"El futuro en Colombia es el de un dominio de paramilitares de corbata"

Eugenia García Raya
Frontera Cero

Mientras en Colombia continúan las muertes violentas de opositores al gobierno, el presidente Álvaro Uribe trabaja por la “legalización” de los paramilitares, cuyos vínculos con militares y políticos están siendo probados en los tribunales y cuyos crímenes siguen siendo la causa principal del desplazamiento interno y del exilio de los colombianos. El defensor de derechos humanos Javier Giraldo, sacerdote jesuita y ganador del III Premio Juan María Bandrés, en 2003, sigue luchando por los derechos de las víctimas de la violencia, en especial de los más de tres millones de personas desplazadas.

FC: Tras décadas de crímenes, se van haciendo públicas las complicidades entre paramilitares y militares y políticos colombianos. Pero también avanzan los proyectos para “normalizar” a estos paramilitares e impedir que sean juzgados por delitos atroces, como si todo pudiera quedar en un “escándalo” más que el país puede sortear. ¿Hacia dónde puede ir este proceso paradójico?

- Al reconstruir la historia del paramilitarismo en Colombia para entrever su futuro, se descubre una estrategia tan inteligente como perversa de dominación, con una primera fase de grandes masacres y desplazamientos, que luego se ha afianzado con el control de las estructuras de organización y poder y siempre con un poderío económico monstruoso que se va legalizando hasta poder comprar el Estado. Tal estrategia dosifica la violencia según sus necesidades. Incluso llega un momento en el que la disminución de violencia sirve para sortear la censura internacional producida por la monstruosidad de sus crímenes.

Ahora, la impunidad que le brinda Uribe al paramilitarismo quiere permitir un acceso ya legal al control del Estado por la vía electoral. En esta fase actual de “legalización” se supone que han tejido tupidas redes de relaciones con la clase política tradicional y emergente, particularmente con el Parlamento, la fuerza pública, el poder judicial, los partidos políticos y los medios masivos de información, todo mediado por su descomunal poderío económico, lo que hace que el “escándalo” que ayuda a exorcizar el pasado sea manejable. Ojalá me equivocara, pero el futuro previsible a cuatro o cinco años es el de un dominio legalizado de paramilitares de corbata ya plenamente cooptados por la sociedad y que pueden expresarse a través de los mass media.

FC: ¿Es este proceso comprendido por la sociedad colombiana? ¿Cómo evalúa que el presidente Uribe cuente, según los medios, con apoyo mayoritario?

- La matriz a través de la cual las grandes masas comprenden el proceso de legalización paramilitar tiene muchos componentes. Uno es la “equiparación” de la violencia y la demonización intensiva de la insurgencia: se equiparó la violencia guerrillera con la paramilitar para transferirle a los paramilitares el tratamiento jurídico e ideológico de la insurgencia, cuando en realidad el paramilitarismo era el brazo semiclandestino del Estado; luego se negó todo carácter político a la insurgencia para definirla exclusivamente como “terrorista” y así negar la existencia de un conflicto social y armado. Una vez que avanza la ficticia “desmovilización” paramilitar con los más audaces mecanismos de impunidad, se proclama la necesidad de “reinserción” de los violentos en proyectos económicos y de seguridad. Así, éstos se convierten en no pocos casos en abanderados de proyectos de “justicia social y económica” mediante la gestión de empresas productivas. En todo esto el narcotráfico, las fortunas “lavadas” y las multinacionales juegan un papel de primer orden. Entre tanto, la represión a cualquier oposición se legitima mediante el discurso de “seguridad democrática”, que justifica las muertes y desplazamientos como fruto de “combates” con los restos de insurgencia y procesa a los líderes sociales como “insurgentes encriptados”.

El cansancio de la guerra hace que las grandes masas apoyen a quien ha “logrado” hacer descender algunas cifras de violencia y proclama la “seguridad democrática”. Por otra parte, los movimientos sociales han llegado a esta coyuntura casi extinguidos, por la barbarie que los exterminó y por el terror de los sobrevivientes. Además, los altísimos niveles de pobreza han brindado al gobierno un campo abonado para un novedoso modelo populista: varios millones de familias reciben cheques de la Presidencia de la República, por vincularse a programas de interés gubernamental o de asistencia social, como erradicadores de coca, guardabosques, integrantes de redes de informantes o cooperantes de la fuerza pública; si bien los ingresos son irrisorios, la supervivencia se reviste de respaldo político. Al lado de esto, el monstruoso poderío económico de los paramilitares, uno de cuyos componentes es el narcotráfico en ninguna medida deprimido, y la avalancha de capitales transnacionales que invade eufóricamente el país irradian proyectos de “progreso” a los que vinculan a grandes masas de desempleados que luego lo agradecen con respaldo político. Pero si algo se ha ido evidenciando en los últimos meses es que el poder electoral de Uribe se fundó en monstruosos fraudes agenciados por el paramilitarismo bajo métodos terriblemente violentos y extorsivos. Todo da a entender que tal maquinaria sigue intacta y que definirá por mucho tiempo aún los procesos electorales.

