El Justo Reclamo

Acteal: Exterminio, a la vista de policías y militares

De Proceso.

Acteal, Chis (apro).- La noche del lunes 22 Agustín Vázquez Ruiz, un anciano de 90 años, durmió bajo un cafeto en una de las tantas montañas de Acteal. Sin cobija, y tan sólo con la escasa ropa que llevaba puesta, se colocó en cuclillas para mitigar el intenso frío y "esperar la muerte".Por la tarde, casi a gatas, agarrado de las ramas, comenzó a escalar una de las faldas del mismo cerro del que, por la mañana, comenzaron a salir los disparos contra la población que, inerme, oraba por la paz o recibía la ropa que el gobierno del estado donó para los desplazados de Chenalhó.En su casa, una humilde choza de madera y techo de lámina, había escuchado el intenso tabletear de las ametralladoras. Cuando por un momento cesó el tiroteó, aprovechó para huir al cerro más cercano. Gracias a eso salvó su vida.Otros, los que estaban arremolinados en torno del pequeño templo de la comunidad, en su mayoría mujeres y niños, no corrieron la misma suerte.A la una y media de la tarde, dos comandos del grupo paramilitar que desde las once los atacaba a distancia, habían realizado una maniobra de las que el Ejército llama "envolventes", y les disparaban ráfagas, prácticamente a quemarropa.Muchos niños, mujeres y hombres cayeron fulminados. Otros fueron heridos con balas expansivas en distintas partes del cuerpo. Los menos lograron tirarse al barranco que queda frente y a un costado del templo, internándose entre los cafetales.Cuando empezó el tiroteo, pasadas las once de la mañana, los policías de Seguridad Pública, apostados en la cancha de basquetbol de la escuela de Acteal –a unos 200 metros del templo– hicieron disparos al aire para tratar de disuadir al grupo atacante. Pero cuando los comandos se adentraron hasta el lugar en que estaba reunida la población, dejaron a los indígenas a merced de los atacantes.El grupo agresor estaba compuesto por encapuchados y armados lo mismo con rifles 22 que con "cuernos de chivo"; se identificaban sobre todo con paliacates y gorras de color rojo."Varios estábamos rezando; otros estaban construyendo un campamento para los desplazados y otros más estaban recibiendo la ropa que nos dieron, cuando entraron los priistas disparando", relata Pedro Vázquez Ruiz, con el horror dibujado en el rostro.De acuerdo con las primeras indagaciones a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR), entre los atacantes figuran militantes y simpatizantes de los partidos Revolucionario Institucional y del Cardenista, antes llamado del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (FCRN)."Los que pudimos salimos huyendo por el monte, pero muchos cayeron muertos. Estamos muy sentidos porque nosotros no estábamos armados y nos agarraron sin saber nada. Estábamos pidiéndole a Dios por la paz cuando nos cayó una lluvia de balas."Nadie sabe con precisión cuántos agresores eran, pero todos aseguran que más de 60 "porque rodearon la comunidad".El operativo paramilitar planeó y decidió en la comunidad de Quextic, la noche anterior. En esa reunión, entre diez y doce de la noche, participaron priistas de Acteal Alto, La Esperanza, Canolal, Yashgemel y Quextic, encabezados por once dirigentes de la comunidad Miguel Utrilla-Los Chorros.La de Acteal es la más grande masacre en Chiapas en los últimos 17 años. Únicamente equiparable a la que realizó el Ejército federal en Wolonchán, en 1980.Un miembro del grupo Las Abejas, que se infiltró en la junta, se desplazó de Quextic a San Cristóbal de las Casas, para notificar que la comunidad de Acteal iba a ser atacada al día siguiente por los priistas. Llegó hasta La Primavera, una quinta religiosa en la que está refugiado un grupo de desplazados de Chenalhó, e informó de la agresión que se estaba fraguando contra la comunidad.En lugar de preparar la defensa, el grupo de cristianos decidió realizar una jornada de oración para evitar el anunciado ataque. En eso estaban cuando fueron a matarlos.El motivo inmediato de los agresores aparentemente fue la venganza, pues estos –indígenas también– se quejan de que las bases de apoyo zapatistas los quieren exterminar.Además de la policía estatal, a unos 300 metros de distancia, y desde hace varios meses, también estaban emplazados soldados y policías en un destacamento denominado Bases de Operaciones Mixtas (BOM).Los militares participaron en el rescate del cadáver de Agustín Vázquez Tzecut, un "priista" asesinado, presuntamente, por un grupo de "zapatistas" encapuchados en las inmediaciones de Quextic la semana anterior a la masacre, el miércoles 17 de diciembre.Ese asesinato, consumado en una emboscada, provocó que los zapatistas se retiraran de la mesa de negociaciones que mantenían con las autoridades municipales legalmente reconocidas, con quienes habían pactado ya un cese a las agresiones."No existen garantías de seguridad", dijeron en conferencia de prensa los miembros del Consejo Autónomo de Polhó para justificar su ausencia en las pláticas que buscaban la pacificación.Los "rebeldes" se deslindaron públicamente del crimen de Vázquez Tzecut, asegurando que los mismos "priistas" lo mataron "para echarle la culpa a los zapatistas".Jacinto Arias Cruz, alcalde de Chenalhó, considera que ese homicidio, sumado a por lo menos una veintena más, fue lo que originó la masacre de Acteal."Es una venganza lo que pasó. No es un problema político, y por eso ya no se puede solucionar", dijo a Proceso.Entrevistado en sus oficinas de la presidencia municipal el martes 23, Arias Cruz dice que "los zapatistas quieren acabar con los priistas" y que por eso, hasta antes de la matanza de Acteal, la mayoría de los muertos eran del partido oficial."Los zapatistas dicen que no quieren a los ricos, pero el problema es que aquí nos estamos matando entre pobres. Eso da lástima, porque somos hermanos. No es justo", comenta.Arias Cruz se ríe de las acusaciones que le hacen de proporcionar armas a los paramilitares: "Que me lo comprueben", pide y afirma que eso no es cierto. "Es pura palabrería y Dios es testigo de que eso no es cierto. Lo que sí es real es que son los zapatistas los que quieren acabar con los priistas".Al final, dice que hasta las dos y media de la tarde del martes 23 (24 horas después de la masacre), el gobernador no le había llamado para pedirle información de lo sucedido en Acteal.

