Veracruz: ¿nueva base FOL del Pentágono?

Carlos Fazio

Bajo el disfraz de contratos civiles realizados por el gobierno de Estados Unidos, empresas privadas dedicadas al “arte de la guerra” se aprestan a operar en México. La denuncia, formulada el viernes pasado por el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, señala que la firma Sycoleman Corporation, con sede en Arlington, Virginia, está contratando mercenarios de nacionalidad estadunidense para operar un centro de espionaje aéreo en Veracruz. El proyecto, auspiciado por el Pentágono, se inscribiría dentro del plan que en materia de seguridad vienen negociando en secreto Estados Unidos y México y contaría con el aval de Felipe Calderón.

La convocatoria, denominada Centro de Operaciones del staff de vigilancia aérea Veracruz, México, establece, entre otros requisitos para los aspirantes, contar con antecedentes militares mínimos de tres años, específicamente en la operación de vehículos aéreos no tripulados (aviones que cuentan con cámaras de visión nocturna y envío de imágenes en tiempo real) y mantenimiento de helicópteros o “ala fija”. De preferencia se pide “experiencia internacional” en aviación y programas de seguridad, acreditada con servicios a “clientes” de Centro y Sudamérica.

De acuerdo con lo revelado por el general Roberto Badillo, diputado del PRI y secretario de la Comisión de la Defensa Nacional en el Palacio Legislativo de San Lázaro, se trataría de una típica acción de tercerización o mercenarización de la “guerra” a las drogas y el terrorismo en territorio nacional. Siguiendo la tendencia mundial, en años recientes ha sido una práctica habitual del Pentágono “subcontratar” la guerra a mercenarios que se hacen llamar contratistas militares privados. Los contratistas, también conocidos como perros de guerra o soldados free lancer, van adonde el Pentágono prefiere no ser visto. Esos ejércitos privados se dicen legales, pero no rinden cuentas a nadie y son un medio efectivo de extender el alcance militar cuando el Congreso y la opinión pública estadunidenses se niegan a pagar más soldados. En años recientes han ido a Bosnia, Nigeria, Macedonia, Colombia, Ecuador y otros lugares conflictivos del mundo.

El beneficio de esa forma de delegación de la participación en la guerra es obvio: en Estados Unidos significa que, apenas sin hacer olas políticas, se interviene en acciones militares en otros países. En tiempos de paz, los soldados disfrazados de civiles pueden actuar como un ejército secreto fuera del escrutinio público. En tiempos de guerra, mientras desempeñan funciones cruciales para el combate, no son propiamente soldados. No están obligados a cumplir órdenes o a seguir los códigos militares de conducta. Su obligación legal depende solamente de un convenio laboral, no de su país.

Según Adam Isackson, miembro del Centro de Política Internacional de Washington, la contratación por el Pentágono de empresas privadas, como Sycoleman, puede ser una cortina de humo para encubrir operativos contrainsurgentes: “Si ellos cruzan la línea entre la guerra a las drogas y la contrainsurgencia, la responsabilidad del gobierno de Estados Unidos sería menos directa, pues es una empresa privada. Y si alguno llega a morir, habrá menos presión para la Casa Blanca que si se trata de un soldado estadunidense”.

De acuerdo con los antecedentes del Plan Colombia, incluida la instalación de un Centro de Operaciones Avanzadas (FOL, por sus siglas en inglés) en la base aeronaval de Manta, sobre el Pacífico ecuatoriano –al que se suman los de Comalapa, en El Salvador, y los de Aruba y Curazao, todos bajo control del Pentágono–, el programado centro de espionaje aéreo de Veracruz sería un eslabón más, ahora en territorio mexicano, del nuevo andamiaje de seguridad estadunidense post Panamá en el hemisferio americano.

Elegidos en función de un esquema de “infraestructura de apoyo en ruta” a la Fuerza Aérea Expedicionaria de combate estadunidense, las bases FOL cubren una área geográfica mayor que la que abarcaba la antigua base aérea Howard en la zona del Canal de Panamá y permiten el aterrizaje de aviones de grandes dimensiones para el transporte de armamento y tropa, así como la instalación de sofisticados equipos para la recolección de datos de inteligencia, radares y antenas satelitales que garantizan movilidad aeroespacial estratégica al Pentágono y la posibilidad de conducir varias misiones de manera casi simultánea.

Situados en una línea borrosa que no distingue entre lo militar y lo civil, pero dedicados ciento por ciento a actividades castrenses que deben ser atendidas por las Fuerzas Armadas de México, los mercenarios, paramilitares o “técnicos” civiles estadunidenses que están siendo contratados por la Sycoleman Corporation para operar un centro de espionaje aéreo en Veracruz bajo control del Pentágono entrañan un grave riesgo para la soberanía nacional.

Todo indica que, al igual que en Colombia, la fuente de financiamiento será el gobierno estadunidense en el contexto de la “asistencia” militar contemplada en el Plan México. Sólo que hablar de “ayuda” militar es una falacia, porque de ahí saldrán los recursos para pagar los helicópteros y aviones producidos por Estados Unidos, la contratación de las compañías privadas, las asesorías y los entrenamientos. En el caso del Plan Colombia, el presupuesto no fue ninguna donación directa de Washington al gobierno colombiano; Estados Unidos mantiene la autonomía en el manejo de esos recursos.

De consumarse el plan, México habrá entrado de lleno en una fase de “colombianización”. Ante tal perspectiva Felipe Calderón deberá explicar a quién le rendirán cuentas estos Rambos sin dios y sin ley: ¿al gobierno de Estados Unidos o a sus contratos? Y en México, ¿quién asumirá la responsabilidad?