Iván Restrepo
De broma macabra, anuncio de muerte de una región otrora próspera, califica Francisco Valdés Perezgasca, reconocido activista ambiental de Coahuila, la nueva inversión en la comarca lagunera anunciada por el grupo Lala. Se trata de una planta para elaborar diariamente 2 millones de litros de leche. Costará 100 millones de dólares y dará empleo a 600 personas. De esta manera, la influyente empresa se une a las celebraciones por el primer siglo de vida de la ciudad de Torreón, hoy conurbada a Gómez Palacio y Lerdo. Todos calificaríamos esa inversión de necesaria en una región que sufre un estancamiento económico, fruto del modelo de crecimiento impuesto desde hace años. Además, nada tan urgente como crear fuentes de trabajo en el país, pues aumenta la desocupación y cada día se entierran las promesas que en su campaña electoral hizo quien la publicidad de su partido llamó: “presidente del empleo”.
Sin embargo, la nueva planta de Lala es un golpe más contra el recurso fundamental y escaso en La Laguna: el agua, que está en crisis desde hace décadas por el abatimiento extremo de sus mantos freáticos, lo cual ya afecta hasta la salud pública: el líquido que beben en algunas poblaciones tiene arsénico. Pero además, porque producir un litro de leche, como advierte el también editorialista Valdés Peresgazca, requiere en La Laguna más de 2 mil litros de agua.
En una región desértica, que crece en número de habitantes, la demanda por el valioso líquido igualmente aumenta y agrava la sobrexplotación del acuífero. Nada han valido las evaluaciones ni las advertencias del propio gobierno federal de que la sobrexplotación referida pone en peligro el futuro de la Comarca, integrada por nueve municipios de Coahuila y Durango. Tampoco ha servido la pésima experiencia que significó en el sexenio anterior encargar del manejo del agua en el país a un servidor del citado emporio lechero.
Si en el norte de México el problema es crítico, no menos lo es en Veracruz. En un reporte reciente, elaborado por el Comité estatal de Desarrollo, se denuncia que en las 14 principales cuencas hidrográficas de esa entidad existen altos niveles de contaminación. La principal sigue siendo la del río Coatzacoalcos. A ello contribuyen tanto los asentamientos humanos con sus aguas negras como la industria (destacadamente la azucarera, la papelera, la química y petroquímica), los servicios y la agricultura. En el caso de las industrias, dicho comité señala cómo apenas la mitad de las aguas residuales provenientes de las 300 principales plantas industriales de Veracruz recibe algún tratamiento antes de tirarlas a las cuencas hidrográficas.
Pero además de utilizar el agua irracionalmente y contaminarla, sucede que disminuyeron las plantas de tratamiento manejadas por el sector privado: si en 2005 eran 233, el año pasado apenas fueron 161. Por lo que toca a las del sector público, aunque su número ha aumentado, buena parte no funcionan adecuadamente o tienen una capacidad de procesamiento menor a la demanda real.
Mientras esto ocurre, el responsable de los asuntos hídricos nacionales se disfraza de profeta del desastre del agua de la ciudad de México y del mesías que la salvará de la inundación final. Esto último, claro, gracias al partido al que pertenece, Acción Nacional. Son muy graves los problemas que existen por la sobrexplotación del acuífero y por los volúmenes de aguas negras que deben sacarse rumbo al Golfo de México. Pero el que la magia foxiana transformó de dirigente citadino del partido gobernante en procurador ambiental, y luego el licenciado Calderón habilitó como experto en aguas, olvida que el problema del vital elemento en la cuenca más habitada de América en muy buena parte es fruto de la desidia federal. También que, sin excepción, las evaluaciones realizadas al respecto apuntan que resolver los desajustes hídricos de dicha cuenca exige un tratamiento de gran visión, pues el problema no se circunscribe a la ciudad capital, sino a la gran metrópoli que con ella forman más de 30 municipios.
Los problemas del agua se agravan en todo el país. La obligación de las instancias oficiales es resolverlos sin prédica partidista.
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