La Suprema Corte de NO Justicia

Por Víctor Flores Olea

Hace apenas unas semanas arriesgábamos la tesis de que tal vez México caminaba hacia uno de los principios "clásicos" de la democracia moderna, que es la división de poderes. La decisión de la Suprema Corte entonces invalidando por inconstitucionales algunas de las disposiciones más bochornosas de la "ley televisa", la recomendación de un juicio político al gobernador de Puebla Mario Marín, por su jefatura en la confabulación de servidores públicos para detener arbitrariamente a la periodista Lydia Cacho, la investigación sobre delitos en contra de los derechos humanos del bribón de Oaxaca Ulises Ruiz, ordenadas por la misma Corte, "parecía" que apuntaban en la correcta dirección.

Pero como ocurre frecuentemente en México, zozobró muy pronto la esperanza de que la Corte se consolidara en su función principal de garante de los derechos individuales y sociales de la Constitución, del orden vigente de derecho. Como se sabe bien, hace una semana la Suprema Corte, por mayoría de 6 votos contra 4, decidió que sólo hubo "violaciones menores" y que no se probó "suficientemente" la participación de Mario Marín y de otras autoridades en la acción violatoria de los derechos humanos de Lydia Cacho.
Basta leer, aun cuando sea superficialmente, las razones expuestas por unos y otros de los ministros para comprobar la debilidad, el cinismo, la superficialidad vergonzosa de quienes optaron por la negativa, por la absolución. En cristiano: la participación de Mario Marín en los hechos reclamados no fue suficientemente grave como para que el gobernador ameritara una pena.
Espeluznante razonamiento de la más alta autoridad judicial del país, que se empata a la dictada hace más de un año por el Tribunal Federal Electoral cuando dictaminó que, sin duda, Fox había intervenido en las elecciones presidenciales celebradas antes, pero que tal intervención (prohibida por la ley) no había sido "suficiente" para alterar el resultado de las elecciones, y por tanto que no había razones bastantes para que se produjeran consecuencias jurídicas negativas para el expresidente o respecto a la validez de las elecciones. Como sostiene el dicho francés: "...la niña sólo estaba un poco embarazadita...".
No queremos recordar el nombre de los seis "muñequitos" (algunos han dicho "monigotes") togados que decidieron limpiar de toda culpa al gobernador Marín, y sí de los 4 nombres que votaron por la dignidad de la Corte: los ministros Juan Silva Meza, Genaro Góngora, José de Jesús Gudiño y José Ramón Cossío. Es repugnante que dos de los ministros que votaron en realidad por la absolución del gobernador sean mujeres, cuando precisamente la agresión bochornosa que se discutía la sufrió una mujer, la periodista Lydia Cacho.
El escándalo no es menor porque a las debilidades del Legislativo y a los orígenes probablemente fraudulentos del Ejecutivo, que está lejos de afirmar su legitimidad después de un año de gobierno, se suma ahora un Poder Judicial que es ya el hazmerreír de gran número de mexicanos, que sobre todo viven y experimentan el vacío institucional, la frivolidad e irresponsabilidad de los poderes públicos, su proximidad con la prebenda, la corrupción y los intereses. ¿La pregunta que más circula hoy? ¿Cuánto costó a Mario Marín el voto absolutorio de la Corte? ¿Lo pagó todo él o fue ayudado sustancialmente por su partido, el PRI? ¿Y quién fue el ministro mediador para el trámite corrupto? Muchos señalan ya a Mariano Azuela o, como le dicen, el ministro "de la vela perpetua", por su recalcitrante "mochismo" fariseo.
Muy acertadamente escribió René Delgado en el Reforma (1º/XII/ 2007) "El crimen está de fiesta, en particular el dedicado a la explotación y el abuso sexual de menores. Seis ministros de la Suprema Corte se hicieron de la vista gorda ante su industria y, de paso, exoneraron a un amigo de ellos. Tamaña victoria les tomó casi dos años, pero valió la pena: el crimen nunca había obtenido una garantía de impunidad de tan alta autoridad como ésa. ¡Qué vergüenza!". Una vergüenza que trasciende los límites de un asunto y que debilita y vulnera esencialmente la confianza de los mexicanos en las instituciones y, desde luego, por si hiciera falta, la confianza en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En efecto: ¡qué vergüenza y qué grave para el país!
Una ignominia que, en la práctica, absuelve también a unos culpables concretos del crimen del comercio sexual infantil, y que significa además la impunidad, en los términos de la grotesca conversación entre el gobernador Marín y el sucio payaso que es o fue su socio en estos hechos repugnantes, para el resto de los encargados de alguna función gubernamental de distintos niveles, que intervinieron en el asunto, y cuya responsabilidad mayor debería ser la de respetar y consolidar el orden de derecho, además de proteger la integridad física y moral de la ciudadanía, hombres y mujeres.
Es también verdad lo que ha escrito Denise Dresser en artículo reciente en Reforma: "Al votar como lo ha hecho, la mayoría de los ministros acaba de darle una estocada a la Corte de la que tomará años en recuperarse, si es que alguna vez logra hacerlo".