se han dado explicaciones que no por ridículas o contradictorias dejan de ser una verdadera burla.

Con ese criterio y desde la perspectiva estadunidense se argumenta en favor de la idea de la integración, pero desde la perspectiva mexicana, no es posible. En realidad cualquier gobierno mexicano de cualquier signo político debería rechazar la simple conversación sobre el tema, especialmente mientras la contraparte construye un odioso muro entre las dos naciones. El presidente de facto ha hecho lo contrario: ofrecer la seguridad de nuestro territorio y nuestro pueblo a cambio de la indulgencia estadunidense para el gobierno espurio.

Por tanto, los gobiernos integrantes de ASPAN y del mundo deben saber que el Gobierno Legítimo de México desconoce y repudia cualquier alianza para la seguridad de EU a costa de la seguridad de su pueblo y de la soberanía nacional. La denodada pero pacífica lucha que se da en México por la democracia, la justicia y la soberanía nacional está ahora en la fase de construcción de un poder popular que contrarreste al poder abusivo y a las instituciones corrompidas por la oligarquía cleptómana. Pero no se equivoque nadie, por la soberanía nacional sí peleamos.

Las voces tienen memoria

En un contexto nacional en el que la represión a luchadores sociales nos remite a escenarios que pensábamos superados, Rosario Ibarra y Luis Hernández Navarro se encargan en sendos artículos de refrescarnos la memoria sobre estos tópicos en nuestra historia reciente.

Rosario Ibarra. Soldados pobres, ¡Pobres soldados! (El Universal). El domingo temprano salimos rumbo a Chilpancingo. Ese día, 2 de septiembre, se cumplían 33 años del secuestro y desaparición del maestro Jacob Nájera Hernández, esposo de mi entrañable amiga Celia Piedra, a quien por tener el mismo apellido de mi esposo en aquellas tierras tan distantes de Monterrey, San Jerónimo de Juárez, Guerrero, sin conocerla, fue a la primera que quise llamar para formar en 1977 el Comité de Familiares de Presos y Desaparecidos Políticos.

Fuimos 15 integrantes de nuestra organización; 10 iban en carros y el resto en autobús. Se llevaría a cabo un acto en la plaza principal de Chilpancingo: Primer Congreso de América. Cubrimos el quiosco de mantas en reclamo de justicia para todos los desaparecidos en ese estado en tiempos de Echeverría y de todos los demás presidentes. También exigían la libertad incondicional de los dos integrantes del EPR que fueron secuestrados al parecer por el Ejército o por la PFP, que como antaño con los nuestros, violando preceptos constitucionales, se empecinan en negar su cautiverio.

Se presentaron también a hacer reclamos a la Junta de Conciliación y Arbitraje trabajadores del INEGI, que tienen nueve meses de estar en “plantón indefinido y pacífico”, en las afueras de su centro de trabajo, ya que tienen —dijeron— siete años de luchar por lograr justicia laboral. Hubo muchos testimonios de detenciones del pasado, de cuando Rubén Figueroa era gobernador, que “por suerte” —decían— fueron liberados. Ellos vieron con vida a muchos compañeros que aún continúan en calidad de desaparecidos y se rubricó el acto con el grito de muchas voces, fuerte, estentóreo, categórico: “¡Vivos los llevaron, vivos los queremos!”.

Después, bajo una lluvia menuda caminamos no lejos, hasta la calle Miguel Alemán, a la que rebautizamos con el nombre de Jacob Nájera Hernández, mientras aquí en el DF, a la misma hora se suprimía el nombre de la calle Gustavo Díaz Ordaz, para llamarla Epifanio Avilés Rojas, primer desaparecido de nuestra lista, que fue secuestrado por dos militares el 18 de mayo de 1969, en Coyuca de Catalán, Gro. Regresamos con un bagaje de denuncias de nuevas violaciones a los derechos humanos y fortalecidos los deseos de seguir luchando hasta cambiarlo todo.

A duras penas alcanzamos un autobús a las 4 con nueve minutos. Nos acomodamos Lety Tecla y yo. Más o menos a la altura del kilómetro 118 de “chilpo” para acá, el camión se detuvo en un retén, y dos soldados subieron a ordenar que todo mundo se bajara. Iban a “inspeccionar” personas y equipaje para ver si llevábamos armas o explosivos. A punto de ponernos de pie para salir, el más joven nos dijo: “Ustedes, no, solamente enséñenme sus bolsas de mano”, y con una sonrisa amable, como la de mucha gente buena de allá, se despidió diciendo “perdonen la molestia”... Probablemente nos vio viejitas. Apilaron en una banca destartalada el modesto equipaje de los viajeros y fueron esculcando en las pertenencias de todos, que mostraban gestos de disgusto unos y otros de resignación. Observé a los soldados... sus uniformes eran viejos, de colores desvaídos, y sus cascos mostraban roturas y desgaste de mucho tiempo. Tan distintos los pobres de los que rodean al señor que dice que es Presidente de México.

La falta de trabajo empuja a muchos jóvenes bondadosos como esos dos a entrar al Ejército, pero pronto ven que allí también hay diferencias y que a unos los tratan bien y a otros mal, y éstos, los pobres, los mal vestidos, son parte del pueblo, y aunque uniformados, también son explotados... Soldados pobres... ¡Pobres soldados!

