Diputados buscaban poner candados a manejo de recursos
Enrique Méndez y Ciro Pérez
El gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, maniobró por medio de su secretario de Gobierno, Humberto Mayans Canabal, para evitar que la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobara ayer la ley que proponía constituir el fondo de recursos de reconstrucción para esa entidad y Chiapas.
Mayán envió dos tarjetas informativas a los legisladores del PAN y del PRI para que se votara en contra del dictamen respectivo, que buscaba establecer candados para el manejo transparente de los recursos federales y donativos que se envían a Tabasco, y concentrarlos en una cuenta especial del Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras).
Durante la reunión de ayer, los diputados panistas Diódoro Carrasco, quien preside la comisión, y Juan José Rodríguez Prats impugnaron el dictamen a partir de la línea que les trazó el funcionario tabasqueño, y desecharon el proyecto de dictamen, cuya redacción se había encargado a la perredista Mónica Fernández Balboa.
Rodríguez Prats, quien el pasado 8 de noviembre también suscribió la iniciativa de ley, ayer asumió la defensa de la postura presentada por el gobierno de Tabasco, de donde es originario, en función de las tarjetas de Mayans, en las cuales se indica que “lo más conveniente es hablar con los diputados priístas y que se vote en contra, tomando en cuenta que las funciones (de la ley) son idénticas a las del acuerdo que emitió el gobernador, donde se crea el Consejo Ciudadano para la Reconstrucción del Estado”, el cual se publicó el lunes pasado.
Sin embargo, Fernández Balboa explicó que Granier Melo emitió dicho acuerdo a partir del proyecto de dictamen que ella le envió la semana anterior, aunque no fija criterios para la transparencia sobre el uso de recursos, por lo cual será imposible determinar el monto del apoyo económico que se ha depositado en las distintas cuentas bancarias abiertas para recibir donativos.
En contraparte, una de las tarjetas enviadas por Mayans considera que la única tarea de los diputados federales es presionar al gobierno federal para que autorice recursos extraordinarios para la reconstrucción de Tabasco, “toda vez que la magnitud de la catástrofe ocurrida rebasa abismalmente la capacidad económica (…) Por lo que, en consecuencia, se considera necesario que se autoricen 50 mil millones de pesos de ingresos excedentes del petróleo”.
En las consideraciones se planteaba que la ley garantizaría que se blindara el uso de los recursos económicos y materiales para la reconstrucción a través de mecanismos de control que aseguraran la rendición de cuentas, e inclusive por auditorías a cargo de la Auditoría Superior de la Federación.
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