Los obstáculos del gobierno de Uribe entorpecieron la mediación del acuerdo humanitario

Telesur

La expulsión de Córdoba y Chávez aniquila las esperanzas de los familiares de los retenidos por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y de millones de colombianos que veían en el acuerdo humanitario el primer paso para lograr la paz en el país neogranadino.
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La decisión tomada este miércoles por el presidente colombiano, Álvaro Uribe, es la última de las muchas acciones emprendidas por el mandatario y su Gobierno para entorpecer la mediación de la senadora Piedad Córdoba y el jefe de Estado venezolano, Hugo Chávez, quienes trabajaban por alcanzar el tan anhelado canje humanitario en Colombia.

La finalización de la mediación de Córdoba y Chávez aniquila las esperanzas de los familiares de los retenidos por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y de millones de colombianos que veían en el acuerdo humanitario el primer paso para lograr la paz en el país neogranadino.

Su decisión se produce luego de que el martes, en una nueva señal de obstáculo al proceso de canje humanitario, Uribe pusiera el 31 de diciembre venidero como fecha límite para el papel de mediación que el jefe de Estado venezolano realiza entre el Gobierno colombiano y las FARC.

Desde que iniciaron su papel de mediadores del canje, en agosto pasado, Chávez y Córdoba sostuvieron numerosos contactos con la guerrilla de las FARC, que daban razones para pensar en grandes avances del acuerdo.

Entre ellos, destaca el viaje a la selva que la senadora colombiana realizó en septiembre y en el que las FARC propusieron por primera vez la fecha para celebrar un encuentro con el presidente venezolano.

Asimismo, la reunión que finalmente sostuvo Chávez con delegados de la guerrilla, entre ellos Iván Márquez, en el que ambos ratificaron su disposición de continuar los diálogos hasta alcanzar el canje de los 45 rehenes por unos 500 guerrilleros presos en cárceles colombianas.

Pero el proceso, que buscaba poner fin a la situación de los rehenes, entre ellos tres estadounidenses y la ex candidata presidencial franco-colombiana, Ingrid Betancourt, muchos de ellos con casi diez años en poder de las FARC, se vio entorpecido por el propio Uribe y su tren gubernamental.

Y es que paradójicamente, aunque anunció en varias oportunidades su respaldo a la mediación de Chávez y Córdoba , el mandatario colombiano realizó durante todo el proceso de facilitación declaraciones que ponían en tela de juicio su disposición y la de su Gobierno, de alcanzar el tan esperado canje.

Las más recientes, las pronunció durante un discurso en Bogotá en conmemoración de los 116 años de la Policía Nacional, el pasado 14 de noviembre, en las que afirmó que no tenía planes de autorizar una eventual cita entre Hugo Chávez y el líder y fundador del grupo insurgente, Manuel Marulanda.

"Nosotros quisiéramos que la reunión que pueda tener Marulanda sea con los fiscales y la Policía de la patria (...) una reunión con las cortes para que responda por 40 años de asesinatos y crímenes", dijo en ese momento Uribe, quien aseguró haber recibido mensajes en los que Marulanda afirma que no puede salir para hablar sobre el intercambio humanitario, por razones de seguridad.

"Él (Marulanda) manda razones y dice que no puede asistir a reuniones porque si sale de ese escondite le darían una 'matada' (...) intuye bien, que no disimule, porque él no tendrá que salir, la Fuerza Pública llegará a sacarlo", fustigó en un declaraciones muy controvertidas en las que echó por tierra el encuentro entre Chávez y Marulanda, considerado clave para alcanzar el canje.

Obstáculos desde su gabinete

Pero no ha sido sólo el presidente Uribe quien ha realizado declaraciones para entorpecer el proceso que adelantaban Chávez y Córdoba. Varios ministros y funcionarios del gobierno de Bogotá también hicieron lo propio.

El más representativo de ellos es el ministro de Defensa colombiano, Juan Manuel Santos, quien recientemente desde Washington criticó la publicidad que, a su juicio, estaba teniendo el presidente venezolano gracias a su papel de mediador, afirmando que el Gobierno colombiano le había pedido que no hiciera tanta propaganda.

Sus comentarios, que generaron malestar en Caracas, motivaron una respuesta del propio Gobierno colombiano, que en un comunicado reiteró la confianza en las gestiones humanitarias de Chávez y la senadora Córdoba y pidió, en clara alusión a Santos, "a todos los integrantes del Gobierno que se abstengan de dar declaraciones en público o en privado que afecten la dirección de las relaciones internacionales de Colombia".

También por esas declaraciones, el canciller Fernando Araújo, salió al paso y dijo en un comunicado que: "el Gobierno Nacional no comparte las declaraciones del señor ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, referidas al papel del señor Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, y de la senadora Piedad Córdoba, en la búsqueda de un acuerdo humanitario".

Ante la falta de apoyo del propio Gobierno a sus palabras, Santos llegó a poner su cargo a la orden.

La insistencia en acciones militares para liberar a los retenidos contrastaban con el objetivo del canje humanitario. El canciller colombiano llegó a decir, en una oportunidad, que la política del Gobierno de rescate de rehenes de la guerrilla, incluyendo una acción militar, "no había cambiado".

Sus comentarios, los de Juan Manuel Santos y hasta los del comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, motivaron a la senadora Piedad Córdoba a pedirle al Gobierno del presidente Álvaro Uribe que "unificara la vocería frente al acuerdo humanitario", debido a que, según aseguró en entrevista a TeleSUR, las declaraciones de algunos funcionarios estaban entorpeciendo las negociaciones en pro del tan anhelado canje en Colombia.

Estas y otras declaraciones del gobierno colombiano, terminaron por liquidar las esperanzar de traer de vuelta a 45 rehenes en poder de las FARC.