CMV: avances o escenografías

Editorial

Ayer, en la Convención del Mercado de Valores (CMV), gobernantes y empresarios trazaron el panorama de un país unido, de una economía reactivada, de inflación contenida, de necesidades sociales –por fin– en vías de resolverse, de una inseguridad superada, de fortaleza, de solidez y de certidumbre... La Presidencia, a juzgar por lo que dijo su titular, Felipe Calderón, considera que las dificultades que enfrenta el país son de dos tipos: los “problemas ancestrales” y los obstáculos económicos de orden externo; Guillermo Prieto Treviño, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), dio por aprobadas las reformas estructurales y opinó que ahora hay que dedicarse a captar más inversiones en el mercado y aprovechar los recursos de los empresarios institucionales para financiar la vivienda y la infraestructura, y detonar el crecimiento. Por su parte, Alejandro Valenzuela del Río, dirigente de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, consideró que el país ha dejado atrás “una década de parálisis” y se congratuló del crecimiento de la capitalización en el mercado bursátil. El secretario de Hacienda, Agustín Carstens, aseguró, en tanto, que la inflación de este año ha sido la más baja en Latinoamérica y ofreció que así seguirá este año.

Las únicas discordancias en este paisaje idílico corrieron a cargo del propio Carstens y del gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, quienes criticaron la pequeñez del mercado bursátil nacional. El actual responsable de las finanzas públicas regañó a los operadores de la bolsa por premodernos y por no aplicar estándares internacionales de gobierno corporativo, en tanto el titular del manejo monetario dijo que la mexicana es “una de las bolsas más chicas” del mundo y reiteró que apenas ha logrado recuperar el tamaño que tenía antes de los “errores de diciembre” de 1994.

Sin embargo, los desafíos de la economía nacional parecen ir más allá del enanismo bursátil, de los “problemas ancestrales” y de la desfavorable circunstancia externa. Amplios sectores de la población, posiblemente no representados en la bolsa de valores, ven estancamiento e incluso achicamiento económico, inflación descontrolada y desempleo persistente. La astringencia presupuestal es evidente en escuelas y hospitales públicos, y contrasta de manera indignante con el nulo interés oficial por investigar las clamorosas sospechas de enriquecimientos ilícitos entre altos funcionarios del foxismo. El flujo masivo de mano de obra a territorio estadunidense tal vez pueda ser contenido por la implacable persecución de las autoridades del país vecino a los trabajadores migrantes, pero no hay un solo indicio de que la política económica vigente logre mantener aquí a quienes migran en busca de empleo y de un nivel de vida mínimamente aceptable.

Los ciudadanos de a pie siguen enfrentando índices escandalosos de violencia delictiva. Las reformas estructurales se limitan a la confiscación de derechos de los asegurados del ISSSTE y a una miscelánea fiscal que los propios empresarios han considerado insuficiente. En suma, es posible que el optimismo que se expresó ayer en la CMV se base en mejorías reales en barrios residenciales y oficinas ejecutivas –ojalá–, pero el grueso del país permanece, en todo caso, al margen de esa bonanza.

No podría ser de otra manera. De entrada, el país vive el agotamiento del pacto social que permitió transitar a la modernidad; el “rumbo firme y claro” al que se refirió Calderón deja fuera a más de la mitad de los mexicanos, ya sea que la proporción se mida por el número de pobres o por quienes, según los resultados oficiales, no votaron por él ni por sus propuestas en las impugnadas elecciones del año pasado.

El México oficial ignora que la agenda de los damnificados de la economía tiene objetivos que en el encuentro de ayer no fueron ni siquiera mencionados: combate efectivo a la miseria y la marginación, reducción de la obscena desigualdad que caracteriza al país –el origen del problema es ancestral, sí, pero la inequidad se ha multiplicado al amparo de las políticas económicas vigentes desde el salinato a la fecha–, saneamiento profundo de la administración pública en todos sus niveles, democratización efectiva e impostergable y desmantelamiento de la red de complicidades que se extiende por varios sexenios y que asegura la impunidad tanto a funcionarios corruptos como a los servidores públicos responsables de atropellos y violaciones a los derechos humanos.

En tanto el grupo que detenta el poder no se entere de estas reivindicaciones y no las incorpore de alguna manera a la praxis gubernamental, no se reducirá la fractura política, económica y social, y los grandes avances anunciados por el discurso oficial seguirán siendo, a ojos de las mayorías depauperadas, meramente escenográficos.