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Los disparos se hicieron desde dos puntos distintos, a menos de diez metros de distancia, por la espalda, cuando las víctimas estaban rezando de rodillas. En el momento que sonaron las primeras ráfagas, los niños comenzaron a llorar y a abrazar a sus madres.Ellas corrieron despavoridas por el monte, pero muchas fueron alcanzadas por las balas y cayeron muertas o heridas, junto con sus pequeños. Algunas todavía recibieron el tiro de gracia.Los que se salvaron de la matanza estuvieron por horas escondidos entre los cafetales, escuchando el lamento de los heridos.Esperaron tirados en el suelo –algunos junto a sus muertos– a que cayera la noche y así se desplazaron kilómetros abajo, hasta la comunidad de Polhó, sede del Consejo Autónomo del municipio rebelde que creó en la zona el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).Ahí se refugiaron, pidieron ayuda y hablaron por teléfono al Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de las Casas" y a la curia diocesana.Gonzalo Ituarte Verduzco, vicario de Justicia y Paz de la diócesis de San Cristóbal, estuvo enterado de la balacera casi desde su inicio. Y había alertado desde el mediodía al secretario de Gobierno, Homero Tovilla Cristiani, de lo que estaba ocurriendo en Acteal.Cuando el fraile dominico habló por teléfono con el funcionario estatal, el grupo paramilitar todavía disparaba desde el cerro y los comandos no se habían desplazado hasta el lugar en donde, dos horas más tarde, consumarían la matanza.Minutos antes de las siete de la noche, cuando el crimen había sido consumado, el funcionario que hace menos de un año suplió a Eraclio Zepeda, se comunicaba al teléfono 8-60-70 de San Cristóbal para notificar a Gonzalo Ituarte, secretario técnico de la Comisión Nacional de Intermediación (Conai), que no había pasado nada, que todo estaba tranquilo. Y que en Acteal únicamente se habían registrado "cuatro o cinco balazos".Pero en ese momento ya empezaban a llegar los primeros heridos a las distintas clínicas de San Cristóbal.El doctor Eleasin Flores López, director del Hospital Regional, estaba impresionado por la magnitud de las heridas que presentaban los indígenas que eran internados. Aseguró que nunca había visto algo parecido en ese hospital, pues las heridas fueron provocadas por balas expansivas, las que al impactar hacen un pequeño orificio y al salir dejan un boquetón.Uno de los que ayudó a rescatar los cuerpos tirados en Acteal fue Juan López Luna, un indígena tzotzil que forma parte de las bases de apoyo del EZLN.López Luna pidió permiso al comandante Jesús Rivas, de la Policía de Seguridad Pública, para levantar a sus amigos y familiares.Ayudado por los policías y otros compañeros, el indígena fue cargando a los heridos hasta la carretera que pasa en la parte alta de la comunidad, que comunica a Pantelhó con San Cristóbal.Diez minutos antes de las ocho de la noche, el comandante del destacamento de Chenalhó, Amado Flores Ozuna, llegó a la presidencia municipal a solicitar vehículos para transportar a los lesionados.El alcalde Jacinto Arias Cruz, a quien se responsabiliza de apoyar con armas al grupo paramilitar, envió tres vehículos a Acteal para auxiliar las maniobras de transporte.Un grupo de catorce familias fue apoyado por el edil y por la Unidad de Protección Civil, en un albergue que se improvisó en la cabecera municipal de Chenalhó. Al amanecer, ya no estaban dos de los auxiliados porque, afirma el alcalde, "eran de ésos que en el EZLN llaman milicianos".Juan López Luna se encargó también de cerrar con candado las casas de Acteal que quedaron abiertas en la apresurada huida.Al día siguiente, al amanecer, llegó a recoger el escaso café pergamino que cosechó este año y se encontró con que las casas estaban abiertas y saqueadas de los pocos aparatos electrodomésticos que vio la noche anterior. Las casas habían sido allanadas en presencia de los policías que las "custodiaban".En la madrugada había llegado también a Acteal el subprocurador de Justicia Indígena, David Gómez Hernández, a recoger los 45 cadáveres que estaban esparcidos en el monte.Junto con el delegado estatal de la Cruz Roja, Cipriano Villegas Apodaca, vio cómo los policías amontonaban en camiones de redilas los restos de los 15 niños, 21 mujeres –cuatro de ellas embarazadas– y nueve hombres que habían sido victimados la tarde anterior, y cómo unos encima de otros eran llevados a la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez, para que les realizaran la autopsia de ley.Los policías se quedaron a verificar que casi no quedaran huellas de la masacre.El templo, de madera y techo de lámina, estaba abierto, con las bancas amontonadas a un lado y los costales de ropa en otro. El pequeño altar, engalanado con un nacimiento, quedó con las luces navideñas encendidas. Afuera, una grabadora desconectada con una cinta de los 15 éxitos de Antonio Aguilar.Más tarde llegó un convoy militar, con aproximadamente 500 elementos del Ejército, conocido como Grupo Especial de Fuerzas Especiales (GAFE).

