Oleada de huelgas en Perú; cocaleros y médicos se suman al paro en universidades

Afp y Dpa

Lima, 29 de octubre. Unos 300 mil productores de hoja de coca y 16 mil médicos realizaron un paro de actividades en Perú, en demanda de mejores condiciones laborales y del cumplimiento de compromisos suscritos por el gobierno de Alan García, que enfrenta el mayor desafío social desde que asumió la presidencia.

Cocaleros y médicos se sumaron a los 21 mil profesores y 22 mil trabajadores de universidades públicas que están en paro desde hace varios días.

De acuerdo con el presidente de la Federación Médica Peruana, Julio Vargas, los 16 mil médicos emprendieron un paro de 48 horas para exigir al gobierno un incremento al presupuesto de salud equivalente a unos 600 mil dólares, cuyo objetivo es mejorar sus salarios y la infraestructura de los hospitales; también rechazan un proyecto de municipalizar la salud pública.

Exigen además el incremento de las pensiones de 2 mil 700 médicos cesantes y jubilados, así como el nombramiento de mil 700 contratados por el Ministerio de Salud a través de servicios no personales, que no gozan de derechos laborales como vacaciones y seguro social, entre otros aspectos.

En días recientes, la directiva del sindicato médico exigió la renuncia del ministro de Salud, Carlos Vallejos, al que responsabilizan de irregularidades detectadas en el Seguro Integral de Salud, y de la muerte de cuatro personas en el sur del país luego de ser vacunadas contra la fiebre amarilla. Vargas aseguró que la FMP tiene pruebas de que las inoculaciones estaban vencidas, acusación negada este lunes por Vallejos.

Si no se alcanza un acuerdo con las autoridades, los médicos amenazan con una huelga indefinida a partir de la segunda quincena de noviembre.

Según el Ministerio de Salud, la medida de fuerza en Lima sólo fue acatada por 13.8 por ciento de los médicos, y en provincias por 16 por ciento, aunque la FMP, que convocó al paro, discrepó con esas cifras.

El ministro de Salud calificó de “político” el paro de los médicos, aunque pidió a la directiva del gremio suspender la medida y continuar con el diálogo que, dijo, los médicos rompieron de manera unilateral.

Al mismo tiempo, unos 300 mil campesinos de 18 valles del país, agremiados en la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú, iniciaron una huelga indefinida para protestar por el incumplimiento del Acta de Tocache, en la que el gobierno se compromete a realizar un empadronamiento de los cultivadores de coca y a cesar las erradicaciones de cultivos.

Esta protesta se cumple con el bloqueo de la carretera Federico Basadre, en el departamento de Ucayali, y de algunos tramos de la carretera Marginal de la selva en la región Pucallpa, en el noreste de Lima.

La oleada de huelgas se incrementará con el paro anunciado para el 5 de noviembre por la Federación Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos que incluirá marchas hacia la capital desde diversos centros mineros, en tanto que trabajadores de la construcción civil y de otros sectores se alistan a una jornada nacional de protestas.

La huelga de médicos y de productores de hoja de coca antecede a la jornada de protesta nacional convocada por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) para el 8 de noviembre.

Ese día los trabajadores de diversos gremios –mineros, estudiantes, obreros de la construcción civil, profesores universitarios, campesinos cocaleros– realizarán movilizaciones en todo el país sin que ello implique un paro de 48 horas.

“Vamos a expresar nuestra protesta contra el modelo neoliberal y contra el desempleo”, dijo el secretario general de la CGTP, Mario Huamán.

Dirigentes de la CGTP entregaron hoy en el Congreso un pliego de peticiones, como aumento de sueldos, respeto de acuerdos firmados con varios sectores sindicales y renovación del gabinete ministerial, por lo que considera fracaso del modelo económico liberal al que achaca el alza del costo de la vida, explicó Huamán.

En respuesta al panorama laboral complicado, el ministro del Interior, Luis Alva, advirtió el domingo que se actuará “con firmeza para mantener la autoridad, el orden y la seguridad en el país”, pero con respeto a los derechos humanos de los reclamantes, además de que se aplicarán las normas que sancionan a las autoridades que respalden marchas, paros u otros actos de protesta.

Javier Mujica, integrante del Centro de Asesoría Laboral del Perú, afirmó que este escenario de protesta se debe a que se han profundizado las brechas sociales en el país y a la abusiva legislación laboral que se mantiene desde el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000).

En otro asunto, el oficial Consejo Nacional de Derechos Humanos lamentó que la fundación Gruber de Estados Unidos, condecorara a la peruana Mónica Feria como defensora de las garantías individuales, pese a que está procesada por sus presuntos nexos con sendero luminoso.