viernes, noviembre 23, 2007

La imparcialidad de la Suprema Corte... en las cuentas de mi compadre, por supuesto

Enviado por RegioEnresistencia:

He aquí la prueba que el aval de la Suprema Corte del usurero anatocismo fue una decisión irracional, sólo explicable por su servilismo al sector financiero como se demostró en el caso del encubrimiento escandaloso del Fobaproa ahora IPAB. Sería chistoso ver que argumentan ahora que tendían que aplicar el principio de equidad, desde la perspectiva de los usuarios de la banca, sin embargo, aparentemente el argumento que va a presentar la "tremenda corte" -imparcial por supuesto pues no vaya a creer esos chismes de ésos demagogos que todo lo politizamos que afirman que el el caso fue en realidad atraido por las "recomendación" de Agustín alias "crisis-2008" Carsterns, quien no olvida su vocación "de recomendador", como buen "recomendado" que es el del FMI-, y que en realidad el propio Carstens será el que elaborará la argumentación, de que el cálculo de intereses es en realidad erróneo y por fuerita, el coyote Fernández de Cevallos conseguirá su jugoso acuerdo extrajudicial, y así la tremenda corte, salvaguarda la integridad de lo que en sudamerica llaman el "Estado de Derecha" por supuesto, la "seguridad jurídica"del inversor, cual corte colonial, defendiendo las encomiendas virreinales.
Por esta ocasión concluyo y omito, por falta de tiempo, que no de indignación y ganas, citar el castigo que asigna Dante Alighieri da a los usureros en el infierno.

Juan José Mena Carrizales.
Estudiante de Ciencias Jurídicas.
>>La perspectiva aquí presentada es responsabilidad exclusiva de su autor y las organizaciones con las cuales participa pueden o no compartir su perspectiva. Se presenta su pensamiento aquí para su ulterior análisis y discusión.<<

Diego, detrás de juicio millonario contra Banamex

Ex senador opera en favor del cliente de esa institución, dicen ministros

Carlos Avilés Allende
El Universal
Viernes 23 de noviembre de 2007 caviles@eluniversal.com.mx

La revisión del juicio multimillonario que perdió Banamex, y del cual depende el futuro de los demás bancos, ha enfrentado a cabilderos del más alto nivel que han acudido a presentar argumentos a favor y en contra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Hasta el momento dos de los más visibles, aunque en trincheras opuestas, son el secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens, y el ex candidato presidencial por el PAN Diego Fernández de Cevallos.

Carstens ha acudido a la Corte, sin formar parte del juicio, a abogar en favor de Banamex, y en general, de los bancos que enfrentan juicios similares en tribunales inferiores.

Fernández de Cevallos se ha encargado de hacerle saber a los ministros, de acuerdo con información confirmada por algunos de ellos, de que él está detrás de la defensa —aunque no está acreditado oficialmente como tal— de José Luis Saldívar Cano, el particular que le ganó a Banamex, en dos instancias, la cantidad de mil 462 millones de pesos.

Fernández rechazó pronunciarse sobre este tema, porque, argumentó, que no da entrevistas sobre ninguno de los asuntos que maneja como parte de su profesión de abogado.

El ex senador rechazó una solicitud de entrevista porque, aseguró, no podía decir en este momento si el particular que le ganó el juicio a Banamex es su cliente o si lo está o no representando.

Previo a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajera este caso, el 29 de agosto pasado, como encargado de las finanzas del país, Cartens visitó a los ministros que tenían en sus manos esta decisión.

A cada uno de ellos —de acuerdo con la versión de algunos de los ministros a los que visitó— Carstens les expuso las razones por las que consideraba que la Corte no sólo debía atraer este caso, sino también amparar a Banamex para que no pagara los mil 462 millones de pesos a los que había sido condenado por el Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua.

El futuro del sistema financiero del país, les dijo, depende de la decisión que adopte la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este caso.

La Secretaría de Hacienda fue consultada acerca de la intervención del secretario Carstens en el tema, pero respondió que no habría comentarios al respecto.

En contraparte, del lado del particular que le ganó el juicio a Banamex en el Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua, al menos tres ministros de la Corte confirmaron que el ex candidato presidencial panista Diego Fernández de Cevallos opera en su favor.

La intervención del ex senador no es directa, se asegura, pues no aparece en el juicio como abogado representante de José Luis Saldívar Cano.

Pero, a través de terceros, ha presentado los argumentos por los que considera que la Corte no debe amparar a Banamex .

En la SCJN existe la impresión de que la defensa del cliente de Banamex lo que busca es llegar a un acuerdo con el banco para que les pague sólo una parte del monto al que se le condenó.

Lo que intenta es llegar a un acuerdo extrajudicial que solucione el problema antes de que haya una sentencia definitiva de la Corte.

Mientras que, se asegura, de parte de las autoridades hacendarias, lo que se pretende es que la Corte establezca criterios para evitar que a futuro se repitan casos como el que ahora se analiza en el Poder Judicial.

A Banamex se le sentenció al pago de dicha cantidad porque se le aplicó el mismo criterio que aprobó la Corte en 1998 cuando avaló el anatocismo, es decir, el cobro de intereses sobre intereses, después del llamado error de diciembre que generó la crisis económica.

Bajo este criterio los bancos le cobraron a sus clientes cantidades que llevaron a la quiebra a muchas familias. Ahora ese mismo criterio se les está revirtiendo. Al menos hasta el momento.

Bajo este esquema el Supremo Tribunal de Chihuahua condenó a Banamex a pagarle a uno de sus clientes la inversión que hizo desde 1987 más la suma de los intereses sobre los intereses que generó su inversión con base en las elevadas tasas que pactó en aquella época.

La decisión de dicho tribunal fue impugnada y ahora fue sometida a revisión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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