Luis Hernández Navarro. La nueva guerra sucia (La Jornada). Un día después de dejar su cargo como presidente de la República, Echeverría montaba guardia de honor en el Hemiciclo a Juárez de la ciudad de México. Lo acompañaba su sucesor, José López Portillo. Era 1º de diciembre de 1976. La ceremonia oficial se realizaba sin sobresaltos hasta que una mujer diminuta, vestida de negro, se coló al acto. Indignada, le gritó al ex mandatario: “¡Ciudadano Echeverría, entrégueme a mi hijo... ya son muchos años!” La mujer era Rosario Ibarra de Piedra. El nombre del hijo cuya devolución reclamaba era Jesús Piedra Ibarra, víctima de la guerra sucia.

Sucedió el 28 de agosto de 1978. Unas decenas de familiares de opositores políticos secuestrados por el aparato represivo comenzaron un ayuno en el Zócalo. El primero de siete. Querían que se escuchara a quienes se les había quitado la voz. Exigían que se presentara con vida a los desaparecidos políticos. La huelga hambre en la Catedral tuvo que levantarse sin resolver sus demandas centrales. Años más tarde la causa que la animó obtuvo un triunfo cultural indudable. Un año y meses después del ayuno, el 12 de diciembre de 1979, con la participación de una buena parte de la izquierda radical y de organizaciones sociales, se formó el Frente Nacional contra la Represión (FNCR). El 15 de diciembre estaba en su casa el primer desaparecido.

Hoy, la historia regresa. A poco más de cuatro décadas de la protesta en el Hemiciclo a Juárez y 29 años después de la primera huelga de hambre para exigir la presentación de los desaparecidos políticos, organizaciones civiles y políticas volverán a dar vida al FNCR. En la primera línea de fuego, se encuentra la misma mujer que animó las iniciativas previas: Rosario Ibarra de Piedra. Según doña Rosario, en siete años de gobiernos panistas ha habido unas 100 desapariciones forzadas: 65 ocurrieron en el gobierno de Fox y más de 30 con Calderón.

De manera alarmante, en los dos años recientes se ha intensificado la violación a los derechos humanos. En México existen más de 500 presos políticos. La gran mayoría son dirigentes sociales y populares. Muchos son jóvenes. No son escasos los defensores de derechos humanos y del medio ambiente. Uno de esos presos es Santiago Pérez Alvarado, defensor de derechos humanos y activista ambiental detenido el 4 de julio y remitido al penal de Temascaltepec, acusado de secuestro. Acompañante y asesor de diversos movimientos en defensa del medio ambiente, promotor de la no violencia, participó en la lucha contra el desarrollo de un centro de esquí en el Parque Nacional Nevado de Toluca, impulsado por un grupo de inversionistas y el gobierno del estado.

El abogado Pérez Alvarado sensible a las injusticias y abusos contra campesinos, participó en la resistencia civil pacífica del Comité por la Defensa de los Recursos Naturales del río Temascaltepec, formado por decenas de comunidades del sur del estado de México, Guerrero y Michoacán. El comité se opuso a la construcción de la presa El Tule, mediante la cual se pretende captar agua del río Temascaltepec –clave para la economía regional– para conducirla a la planta potabilizadora Los Berros (la más grande del mundo) y bombearla a la ciudad de México y la zona conurbada.

Es en el contexto de esa lucha, iniciada hace nueve años, que se detuvo a Santiago. A pesar de que las comunidades afectadas entablaron negociaciones con el gobierno para frenar las obras, los trabajos continuaron. Agraviado, el pueblo de San Pedro Tenayac bloqueó el paso a la obra y retuvo, durante horas, a dos técnicos de la Conagua para exigir la presencia de las autoridades responsables. En ese momento el abogado se encontraba en la ciudad de México negociando con el gobierno.

Más adelante, debido al rezago en el pago de indemnizaciones por la afectación de cultivos y tierras de las comunidades, provocada por la construcción y operación del sistema Cutzamala, se creó el Frente Mazahua por la Defensa de los Derechos Humanos. Santiago fue su asesor. Al no obtener respuesta, la exigencia se convirtió en protesta. Las comunidades pusieron en práctica acciones de resistencia civil pacífica. Sin embargo, el gobierno del estado cooptó a algunos dirigentes y dividió al movimiento. Surgió así, con el apoyo de Santiago, el Movimiento Mazahua por la Defensa del Agua, los Derechos Humanos y los Recursos Naturales, que ha continuado en lucha.

La detención de Santiago Pérez, por hechos acaecidos hace más de nueve años –en los que no tuvo participación directa–, pretende “limpiar el camino” para reactivar diversos proyectos de desarrollo en la región. Sin embargo, esos negocios afectan el patrimonio natural y cultural de las comunidades del estado de México, que el abogado representa. Santiago es una víctima más de la nueva guerra sucia. Una guerra en que lo mismo se aprehende injustamente a líderes populares que se realizan desapariciones forzadas. Su caso muestra la vigencia que tiene el renacimiento del Frente Nacional contra la Represión.