Luz verde a reforma penal

* Con 366 votos a favor, 53 en contra y ocho abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó la reforma judicial / Los votos en contra fueron en su mayoría del PRD / Los perredistas intentaron aplazar el dictamen, pero la mayoría PAN-PRI logró sacar el tema / Aun tiene que ser aprobada por el Senado para entrar en vigor

El PRD en la Cámara de Diputados propuso una moción suspensiva para no aprobar las reformas al sistema de Justicia Penal Mexicano y discutir el tema en el siguiente periodo de sesiones, en febrero del próximo año. Pero el pleno de San Lázaro desechó la propuesta en votación económica, es decir a mano alzada. (Cuartoscuro)

* Modificaciones de última hora / La reforma regresiva y hasta violatoria de los Derechos Humanos, afirman expertos / NO preserva las garantías individuales de los mexicanos, dice el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes

MEXICO, D.F., 12 de diciembre (UNIVERSAL/NTX/AP/LA JORNADA).- Con 366 votos a favor, 53 en contra y ocho abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó la reforma judicial que, entre otros temas, permite el allanamiento de casas-habitación en caso de que esté en riesgo una vida, ya sea por información directa o indirecta, con la salvedad de que debe de avisarse de inmediato a una autoridad superior.

Los votos en contra fueron en su mayoría del PRD. Incluso, los perredistas intentaron aplazar el dictamen, pero la mayoría de PAN y PRI logró que el tema avanzara.

Así, con el voto dividido de la bancada del PRD, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma judicial, en la que, entre otras cosas, permitirá el allanamiento de una casa-habitación en caso de que esté en riesgo una vida ya sea de manera evidente o por información de terceros.

Además, regula a las policías locales, al Ministerio Público, y da luz verde para que las grabaciones telefónicas se acepten como prueba en caso de delito, cuando alguno de los implicados la presente.

A pesar de que la reforma judicial avanzó por consenso en las comisiones legislativas, en el pleno de la Cámara de Diputados, el PRD se dividió una vez más, bajo el argumento de que las modificaciones legales son violatorias de los Derechos Humanos. Por ello, se intentó aplazar su discusión, primero por unas horas y después, hasta el siguiente periodo de sesiones, petición que no se logró ante la mayoría evidente de PAN, PRI y partidos minoritarios.

Para algunos perredistas los casos de permitir arraigos y allanamientos son insalvables pues dan pie a abusos. Antes cuestionamientos, los diputados del PRI y PAN aceptaron de última hora que las reformas al sistema de justicia penal mexicano incluyan condicionamientos y candados a las policías que realicen cateos en domicilios sin orden de un juez.

César Camacho Quiroz (PRI), presidente de la comisión de Justicia, informó que se hizo una modificación para garantizar que los cuerpos policiacos que hagan un allanamiento de morada tengan elementos suficientes para realizarlo.

Detalló que la reforma incluirá que cuando elementos policiacos ingresen a un domicilio sin orden judicial, de inmediato deberán remitir a un juez los elementos objetivos que fundamenten el ingreso, y se demuestre que en realidad estaban en riesgo la vida e integridad de las personas.

Camacho fundamentó desde la tribuna que el dictamen de reforma judicial logra poner límites y termina con los abusos de las policías, y que le da al Estado instrumentos para combatir al crimen organizado y reestablecer el tejido social.

Así, la Cámara de Diputados aprobó una reforma judicial que incorpora los juicios orales públicos y permite que la policía realice cateos en domicilios sin orden de un juez.

Con 366 votos a favor, 53 en contra y ocho abstenciones, los diputados aprobaron la reforma penal defendida por algunos legisladores como una de las más importantes enmiendas recientes en materia penal pero criticada por ser considerada regresiva y hasta violatoria a los Derechos Humanos.

La reforma aun tiene que ser aprobada por el Senado para entrar en vigor.

Los diputados, de última hora, decidieron colocar restricciones a los allanamientos domiciliarios sin orden de juez.

