Luis Hernández Navarro
El periodista Brad Will fue asesinado el 27 de octubre de 2006 en la ciudad de Oaxaca. No fue el único muerto de la jornada. Ese mismo viernes sangriento, en Santa María Coyotepec, grupos de pistoleros le quitaron la vida al profesor Emilio Alonso Fabián y al comunero Esteban Zurita López. Fallecieron también Emilio Alonso Fabián, Esteban Ruiz y Eudocia Olivera Díaz. Fueron heridas 23 personas.
Ese día, a partir de las cuatro de la tarde, el gobierno del estado desató la violencia en contra de quienes pedían la salida del gobernador Ulises Ruiz. Grupos de francotiradores, policías y pistoleros dispararon con armas de alto calibre sobre ciudadanos desarmados en, al menos, 15 puntos claves de la ciudad de Oaxaca. La represión se concentró en tres lugares en los que se habían instalado barricadas: Santa Lucía del Camino, población conurbada a la ciudad de Oaxaca; Santa María Coyotepec y San Bartolo Coyotepec. Ni agentes ni sicarios resultaron heridos. Todas las víctimas eran parte del movimiento contra el mandatario estatal.
El homicidio de Brad Will ocurrió en Santa Lucía del Camino. Un grupo de policías y autoridades municipales le disparó a 30 metros de distancia, mientras el documentalista grababa con su cámara el enfrentamiento entre integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y los funcionarios públicos y gendarmes sin uniforme.
La agresión fue salvaje. En Coyotepec, Esteban Zurita López fue ultimado de un balazo. Su cuerpo quedó tirado a media calle, entre barricadas y tráileres atravesados. A Emilio Alonso Fabián una bala le atravesó el corazón mientras trataba de huir. A varios maestros los machetearon. “Esa gente –dice uno de los testigos refiriéndose a los sicarios– iba camuflada como el pasto, parecíamos conejos a los que cazaban.”
Ese mismo viernes el gobierno del estado señaló que la señora Eudocia Olivera murió a bordo de una ambulancia, por culpa de las barricadas. Nunca informo a qué institución pertenecía la ambulancia, la causa de la muerte ni el hospital al que era trasladada. Cruz Roja negó que sus ambulancias hubieran atendido ese servicio. Urgencias Médicas, única que brinda servicio privado de traslado de enfermos, tampoco la atendió.
El Congreso de Oaxaca publicó desplegados en periódicos estatales exigiendo la intervención del gobierno federal y de la policía federal para restablecer el “estado de derecho”. Dos días después del operativo policiaco y paramilitar, en medio de un fuerte escándalo mediático, propiciado en mucho por el fallecimiento del reportero estadunidense, entró en la ciudad de Oaxaca la Policía Federal Preventiva (PFP).
Abel Santiago Zárate y Orlando Manuel Aguilar Coello, regidor de seguridad pública de Santa Lucía del Camino, y suboficial de la policía municipal, respectivamente, presuntos asesinos de Brad, fueron detenidos en un primer momento.
La prensa nacional y la cámara del documentalista asesinado captaron imágenes de estas personas disparando contra el occiso. Sin embargo, a principios de 2006 quedaron libres por “desvanecimiento de datos”. Ni siquiera se les interrogó y enjuició por el delito de actividades parapoliciacas y portación ilegal de armas.
Arteramente, a mediados de noviembre, el gobierno del estado hizo correr la versión de que los homicidas del reportero de Indymedia fueron dos activistas de la APPO que se encontraban a dos metros de distancia suya. No hay una sola evidencia sólida que respalde esta hipótesis. Los oaxaqueños en rebeldía pusieron los muertos; Ulises Ruiz pretende que también pongan los “chivos expiatorios” de los homicidios. La justicia oaxaqueña ni siquiera se preocupó por encarcelar un tiempo a los criminales que ultimaron a las otras víctimas del viernes sangriento. Es que, por lo visto, para ella la vida de humildes profesores y ejidatarios no vale siquiera una simulación.
El 28 de octubre de 2006, Magdalena Hernández, viuda de Emilio Alonso Fabián, indígena zapoteca, profesor de primaria de la zona de Pochutla, encabezó con un ramo de flores en el brazo izquierdo el cortejo fúnebre para enterrar a su marido. La noche anterior, debió enfrentar sola a la burocracia para que le entregaran el cuerpo. El séquito partió del centro de la ciudad rumbo a Candelaria, su pueblo, en la región de Los Loxichas. En el zócalo de la capital oaxaqueña los dirigentes de la APPO le rindieron homenaje, mientras todas las voces entonaban Dios nunca muere.
A finales de abril de 2007, Antonio O. Garza, embajador de Estados Unidos en México, escribió: “Las investigaciones realizadas en México sobre la muerte de Will no parecen haber progresado en absoluto y tampoco parece que haya un esfuerzo concertado para resolver el caso. Esta falta de avances es preocupante”. Seis meses después de sus palabras, la situación es exactamente igual o peor.
Kathy Will, madre de la víctima, dijo: “estamos desilusionados por la falta de una investigación neutral, objetiva y legítima sobre la trágica muerte de Brad. La investigación inicial de las autoridades locales fue mala, prejuiciada e ilógica en sus conclusiones”.
Un año después del viernes sangriento, los maestros oaxaqueños tomaron las calles para honrar a sus muertos. Con ellos estaba Magdalena Hernández, viuda de Emilio Alonso Fabián. Miles de trabajadores de la educación marcharon el 27 de octubre para recordar los homicidios, exigir justicia y mostrar que no han sido derrotados. En Cal y Canto, donde fue baleado Brad, los vecinos instalaron una cruz de madera y un tapete elaborado con arena de colores, veladoras y flores.
En Oaxaca la memoria sigue viva y la justicia no llega.
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