Medidas fiscales propuestas por Calderón, sin análisis de verdaderos especialistas, revela estudio

Deben analizarse las condiciones de la población, señala la Facultad de Contaduría

Emir Olivares Alonso

La aplicación de medidas fiscales –como las propuestas por el gobierno federal– debe realizarse siempre y cuando se efectúe un análisis previo y exhaustivo de todas las condiciones de la población, y sólo después de un importante intercambio de ideas y propuestas con verdaderos especialistas en materia tributaria para evitar que esto sea contraproducente para el país, revela un estudio de la Facultad de Contaduría y Administración Pública de la UNAM.

El análisis señala que dicho intercambio debe darse entre especialistas que cuenten con un conocimiento “completo y aplicado” de la realidad económica mexicana para, en consecuencia, “estar seguros de que las reformas fiscales no contengan procedimientos que provoquen molestias y manifestaciones plurales que tengan como fin la evasión”.

En un contexto “estrictamente académico”, la Facultad de Contaduría hizo un balance de la propuesta fiscal de la administración de Felipe Calderón, donde diversos investigadores en la materia analizaron la llamada contribución empresarial a tasa única (CETU), el impuesto contra la informalidad, las modificaciones propuestas al Código Fiscal de la Federación y los impuestos sobre la renta (ISR) y especial sobre producción y servicios (IEPS).

En cuanto a la CETU, el análisis destaca que la propuesta contiene el mismo fundamento teórico de la Flax Tax, de Hall Rabushka, que es una forma de recaudación con base en un impuesto único a la renta que se aplica de forma pareja a trabajo, capital y consumo, aunque “se aleja de sus propósitos en algunos aspectos”.

Tal es esa diferencia, destacan los especialistas, que el resultado es que “el control que requiere ese nuevo impuesto se suma a las obligaciones tradicionales del ISR para las empresas; así, la simplicidad queda eliminada, pues sólo se lograría si, efectivamente, la CETU se convirtiera en la única contribución directa, desapareciendo el impuesto sobre la renta”, pues con el modelo propuesto por el gobierno federal la contribución empresarial a tasa única sólo se engrana al ISR y no funge como único gravamen.

Destacan que la ideología Flax Tax se basa en la decisión “profunda” de un gobierno de simplificar el sistema fiscal de un país, cuando ese sistema ha caído en extrema complejidad, pues hacerlo más complejo “resultaría en detrimento de la recaudación hacendaria”. Y aunque consideran que la CETU cumple aisladamente ese propósito, subrayan que ésta “basa su control en el flujo de dinero y no en controles con base en lo devengado que requieren una depurada habilidad para aplicar las normas contables”, por lo que no pueden darse ambos impuestos a la vez, como establece la propuesta del gobierno calderonista.

Se regulariza a unos afectando a otros

En lo que toca al impuesto contra la informalidad, el estudio académico refiere que hará posible la recaudación proveniente de personas que obtienen ingresos del ejercicio de la economía informal o de actividades ilícitas, pero su fortaleza se demerita porque también afectaría a los contribuyentes formales, debido a que durante el proceso de acreditación se les podrían retener contribuciones, ocasionando “la merma en sus flujos de efectivo, con todo lo que ello significa”.

Sobre las modificaciones propuestas al Código Fiscal, los académicos consideraron que la persecución contra los evasores no debe darse mediante el “desmantelamiento de las garantías de seguridad jurídica”, como plantea la propuesta calderonista, pues –indica el análisis– ésta suspende el cómputo de intereses en devoluciones sujetas a auditoría; la responsabilidad solidaria a administradores, contadores, abogados y asesores; hay pérdida del valor probatorio de documentos no exhibidos dentro del procedimiento de revisión; amplía las causas de presunción de ingresos y valores, e interviene de manera “desmedida” en el proceso penal.

La propuesta del gobierno sobre la integración del subsidio fiscal a la tarifa de impuesto sobre la renta, con una proporción de 86 por ciento para todos los asalariados del país, es “sin duda” una simplificación en el cálculo del impuesto, señala el estudio, pero acota que, sin embargo, “esta reforma incrementaría el impuesto a aquellos trabajadores para los que la proporción del subsidio, calculada con los datos de la propia empresa, sea superior a 86 por ciento, es decir, para los que reciban menos” prestaciones por las que no se paga ISR.

Por el contrario, concluyen los especialistas de la UNAM, “aquellos que reciban más prestaciones por las que no se paga ese gravamen serían beneficiados con esta reforma”.