Rivera Carrera “conspiró” para proteger al pederasta Nicolás Aguilar

Lo hizo con la diócesis de Tehuacán y el cardenal Mahony: defensa de Joaquín Aguilar

Ocultó información relativa a los abusos sexuales contra menores cometidos por ese sacerdote

Alma E. Muñoz

La defensa jurídica de Joaquín Aguilar, demandante del cardenal Norberto Rivera Carrera ante la Corte Superior de California, argumentó el pasado 25 de septiembre ante ese tribunal que el prelado mexicano participó, junto con la diócesis de Tehuacán y el cardenal Roger Mahony, arzobispo de Los Ángeles, en una “conspiración” para “ocultar” información relativa a los abusos sexuales contra menores cometidos por el sacerdote Nicolás Aguilar Rivera.

Tras integrar un archivo de alrededor de mil 700 páginas para demostrar que la corte de California tiene jurisdicción para enjuiciar al prelado mexicano, denunció que los religiosos respondieron a las órdenes que en 1922 y 1962 emitió el Vaticano a los jerarcas católicos de todo el mundo para “manejar en secreto” los casos de abuso sexual por parte de sacerdotes y evitar escándalos sobre la Iglesia.

Alertas confidenciales

Jeff Anderson y Asociados, el bufete defensor de Joaquín Aguilar, una de las víctimas del padre Nicolás Aguilar Rivera, resaltó que los religiosos omitieron “avisar o advertir a los niños, padres o representantes de la ley en Los Angeles” sobre la conducta del pederasta. “De hecho, las advertencias que enviaron (Rivera Carrera y Mahony) fueron alertas internas confidenciales, dirigidas únicamente a otros funcionarios católicos”.

En específico, manifestó que el cardenal mexicano “envió a un abusador de menores a California, donde trabajó y abusó de docenas de niños, dejando en sus víctimas daños profundos para el resto de sus vidas”, como depresión, ansiedad e intentos de suicidio.

Además, al igual que la diócesis de Tehuacán, a la cual pertenece como sacerdote Nicolás Aguilar, “se involucró en una conspiración con los acusados californianos (Roger Mahony y la Arquidiócesis de Los Ángeles), que ha empleado un patrón continuo y una práctica que operó en California para transferir a Aguilar y darle un nuevo encargo en un país diferente cada momento en que era sorprendido abusando de niños”.

La parte demandante también planteó que los representantes de la institución católica “violaron” las leyes penal y migratoria de Estados Unidos. En el primer caso, Mahony y su vicario general, Thomas Curry, por no reportar a la autoridad policiaca correspondiente las denuncias que en contra del presbítero recibieron por vejaciones a por los menos 18 monaguillos de las dos parroquias de la Arquidiócesis de Los Angeles donde ofició, cuando el presbítero mexicano fue autorizado por el entonces obispo de la Diócesis de Tehuacán, Norberto Rivera Carrera, para continuar allá su ministerio.

Y en el segundo caso porque Nicolás Aguilar pidió a Rivera Carrera que en la renovación de su segundo permiso para continuar como sacerdote en la Arquidiócesis angelina redactara la carta requerida por las autoridades migratorias como si fuese autorización otorgada por primera vez.

Aunque se consigna que el jerarca católico mexicano no respondió al respecto, para los abogados de la parte acusadora su actitud fue considerada parte de una “conspiración” para encubrir la violación a las normas estadunidenses.

Entre los documentos entregados al juez del caso, Elihu M. Berle, están los interrogatorios judiciales a que fueron sometidos los dos cardenales, Thomas Curry y el obispo de Tehuacán, Rodrigo Aguilar Martínez, a partir de la denuncia interpuesta por Joaquín Aguilar en el tribunal angelino el 19 de septiembre de 2006.

En el interrogatorio correspondiente a Rivera Carrera, aplicado en la Arquidiócesis de México el 8 de agosto pasado –cuya transcripción abarca 177 páginas–, al cardenal se le inquirió sobre la agresión física a Nicolás Aguilar, en 1986, presuntamente propinada por varios jóvenes. El presbítero fue hallado en la casa parroquial con la cabeza rota y enmedio de un charco de sangre. El hecho ocurrió cuando era responsable de la parroquia de Cuacnopalan, en Tehuacán, escándalo que motivó su traslado a Los Ángeles.

Respondió que “un grupo de personas de ese pueblo me informó que Aguilar fue golpeado por algunas personas jóvenes. Pero quizás no jóvenes, algunos muchachos”. Y que la agresión fue resultado de una “venganza” porque el presbítero “había corrido a algunas personas” de terrenos que se utilizaron para ampliar los límites de la parroquia.

Planteó que después de ser alertado por la gente, “ese mismo día mandé llamar al padre para que me explicara lo que ocurrió. Me dijo que le había dado hospedaje a dos muchachos en su casa, que durmieron con él en la misma recámara y que esa noche se levantaron, lo golpearon y se salieron por la ventana”, argumento que por cierto se contradice con la primera declaración que por escrito entregó a la Corte, y con la carta que supuestamente envió a Roger Mahony el 23 de marzo de 1987, donde asentó que las sospechas sobre la homosexualidad de Nicolás no habían sido comprobadas.

A Rivera Carrera también se le preguntó si realizó una investigación en contra del sacerdote después de estos hechos y respondió: “No realicé ninguna, solamente recibí la información que me dieron”. Y con esa información, aseguró, “le dije al padre que la versión de los sucesos que me estaba dando no era creíble”.

–¿Por qué piensa que no era creíble?

–No es correcto que un sacerdote reciba en su recámara personas que no conoce, o que son desconocidos de él, así como me lo dijo.

Rivera Carrera manifestó que antes de dejar la diócesis de Tehuacán “nunca” promovió procedimientos canónicos ante el Vaticano en contra de Nicolás Aguilar para reducirlo al estado laico por su conducta.

También aseguró, en un primer momento, que no envió al presbítero acusado de abuso sexual contra menores a “alguna clínica de salud mental” para ser tratado, como tampoco le recomendó someterse a terapia. “Él decidió que se atendería”, contestó el prelado.

Sin embargo, el abogado encargado del interrogatorio, Robert Waters, le demostró al cardenal, y así se asentó en los documentos judiciales, que en su primera declaración en apoyo a la moción que su defensa presentó en febrero contra la jurisdicción, Rivera Carrera había asegurado que ordenó al presbítero buscar apoyo sicológico.

“¿Qué?”, expresó en respuesta el jerarca católico mexicano, ante la pregunta. Y cuando se la repitieron asentó: “Ah, sí es cierto que lo miraba muy perturbado”.

Waters le preguntó al cardenal cómo interpretaba el término “chamaco”, utilizado por testigos para referirse a los autores de la golpiza sufrida por Nicolás Aguilar en 1986, en el acta levantada ante el Ministerio Público correspondiente.

Respondió que eran “muchachos, gente de entre 18 y 30 años de edad”.

–¿Interpreta el término chamaco como un niño?

–No entiendo lo que me quiere decir con la palabra niño.

–Una persona menor de 18 años de edad.

–No.

–¿Considera que el término chamaco se refiere a un individuo mayor a los 18 años de edad?

–Así es como normalmente se dice aquí.

Como en los casos de Mario Marín y Ulises Ruiz, el hecho de que Rivera Carrera siga presidiendo a la iglesia católica como aquellos la gubernatura de Puebla y Oaxaca significa que México está en manos de delincuentes y que no existe institución de justicia que logre salvar a los mexicanos de la barbarie.