Arturo Balderas Rodríguez
Hay signos ominosos en la economía estadunidense y esos signos son aún más preocupantes en algunos de sus sectores. Ya se sabe que el mercado inmobiliario pasa por uno de sus peores momentos y que la crisis que lo afecta arrastra ya a otros sectores, principalmente el de la construcción. Es una crisis provocada por el sector privado que afecta ya al resto de la economía.
En el caso de la crisis en el mercado inmobiliario el sector público no es responsable, al menos directamente; de ahí que no se entienda por qué se hace todo lo posible por crear una donde no la hay. Se comentó en este espacio el serio problema que enfrentan los agricultores por la inminente escasez de mano de obra en el campo, debido a la astringencia cada vez más marcada de la política migratoria en Estados Unidos. Se decía también que era la oportunidad para desarrollar el campo mexicano en algunas regiones.
Las cosas parecen caminar más rápido de lo esperado. La semana pasada apareció en el New York Times una nota sobre 12 grandes empresas agroindustriales que trasladaron sus operaciones a México, donde emplean más de 11 mil trabajadores. El fenómeno no es nuevo, de acuerdo con declaraciones de uno de los miembros de la asociación de agricultores de California y Arizona. Lo nuevo es la “estampida” de agroindustrias ante la incertidumbre de encontrar trabajadores. Tal vez el problema no sea aún tan grave, como declaró Phillip Martin, de la Universidad de California; sin embargo, de seguir así las cosas, cada vez les será más difícil a estas empresas encontrar trabajadores.
No es posible ignorar que uno de los sectores que compiten con el agroindustrial por mano de obra proveniente del extranjero es el de los servicios, que, de acuerdo con las estadísticas, actualmente es el más dinámico de la economía estadunidense. En restaurantes y hoteles más de 50 por ciento de los trabajadores provienen de México y Centroamérica.
Por ello resulta un acertijo la política de las autoridades migratorias de incrementar las medidas punitivas para quienes contraten trabajadores sin documentos, y al mismo tiempo realizar redadas cada vez más frecuentes y de mayor alcance para capturar y deportar a quienes no posean documentos migratorios en regla. El celo con el que son aplicadas las regulaciones migratorias no corresponde con una realidad que pide a gritos el atemperamiento de esas medidas y una modificación de las normas que las sostienen.
La única conclusión posible de deducir en esta esquizofrenia es que alguien más se beneficia de una situación tan irregular y no tiene interés en resolver el problema, sino en agravarlo. Para todo fin práctico, los únicos que se beneficiarían de una situación como ésa serían quienes con el pretexto de la carencia de documentos pagan menos a sus trabajadores. Ni modo, la realidad es necia y las apariencias dejan de serlo cuando los hechos las evidencian.
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