Los cambios consideran elementos solicitados por expertos desde hace años como los juicios orales, pero también otros que alarman a algunos como la posibilidad de que la policía ingrese a domicilios sin orden judicial, la grabación de comunicaciones telefónicas entre particulares y el acceso a información reservada en casos de delincuencia organizada.

Esta reforma tiene dos vertientes: una vertiente claramente autoritaria, regresiva, violatoria de Derechos Humanos; y otra vertiente digamos que va en la línea correcta de los juicios orales que es una experiencia que en otros países ha funcionado muy bien, dijo Miguel Carbonell, constitucionalista e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Diputados federales modificaron de última hora las reformas al sistema de justicia penal mexicano, para poner condiciones a las policías que realicen cateos en domicilios sin orden de un juez.

Así, defendida por legisladores como una de las más importantes enmiendas recientes en materia penal, una reforma judicial en ciernes es vista por algunos expertos como regresiva y hasta violatoria a los Derechos Humanos.

Los cambios consideran elementos solicitados por expertos desde hace años como los juicios orales, pero también otros que alarman a algunos como la posibilidad de que la policía ingrese a domicilios sin orden judicial, la grabación de comunicaciones telefónicas entre particulares y el acceso a información reservada en casos de delincuencia organizada.

Por su parte, Javier González Garza, coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, propuso una moción suspensiva para no aprobar las reformas al sistema de Justicia Penal Mexicano, y discutir el tema en el siguiente periodo de sesiones, en febrero del próximo año.

Sin embargo, el pleno de San Lázaro desechó la propuesta en votación económica, es decir a mano alzada, por lo que continuó el debate previo a la votación final de la reforma.

Senadores integrantes de las comisiones unidas de Justicia, Seguridad Pública, Gobernación, Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales del Senado coincidieron esta noche en que no se apresurarán en revisar la minuta que les envíe la Cámara de Diputados que modifica diversos artículos de la Constitución en materia de justicia penal.

No se descarta que el asunto pudiera llevarse al pleno del Senado en el siguiente periodo ordinario de sesiones, que empieza en febrero.

El perredista Pablo Gómez hizo notar que como se trata de una reforma constitucional, aun cuando el Senado la aprobara en el actual periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, no entraría en vigor en diciembre porque faltaría que fuera avalada por la mayoría de las legislaturas locales.

Alejandro Zapata Perogordo, Ricardo García Cervantes y Felipe González, del PAN, coincidieron en que no deben apresurarse en la probación de la reforma. Hay que tomarse el tiempo que sea necesario, sostuvo Felipe González.

La reforma judicial significara un retroceso si se aprueba tal como está, pues contempla disposiciones que no preservan las garantías individuales de los mexicanos, consideró por su parte el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes.

Y dijo esperar que si la reforma se aprueba en la Cámara de Diputados, cuando llegue al Senado de la República se reflexione más y se pueda corregir. A su salida de Los Pinos, donde asistió a la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos, anunció que el Consejo Consultivo de la CNDH difundirá este miércoles un desplegado donde expresa su "preocupación" sobre el tema.

De los puntos que Soberanes cuestionó, se encuentra la autorización al Ministerio Público para entrar a los domicilios sin una orden judicial argumentando que está en peligro la vida de una persona. "Imagínese una persona que se asoma por el balcón, entonces como está en peligro su vida voy a meterme y hacer lo que quiera", se preguntó el ombudman nacional.

También criticó las propuestas de intervenir las comunicaciones y utilizar como prueba "eso que es tan reservado de la intimidad de las personas", los cateos sin orden judicial y la legalización del arraigo.

Si bien explicó que no ha revisado bien la iniciativa, concluyó que es preocupante la información difundida en los medios de comunicación, porque "estamos perdiendo nuestra tradición garantista". "Será un retroceso si se aprueba tal y como está, porque es limitar garantías individuales a los mexicanos y esto no puede ser. Lo que hay que hacer es ampliar los Derechos Humanos, no reducirlos", afirmó.