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Jacinto Arias Cruz, el alcalde de Chenalhó, fue quien entregó personalmente un oficio al presidente Ernesto Zedillo, el 1º de octubre pasado, en San Cristóbal de las Casas.En el escrito se solicitaba autorización para que los civiles de su municipio pudieran portar armas.El argumento, avalado por todo el cabildo y las autoridades rurales, era la creciente violencia en ese municipio de Los Altos de Chiapas.Las armas, según el texto que al parecer no tuvo respuesta, serían utilizadas únicamente para "la seguridad y la legítima defensa" de los indígenas.En aquella ocasión, el grupo Las Abejas (el que fue victimado el 22 en Acteal) se opuso abiertamente a la petición del alcalde priista."Reprobamos la actitud del presidente municipal de Chenalhó por haber solicitado al presidente de la República que diera autorización de llenar de armas y municiones los domicilios de los priistas para matar a la sociedad civil", dijeron en una carta pública.Tanto el alcalde como el gobernador priista Julio César Ruiz Ferro han sido señalados por los zapatistas como los responsables de proporcionar armamento al grupo paramilitar que actúa en Los Altos de Chiapas.Los rebeldes aseguran que en abril llegó a Chenalhó un cargamento gubernamental con 200 armas de alto poder.Esas armas, según los zapatistas, fueron utilizadas por primera vez el 24 de mayo, cuando el grupo paramilitar rodeó y atacó la comunidad de Yashgemel desde los cerros, de la misma forma en que ahora lo hicieron en Acteal.En aquella ocasión, "los priistas" asesinaron al profesor Cristóbal Pérez Medio e hirieron a dos indígenas más. Todos de filiación zapatista.Ese ataque inicial derivó en innumerables enfrentamientos y emboscadas, en los que perdieron la vida una treintena de indígenas, la mayoría "priistas".La incesante violencia provocó que unos 2 mil tzotziles abandonaran sus viviendas y comunidades para refugiarse primero en otros ejidos aledaños y, después, en campamentos improvisados en las montañas cercanas.En Acteal, por ejemplo, había un grupo de refugiados. Diez de ellos murieron cuando el grupo paramilitar los sorprendió el 22 de diciembre.Ahora, los desplazados que se salvaron de la masacre viven junto con los indígenas de Acteal en la escuela rural de la comunidad de Polhó.Están en espera de que las autoridades hagan justicia y castiguen a los responsables materiales e intelectuales de la matanza.La Procuraduría General de la República (PGR) ya comenzó a consignar a algunos presuntos responsables materiales del crimen. El viernes 26 fueron 18 los consignados, entre ellos dos menores de edad.El presidente del Consejo Autónomo de Polhó, Domingo Pérez Paciencia, acusa al gobernador Julio César Ruiz Ferro, al secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, y al presidente Ernesto Zedillo, por ser quienes "están haciendo esta guerra en contra de nosotros, los indígenas".