FC: ¿Qué papel están cumpliendo las organizaciones de víctimas de esta violencia?

- No hay que negar que el movimiento de víctimas se ha fortalecido, al menos numéricamente, a la sombra de los rituales de “confesión” de la llamada paradójicamente “Ley de Justicia y Paz”, quizás para ocultar sus sutiles y eficaces mecanismos de impunidad. Dicha Ley incluye elementos proclamativos, que no operativos, de “verdad, justicia y reparación”, lo que ha hecho que miles de víctimas sacudan el silencio a que el terror las ha reducido, para identificarse militantemente y reivindicar sus derechos. Algunas se han arriesgado tanto que han sido asesinadas, desplazadas, exiliadas o reducidas nuevamente al terror y al silencio. Pero otras perseveran tozudamente.

Ya se han realizado varios encuentros y se han multiplicado también los rituales de la memoria. Algunas han decidido participar en los procesos a los líderes paramilitares, con la expectativa, casi siempre frustrada, de obtener algún dato que les permita descubrir los restos mortales o al menos una pista sobre la suerte de sus seres queridos. Otras muchas víctimas ya no creen en dichos rituales ni esperan nada. Uno de los factores de escepticismo que más pesan son los antecedentes de corrupción de altos funcionarios de la Fiscalía, quienes garantizaron la impunidad de crímenes horrendos. De todos modos, entre las víctimas se abren paso alternativas como comisiones de verdad y tribunales de opinión, que dejen de lado el corrupto aparato judicial, y también la apelación a órganos internacionales en que se haga efectiva la justicia universal.

FC: El colombiano es el colectivo más numeroso en peticiones de asilo en España. Por otro lado, una de las mayores crisis humanitarias del mundo la viven los desplazados internos colombianos. Usted mismo ha sido un desplazado y ha tenido que exiliarse ante las graves amenazas recibidas. ¿Qué significa dejar forzadamente el lugar de uno?

- Mis recuerdos del exilio son profundamente dolorosos, a pesar del enorme privilegio de ser acogido fraternalmente por mis hermanos jesuitas y del aprovechamiento del tiempo en proyectos de investigación. Las heridas morales y psíquicas del exilio se ubican en dominios como el bloqueo de la libertad y de los proyectos de vida más entrañables, que afectan la identidad más íntima y lo más humano de nuestra humanidad. Conocí a muchos refugiados que somatizaban esos bloqueos de manera conmovedora. Creo que el refugiado apela no sólo a la compasión generosa de las buenas gentes, sino que también es un sujeto de derechos que trascienden sus fronteras patrias, toda vez que los gobiernos del mundo toleran y apoyan regímenes, como el colombiano, que producen millones de víctimas para defender privilegios de minorías y la mayoría de las veces para garantizar la explotación de los recursos por parte de capitales transnacionales que usufructúan esas formas de barbarie.

FC: Hay un desconocimiento de la inmensa gravedad de las violaciones de derechos humanos en Colombia. ¿Cuál debe ser en estos momentos el papel de la comunidad internacional y en particular de unos gobiernos europeos que parecen moverse en la ambigüedad respecto al gobierno de Uribe?

- Es muy triste y preocupante que la verdad de nuestra tragedia sea ignorada casi universalmente. Pero no creo que los gobiernos europeos, como tampoco los norteamericanos, ignoren lo que ocurre. Tampoco lo ignoran las grandes agencias de prensa. Es un problema de voluntad y principios éticos, de que la “opinión pública” mundial está regulada por enormes conglomerados económicos para los que la “verdad” es una mercancía. Los enormes negocios de los capitales transnacionales en Colombia bloquean la denuncia del régimen que les abre sus puertas y les garantiza sus transacciones. La población consciente y solidaria es cada vez más pequeña, pero a la vez más rica en humanidad. Admiro profundamente a las organizaciones humanitarias, a las asociaciones y personas solidarias que denuncian nuestra tragedia.

- Eugenia García Raya es responsable de Información Pública de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)