En las listas de presos políticos “no están todos los que son ni son todos lo que están”

En Chiapas, las víctimas y sobrevivientes de una agresión son tratados como culpables

Blanche Petrich / III y última

Los hermanos Palemón, Rododlfo y Gerardo Cabrera González, campesinos defensores de los bosques de la sierra de Petatlán, Guerrero, quienes llevan varios años en el penal de Las Cruces, aparecen tras la rejilla de prácticas en la audiencia de ayer, donde estuvieron presentes varios “testigos” de crímenes de los que se les acusa Foto: Javier Verdin

El catequista chol Diego Arcos Meneses, poblador de Viejo Velasco, en el municipio de Ocosingo, Chiapas, está preso, acusado de homicidio a raíz de un ataque del grupo paramilitar del poblado vecino, Nueva Palestina, que pretende despojar a su ejido. En la acción fueron ejecutadas seis personas, y dos desaparecidas. Los peritajes demostraron que Arcos no disparó arma de fuego. En cambio, un paramilitar que sí disparó está libre. Es, sostiene el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, un caso “nada excepcional en el estado en el que las víctimas y sobrevivientes de una agresión son tratados como culpables”. Es uno de los 78 “presos políticos” de la entidad.

En Michoacán está preso Hilarión Torres, purépecha de Irícuaro y dirigente de la Organización Campesina Indígena Popular, que se opone al despojo de tierras comunales y bosques para destinarlas a proyectos residenciales y turísticos. Su hijo fue asesinado anteriormente por caciques locales. Otros 40 campesinos tienen órdenes de aprehensión.

Acusada de “despojo” por un terrateniente bajacaliforniano que ha invadido 700 hectáreas de territorio kumai en el municipio de Rosarito, la indígena Eva Carrillo Vega, de San José de la Zorra, Baja California, fue detenida en represalia porque su hijo, líder del movimiento en defensa de la tierra, está prófugo.

En la prisión de Tacotalpa, Tabasco, están presos desde hace 11 años Francisco Pérez Vázquez, de 70 años, y su hijo Angel Concepción. Son choles del norte de Chiapas, bases zapatistas, fundadores de la organización campesina Xinich. En busca de tierras migraron a Tabasco y se asentaron en Huacapal. Esas tierras entraron en conflicto con el ejido Tuitzol. En un enfrentamiento murieron dos personas de cada bando. A pesar de que los Pérez no estaban ese día en el ejido, fueron encarcelados y sentenciados a 25 años.

Diez indígenas nahuas de Ixhuatán de Madero, Veracruz, fueron apresados el 14 de junio durante un desalojo de tierras. Militan en el grupo Dorados de Villa y defienden tierras ejidales contra un intento de despojo apoyado por el gobierno de Veracruz. Ya están libres. Pero otro indígena de la sierra Zongolica, Isidro Tehuintle, fue detenido por la Agencia Federal de Investigaciones por realizar bloqueos. Fue una de las voces más críticas contra la versión de la “muerte natural” de la anciana Ernestina Ascensión, atacada por el Ejército en Soledad Atzompa.

En San Luis Potosí fue detenido Pedro Rebolloso, opositor a la minera San Xavier. Su arresto ocurrió en abril, durante un plantón en pleno centro de la capital potosina. La autoridad se desistió de su acusación y fue liberado mes y medio después.

En la Puebla de Mario Marín, dos defensores de derechos humanos fueron apresados en 2005 por órdenes del gobernador para satisfacer a un empresario textilero, Kamel Nacif: la periodista Lydia Cacho, quien había denunciado los nexos del llamado Rey de la mezclilla con redes de pederastas, y Martín Barrios, que documentaba la explotación de sus fábricas.

Historias como éstas suman cientos de expedientes en todo el territorio nacional. Pero en las listas que elaboran periódicamente grupos de defensores de “presos políticos”, como el Comité Cerezo, la Coordinadora Nacional por la Libertad de los Presos Políticos o la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, no están todos los que son ni son todos los que están.

Cruz Arteaga, abogada y esposa de un “preso político” y miembro de la coordinadora, que agrupa principalmente a familiares de presos que pertenecen a alguna organización armada, reconoce que las organizaciones humanitarias no cuentan con un concentrado sistemático, actualizado y confiable que contabilice los “presos políticos” en las cárceles del país, sean del fuero común o del federal.

“Cada grupo aplica criterios propios y definiciones diferentes para caracterizar al preso por causas sociales, al preso de conciencia”, admite.

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Son 12 los presos por pertenecer a organizaciones armadas. Cuatro están recluidos en penales de máxima seguridad. En todos los casos, la principal prueba incriminatoria es su declaración ministerial, arrancada bajo tortura. Dos de ellos, los hermanos Héctor y Antonio Cerezo, que aseguran no ser miembros de ningún grupo guerrillero, cumplirán el año próximo sus respectivas condenas de siete años y medio.

Jacobo Silva y Gloria Arenas son los guerrilleros de mayor jerarquía capturados; son los dirigentes del ERPI (Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente) detenidos en 1999, poco después de la escisión de este grupo, antes integrado al EPR (Ejército Popular Revolucionario). Silva, el comandante Antonio, fue detenido en el Distrito Federal. Arenas, la coronela Aurora, fue arrestada tres días después en San Luis Potosí. Una pareja más, Felícitas Padilla y Fernando Gatica, fue detenida simultáneamente en Chilpancigo. A los cuatro les fincaron cargos de homicidio. Padilla y Gatica salieron libres en 2004.

La hija de Jacobo y Gloria, Leonor, tuvo que pedir asilo en Canadá por amenazas y atentados. Se les acusa de homicidio calificado por la muerte de un civil, Gonzalo Morales, durante una emboscada del EPR en julio de 1996, año y medio antes de la escisión del ERPI, contra un convoy militar en una carretera cercana a Tixtla, Guerrero. Ellos sostienen que no estuvieron en esa acción y que en el proceso nunca se presentaron pruebas reales. Fueron sentenciados a 50 años de cárcel.

Hay otros cuatro miembros del EPR detenidos en 1996, el año en el que se anunció la formación de este grupo armado.

Sergio Bautista Martínez y José Luis López García fueron detenidos en Huixquilucan, estado de México, el 28 de agosto de 1996 mientras realizaban actividades de propaganda. Iban armados. Fueron acusados de homicidio en grado de tentativa y portación de armas, y sentenciados a 25 y 26 años de cárcel, respectivamente.

A pesar de haber presentado numerosos amparos para ser trasladados a un Cereso, siguen en penales de máxima seguridad, “que no se justifica, ya que se ha demostrado que no representan un peligro para la sociedad. Si acaso, representan un desafío para el gobierno”, señala Cruz Arteaga, abogada y esposa de Sergio Bautista.

Otros dos presos del EPR son Juan García Cruz y Santiago Sánchez Silvestre, recluidos en el Cereso de Neza Bordo. García es nahua de Puebla, y Sánchez, mixteco de Oaxaca. Fueron detenidos en junio de 1998 en una casa de seguridad en Tláhuac. Un año antes, de esa misma casa había desaparecido otro militante, Rogelio Cuevas, conocido como combatiente Gustavo. Juan y Santiago son acusados de haber sido detenidos, no en su casa en Tláhuac, sino en un operativo de propaganda armada en Santa Martha Acatitla. También se les relaciona con un enfrentamiento ocurrido en diciembre de 1996, donde murió un policía. La única prueba de esta acusación son sus declaraciones arrancadas bajo tortura.