Ana María Aragonés
El 2 de septiembre pudimos escuchar en voz de Felipe Calderón lo que piensa acerca de los migrantes indocumentados, y la verdad es lastimoso que en su gobierno no se haya dado ningún cambio, a pesar de que las condiciones de estos trabajadores se han degradado aún más a partir de la decisión de George W. Bush de aplicar en forma furibunda las leyes antinmigrantes. Ni siquiera después de conocer por conducto de Elvira Arellano, a quien recibió en su despacho, la tragedia que viven los mexicanos indocumentados a los que se les violan sus derechos humanos cuando son deportados y se les separa de la familia, podría esperarse un cambio.
Sabemos muy bien que el gobierno estadunidense no va a deportar a 12 millones de indocumentados, pues ese país simplemente se paralizaría, pero sí lo hará selectivamente como política de consumo doméstico para acallar las voces contrarias a los migrantes y con ello tratar, aunque infructuosamente, de recuperar popularidad, ya que Bush está consciente de que su debacle arrastrará al Partido Republicano en las elecciones de 2008.
Pero no se trata aquí de números, sino de personas, no importa si son cientos o millones: con uno solo bastaría para tomar decisiones y plantear acciones. Muchas palabras de Calderón, con entonación fuerte, como intentando convencer de que efectivamente está en desacuerdo –¡quién no!–, lanzando “una enérgica protesta por las medidas contra los trabajadores sin documentos” y contra la construcción del muro fronterizo. Pero esta alocución se convirtió en una triste perorata que no propuso ni la mínima estrategia para resolver la situación de los indocumentados. Por supuesto que hablar no empobrece, por lo que reiteró que seguirá apoyando una reforma migratoria, pero yo me pregunto qué piensa hacer para relanzar una reforma que está prácticamente en el suelo.
Es un argumento caduco decir en el contexto de la globalización, que nos interrelaciona cada vez más, que cada país es soberano de aplicar las leyes que convengan a su sociedad. Para empezar, la sociedad estadunidense está formada también por millones de mexicanos indocumentados, y cada ciudadano lleva una parte de la soberanía de su país, vaya donde vaya. Por tanto, el gobierno tiene una responsabilidad con ellos: impedir que sus derechos humanos sean violados, porque ello vulnera la propia soberanía de México. Los derechos humanos van más allá de los gobiernos y su consentimiento, pues son una norma imperativa universal del derecho internacional que está por encima de las soberanías nacionales.
Estados Unidos se encuentra totalmente desfasado respecto de otras democracias, como las europeas, que otorgan derecho de audiencia a quienes se pretende deportar para sopesar los argumentos antes de tomar alguna decisión y, por supuesto que los que más pesan son los relacionados con la unidad familiar.
Felipe Calderón se dice garante de los derechos humanos, pero por supuesto que no se le cree, sobre todo porque vimos muy quitados de la pena, escuchando el mensaje presidencial, a los gobernadores de Puebla, Mario Marín, y de Oaxaca, Ulises Ruiz, para los cuales no hubo ni la mínima mención que nos hiciera pensar que sus fechorías no quedarían impunes, a pesar de que hay pruebas contundentes que los incriminan, como tampoco la hubo para el caso de la indígena Ernestina Ascensión, cuya muerte sigue en entredicho.
Calderón habló de alcanzar “una nación moderna, dinámica, democrática, protagonista”, pero, ¿cómo se puede arribar a un país así cuando se permite que los migrantes sean criminalizados, violados en sus derechos humanos, cuando sus remesas no son utilizadas para beneficio de las comunidades expulsoras ni para impulsar proyectos productivos?
Lo menos que esperaríamos del gobierno mexicano ante tanto drama es que buscara interlocutores en organismos internacionales para denunciar una situación que va contra los más elementales derechos humanos, que aplicara alguna sanción económica, como podría ser exigir visas a los ciudadanos estadunidenses que pisan nuestro territorio, en fin, que llevara a cabo una política que expresara con hechos su convicción de que efectivamente va a luchar por la democracia de los derechos humanos.
Si bien México no ha cumplido con la población mexicana y de ahí la exportación de mexicanos, la migración cierra su círculo sólo cuando encuentra el factor demanda, y Estados Unidos es un pozo sin fondo de necesidades de mano de obra que lo ha convertido en el más importante receptor mundial de trabajadores, y por ello tiene una enorme responsabilidad en relación con los flujos migratorios.
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