María Teresa Jardí
Se podría entender, que no justificar, en aras del bien común, a nombre del actúa con su doble moral para combatir, donde se combate realmente el crimen organizado, que se pusiera en manos de un ministerio público probadamente impecable, integrado por abogados juristas honorables a carta cabal, en un país con un férreo entramado ético institucional, una reforma penal que deja literalmente la vida de los gobernados en manos del ministerio público, como está haciendo el canalla usurpador mexicano en un lugar donde el ministerio público es aún más corrupto incluso que la policía, que simplemente no existe.
"AFIS de día y por la noche ZETAS" es la evidencia perfecta, hasta para los panistas, priístas y perredistas más lerdos, de que en México no tenemos policía. Es el epitafio perfecto para entender lo que significa que los cuerpos policiacos se pongan en manos de los delincuentes.
Poner en manos del corruptísimo ministerio público, irrecuperable en la narcobananera república mexicana, donde lo mismo legaliza el fraude el TRIFE, que los ministros de la tremenda corte de injusticia perdonan a los que violan niños, es un crimen imperdonable.
Van por el movimiento ciudadano que por igual molesta al PAN, que al PRI, que al PRD que pide perdón de rodillas por haber caído en la provocación cardenalicia en lugar de condenar la provocación de la impresentable jerarquía católica.
Un crimen, sí, la condena a los mexicanos a sufrir los horrores inauditos del PLAN MEXICO, al que se quiere disfrazar, por los propios autores con ayuda de la Telebasura y de la prensa vendida, cambiándole el nombre al de Iniciativa Mérida.
Es criminal y detrás de ese crimen, monstruoso contra México, se ubican las canallas reformas penales de FeCal.
Secuelas del Plan Colombia, para que se entienda, es el haber corrido a Chávez de una exitosa negociación para recuperar rehenes. A los yanquis, que eliminan las evidencias de las torturas brutales con las que destruyen a los seres humanos que se oponen, o ni eso, que estuvieron en el lugar equivocado.
Voces de reconocidos juristas piden a legisladores "pensar dos veces" antes de aprobar la reforma judicial, voces que no serán escuchadas, porque para eso tendríamos que tener un Poder Legislativo que no formara parte de las otras instituciones a las que se les desarmó la estructura ética hasta dejarlas convertidas en los que son: "AFIS de día y de noche ZETAS".
Alertan los juristas sobre el temor de que se instale un "Estado policiaco e inquisitorial". De eso se trata. Los canallas saben que el malestar ciudadano es tan grande, que ni con "Los Chuchos" a modo, que ahora la prensa vendida reivindica como "los que rebasan a AMLO por la izquierda", pueden convencer al movimiento ciudadano de aceptar a "un pato" como presidente legitimizado. Lo que han hecho ellos, como otros le rindieron pleitesía a Victoriano Huerta, antes de que fuera defenestrado. Los mismos traidores, los vividores de siempre que hoy anidan en el Poder Legislativo del usurpador infame. Es lo mismo que sucede con los ministros de la Corte, que, como cabeza del Poder Judicial de la usurpación, no han dudado en convertir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tremenda corte de injusticia mexicana, exhibiendo a México ante el mundo en todo el apogeo del atraso vinculado a la aceptación de un usurpador como legítimo.
De película de terror, sin ser película, son las reformas fecalistas en materia de procuración de justicia penal, las que plantean la posibilidad de que las corporaciones policiacas accedan a los domicilios de los mexicanos sin una orden judicial.
"El maestro Elisur Arteaga Nava, catedrático en Derecho Constitucional en la UAM-Azcapotzalco, apuntó que la decisión de los legisladores confirma la tendencia de los gobiernos panistas de terminar con el Estado de Derecho y llevarlo hacia un Estado policiaco, porque sólo pueden perseguir a los delincuentes con base en sacrificar los derechos humanos y las garantías de los ciudadanos. Ya se ha comprobado que estas estrategias no son más que el advenimiento del Estado fascista, pues con estas acciones no se acaba con la corrupción ni la incapacidad de las policías, como ha quedado demostrado con la Agencia Federal de Investigación y la Policía Federal Preventiva, que "no han servido para nada", expuso. Con iniciativas como el allanamiento y cateo de domicilio sin orden judicial, por citar un ejemplo, se crean condiciones de mayor indefensión para el ciudadano y, en el caso de supuestos derechos concedidos a presuntos delincuentes, éstos ya los señalaba la Constitución, por lo que tampoco hay nada nuevo en ese sentido". (La Jornada 12 de diciembre de 2007).
Son reformas inquisitoriales, que propician excesos, incluso en los Estados de Derechos donde nadie, ni los gobernantes ni los gobernados, se ubican por encima de la ley. No se necesita una gran imaginación para saber cómo funcionarán aquí. A confesarse señores: el Estado fascista se consolida.
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